Gloria Muñoz Ramírez: Los de Abajo
Hoy se cumplen 91 años del asesinato a traición de Emiliano Zapata, aniversario luctuoso que ha sido aprovechado para organizar el segundo Encuentro Nacional por la Rearticulación del Movimiento Indígena, reunión de la que el Congreso Nacional Indígena (CNI) se ha deslindado tajantemente, pues, señala, la convocatoria proviene de personas y organizaciones insertas en el gobierno federal o los gobiernos de los estados.
El CNI, espacio de reflexión en red convocado en 1996 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ha logrado reunir el abanico más amplio del movimiento indígena nacional. La organización previa al CNI fue el Foro Nacional Indígena y las negociaciones de San Andrés Sakamch’en de los Pobres, que dieron lugar a los acuerdos de San Andrés, documento que el CNI reivindica como la verdadera Constitución de los pueblos indios.
Desde la traición de la clase política mexicana en 2001, que negó la inserción de los acuerdos en la Constitución mexicana, los pueblos indios en resistencia decidieron hacerlos efectivos en la práctica, con el fortalecimiento y la construcción de las autonomías y la defensa del territorio.
El CNI, la casa de los pueblos indios, sigue caminando por esa vía, por lo que defenderá a todo trance la autonomía e independencia del movimiento indígena y del Congreso Nacional Indígena con respecto a cualquier gobierno y los partidos políticos. Que nadie se confunda, pues, con el encuentro que en estos días se realiza en la ciudad de México.
El CNI sigue también en el horizonte de la otra campaña, como lo ratificó en el cuarto Congreso Nacional Indígena, en la comunidad San Pedro Atlapulco, en mayo de 2006. En días recientes, en la comunidad wixárika de Bancos de San Hipólico, en Durango, los pueblos wixárika, cora, odam, coca, nahua, purhépecha, triqui, ñahñu, tzotzil y mixteco de Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, el estado de México, el Distrito Federal, San Luis Potosí, Chiapas, Puebla, Guerrero y Tlaxcala, rechazaron la actual elaboración de diversas iniciativas de leyes indígenas estatales en Chiapas, Sonora, Puebla, Michoacán y el Distrito Federal.
Los pueblos, naciones, tribus y barrios que continúan su reflexión dentro del CNI honran hoy la memoria de Emiliano Zapata oponiéndose a los proyectos carreteros, turísticos, inmobiliarios, mineros, agroindustriales, de plantación de semillas transgénicas, de construcción de presas y campos eólicos en todos los territorios… y manifiestan que en el ejercicio de la autodefensa indígena impediremos la ejecución de dichos proyectos en las tierras de nuestros pueblos.
losylasdeabajo@yahoo.com.mx • http://www.desinformemonos.org
Hoy se cumplen 91 años del asesinato a traición de Emiliano Zapata, aniversario luctuoso que ha sido aprovechado para organizar el segundo Encuentro Nacional por la Rearticulación del Movimiento Indígena, reunión de la que el Congreso Nacional Indígena (CNI) se ha deslindado tajantemente, pues, señala, la convocatoria proviene de personas y organizaciones insertas en el gobierno federal o los gobiernos de los estados.
El CNI, espacio de reflexión en red convocado en 1996 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ha logrado reunir el abanico más amplio del movimiento indígena nacional. La organización previa al CNI fue el Foro Nacional Indígena y las negociaciones de San Andrés Sakamch’en de los Pobres, que dieron lugar a los acuerdos de San Andrés, documento que el CNI reivindica como la verdadera Constitución de los pueblos indios.
Desde la traición de la clase política mexicana en 2001, que negó la inserción de los acuerdos en la Constitución mexicana, los pueblos indios en resistencia decidieron hacerlos efectivos en la práctica, con el fortalecimiento y la construcción de las autonomías y la defensa del territorio.
El CNI, la casa de los pueblos indios, sigue caminando por esa vía, por lo que defenderá a todo trance la autonomía e independencia del movimiento indígena y del Congreso Nacional Indígena con respecto a cualquier gobierno y los partidos políticos. Que nadie se confunda, pues, con el encuentro que en estos días se realiza en la ciudad de México.
El CNI sigue también en el horizonte de la otra campaña, como lo ratificó en el cuarto Congreso Nacional Indígena, en la comunidad San Pedro Atlapulco, en mayo de 2006. En días recientes, en la comunidad wixárika de Bancos de San Hipólico, en Durango, los pueblos wixárika, cora, odam, coca, nahua, purhépecha, triqui, ñahñu, tzotzil y mixteco de Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, el estado de México, el Distrito Federal, San Luis Potosí, Chiapas, Puebla, Guerrero y Tlaxcala, rechazaron la actual elaboración de diversas iniciativas de leyes indígenas estatales en Chiapas, Sonora, Puebla, Michoacán y el Distrito Federal.
Los pueblos, naciones, tribus y barrios que continúan su reflexión dentro del CNI honran hoy la memoria de Emiliano Zapata oponiéndose a los proyectos carreteros, turísticos, inmobiliarios, mineros, agroindustriales, de plantación de semillas transgénicas, de construcción de presas y campos eólicos en todos los territorios… y manifiestan que en el ejercicio de la autodefensa indígena impediremos la ejecución de dichos proyectos en las tierras de nuestros pueblos.
losylasdeabajo@yahoo.com.mx • http://www.desinformemonos.org
Enrique Galván Ochoa: Dinero
Desde época inmemorial los mexicanos vamos a la farmacia y podemos comprar cualquier medicina que necesitemos, incluso antibióticos. Desde principios de este mes la venta de algunos productos requiere receta médica por disposición de la Secretaría de Salud. Ochenta y nueve por ciento de las personas que encuestamos esta semana dicen que no fueron informadas de cuáles fármacos quedaron sujetos al nuevo control y sólo el restante 11 por ciento contestó que sí.
Metodología
La encuesta de esta semana registraba hasta ayer 84 por ciento de respuestas a los 2 mil 500 formatos que enviamos por correo electrónico. Los participantes tienen la opción de acompañar sus votos con su opinión. En seguida aparecen algunos fragmentos, el texto completo puede leerse en el foro.
Opiniones
Yo viví en Estados Unidos largo tiempo. Allá todo medicamento de penicilina para arriba se vende sólo con receta. El problema es que te la da el médico no sin antes pagar consulta (150 dólares). Yo estoy en favor de que se sigan vendiendo sin receta, al menos los de mayor consumo.
José Luis Salcido / Chihuahua
Recorrí algunas farmacias por curiosidad y platiqué con algunos empleados. Dicen que la única indicación que han recibido es no surtir antibióticos sin receta y lo demás sí lo venden. Nuestro país está patas p’arriba, por lo que dudo de que se pongan estrictos. Los negocios están para vender y la cultura es de automedicación sobre todo de las medicinas más baratas.
Amanda Bautista / Distrito Federal
Carlos Fernández-Vega: México SA
Más por necesidad que por convencimiento, millones de usuarios de telefonía móvil aportaron sus datos personales y, así, quedaron registrados en el Renaut (según la estadística oficial, fácilmente manipulable), aunque se supone que toda esa información ya la habían proporcionado al contratar la línea. Esta aportación colectiva permitirá, de acuerdo con la idílica versión gubernamental, combatir los delitos de extorsión, amenazas, el secuestro en cualquiera de sus modalidades o algún ilícito grave o relacionado con el crimen organizado.
La ridícula minoría (Calderón dixit) que ha puesto de cabeza al país y exhibido –como si fuera necesario– la ineficiencia gubernamental, debe estar preocupadísima con este nuevo impedimento para su accionar (total, son nuevos en este negocio), mientras la trasnacional española Movistar se pone flamenca, Telcel se muestra extrañamente sumisa a las decisiones del poder público y la siempre coordinada autoridad se contradice.
Por ejemplo, el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Héctor Osuna, advierte públicamente que “las empresas telefónicas que no desactiven las líneas sin registro en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (una vez vencido el plazo) serán sancionadas conforme a la Ley de Telecomunicaciones. Luego de que la compañía Telefónica Movistar anunció que dejará activas las líneas de sus clientes que no se hayan dado de alta en el registro, Osuna dijo que todas las concesionarias del servicio celular deben cumplir con la ley o se arriesgan a ser sancionadas, incluso se les puede retirar la concesión. Llama la atención que la compañía pretenda no respetar la ley (La Jornada).
En otra declaración, Gonzalo Martínez Pous, el comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, reconoce que la disposición legal del Renaut por la cual se establece que las líneas que no sean dadas de altas en este sistema serán canceladas es de carácter autoaplicativo para las telefónicas, es decir, que las autoridades no pueden ordenar a estas empresas que procedan a esta suspensión. La intervención de la autoridad en este sentido puede ser hasta que se cumpla el plazo fijado para realizar este registro, por lo que si los operadores no cancelan los números que no fueron dados de alta, entonces la Cofetel iniciará un proceso para emitir una opinión a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que sancione a las compañías que desacataron lo dispuesto en la ley, (pero) la sanción es sólo económica (El Universal).
¿Quién tiene la razón? El segundo declarante, porque la Ley Federal de Telecomunicaciones sólo establece sanciones económicas a las empresas que incumplan con lo dispuesto. Es cuestión de echar números: si en el balance, ya descontada la multa (de 10 mil salarios mínimos la más alta), ganan más al mantener las líneas en operación, entonces para ellas la decisión no es complicada, porque ya se sabe cuál sería el camino a seguir de las empresas de telefonía móvil, en el entendido de que el Renaut carece de reglamento operativo, algo que por lo demás olvidó elaborar la siempre eficiente autoridad.
A los españoles de Telefónica Movistar les dio por mandar a paseo a la Cofetel, y anunció que no suspenderá el servicio de telefonía móvil a los clientes sin inscripción en el Renaut, y aseguró que en caso necesario acudirá a los tribunales para defender a sus clientes, porque las telecomunicaciones son un servicio de interés público protegido por la Constitución, por lo que no puede ser negado a la población. La empresa señaló que comparte con las autoridades la preocupación por el mal uso que los delincuentes hacen de los teléfonos móviles, y por eso acordó con Telcel y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública la creación de un mecanismo para que ninguna de las dos empresas pueda usar aparatos que fueron reportados como robados. Sin embargo, no perjudicará a sus usuarios que hayan omitido el registro de su celular en el Renaut, debido a que una cantidad significativa de personas de menores ingresos no se inscribió porque carece de CURP y en algunos casos no tiene siquiera acta de nacimiento. En otros casos el grado de ignorancia digital que desafortunadamente existe impide a algunos usar el método de registro a través de mensajes cortos (La Jornada).
En ese ambiente llega a su fin el plazo otorgado por el gobierno para el asunto del Renaut. Y entre dimes y diretes, a menos de 24 horas de vencer el plazo, millones siguen sin registrarse, ni lo harán.
En vía de mientras, qué dice la señora Constitución, de la que nadie se acuerda. Va un rápido paseo por sus conceptos: “las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.
“Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.
Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
Las rebanadas del pastel
Ya con las cifras oficiales definitivas del Renaut en la mano, los mexicanos constatarán cuánto se reduce el crimen organizado, el número de secuestros, extorsiones, amenazas, fraudes, etcétera, etcétera, porque se supone que ese es el fin del registro obligado.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Patricia Peñaloza: Ruta Sonora
El pasado 8 de abril, el rock perdió a uno de sus antihéroes: Malcolm McLaren, quien falleció a los 64 años, víctima de cáncer de pulmón. Polémico, tachado de farsante, pero otras tantas de genio, McLaren fue más bien un publicista one-hit-wonder. Si bien se definía a sí mismo como un artista, tal sentencia era más parte de su tramado mercadotécnico, que una realidad. Supo estar en el lugar y hora adecuados, y tuvo visión para, en su momento, asestar sobre los ojos y oídos de los jóvenes occidentales de finales de los años 70 del siglo XX, una marca: paradójicamente, colocó al punk, cuyas raíces se remontan al garage estadunidense de finales de los años 60 (The Stooges, MC5), como un producto de consumo en apariencia rebelde; retomó una inquietud genuina, para trastocarla en un póster, una moda; intentó combatir lo establecido, entronando a su producto dentro de éste, con los mismos elementos propagandísticos del sistema.
Opinión
Emiliano Zapata y la ruina del campo
La conmemoración del 91 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, ultimado en la hacienda de Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919, ocurre en un contexto en el que converge una situación de desastre en el campo mexicano con las expresiones recurrentes de cerrazón, insensibilidad y ceguera del grupo que ostenta el poder político, económico y mediático del país ante los reclamos de los entornos rurales.
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El Correo Ilustrado
Saludan reforma en derechos humanos
El Senado de la República se ha cubierto de gloria por la aprobación de la reforma para el respeto total de los derechos humanos, así como la facultad de atender las violaciones laborales, atribución que no tenía. Recordemos que la lectura de Alonso de Quijano, que enderezaba entuertos y corregía agravios para lograr el cambio y el bienestar social, sigue vigente. Sancho Panza defendía sus derechos laborales al exigirle salario conocido al Quijote por sus labores, y que éste debería ser cada mes, por las necesidades de ese entonces. Esta reforma da esperanza a miles de mexicanos agraviados por la injusticia, impunidad, desempleo, discriminación laboral y con la felicidad para que se corrijan los agravios. El ombudsman de la nación tiene una tarea inmensa al respecto para enderezar entuertos.
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Ortiz Tejeda: Resiste, Monsi, resiste
Le han dicho que los médicos afirman: hemos hecho todo lo necesario, todo lo posible. Estoy seguro de que es cierto y que ellos, sus asistentes, enfermeras, afanadoras, saben quién eres, qué significas, y por eso su trabajo ha sido esmerado y sin limitaciones.
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Abraham Nuncio: Gol contra natura
La Red Euro-Latinoamericana de Gobernabilidad para el Desarrollo (RedGob), un organismo de estudio y debate sobre gobernabilidad, políticas públicas y desarrollo en Europa, América Latina y el Caribe, que coordina el Banco Interamericano de Desarrollo, abordará en su próximo encuentro el tema de los poderes fácticos en esta región.
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En el contexto de las violaciones graves a los derechos humanos y su pretendida legalización, la comunidad de derechos humanos ha recobrado un poco su optimismo. El jueves, el Senado aprobó por fin, con 96 votos de todos los partidos, un proyecto de decreto que modifica la denominación del capítulo I del título primero de la Constitución, y reforma o adiciona los artículos uno, tres, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97 y 102, para reconocer, proteger, promover y garantizar de manera más actualizada e integral la vigencia de los derechos humanos en el país, teniendo en cuenta los estándares internacionales en la materia.
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Arturo Alcalde Justinian: Asalto al futuro
De forma silenciosa, pero también constante y creciente, se lleva a cabo un despojo en contra de las nuevas generaciones. La fábrica de pobres trabaja a toda máquina trasladando los recursos de la mayoría hacia unos cuantos, quienes han tomado ventaja en todos los campos, controlando instituciones, partidos políticos y gobiernos, aprovechándose de la ignorancia, la inseguridad y el desconcierto. Un dato duro lo dice todo: 6 millones de pobres más en los recientes cuatro años se agregan a los 45 millones ya existentes.
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Enrique Calderón Alzati: La prueba de Enlace
Hace una semana La Jornada publicó un suplemento sobre la educación, en el que aparecían un par de artículos y algunos comentarios en torno a la prueba de Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) que la Secretaría de Educación Pública viene aplicando año con año a gran parte de los estudiantes de primaria, secundaria y más recientemente del sector medio superior en sus diferentes modalidades. Las opiniones vertidas en el suplemento me parecieron un tanto negativas y poco fundamentadas, menospreciando uno de los pocos logros del sistema educativo durante años recientes.
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Immanuel Wallerstein: Ganadores y perdedores en el estancamiento israelí-palestino
Cualquiera que piense que habrá algún cambio significativo en el status quo de Israel-Palestina sufre de ilusiones engañosas múltiples. El gobierno israelí está totalmente empeñado en oponerse a la creación de un Estado palestino, aun fuera un débil Estado palestino, y esta visión tiene el respaldo de una vasta mayoría de judíos israelitas. Los líderes palestinos están más divididos. Pero aun los más acomodaticios no tienen la voluntad siquiera de considerar cualquier cosa menos que un Estado basado en sus fronteras de 1967, con Jerusalén oriental como su capital. El resto del mundo no podría convencer ni a uno ni a otro de ceder un ápice. A esto se le llama estancamiento.
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Silvia Ribeiro*: El clima de los pueblos
Del 19 al 22 de abril se realizará en Cochabamba, Bolivia, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. La iniciativa fue anunciada por el presidente Evo Morales después del desastre de las negociaciones sobre cambio climático en Copenhague el pasado diciembre. Es una respuesta a la urgencia del caos climático y una interpelación a los gobiernos del Norte y otros que, como Brasil, India, China y Sudáfrica, firmaron –a espaldas de todos los demás y de años de negociaciones en Naciones Unidas– el llamado Entendimiento de Copenhague, una burla a los pueblos del Sur más afectados por el caos climático.
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Benito Taibo: Polvo
El sello Planeta da a conocer Polvo, primera novela de Benito Taibo. Algunos ingredientes: el Niño Fidencio, un periodista escéptico, el primer alcalde socialista de Acapulco, un mago, un pintor, un espía, un enano Caballero de Colón, un monstruo enfermo de melancolía, una hermosa dinamitera. Con autorización de la editorial, reproducimos las primeras páginas de esta novedad bibliográfica
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Porfirio Muñoz Ledo
Los medios y la Constitución
Los grandes temas del debate nacional conmueven hoy al Congreso de la Unión. La expansión de los derechos humanos y mecanismos efectivos para garantizarlos en contraste con el estado de sitio que ha capturado al país y la abusiva pretensión de las autoridades militares para legalizarlo. Un límite verdadero a los monopolios y una normatividad democrática para los medios de comunicación.
Este último ha estallado en tres distintas vertientes: la presión de las empresas sobre las comisiones respectivas de ambas cámaras para ampliar las prórrogas de las concesiones, una iniciativa ambiciosa de Ley de Telecomunicaciones y contenidos audiovisuales presentada por el diputado Javier Corral y un propuesta de reforma constitucional en la materia que he enviado al pleno.
Desde hace 40 años que publiqué mi primer escrito sobre la legislación mexicana de radio y televisión he sostenido su precaria —por no decir tramposa— justificación constitucional. La ley de 1960 pretende fundarse en la expresión “espacio aéreo de la nación” contenida en el artículo 27 y las facultades del Congreso de la Unión en el carácter federal que ese espacio tiene según el artículo 48.
Es claro que la actividad regulada —la comunicación electrónica— no está incluida en el artículo 73 que establece las competencias del Congreso y que no se realiza exclusivamente a través del espacio aéreo. La intención de sus autores fue equipararla con la apropiación de otros recursos naturales, como la minería o la explotación de los hidrocarburos, a efecto de otorgar con exclusividad al Ejecutivo la facultad para otorgar o retirar concesiones.
Quedó así sellada una relación perversa entre la Presidencia de la República y las empresas, dominada por el chantaje y el favoritismo. Dije al respecto que Televisa comenzó como un anexo de Los Pinos y que con el paso del tiempo Los Pinos terminaría convirtiéndose en un anexo de Televisa. Sustituir un órgano desconcentrado por otro subordinado, como lo hace la propuesta legislativa, es un absurdo.
Es ineludible la exigencia de crear un órgano de carácter constitucional, autónomo y ciudadano. En ese sentido se pronunció la Comisión de la Reforma del Estado en 2000 y ésa fue la propuesta formulada ante la CENCA en 2007. La Asociación Mexicana por el Derecho a la Información —tras de innumerables debates— ha adoptado la misma tesis. Sólo la conservadora Suprema Corte confirmó las potestades presidenciales cuando anuló parcialmente la Ley Televisa.
El argumento de que sólo son asequibles cambios en la legislación ordinaria es una coartada. Ignoran que toda reforma de Estado es por definición constitucional y que ése es el deber al que está llamado el Congreso. De otro modo, a pesar de los avances técnicos habrá retrocesos políticos y los problemas esenciales quedarán sin resolverse.
Los empresarios se consideran dueños, que no concesionarios, del espectro radioeléctrico. Así su pretensión incansable de ocuparlo a perpetuidad y de aprovechar automáticamente nuevos espacios. Una reforma constitucional permitiría contrarrestar la tesis de los “derechos adquiridos” y distribuir las autorizaciones de modo equitativo. Al respecto propongo que ninguna empresa podrá concentrar más del 25% de las frecuencias.
Es preciso volver al primer día de la creación. Pero democratizar los medios no significa solamente redistribuirlos entre entidades privadas, públicas, académicas y comunitarias. Implica que sus contenidos sean acordes con los principios y valores que la propia Constitución prescribe. Propuse al respecto en 1977, como secretario de Educación Pública, la inclusión de un mandato expreso en el artículo tercero.
Se trataría de afirmar los derechos de la sociedad, no las complicidades del poder. Estipular que los medios de comunicación electrónica son de servicio público y deben reflejar la pluralidad y los intereses superiores de la República. Vincularlos al derecho ciudadano a la información y convertirlos en instrumento privilegiado del desarrollo nacional. Ese es el fondo de la cuestión, no lo eludamos.
Diputado federal del PT
Este último ha estallado en tres distintas vertientes: la presión de las empresas sobre las comisiones respectivas de ambas cámaras para ampliar las prórrogas de las concesiones, una iniciativa ambiciosa de Ley de Telecomunicaciones y contenidos audiovisuales presentada por el diputado Javier Corral y un propuesta de reforma constitucional en la materia que he enviado al pleno.
Desde hace 40 años que publiqué mi primer escrito sobre la legislación mexicana de radio y televisión he sostenido su precaria —por no decir tramposa— justificación constitucional. La ley de 1960 pretende fundarse en la expresión “espacio aéreo de la nación” contenida en el artículo 27 y las facultades del Congreso de la Unión en el carácter federal que ese espacio tiene según el artículo 48.
Es claro que la actividad regulada —la comunicación electrónica— no está incluida en el artículo 73 que establece las competencias del Congreso y que no se realiza exclusivamente a través del espacio aéreo. La intención de sus autores fue equipararla con la apropiación de otros recursos naturales, como la minería o la explotación de los hidrocarburos, a efecto de otorgar con exclusividad al Ejecutivo la facultad para otorgar o retirar concesiones.
Quedó así sellada una relación perversa entre la Presidencia de la República y las empresas, dominada por el chantaje y el favoritismo. Dije al respecto que Televisa comenzó como un anexo de Los Pinos y que con el paso del tiempo Los Pinos terminaría convirtiéndose en un anexo de Televisa. Sustituir un órgano desconcentrado por otro subordinado, como lo hace la propuesta legislativa, es un absurdo.
Es ineludible la exigencia de crear un órgano de carácter constitucional, autónomo y ciudadano. En ese sentido se pronunció la Comisión de la Reforma del Estado en 2000 y ésa fue la propuesta formulada ante la CENCA en 2007. La Asociación Mexicana por el Derecho a la Información —tras de innumerables debates— ha adoptado la misma tesis. Sólo la conservadora Suprema Corte confirmó las potestades presidenciales cuando anuló parcialmente la Ley Televisa.
El argumento de que sólo son asequibles cambios en la legislación ordinaria es una coartada. Ignoran que toda reforma de Estado es por definición constitucional y que ése es el deber al que está llamado el Congreso. De otro modo, a pesar de los avances técnicos habrá retrocesos políticos y los problemas esenciales quedarán sin resolverse.
Los empresarios se consideran dueños, que no concesionarios, del espectro radioeléctrico. Así su pretensión incansable de ocuparlo a perpetuidad y de aprovechar automáticamente nuevos espacios. Una reforma constitucional permitiría contrarrestar la tesis de los “derechos adquiridos” y distribuir las autorizaciones de modo equitativo. Al respecto propongo que ninguna empresa podrá concentrar más del 25% de las frecuencias.
Es preciso volver al primer día de la creación. Pero democratizar los medios no significa solamente redistribuirlos entre entidades privadas, públicas, académicas y comunitarias. Implica que sus contenidos sean acordes con los principios y valores que la propia Constitución prescribe. Propuse al respecto en 1977, como secretario de Educación Pública, la inclusión de un mandato expreso en el artículo tercero.
Se trataría de afirmar los derechos de la sociedad, no las complicidades del poder. Estipular que los medios de comunicación electrónica son de servicio público y deben reflejar la pluralidad y los intereses superiores de la República. Vincularlos al derecho ciudadano a la información y convertirlos en instrumento privilegiado del desarrollo nacional. Ese es el fondo de la cuestión, no lo eludamos.
Diputado federal del PT
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