Que una especie de referendo extraoficial que hizo visible el alto grado de desconfianza (no partidista ni necesariamente ideologizado, mucho menos organizado) que muchos ciudadanos tienen respecto de los actos de gobierno. Aun si se dieran por buenas las cuestionables cifras oficiales del Renaut, debería ser cívicamente muy preocupante para el aparato institucional que (cuando menos) un 30 por ciento de quienes debían cumplir un requisito sencillo, y normalmente aceptable, se hubieran rehusado, lo hubieran desdeñado o hubieran estado en condiciones de precariedad tecnológica inhabilitante. En el fondo, lo que queda muy claro es que un segmento numeroso de mexicanos desconfía en absoluto de sus autoridades, de los procedimientos que establecen y de la finalidad real que puedan tener los insistentes afanes por imponer trámites de control y hacerse de listas de datos ciudadanos.
Fue en varios campos que lo institucional perdió la batalla. Desde luego, en la credibilidad, pues demostrado fue lo que una semana atrás aquí se reveló: que el contador de registro de usuarios que mostraba la página de Cofetel era una soberana tomadura de pelo en función de que pretendía dar fe del flujo de anotaciones al Renaut pero no lo hacía a partir de una conexión con una base de datos, sino de una programación simple que segundo tras segundo agregaba un presunto nuevo registro. Ante las varias formas técnicas de comprobación de esa mentira que aquí se difundieron, los funcionarios del Renaut aceptaron que no había base de datos, que la estimación era meramente demostrativa y que, en todo caso, ese conteo trataba de ilustrar los datos que sin base tecnológica firme les suministraba la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo confiar en el Renaut si mentía en ese rubro elemental? ¿Cómo creer los reportes de avances en el conteo que diariamente daban diversos medios de comunicación apegados a los boletines de prensa como si fueran verdad, aun cuando ya había quedado oficialmente esclarecido que no tenían ningún sustento válido? ¿Son verdaderos los datos finales, o con ese mismo ánimo propagandístico ilustrativo fueron inflados para aparentar avances? ¿Cuántas fueron realmente las personas que registraron su celular? ¿Fue menos de la mitad del padrón de usuarios?
Tan fuerte fue el rechazo ciudadano al Renaut, que se recurrió a la leva desde gerencias empresariales y concesionarios que anotaron sin consulta a ciudadanos remisos. Varios casos se conocieron, sobre todo a partir de las redes sociales, de usuarios que sin haber hecho trámites por sí mismos recibieron el mensaje de que habían quedado inexplicablemente inscritos. La cereza del pastel de las improvisaciones y la incoherencia se produjo a la hora de cumplirse el ultimátum tan anunciado, pues en una forma de autorización oficiosa se estableció una prórroga difusa para que, siempre amenazados con el corte de servicio (ahora mediante avisos en el propio teléfono, advirtiendo la obligación incumplida antes de dar paso a esas llamadas condicionadas), los no anotados y las empresas en riesgo de grandes pérdidas aprovecharan la última franja de tolerancia, antes de que, según eso, caiga la guillotina tecnológica sobre decenas de millones de aparatos de telefonía móvil.
La intimidación colectiva a partir de propósitos que en principio son generosos o positivos hace recordar la acometida de aislamiento, confusión, miedo y engaño que el calderonismo practicó mediante la exageración de los riesgos de lo que acabó denominándose A/H1N1. Un año atrás pudo haber parecido viable el proceso de toma de datos de usuarios de celulares, para inhibir su manejo como instrumento de trabajo de secuestradores y extorsionadores, cuando el desbordamiento de la fuerza del narcotráfico no había llegado a los niveles actuales, en que comandos toman calles, carreteras y pueblos enteros y en que la incapacidad del gobierno federal ha abierto las puertas al intervencionismo gringo descarado. Pero hoy, ante un escenario peor, con evidencias crecientes de la poderosa infiltración de esa delincuencia organizada en los diversos niveles de los gobiernos desorganizados, elaborar una base de datos de usuarios de teléfonos móviles es una forma de facilitar el trabajo de los delincuentes explícitos y una tentación de obtener ganancias importantes mediante la venta subrepticia de esos padrones a empresas comerciales (de por sí, actualmente hay un acoso telefónico constante e impune) e incluso de añadir ingredientes hildebrándicos a los guisos de fraude electoral que desde ahora prepara una administración belicosa que cree necesario prolongar su estancia en el poder por vías naturales o forzadas, por medio de una continuidad física del héroe necesario o de alternativas como la que sigue tratando de construir Genaro García Luna, recién investido como todopoderoso de esa guerra que no es carente de sentido sino todo lo contrario: tiene un gran sentido de continuismo transexenal.
Movida nuevamente por el miedo (celular, en este caso), colocada otra vez frente a la evidencia de que no hay racionalidad en la putrefacta clase dirigente del país, la sociedad mexicana vive en el carrusel de las manipulaciones, apenas remontados los primeros capítulos de la telenovela de alta sociedad que mantiene a muchos preguntándose si será posible que el cuerpo de una menor haya podido pasar desapercibido a tantos policías, peritos y familiares como para pedir la intervención imperial de los expertos del FBI, con marchas de protesta breves y aligeradas como la que ayer realizó una parte de la comunidad del Tec, con leves explosiones oportunas en el consulado gringo de Nuevo Laredo (el mayor daño fue la rotura de algunos cristales), con Betty Paredes diciendo en Oaxaca que la alianza gabinista le hace los mandados a la aplanadora de manos ensangrentadas de Ulises, y con ciudadanos polacos llorando la muerte de su presidente. ¡Hasta mañana, oyendo a Vázquez Mota irse legionariamente duro (delincuente y promotor de la muerte) a Maciel pasado!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Fue en varios campos que lo institucional perdió la batalla. Desde luego, en la credibilidad, pues demostrado fue lo que una semana atrás aquí se reveló: que el contador de registro de usuarios que mostraba la página de Cofetel era una soberana tomadura de pelo en función de que pretendía dar fe del flujo de anotaciones al Renaut pero no lo hacía a partir de una conexión con una base de datos, sino de una programación simple que segundo tras segundo agregaba un presunto nuevo registro. Ante las varias formas técnicas de comprobación de esa mentira que aquí se difundieron, los funcionarios del Renaut aceptaron que no había base de datos, que la estimación era meramente demostrativa y que, en todo caso, ese conteo trataba de ilustrar los datos que sin base tecnológica firme les suministraba la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo confiar en el Renaut si mentía en ese rubro elemental? ¿Cómo creer los reportes de avances en el conteo que diariamente daban diversos medios de comunicación apegados a los boletines de prensa como si fueran verdad, aun cuando ya había quedado oficialmente esclarecido que no tenían ningún sustento válido? ¿Son verdaderos los datos finales, o con ese mismo ánimo propagandístico ilustrativo fueron inflados para aparentar avances? ¿Cuántas fueron realmente las personas que registraron su celular? ¿Fue menos de la mitad del padrón de usuarios?
Tan fuerte fue el rechazo ciudadano al Renaut, que se recurrió a la leva desde gerencias empresariales y concesionarios que anotaron sin consulta a ciudadanos remisos. Varios casos se conocieron, sobre todo a partir de las redes sociales, de usuarios que sin haber hecho trámites por sí mismos recibieron el mensaje de que habían quedado inexplicablemente inscritos. La cereza del pastel de las improvisaciones y la incoherencia se produjo a la hora de cumplirse el ultimátum tan anunciado, pues en una forma de autorización oficiosa se estableció una prórroga difusa para que, siempre amenazados con el corte de servicio (ahora mediante avisos en el propio teléfono, advirtiendo la obligación incumplida antes de dar paso a esas llamadas condicionadas), los no anotados y las empresas en riesgo de grandes pérdidas aprovecharan la última franja de tolerancia, antes de que, según eso, caiga la guillotina tecnológica sobre decenas de millones de aparatos de telefonía móvil.
La intimidación colectiva a partir de propósitos que en principio son generosos o positivos hace recordar la acometida de aislamiento, confusión, miedo y engaño que el calderonismo practicó mediante la exageración de los riesgos de lo que acabó denominándose A/H1N1. Un año atrás pudo haber parecido viable el proceso de toma de datos de usuarios de celulares, para inhibir su manejo como instrumento de trabajo de secuestradores y extorsionadores, cuando el desbordamiento de la fuerza del narcotráfico no había llegado a los niveles actuales, en que comandos toman calles, carreteras y pueblos enteros y en que la incapacidad del gobierno federal ha abierto las puertas al intervencionismo gringo descarado. Pero hoy, ante un escenario peor, con evidencias crecientes de la poderosa infiltración de esa delincuencia organizada en los diversos niveles de los gobiernos desorganizados, elaborar una base de datos de usuarios de teléfonos móviles es una forma de facilitar el trabajo de los delincuentes explícitos y una tentación de obtener ganancias importantes mediante la venta subrepticia de esos padrones a empresas comerciales (de por sí, actualmente hay un acoso telefónico constante e impune) e incluso de añadir ingredientes hildebrándicos a los guisos de fraude electoral que desde ahora prepara una administración belicosa que cree necesario prolongar su estancia en el poder por vías naturales o forzadas, por medio de una continuidad física del héroe necesario o de alternativas como la que sigue tratando de construir Genaro García Luna, recién investido como todopoderoso de esa guerra que no es carente de sentido sino todo lo contrario: tiene un gran sentido de continuismo transexenal.
Movida nuevamente por el miedo (celular, en este caso), colocada otra vez frente a la evidencia de que no hay racionalidad en la putrefacta clase dirigente del país, la sociedad mexicana vive en el carrusel de las manipulaciones, apenas remontados los primeros capítulos de la telenovela de alta sociedad que mantiene a muchos preguntándose si será posible que el cuerpo de una menor haya podido pasar desapercibido a tantos policías, peritos y familiares como para pedir la intervención imperial de los expertos del FBI, con marchas de protesta breves y aligeradas como la que ayer realizó una parte de la comunidad del Tec, con leves explosiones oportunas en el consulado gringo de Nuevo Laredo (el mayor daño fue la rotura de algunos cristales), con Betty Paredes diciendo en Oaxaca que la alianza gabinista le hace los mandados a la aplanadora de manos ensangrentadas de Ulises, y con ciudadanos polacos llorando la muerte de su presidente. ¡Hasta mañana, oyendo a Vázquez Mota irse legionariamente duro (delincuente y promotor de la muerte) a Maciel pasado!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Enrique Galván Ochoa: Dinero
Si toda la polvareda que levantó el Renaut tenía el propósito oculto de lograr un primer lugar mundial en algo para Felipe Calderón Hinojosa, ¡lo consiguieron! Millares de celulares de todas las marcas quedaron registrados con su nombre, CURP y fecha de nacimiento. Ni Obama o Lula tienen tantos. Y de paso lograron –¡al fin!– un ahorro en el gasto público porque los consumos serán pagados por los usuarios. Aunque tan resonantes logros se obtuvieron de un modo impensado: los datos de Calderón fueron tomados de las redes sociales de Internet y los mexicanos que se resistieron a dar su nombre real, pero no querían perder su línea, ya que hay la amenaza de que se las cancelarán –inclusive el saldo– si no registraban antes de la medianoche del sábado, usaron los del Presidente para requisitar sus móviles. No sólo de Calderón, también de Salinas de Gortari, Fox, Beltrones, Josefina Vázquez Mota, López Obrador y otros políticos. Funcionarios de la Secretaría de Gobernación decidieron desactivar el portal del CURP para detener la piratería de claves. (No te sorprenda que también tu nombre aparezca varias veces en el listado.)
Desobediencia civil
Según Cofetel, a medianoche del sábado no se había registrado 32% de los celunautas. Sin embargo, el porcentaje podría ser mayor. El contador se alocó y en vez de incorporar registros de uno por uno comenzó a hacerlo de 500 mil en 500 mil. Faltando unos minutos para las 12 de la noche dio un brinco de 57,197,689 a medio millón más. A pesar de las amenazas de que serían canceladas las líneas, que perderían sus números y sus saldos, el Renaut fue rechazado en una expresión de desobediencia civil sin precedentes en la historia reciente del país. Alguna semejanza guarda con el voto blanco de las elecciones pasadas. ¿Cómo darle nuestro número y nombre –dicen– a funcionarios de gobierno si ya una ocasión vendieron completito el Padrón Electoral a la empresa ChoicePoint, que revendió cada copia en un millón de dólares? ¿Cómo confiar si el teléfono servirá de instrumento para la extorsión y el secuestro? En ciudades como Juárez y Reynosa, ha sido utilizado inclusive para crear situaciones de pánico colectivo. La ciudadanía pasó la factura a la clase política.
Registrados, no registrados y suspendidos
Envié por correo electrónico una encuesta a 2 mil 500 clientes de Telcel, Movistar, Nextel y Iusacell, que al mismo tiempo son miembros de El Foro México. A las 8 de la noche de ayer domingo había llegado la respuesta de 900. Corresponden 774 a Telcel, el mayor proveedor. En la gráfica de arriba aparecen los resultados.
Arturo Balderas Rodríguez: Desde el otro Lado
Es infrecuente que los más destacados miembros del gabinete de seguridad de Estados Unidos visiten juntos otro país para tratar asuntos que atañen a la seguridad interna de los estadunidenses. Por ello, la visita a México que hicieron la secretaria de la Seguridad Interna, el secretario de la Defensa, el coordinador de los tres niveles de las fuerzas armadas y el más alto funcionario de la oficina de Seguridad, encabezados por la titular del Departamento de Estado de ese país, fue sorpresiva y poco usual.
La lectura que de esa visita de tan alto nivel se hizo en EU fue un poco diferente de la que hicieron las autoridades mexicanas. Lo que para éstas fue muestra de apoyo en su lucha en contra del crimen organizado, para los estadunidenses se trató de una advertencia al gobierno de México sobre su ineficacia en esa lucha.
Tras el asesinato de dos funcionarios del consulado de EU en Ciudad Juárez, los estadunidenses esperan del gobierno de Obama una reacción firme para evitar que la violencia traspase la frontera y se convierta en un problema endémico en su país, tal como sucede en México. Su respuesta contundente fue el envío de tamaña delegación, en el que la forma fue más importante que lo que se dijo en los discursos, no obstante la sutileza de la titular del Departamento de Estado de reconocer que EU es parte de ese problema.
No hay que ser muy perspicaz para adivinar que el asunto contaminará las discusiones sobre una posible reforma migratoria, en el momento en que Obama decida ponerla a consideración del Congreso. Es de esperarse que personajes como el ex vicepresidente Dick Cheney y la ex gobernadora de Alaska, Sarah Palin, quienes han acusado al presidente de ser incapaz de garantizar la seguridad de EU, aprovecharán la ocasión para atacarlo nuevamente. El problema es que usarán la reforma como pretexto para sus ataques. El argumento será el mismo que han usado quienes se niegan a que se apruebe una reforma migratoria que incluya la regularización de más de 12 millones de indocumentados: la regularización de esos indocumentados abrirá las puertas para que agentes terroristas se infiltren en EU.
¿Hasta dónde será posible contrarrestar esa campaña? La respuesta la deberán dar quienes desde diferentes posiciones han insistido en la necesidad de la reforma, entre otros los funcionarios de los gobiernos de México y EU.
abalderasr@yahoo.com.mx
Carlos Fernández-Vega: México SA
Oficialmente uno de cada tres usuarios de telefonía móvil se abstuvo de registrar su línea en el Renaut. Al concluir el sábado 10 de abril de 2010, el contador de la Cofetel reconocía que 68 por ciento de los aproximadamente 84.1 millones (cifras a enero de 2010) aceptaron la extorsión gubernamental, y que 32 por ciento (alrededor de 27 millones) dijeron no a la pretensión calderonista de cerrar aún más el círculo de control sobre los ciudadanos, un invento copiado de otras experiencias latinoamericanas, las que a su vez fueron copiadas de iniciativas europeas, igual de fallidas que la mexicana, toda vez que los índices de secuestro, extorsión, defraudación y conexos, lejos de disminuir, se han incrementado, aquí, allá y acullá.
Entonces, consumatum est, dirán en Los Pinacates. Pues resulta que no, porque de cualquier suerte las sorpresas continúan: 16 horas después de vencer el plazo fijado por la autoridad (16 horas del domingo 11 de abril), el susodicho contador se incrementó a 70 por ciento, 2 puntos porcentuales más (casi un millón 700 mil usuarios adicionales) que al cierre oficial del registro. Entonces, es cuestión de paciencia y de unas horas más para que el chafa contador de la Cofetel dé cuenta de que 150 por ciento de los usuarios sumisamente aceptaron subirse al nuevo mecanismo de control, por mucho que exista incredulidad plena sobre la capacidad gubernamental para mantener como confidencial, y bajo cinco llaves, la información personal de cada uno de los usuarios registrados.
Pero no todo fue inútil con el ejercicio del Renaut, pues permitió confirmar, por si hubiera dudas, que tampoco el gobierno calderonista puede garantizar la confidencialidad de la información personal contenida en la CURP (supuestamente resguardada por la siempre vigilante y efectiva Secretaría de Gobernación, lo mismo que en el caso del Renaut). Entonces, aquí cabe la pregunta: a la hora de contar, y luego del manoseo y trasiego de la clave única de registro de población, ¿cuántos miles o millones de teléfonos móviles y/o líneas telefónicas aparecerán registrados bajo el nombre de Felipe Calderón, Luis Donaldo Colosio, Arturo Chávez Chávez, Vicente Fox Quesada, Rafael Caro Quintero, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, Luis Armando Reynoso Femat, Norberto Rivera Carrera, Enrique Peña Nieto, Marcelo Ebrard, Carlos Salinas de Gortari, Jacobo Zabludovsky, Mario Ernesto Villanueva Madrid, Adela Micha Zaga y tantos otros distinguidos personajes?
En vía de mientras, surge una duda que involucra no sólo la decisión calderonista y la sumisión de las empresas que proporcionan el servicio de telefonía móvil, sino al mismísimo estado de derecho: ¿con base en qué aplican retroactivamente una ley?, toda vez que el artículo 14 constitucional textualmente establece: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, y millones de usuarios de telefonía móvil firmaron un contrato de servicio con las telefónicas mucho antes de que el multicitado registro obligatorio entrara en vigor. Por ejemplo, en mayo de 2003 se suscribió un contrato con Telcel, por medio del cual una de las partes se obliga a dar el servicio de telefonía móvil y la otra a pagar lo conducente. Esto se dio seis años antes de que la ley del Renaut entrara en vigor y siete antes del plazo fatal marcado por el gobierno calderonista, y hasta donde se sabe, cuando menos oficialmente, no hay estado de excepción en el país. ¿Qué dicen los abogados en torno a esto?
Sobre este tema, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM precisa lo siguiente: “la irretroactividad de la ley en perjuicio de los gobernados es una garantía individual consagrada en el artículo 14 constitucional, y la finalidad directa que percibe dicha garantía es que no se apliquen en forma retroactiva, en perjuicio de los gobernados, las distintas leyes que se expidan, mas no que al arbitrio de ellos se les apliquen en forma retroactiva las leyes que estimen les favorezcan. La citada garantía debe entenderse como el derecho del gobernado a reclamar la inconstitucionalidad de cualquier ley que se le pretenda aplicar retroactivamente en su perjuicio, pero no como un derecho para exigir que se le aplique determinada ley en forma retroactiva simplemente porque le favorezca…” Ni siquiera por razones de seguridad nacional puede aplicarse una ley de manera retroactiva, aunque tal vez sí por suspensión de garantías individuales lo que oficialmente no ha sucedido (aunque hay muchas dudas al respecto).
En abril de 2008 una comisión de senadores y diputados chilenos analizó una propuesta gubernamental que promovía la protección de los usuarios de telefonía fija y móvil de estafas y actos delictivos, para lo cual propone un registro nacional de telefonía móvil, en especial de la de prepago, con el fin de evitar el incremento de delitos a través de estos medios. En ese entonces el Senado de aquel país rechazó (17 votos contra dos) la aprobación de tal iniciativa, pues aunque el proyecto parece razonable sólo terminará imponiendo una carga extra a las personas honestas que tendrán que ir a inscribir sus celulares, sin considerar que muchas de ellas viven en zonas apartadas de las ciudades. La iniciativa estimulará un mercado más perfecto para los delincuentes, que podrán acceder a celulares robados en otros países, a telefonía satelital o simplemente podrán robar un celular inscrito y cometer igual un delito. Desde el punto de vista técnico, esta normativa quedará muy pronto obsoleta con el desarrollo de la telefonía IP y satelital. Sin embargo, lo más preocupante es el grado de control que se puede ejercer por parte del Estado sobre las personas, porque al implementarse este registro todos los chilenos estaremos sometidos a un escrutinio permanente de nuestra vida privada.
Y si lo anterior se parece mucho al caso mexicano, desde luego que no es coincidencia.
Las rebanadas del pastel
¿Cuánto costará a los mexicanos la sumisión de las empresas de telefonía móvil? ¿De a cómo –recursos públicos de por medio– fue el arreglo y la aceptación de, por ejemplo, la ex flamenca Telefónica Movistar?... Ya entrados en preguntas, ¿a qué Zapata se refería el inquilino de Los Pinos cuando dijo que aprobar las (sus) reformas que requiere el país es la mejor manera de honrarlo?, porque hasta donde se sabe Emiliano no se apellidaba Díaz Mori ni era oaxaqueño.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
David Márquez Ayala: Reporte Económico
El Instituto Nacional de Geografía e Historia (Inegi) ha dado a conocer los resultados de la macrocuenta nacional de la Oferta y la Demanda Finales correspondientes a 2009. Ambas totalizaron en el año 15 billones 284 mil 749 millones de pesos, cifra no sólo -9.5% inferior en términos reales a la de 2008, sino claramente indicativa –más allá del PIB– de la magnitud real de la caída de la economía mexicana en 2009, que de hecho significó una regresión a los niveles de cuatro años atrás (Gráfico 1).
La oferta
De ésta, la oferta interna –correspondiente al PIB, a los bienes y servicios de origen nacional– ascendió en 2009, como es sabido, a 11.823 billones de pesos (77.4% de la oferta total) y fue -6.5% inferior a la de 2008 (Gráfico 1).
La oferta externa –la importación de bienes y servicios– sumó a su vez 3.462 billones (22.6% de la oferta total), y fue -18.2% inferior a la de 2008.
La demanda
De sus componentes, el Consumo representó 61.2% del total, con 9.349 billones, -5.0% abajo de 2008 (Gráfico 1).
Desglosando, el consumo privado sumó 7.973 billones y tuvo una caída real de -6.1%, mientras que el consumo gubernamental sumó 1.376 billones y fue 2.3% superior al de 2008 (Gráfico 2).
La caída del consumo privado regresó esta variable –la más sensible para la población– a niveles inferiores a los de 2006 (Gráfico 3).
Pederastia: críticas y derrotas por mano propia
En un texto publicado en el órgano de difusión del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, la coordinadora de los legisladores blanquiazules en San Lázaro, Josefina Vázquez Mota, señaló que el fundador de la Legión de Cristo, Marcial Maciel, debe ser visto como un delincuente, y afirmó que el sacerdote fue en gran medida un promotor de la muerte y la destrucción de la verdad, la confianza y la honestidad. Adicionalmente, la legisladora cuestionó el accionar remiso de las autoridades mexicanas de procuración de justicia al investigar las acusaciones de pederastia en contra del religioso michoacano (¿qué harán con los cómplices de Maciel?, ¿qué harán con aquellos que lo protegieron y sacaron rentabilidad de sus redes económicas y políticas?, son dos de las preguntas que se plantean en el escrito), e indicó que el caso de Maciel no es aislado, y mucho menos puede considerarse un episodio cerrado.
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El Correo Ilustrado
Las matemáticas y los recibos de agua
Con sorpresa, un grupo de vecinos recibimos nuestros flamantes recibos para pagar el agua en la ciudad de México. La sorpresa no se debió al aumento de entre 100 y 200 por ciento (es decir, entre el doble y el triple) de lo que solíamos pagar hasta el año pasado, sino a que nos aparecía un adeudo anterior altísimo. En el propio recibo aparece la información de cada uno de los cinco años anteriores: lo que debíamos pagar (emitido) y lo que efectivamente pagamos (pagado).
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Bernardo Bátiz V.: La ley de los diputados
Se dio hace unos días la noticia de que un diputado del PRI presentó en la cámara baja un proyecto de reglamento para los trabajos del cuerpo colegiado del que forma parte; pasó a comisiones y aún no se ha tomado una resolución al respecto; sin embargo, se festinó el hecho de que se renueva una norma jurídica que, dijeron los periódicos, cuenta con más de 90 años de antigüedad.
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Javier Jiménez Espriu: De acuerdo con el punto de acuerdo
El pasado 26 de febrero y el 2 de marzo se propuso en el Senado de la República un punto de acuerdo exhortando al titular del Poder Ejecutivo Federal para que los nombramientos que se realicen en la planta directiva de Petróleos Mexicanos y sus empresas subsidiarias se ajusten a criterios de calidad profesional, experiencia y perfil técnico necesarios, de acuerdo con el proceso de modernización y transparencia que se impulsa para el organismo y para la industria de hidrocarburos.
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Iván Restrepo: Invasión de la zona marítima
Ayer terminaron las vacaciones escolares y, nuevamente, la mayoría de los viajeros abarrotaron los centros turísticos ubicados en las costas del país, que siguen siendo los sitios de descanso por excelencia de los mexicanos y del turismo internacional. No se han cumplido tantas promesas oficiales para diversificar la oferta turística. Pero al reaparecer la semana pasada en los medios, la nueva secretaria del ramo anunció que se propone apoyar destinos vacacionales distintos al clásico de sol y playa. Por ejemplo, se aprovechará el legado cultural y la abundante riqueza natural que México posee. La funcionaria ofrece dar mayor atención al turismo de la naturaleza. En este campo el país cuenta con sitios emblemáticos únicos, lo mismo en Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Sonora y Baja California que en Querétaro, Veracruz, Tabasco, Campeche e Hidalgo.
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Parece que la modorra se sacude, aunque sólo podamos hacer alusión, de manera brevísima, a unas cuantas de las iniciativas que tiene en sus manos el Legislativo. Pero vale la pena porque tal variedad nos muestra las contradicciones del gobierno y también, en algunos aspectos, la posibilidad de avanzar.
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Robert Fisk: En Ypres supe de qué se trató la guerra
En el Día del Armisticio, en noviembre pasado, me sorprendió –como a miles de belgas en las calles de Ypres– la figura solitaria de Craig Wood, de 18 años, a quien acercaban en silla de ruedas hacia la reja de Menin. Una bomba sembrada a un lado de un camino en Afganistán le arrancó las piernas, y estaba ahí, como representando a todos esos hombres que regresaron de Flandes y Somme sin piernas ni brazos. Y sin embargo, me conmovía la diferencia entre ambos conflictos. Entre 1914 y 1918, el ejército británico combatía a una de las más poderosas maquinarias bélicas del mundo: la alemana. Hoy, en la guerra de Craig, se combate a hombres que usan turbantes y que a menudo carecen de educación, equipados con las armas más primitivas. ¿Qué demonios estamos haciendo en la provincia de Helmand?, me preguntaba una y otra vez.
En el acto para conmemorar a 57 mil británicos caídos en Ypres, cuyos cuerpos nunca fueron hallados –en el sepulcro del crimen, según palabras de Sassoon–, los asistentes me dieron la impresión de estar demasiado bonitos. Muchos atuendos muy cuidados y pantalones bien planchados, así como demasiadas amapolas. Entiendo el simbolismo, pero no soy hombre de amapolas y me desagradan particularmente los uniformes.
León Bendesky: Acuerdos, registros y seguridad
El Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) es un asunto que nos coloca de un nuevo modo como ciudadanos, es decir, como personas en nuestra relación con el Estado.
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Hermann Bellinghausen: Irak: la diáspora que nadie ve
Noor tiene nueve años y nombre de reina. La mitad de su corta vida ha pasado en el destierro. Nació en el sur de Irak y ha vivido algo más que la guerra que mantiene a su país en condiciones de tragedia extrema. Alegremente muestra un dibujo colorido y paradisiaco donde un río corre al pie de dos montañas, y tras ellas un inmenso sol amarillo y sonriente. Es Irak, explica. Cambia la página de su cuaderno y aparecen varios niños cubriéndose con paraguas y jugando bajo un aguacero y un arcoiris. Impaciente por llamar la atención de las visitas, su hermanita Fatma exhibe a su vez a unos niños desnudos pescando pececitos de colores en un río azul. Y entonces asoma del cuaderno de Noor, a lápiz y sin color alguno, el dibujo de un león que ocupa toda la página y pisa con una pezuña la cola de un pequeñísimo ratón. Sobre la cabeza del roedor un globito de historieta dice algo en árabe. El felino sonríe, pero no es un dibujo alegre.
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Lydia Cacho
Plan B
Sexting: confusiones y peligros
El sexting surge de la fusión de la palabra sexo y el anglicismo texting (enviar mensajes por celular). En EU han encarcelado a menores de edad por enviarse videos de sexo explícito. Por su novedad existe una gran confusión sobre este fenómeno. Hay quienes consideran que en lugar de educar y reflexionar con niños y niñas hay que tratarles como delincuentes. Habría que hacer algunas acotaciones al respecto. Quien no ha cumplido 18 años es legalmente considerado menor de edad. Entre los 10 y 11 años se desarrolla el pensamiento lógico y se comienza a explorar el erotismo aún no ha madurado el cerebro para medir el peligro adecuadamente y es cuando más infantes aprenden a chatear. Antes de los 16 se precisan refuerzos para modular los riesgos y asumir la responsabilidad ética.
Una persona adulta que toma y comparte fotografías sexuales de menores de 18 años comete el delito de corrupción de menores y pornografía infantil. Pero un niño o niña que se autofotografíe no comete un delito. El primero cae en el ámbito de la justicia, el segundo en el educativo. Aunque este tema amerita un largo reportaje, dejamos aquí algunos datos fundamentales: 92% de los padres y madres no conocen el tipo de tecnología que obsequian o compran a sus infantes y los alcances y usos que estos pueden darles. El 100% de menores que fueron cooptadas o contactadas por pedófilos en internet dijeron que nadie les previno. Un pedófilo tarda entre tres y 10 minutos en lograr que un infante se desnude frente a la webcam.
Existen 420 millones de páginas pornográficas en internet. Los niños o adolescentes que navegan para ver desnudos bajo la palabra “sexo” tienen 95% de probabilidad de encontrarse con una escena gratuita de pornografía violenta con penetración explícita. La industria porno produce 10 mil millones de dólares anuales, busca nuevos clientes y le da lo mismo que tengan 10 o 50 años. Un menor de 18 años que tiene acceso a internet en su teléfono móvil tiene 70% más probabilidades de ver pornografía. La gran mayoría de personas no hablan sana y abiertamente sobre sexo con sus hijos e hijas y prácticamente nadie habla de pornografía y su impacto nocivo sobre la concepción del erotismo y la violencia. Miles de fotos circulan en la red sin la aprobación de las adolescentes.
Todo parece indicar que hay dos opciones. La primera sería que las personas adultas abdiquen de todo compromiso educativo y se asuman víctimas de la tecnología, que responsabilicen a las y los menores de todo lo que hacen sin haberles dado herramientas para comprender los hechos y su responsabilidad en ellos. La segunda es crear una sociedad proactiva, hacer estrategias para enfrentar las nuevas realidades y prepararse para contrarrestarlas. Campañas escolares para que niñas y niños aprendan a defender su intimidad y exijan que otros y otras la respeten. Explicar a los mayores de 16 años que si filman y circulan videos y fotos de sexo explícito podrían ser arrestados. Involucrar a niñas y niños en campañas contra la trata y explotación sexual comercial, que aprendan que lo que comienza como un juego puede terminar en pesadilla. Hablar de sexualidad sana y abiertamente y enseñar a niños y niñas a hacerse dueñas y no esclavas de su sexualidad. Normalizar el sexting es abrir la puerta a la pornografía involuntaria, el reto consiste en erradicarlo con educación que lo evidencie y no con castigos que lo conviertan en deseo prohibido.
El sexting surge de la fusión de la palabra sexo y el anglicismo texting (enviar mensajes por celular). En EU han encarcelado a menores de edad por enviarse videos de sexo explícito. Por su novedad existe una gran confusión sobre este fenómeno. Hay quienes consideran que en lugar de educar y reflexionar con niños y niñas hay que tratarles como delincuentes. Habría que hacer algunas acotaciones al respecto. Quien no ha cumplido 18 años es legalmente considerado menor de edad. Entre los 10 y 11 años se desarrolla el pensamiento lógico y se comienza a explorar el erotismo aún no ha madurado el cerebro para medir el peligro adecuadamente y es cuando más infantes aprenden a chatear. Antes de los 16 se precisan refuerzos para modular los riesgos y asumir la responsabilidad ética.
Una persona adulta que toma y comparte fotografías sexuales de menores de 18 años comete el delito de corrupción de menores y pornografía infantil. Pero un niño o niña que se autofotografíe no comete un delito. El primero cae en el ámbito de la justicia, el segundo en el educativo. Aunque este tema amerita un largo reportaje, dejamos aquí algunos datos fundamentales: 92% de los padres y madres no conocen el tipo de tecnología que obsequian o compran a sus infantes y los alcances y usos que estos pueden darles. El 100% de menores que fueron cooptadas o contactadas por pedófilos en internet dijeron que nadie les previno. Un pedófilo tarda entre tres y 10 minutos en lograr que un infante se desnude frente a la webcam.
Existen 420 millones de páginas pornográficas en internet. Los niños o adolescentes que navegan para ver desnudos bajo la palabra “sexo” tienen 95% de probabilidad de encontrarse con una escena gratuita de pornografía violenta con penetración explícita. La industria porno produce 10 mil millones de dólares anuales, busca nuevos clientes y le da lo mismo que tengan 10 o 50 años. Un menor de 18 años que tiene acceso a internet en su teléfono móvil tiene 70% más probabilidades de ver pornografía. La gran mayoría de personas no hablan sana y abiertamente sobre sexo con sus hijos e hijas y prácticamente nadie habla de pornografía y su impacto nocivo sobre la concepción del erotismo y la violencia. Miles de fotos circulan en la red sin la aprobación de las adolescentes.
Todo parece indicar que hay dos opciones. La primera sería que las personas adultas abdiquen de todo compromiso educativo y se asuman víctimas de la tecnología, que responsabilicen a las y los menores de todo lo que hacen sin haberles dado herramientas para comprender los hechos y su responsabilidad en ellos. La segunda es crear una sociedad proactiva, hacer estrategias para enfrentar las nuevas realidades y prepararse para contrarrestarlas. Campañas escolares para que niñas y niños aprendan a defender su intimidad y exijan que otros y otras la respeten. Explicar a los mayores de 16 años que si filman y circulan videos y fotos de sexo explícito podrían ser arrestados. Involucrar a niñas y niños en campañas contra la trata y explotación sexual comercial, que aprendan que lo que comienza como un juego puede terminar en pesadilla. Hablar de sexualidad sana y abiertamente y enseñar a niños y niñas a hacerse dueñas y no esclavas de su sexualidad. Normalizar el sexting es abrir la puerta a la pornografía involuntaria, el reto consiste en erradicarlo con educación que lo evidencie y no con castigos que lo conviertan en deseo prohibido.
Horizonte político
José Antonio Crespo
¡Cuidado con el Ejército!
Lo ocurrido con los dos estudiantes asesinados en el Tec de Monterrey —asunto aún no aclarado— y con las familias Almanza y Rangel en Tamaulipas se agrega a previos atropellos y errores del Ejército contra ciudadanos inocentes. El rector del Tec, Rafael Rangel Sostmann, dijo haber entregado los videos al Ejército dándole un voto de confianza, como institución prestigiada que es, para después reconocer que se equivocó, que pecó de ingenuo. Ante la indignación ciudadana que provocó ese incidente, el comandante de la IV Región Militar, Guillermo Moreno, aseguró, para deslindar al Ejército de toda responsabilidad: “Seríamos una horda de salvajes si disparáramos a lo que se mueva; por eso tenemos disciplina, entrenamiento, adiestramiento, leyes, y un código militar… Estamos conscientes que no puede haber una bala perdida” (25/III/10). A los pocos días de esa declaración, las familias Almanza y Rangel fueron atacadas por soldados en un retén, cerca de Matamoros, a las seis de la tarde del sábado 3 de abril, cuando se dirigían tranquilamente a la playa Bagdad (nombre premonitorio de lo que les sucedería). Murieron dos niños, de 7 y 9 años, en tanto que los demás, heridos, huyeron como pudieron. Para quitar responsabilidad al Ejército, la Secretaría de Gobernación afirma que esas familias se metieron en medio de un ataque de sicarios a los soldados del lugar. Sólo que las víctimas del “fuego cruzado” aseguran que no había nada de eso, que no vieron sicarios ni oyeron disparos antes de ser ametrallados, ellos mismos, por los militares.
Los sobrevivientes del ataque recurrieron a la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Ahí declaró CynthiaSalazar (28 años y madre de los niños asesinados): “Los soldados no pueden decir que nos confundieron, porque todavía no era de noche… había suficiente luz del sol. No entiendo por qué nos dispararon por la espalda y nos cazaron como animales… Mis otras niñas todavía están traumadas, tienen en su cuerpo las esquirlas de las granadas o de las balas que nos dispararon”. Dijo Carlos Alfredo Rangel (20 años): “A mí me hirieron en las piernas y no podía bajar para correr hacia el monte, como lo hicieron los demás… Varios soldados se acercaron… uno de ellos le dijo al otro ‘mátalo, al cabo que ya se va a morir’. Y entonces le cortó cartucho a su rifle y me apuntó a la cabeza, pero luego otro, que parecía el mando, les ordenó que no me hicieran nada, y se fueron sin prestarme auxilio”. Que se pretenda disimular y justificar los errores o los abusos del Ejército con coartadas falsas confirma una pauta de comportamiento oficial: se intenta hacer pasar a las víctimas civiles por pandilleros (igual que a los jóvenes de Ciudad Juárez) o se les presenta como sicarios (por ejemplo a los estudiantes del Tec) o se les ubica en medio de un “fuego cruzado” (como en el caso de las familias Almanza y Rangel). Es por tanto atendible lo dicho por el rector Rangel Sostmann: “Ahora me estoy dando cuenta de que a un ciudadano común y corriente en la calle lo borran y dicen que era un gatillero” (28/III/10).
Cynthia Salazar agrega en su declaración: “Yo quisiera decirle al presidente Calderón que sepa lo que está pasando con los militares”. Lo más grave sería que Felipe tuviera ya claro lo que sucede con los militares y, en consecuencia, hubiera decidido una política de distorsión de los hechos, para proteger sus abusos. El Ejército, que fue incorporado en esta lucha como parte de la solución, se convierte cada vez más en un problema que se suma al anterior, sin haberlo resuelto. Y es que primero disparan y después “viriguan”. Dijo el secretario de la Defensa, apenas en febrero: “Nadie desea que esta lucha se prolongue indefinidamente. A nadie le conviene. Si se alarga el trayecto de la confrontación, no sólo se incrementará el número de víctimas inocentes, también se causará un daño adicional a la población”. Ahora asegura que el Ejército debe permanecer en las calles de cinco a diez años, por lo menos. Palos de ciego. Los ciudadanos tenemos ahora que cuidarnos, no sólo de los narcos y las policías que trabajan para los cárteles (y de las que no, también), sino incluso de los militares. Conviene evitar acercarnos siquiera a donde haya soldados. En lugar de su protección, se corre el riesgo de recibir una ráfaga de metralla.
MUESTRARIO. El hecho de que, en el melodrama mediático sobre Paulette, se insinúe o infiera la culpabilidad de su madre por el hecho de no llorar, me recuerda la novela El extranjero, de Albert Camus, donde su protagonista es condenado a muerte por no haber llorado en el sepelio de su madre.
José Antonio Crespo
¡Cuidado con el Ejército!
Lo ocurrido con los dos estudiantes asesinados en el Tec de Monterrey —asunto aún no aclarado— y con las familias Almanza y Rangel en Tamaulipas se agrega a previos atropellos y errores del Ejército contra ciudadanos inocentes. El rector del Tec, Rafael Rangel Sostmann, dijo haber entregado los videos al Ejército dándole un voto de confianza, como institución prestigiada que es, para después reconocer que se equivocó, que pecó de ingenuo. Ante la indignación ciudadana que provocó ese incidente, el comandante de la IV Región Militar, Guillermo Moreno, aseguró, para deslindar al Ejército de toda responsabilidad: “Seríamos una horda de salvajes si disparáramos a lo que se mueva; por eso tenemos disciplina, entrenamiento, adiestramiento, leyes, y un código militar… Estamos conscientes que no puede haber una bala perdida” (25/III/10). A los pocos días de esa declaración, las familias Almanza y Rangel fueron atacadas por soldados en un retén, cerca de Matamoros, a las seis de la tarde del sábado 3 de abril, cuando se dirigían tranquilamente a la playa Bagdad (nombre premonitorio de lo que les sucedería). Murieron dos niños, de 7 y 9 años, en tanto que los demás, heridos, huyeron como pudieron. Para quitar responsabilidad al Ejército, la Secretaría de Gobernación afirma que esas familias se metieron en medio de un ataque de sicarios a los soldados del lugar. Sólo que las víctimas del “fuego cruzado” aseguran que no había nada de eso, que no vieron sicarios ni oyeron disparos antes de ser ametrallados, ellos mismos, por los militares.
Los sobrevivientes del ataque recurrieron a la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Ahí declaró CynthiaSalazar (28 años y madre de los niños asesinados): “Los soldados no pueden decir que nos confundieron, porque todavía no era de noche… había suficiente luz del sol. No entiendo por qué nos dispararon por la espalda y nos cazaron como animales… Mis otras niñas todavía están traumadas, tienen en su cuerpo las esquirlas de las granadas o de las balas que nos dispararon”. Dijo Carlos Alfredo Rangel (20 años): “A mí me hirieron en las piernas y no podía bajar para correr hacia el monte, como lo hicieron los demás… Varios soldados se acercaron… uno de ellos le dijo al otro ‘mátalo, al cabo que ya se va a morir’. Y entonces le cortó cartucho a su rifle y me apuntó a la cabeza, pero luego otro, que parecía el mando, les ordenó que no me hicieran nada, y se fueron sin prestarme auxilio”. Que se pretenda disimular y justificar los errores o los abusos del Ejército con coartadas falsas confirma una pauta de comportamiento oficial: se intenta hacer pasar a las víctimas civiles por pandilleros (igual que a los jóvenes de Ciudad Juárez) o se les presenta como sicarios (por ejemplo a los estudiantes del Tec) o se les ubica en medio de un “fuego cruzado” (como en el caso de las familias Almanza y Rangel). Es por tanto atendible lo dicho por el rector Rangel Sostmann: “Ahora me estoy dando cuenta de que a un ciudadano común y corriente en la calle lo borran y dicen que era un gatillero” (28/III/10).
Cynthia Salazar agrega en su declaración: “Yo quisiera decirle al presidente Calderón que sepa lo que está pasando con los militares”. Lo más grave sería que Felipe tuviera ya claro lo que sucede con los militares y, en consecuencia, hubiera decidido una política de distorsión de los hechos, para proteger sus abusos. El Ejército, que fue incorporado en esta lucha como parte de la solución, se convierte cada vez más en un problema que se suma al anterior, sin haberlo resuelto. Y es que primero disparan y después “viriguan”. Dijo el secretario de la Defensa, apenas en febrero: “Nadie desea que esta lucha se prolongue indefinidamente. A nadie le conviene. Si se alarga el trayecto de la confrontación, no sólo se incrementará el número de víctimas inocentes, también se causará un daño adicional a la población”. Ahora asegura que el Ejército debe permanecer en las calles de cinco a diez años, por lo menos. Palos de ciego. Los ciudadanos tenemos ahora que cuidarnos, no sólo de los narcos y las policías que trabajan para los cárteles (y de las que no, también), sino incluso de los militares. Conviene evitar acercarnos siquiera a donde haya soldados. En lugar de su protección, se corre el riesgo de recibir una ráfaga de metralla.
MUESTRARIO. El hecho de que, en el melodrama mediático sobre Paulette, se insinúe o infiera la culpabilidad de su madre por el hecho de no llorar, me recuerda la novela El extranjero, de Albert Camus, donde su protagonista es condenado a muerte por no haber llorado en el sepelio de su madre.
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