Julio Hernández López: Astillero
A cambio de una difusa promesa fechada para septiembre, el Senado aprobó ayer una versión aligerada de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que para efectos militares necesita el comandante Felipe Calderón. El garante de un ofrecimiento de impulsar imprecisos cambios al fuero militar es el mismo secretario de Gobernación que ya antes fue ridículo testigo de honor de luego incumplidos convenios de intercambio de votos legislativos hacendarios por abstenciones aliancísticas en el estado de Peña Nieto. Jusilen, votando a favor, y después virigüen qué dirá la iniciativa del parto de los montes castrenses en materia de fuero. Apruebe hoy y cobre después. Celebren hoy las adecuaciones generales cuya trampa está en la letra chiquita y las trampas sembradas por el experto en marrullerías llamado Jesús Murillo Karam, y laméntense en septiembre de que ya no esté en su cargo el secretario de Gobernación Gómez Mont y nada sepa el ocupante de Los Pinos de los ofrecimientos que hubiera hecho el muy autónomo GM, como sucedió con la farsa del desconocimiento que Calderón dijo tener de las andanzas firmadas de su subordinado de Bucareli y su líder partidista marca Patylú.
Subibaja de emociones jurídicas y políticas: el Ejército ya no estará indefinidamente en las calles, pero no se establece en algún artículo transitorio una fecha de regreso a los cuarteles; será regulada y acotada la declaración de estado de excepción o de suspensión de garantías individuales, aunque esa realidad ya está hoy en las calles sin necesidad de ningún trámite jurídico; poner a los soldados en acción ya no será decisión presidencial sino de Estado, con mecanismos legislativos federales y estatales de corresponsabilidad, pero Los Pinos mantiene mecanismos sin contrapeso para el manejo de esas fuerzas armadas; el Ejército no deberá reprimir movimientos sociales o protestas electorales, pero la guerra sucia está desatada e impunes los abusos, y los militares que cometan actos presumiblemente delictivos en ámbitos civiles podrán ser sometidos al fuero civil, pero no se establece categóricamente que deberán ser sometidos a esa jurisdicción, sino que se deja todo a la discrecionalidad, en espera de la iniciativa que Felipe dijo que enviaría días atrás y su secretario de gobernación transfirió a septiembre.
Astillas
Las delegaciones estatales de las secretarías federales han sido convertidas durante los desgobiernos panistas en negocio grupal, a veces a cambio de favores partidistas a la hora de elegir dirigentes y candidatos, y a veces como simples instancias de recaudación en efectivo y sin recibo cuyos montos son mafiosamente repartidos hacia arriba. Llama la atención, en ese contexto, el hallazgo de casi 7 millones de pesos en efectivo en la casa de quien fue delegada (directora) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Coahuila, Alejandrina Martínez Macías, quien fue muerta a puñaladas una semana atrás en su domicilio de Saltillo. Lo peculiar del caso no es solamente la existencia de ese dinero, cuyo origen oficialmente es desconocido, pero que tiene un inocultable tufo a corrupción, sino el hecho de que la funcionaria había sido presionada para dejar la plaza por parte de un compadre de Felipe Calderón, según denunció Alejandrina unos días antes de su asesinato. No dijo el nombre, pero en la política coahuilense sólo hay un máximo compadre pinolero, que es el senador Guillermo Anaya Llamas, a cuyo influjo se han producido en aquella entidad norteña toda suerte de infortunios, incluso relacionados con el narcotráfico. Para que el libreto de novela negra quede completo, la funcionaria ahora difunta tenía programada una cita con el gobernador priísta Humberto Moreira, a quien pretendía hacer revelaciones de la corrupción panista en la SCT. La guerra entre priístas y panistas tiene en aquella entidad el trasfondo de la pretensión de los hermanos Moreira de que uno de ellos, Rubén, quien es diputado federal, sea el sucesor de Humberto, el actual mandatario... En el entorno familiar del alumno de sicología de la UNAM Víctor Castro Santillán, asesinado en Nuevo León, se tiene la versión de que el crimen fue cometido por estudiantes de la misma carrera pertenecientes a la universidad autónoma de aquella entidad. El domingo pasado, en el velatorio del ISSSTE en Tlalpan, en la capital del país, el rector de la UNAM, José Narro, habría conocido esa información de parte de los padres del joven brutalmente asesinado, quien era un estudiante de altas calificaciones... La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) ha frenado la pretensión de añadir a su denominación el nombre del gran represor de movimientos sociales y frívolo despilfarrador del erario llamado Adolfo López Mateos. En una maniobra de oportunismo político que buscaba promover los aires presidencialistas del actual gobernador, Enrique Peña Nieto, y del Grupo Atlacomulco, las autoridades de esa casa de estudios fingieron que la comunidad pedía agregar el nombre del ex presidente de la República de cuyo natalicio se cumplirán cien años en este 2010. Ante las protestas que esa iniciativa suscitó, la UAEM prefirió enfriar las cosas y anunciar que aún no se ha logrado el consenso para esos cambios. Tal vez en este lapso los integrantes de esa universidad lleguen a la conclusión de que sería más meritorio añadir, en todo caso, los nombres del líder agrarista Rubén Jaramillo, traicioneramente asesinado en el sexenio de ALM, o de Demetrio Vallejo, líder de ferrocarrileros encarcelados, despedidos de su trabajo y perseguidos por ejercer la libertad sindical... Y, mientras esta columna lerda sigue preguntándose si a la comida famosa llegó borracho el borracho, o ya estaba allí, ¡hasta mañana, con una caravana humanitaria agredida con disparos de arma de fuego cuando se dirigía a San Juan Copala, en la Mixteca de Oaxaca, para llevar ayuda y constatar agravios contra esa comunidad bajo acoso de organizaciones priístas y el gobierno de manos rojas de Ulises Ruiz!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
A cambio de una difusa promesa fechada para septiembre, el Senado aprobó ayer una versión aligerada de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que para efectos militares necesita el comandante Felipe Calderón. El garante de un ofrecimiento de impulsar imprecisos cambios al fuero militar es el mismo secretario de Gobernación que ya antes fue ridículo testigo de honor de luego incumplidos convenios de intercambio de votos legislativos hacendarios por abstenciones aliancísticas en el estado de Peña Nieto. Jusilen, votando a favor, y después virigüen qué dirá la iniciativa del parto de los montes castrenses en materia de fuero. Apruebe hoy y cobre después. Celebren hoy las adecuaciones generales cuya trampa está en la letra chiquita y las trampas sembradas por el experto en marrullerías llamado Jesús Murillo Karam, y laméntense en septiembre de que ya no esté en su cargo el secretario de Gobernación Gómez Mont y nada sepa el ocupante de Los Pinos de los ofrecimientos que hubiera hecho el muy autónomo GM, como sucedió con la farsa del desconocimiento que Calderón dijo tener de las andanzas firmadas de su subordinado de Bucareli y su líder partidista marca Patylú.
Subibaja de emociones jurídicas y políticas: el Ejército ya no estará indefinidamente en las calles, pero no se establece en algún artículo transitorio una fecha de regreso a los cuarteles; será regulada y acotada la declaración de estado de excepción o de suspensión de garantías individuales, aunque esa realidad ya está hoy en las calles sin necesidad de ningún trámite jurídico; poner a los soldados en acción ya no será decisión presidencial sino de Estado, con mecanismos legislativos federales y estatales de corresponsabilidad, pero Los Pinos mantiene mecanismos sin contrapeso para el manejo de esas fuerzas armadas; el Ejército no deberá reprimir movimientos sociales o protestas electorales, pero la guerra sucia está desatada e impunes los abusos, y los militares que cometan actos presumiblemente delictivos en ámbitos civiles podrán ser sometidos al fuero civil, pero no se establece categóricamente que deberán ser sometidos a esa jurisdicción, sino que se deja todo a la discrecionalidad, en espera de la iniciativa que Felipe dijo que enviaría días atrás y su secretario de gobernación transfirió a septiembre.
Astillas
Las delegaciones estatales de las secretarías federales han sido convertidas durante los desgobiernos panistas en negocio grupal, a veces a cambio de favores partidistas a la hora de elegir dirigentes y candidatos, y a veces como simples instancias de recaudación en efectivo y sin recibo cuyos montos son mafiosamente repartidos hacia arriba. Llama la atención, en ese contexto, el hallazgo de casi 7 millones de pesos en efectivo en la casa de quien fue delegada (directora) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Coahuila, Alejandrina Martínez Macías, quien fue muerta a puñaladas una semana atrás en su domicilio de Saltillo. Lo peculiar del caso no es solamente la existencia de ese dinero, cuyo origen oficialmente es desconocido, pero que tiene un inocultable tufo a corrupción, sino el hecho de que la funcionaria había sido presionada para dejar la plaza por parte de un compadre de Felipe Calderón, según denunció Alejandrina unos días antes de su asesinato. No dijo el nombre, pero en la política coahuilense sólo hay un máximo compadre pinolero, que es el senador Guillermo Anaya Llamas, a cuyo influjo se han producido en aquella entidad norteña toda suerte de infortunios, incluso relacionados con el narcotráfico. Para que el libreto de novela negra quede completo, la funcionaria ahora difunta tenía programada una cita con el gobernador priísta Humberto Moreira, a quien pretendía hacer revelaciones de la corrupción panista en la SCT. La guerra entre priístas y panistas tiene en aquella entidad el trasfondo de la pretensión de los hermanos Moreira de que uno de ellos, Rubén, quien es diputado federal, sea el sucesor de Humberto, el actual mandatario... En el entorno familiar del alumno de sicología de la UNAM Víctor Castro Santillán, asesinado en Nuevo León, se tiene la versión de que el crimen fue cometido por estudiantes de la misma carrera pertenecientes a la universidad autónoma de aquella entidad. El domingo pasado, en el velatorio del ISSSTE en Tlalpan, en la capital del país, el rector de la UNAM, José Narro, habría conocido esa información de parte de los padres del joven brutalmente asesinado, quien era un estudiante de altas calificaciones... La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) ha frenado la pretensión de añadir a su denominación el nombre del gran represor de movimientos sociales y frívolo despilfarrador del erario llamado Adolfo López Mateos. En una maniobra de oportunismo político que buscaba promover los aires presidencialistas del actual gobernador, Enrique Peña Nieto, y del Grupo Atlacomulco, las autoridades de esa casa de estudios fingieron que la comunidad pedía agregar el nombre del ex presidente de la República de cuyo natalicio se cumplirán cien años en este 2010. Ante las protestas que esa iniciativa suscitó, la UAEM prefirió enfriar las cosas y anunciar que aún no se ha logrado el consenso para esos cambios. Tal vez en este lapso los integrantes de esa universidad lleguen a la conclusión de que sería más meritorio añadir, en todo caso, los nombres del líder agrarista Rubén Jaramillo, traicioneramente asesinado en el sexenio de ALM, o de Demetrio Vallejo, líder de ferrocarrileros encarcelados, despedidos de su trabajo y perseguidos por ejercer la libertad sindical... Y, mientras esta columna lerda sigue preguntándose si a la comida famosa llegó borracho el borracho, o ya estaba allí, ¡hasta mañana, con una caravana humanitaria agredida con disparos de arma de fuego cuando se dirigía a San Juan Copala, en la Mixteca de Oaxaca, para llevar ayuda y constatar agravios contra esa comunidad bajo acoso de organizaciones priístas y el gobierno de manos rojas de Ulises Ruiz!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Enrique Galván Ochoa: Dinero
El Observatorio Ciudadano –cuya formación anunciara recientemente el Consejo Coordinador Empresarial con la finalidad de cuidar las manos de los políticos, dada su incurable tendencia a la corrupción– debutó en la vida nacional. Tiene un añadido a su denominación: Gastar Mejor, y su actividad estará enfocada principalmente a presentar soluciones concretas ante la opacidad e ineficiencia en el ejercicio presupuestal, atendiendo la preocupación común de aumentar la transparencia y eficiencia del gasto público en los tres niveles de gobierno y en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Todo suavecito, terso, fino; evidentemente no quieren que se confunda su movimiento con nada que huela a cacerolismo. Varias organizaciones ciudadanas integran el observatorio: el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (depende del CCE), la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, el Centro de Investigación para el Desarrollo, la Fundación Este País, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Gestión Social y Cooperación, el Instituto de Administración Pública del ITESM, el Instituto Mexicano para la Competitividad, México Evalúa y Transparencia Mexicana. Los organizadores dicen que cuentan con la colaboración del IPN, la UNAM y el CIDE.
¿Sabías que?
El observatorio comienza su tarea planteando una serie de preguntas a la ciudadanía, de las cuales tomo algunas: ¿Sabías que si sumamos los aumentos salariales en 2009 de Presidencia, Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores podríamos mantener a 3 mil 500 trabajadores en el Distrito Federal por un año al salario mínimo general? ¿Que 42 de cada 100 pesos de gasto corriente se canalizan al pago de la burocracia? ¿Que el nivel de transparencia y rendición de cuentas del gobierno mexicano se encuentra por debajo de países del Medio Oriente como Armenia, Azerbaiyán y Jordania? ¿Que de un total de 987 auditorías que realizó la Auditoría Superior de la Federación en 2008, tan sólo dos correspondieron al Poder Legislativo y dos al Poder Judicial, es decir 0.2 y 0.2 por ciento, respectivamente? Y una pregunta inquietante que tiene que ver con la violencia que vivimos: ¿sabías que los gobiernos municipales destinan tan sólo 3 por ciento del total de sus egresos a seguridad pública? Por tanto (lo que sigue es un añadido del autor de esta columna), los policías, en su mayoría, ganan menos de 3 mil pesos mensuales. El hampa también paga 3 mil, pero dólares. Y si el atractivo de la nómina no es suficiente, está el recurso de plata o plomo. Si el observatorio se mantiene alejado de influencias gubernamentales –lo cual sería deseable, aunque algunos de sus integrantes difícilmente se salvarían– podría ser de gran utilidad para el país.
El Observatorio Ciudadano –cuya formación anunciara recientemente el Consejo Coordinador Empresarial con la finalidad de cuidar las manos de los políticos, dada su incurable tendencia a la corrupción– debutó en la vida nacional. Tiene un añadido a su denominación: Gastar Mejor, y su actividad estará enfocada principalmente a presentar soluciones concretas ante la opacidad e ineficiencia en el ejercicio presupuestal, atendiendo la preocupación común de aumentar la transparencia y eficiencia del gasto público en los tres niveles de gobierno y en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Todo suavecito, terso, fino; evidentemente no quieren que se confunda su movimiento con nada que huela a cacerolismo. Varias organizaciones ciudadanas integran el observatorio: el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (depende del CCE), la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, el Centro de Investigación para el Desarrollo, la Fundación Este País, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Gestión Social y Cooperación, el Instituto de Administración Pública del ITESM, el Instituto Mexicano para la Competitividad, México Evalúa y Transparencia Mexicana. Los organizadores dicen que cuentan con la colaboración del IPN, la UNAM y el CIDE.
¿Sabías que?
El observatorio comienza su tarea planteando una serie de preguntas a la ciudadanía, de las cuales tomo algunas: ¿Sabías que si sumamos los aumentos salariales en 2009 de Presidencia, Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores podríamos mantener a 3 mil 500 trabajadores en el Distrito Federal por un año al salario mínimo general? ¿Que 42 de cada 100 pesos de gasto corriente se canalizan al pago de la burocracia? ¿Que el nivel de transparencia y rendición de cuentas del gobierno mexicano se encuentra por debajo de países del Medio Oriente como Armenia, Azerbaiyán y Jordania? ¿Que de un total de 987 auditorías que realizó la Auditoría Superior de la Federación en 2008, tan sólo dos correspondieron al Poder Legislativo y dos al Poder Judicial, es decir 0.2 y 0.2 por ciento, respectivamente? Y una pregunta inquietante que tiene que ver con la violencia que vivimos: ¿sabías que los gobiernos municipales destinan tan sólo 3 por ciento del total de sus egresos a seguridad pública? Por tanto (lo que sigue es un añadido del autor de esta columna), los policías, en su mayoría, ganan menos de 3 mil pesos mensuales. El hampa también paga 3 mil, pero dólares. Y si el atractivo de la nómina no es suficiente, está el recurso de plata o plomo. Si el observatorio se mantiene alejado de influencias gubernamentales –lo cual sería deseable, aunque algunos de sus integrantes difícilmente se salvarían– podría ser de gran utilidad para el país.
Resulta una pérdida de tiempo profundizar sobre los ya muy aburridos fraudes obscenos de la banca negra israelí-anglosajona que hemos denunciado desde que pusimos en evidencia el lado oscuro de la globalización (título de nuestro libro agotado desde hace 10 años), donde no se salva ningún actor del teatro trágico del modelo neoliberal financierista.
Las estrellas del reparto han sido los vilipendiados banqueros, quienes realizan una actividad consustancialmente criminal y misantrópica, gracias a las generosas lubricaciones que han ejercido sobre la exageradamente mediocre clase política contemporánea que claudicó ignominiosamente a su función primordial de defender el bien común.
Más allá de los expuestos banqueros, hilarantemente disfrazados de filántropos, los actores secundarios del mafioso circuito financierista global anglosajón, en la obra trágica que pudiéramos denominar Las finanzas neoliberales globales, han tardado en ser puestos en la picota, como destacan sus inexpiables empresas de contabilidad, sus descalificadas agencias calificadoras (sic) y sus muy laxas reguladoras gubernamentales, ya no se diga sus agencias especializadas de noticias multimediáticas, que en su amplio espectro han contribuido al mayor engaño global en la historia de la humanidad.
Las estrellas del reparto han sido los vilipendiados banqueros, quienes realizan una actividad consustancialmente criminal y misantrópica, gracias a las generosas lubricaciones que han ejercido sobre la exageradamente mediocre clase política contemporánea que claudicó ignominiosamente a su función primordial de defender el bien común.
Más allá de los expuestos banqueros, hilarantemente disfrazados de filántropos, los actores secundarios del mafioso circuito financierista global anglosajón, en la obra trágica que pudiéramos denominar Las finanzas neoliberales globales, han tardado en ser puestos en la picota, como destacan sus inexpiables empresas de contabilidad, sus descalificadas agencias calificadoras (sic) y sus muy laxas reguladoras gubernamentales, ya no se diga sus agencias especializadas de noticias multimediáticas, que en su amplio espectro han contribuido al mayor engaño global en la historia de la humanidad.
Carlos Fernández-Vega: México SA
Más allá del ignominioso objetivo que persigue la ley SB 1070, Felipe Calderón deberá enviar un enorme ramo de flores y una caja de bombones a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, como señal de agradecimiento por haberle servido en bandeja de plata un pretexto, tan desesperadamente por él deseado, para, con la rapidez del rayo, desviar la atención de la opinión pública nacional sobre la caótica situación imperante en México.
A raíz de la promulgación de dicha ley, el inquilino de Los Pinos corrió una gruesa cortina de humo, se disfrazó de niño héroe y, como si fuera algo muy creativo y novedoso, puso en escena la misma comedia de sus cuatro antecesores, cuando obvio es que el origen y la causa de la masiva expulsión de mano de obra hacia el vecino del norte (sin demeritar el racismo y acoso de los gringos) es el sistema de apartheid económico que priva en México y el creciente cuan devastador costo social del modelo neoliberal defendido a capa y espada por los últimos cinco gobiernos, incluido el actual, el mismo que, dicho sea de paso, ni siquiera atiende las demandas de los ex braceros.
Mientras la técnica masiosare es explotada a plenitud por los propagandistas de Los Pinos y, de nueva cuenta, muchos caen en el garlito, va un veloz recuento de la voluminosa colección de discursos presidenciales en defensa de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos, acumulada en tres décadas de feroz neoliberalismo.
Miguel de la Madrid: ante la eventual aplicación de nuevas disposiciones migratorias en Estados Unidos, el gobierno de la República reitera su solidaridad con los mexicanos que se encuentran en dicho país. Demandamos el respeto de sus derechos humanos y laborales. En mis dos encuentros con el presidente de Estados Unidos destacó el tema de los movimientos migratorios y el respeto a los derechos individuales. Nuestra posición es invariable: exigimos respecto, trato justo y cumplimiento de la ley. Utilizaremos todos los instrumentos a nuestro alcance para que nuestros compatriotas que se encuentran allá gocen de las garantías y prerrogativas que como personas merecen. Mantenemos una permanente comunicación con las autoridades de ese país vecino, con objeto de que se garanticen los derechos de nuestros compatriotas.
Carlos Salinas de Gortari: buscamos nuevos mecanismos para defender los derechos humanos y laborales de los trabajadores migratorios. A través de los trabajos de la Comisión Binacional hemos avanzado en la solución de los problemas migratorios. No cejaremos en la protección de los connacionales cuando trabajen en otras naciones. México tiene en operación un amplio sistema de protección legal de los derechos humanos y laborales de nuestros connacionales que emigran en busca de oportunidades de empleo. En la función consular México dispone de un importante instrumento para proteger los intereses de los nacionales en el extranjero. México ratifica su rechazo a la campaña xenofóbica y seguirá, en los hechos, defendiendo los derechos laborales y humanos de nuestros trabajadores migratorios.
Ernesto Zedillo: el gobierno mexicano siempre reclamará respeto a los derechos de nuestros connacionales en el exterior. Por primera vez contamos con un grupo de alto nivel que ha profundizado en el conocimiento y en el manejo de los diversos aspectos de este complejo fenómeno. No es cierto que quienes emigran son los seres marginales de nuestra sociedad o de nuestro mercado laboral; quienes emigran son personas emprendedoras. Lo que nos ofende a los mexicanos, lo que realmente nos agravia a todos es la violación de los derechos humanos y laborales que sufren nuestros connacionales en Estados Unidos. Los derechos humanos deben valer en cualquier parte del mundo, con independencia de la calidad migratoria y, por eso, por todos los canales diplomáticos, el gobierno de México ha actuado siempre para alzar su voz y no solamente protestar por esas violaciones de los derechos humanos, sino procurar la remediación de esas violaciones. No podemos confundir la diplomacia con el machismo.
Vicente Fox: ante el compromiso irrevocable con los mexicanos que habitan fuera del país, hemos planteado al gobierno de Estados Unidos un acuerdo migratorio para legalizar la estancia de los mexicanos que hoy radican en ese país sin la documentación legal. Promovemos y defendemos con congruencia y firmeza los intereses de México y los derechos de las y los mexicanos en el extranjero. Así como defendemos sus intereses y derechos en México, también lo hacemos frente a las autoridades de los países en donde viven. Continuaremos insistiendo ante el gobierno de Estados Unidos en la necesidad de negociar y concluir un acuerdo migratorio de carácter integral. Nuestros paisanos saben que cuentan con el gobierno de México para defender sus derechos y su dignidad.
Y el novedoso Felipe Calderón: el gobierno federal protege a los migrantes; vela porque se respeten sus derechos humanos, laborales y sociales. Se mantiene un diálogo respetuoso y permanente con Estados Unidos. He dicho que México no termina en su frontera, que donde quiera que haya un mexicano, ahí está México, por eso la acción del gobierno en favor de nuestros paisanos migrantes se guía por principios, por la defensa y protección de sus derechos, por la prevención para detectar medidas que puedan afectar a nuestra gente. El gobierno de México seguirá insistiendo firmemente en la necesidad de una reforma migratoria integral y en el rechazo categórico a la construcción de un muro en nuestra frontera común.
En síntesis, 30 años de discursos, cuando sólo les interesan las remesas y el voto, porque la violación de los derechos humanos de la paisanada es cosa de todos los días.
Las rebanadas del pastel
Desde la capital de Arizona llega lo siguiente: “con respecto al México SA del 27 de abril de 2010, en la que se destaca la mención ‘Consulado de Phoenix: nido vacío’, informo a usted que desde el pasado domingo 25 de abril el ministro Víctor Manuel Treviño Escudero se encuentra en Phoenix fungiendo como cónsul general de México. Durante el trascurso de los seis meses que se indica en la columna, este Consulado General de México estuvo a cargo del consejero Alfonso Navarro Bernachi, miembro del Servicio Exterior Mexicano. Atentamente: Socorro Córdova, agregada de Prensa”. Servida, aunque esta versión no corresponde a la ofrecida por el personal de esa representación, consultado directamente por este tecleador, pero en fin, que sea para bien.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Aborto: penalización inmoral
En el contexto del foro A tres años de la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, que se realizó ayer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, dijo que es necesario despenalizar el aborto en todo el país, y recordó que el tratamiento de este asunto no debe ser visto como un debate moral, sino como una necesidad en términos de política pública.
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El Correo Ilustrado
¿Reforma migratoria en EU?... mejor no
Como consecuencia de la aprobación por el Congreso y la gobernadora de Arizona (cuya z recuerda a una esvástica) de la ley SB 1070, se antoja pronosticar que pronto habrá una reforma migratoria integral en Estados Unidos (EU), pero que la misma será tan dura en sus condiciones para los extranjeros indocumentados, que muchos de ellos preferirían seguir como hasta ahora.
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Luis Linares Zapata: Añoranzas ciudadanas
Después de años de arduos empeños, retrocesos y muchos desvelos, la emergencia de una ciudadanía madura, progresiva y demandante no logra despegar del todo. Sus propias debilidades y mutuos enfrentamientos, aunados a cortapisas impuestas desde arriba, adelgazan su urgida y necesaria voz. Atosigada por campañas publicitarias continuas y mendaces que la distraen, la pasión ciudadana languidece o, simplemente, retrocede. La deseada enjundia ciudadana se enreda con la continua desinformación que, con irresponsable conciencia, desatan los partidos, distintos credos y las cúpulas decisorias del país. Los mandones se atrincheran en sus lujosos refugios de riqueza y poder y no dan tregua. A través de sus medios de comunicación masiva combaten, a veces hasta con ferocidad, los afanes populares por arribar, sin mayores dilaciones, a la normalidad democrática, etapa crucial de una ciudadanía abarcante y constructora de una nacionalidad pujante.
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José Steinsleger: Israel no quiere ser israelí
La maestra pregunta a Isaac, niño que cursa el último año de primaria en una escuela de Israel:
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Arnoldo Kraus: ¿Qué significa en Arizona ilegalidad?
El 24 de abril de 2010 el encabezado de la noticia principal de La Jornada informaba: “Por ley, ahora en Arizona el indocumentado es ‘criminal’”. Dos títulos agregaban otras circunstancias: Obama considera irresponsable la norma; se minan nociones básicas de justicia, reconoce; Autoridades mexicanas, obligadas a replantear esquemas de cooperación con esa entidad: SRE. Sendas noticias, cruda realidad.
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El pragmatismo de la clase política mexicana es un factor de riesgo real para la consolidación no sólo de la laicidad del Estado, sino para el desarrollo de la propia democracia en el país. Esta sentencia no pudo desarrollarse, por falta de tiempo, con la amplitud requerida en el seminario Estado Laico y Libertad de Creencias, convocado por la agrupación Ciudadanos en Defensa del Estado Laico en colaboración con la UNAM.
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Alejandro Nadal: Reserva fraccionaria y espacio monetario
La oposición a las reformas del sistema financiero en el Congreso estadunidense es una cortina de humo. Su objetivo es evitar que se discutan los verdaderos cambios de fondo al sistema de intermediación financiera. El meollo del asunto es la transformación que debe operarse en el espacio monetario, y no sólo el de algunos cambios para evitar abusos del capital financiero.
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Yuriria Iturriaga: Otra vez la pederastia exponencial
En una colaboración anterior mencioné los efectos exponenciales de las prácticas pederastas, no así de la sodomización, ritual entre ciertas etnias de Oceanía, o la infantil y púber que, siendo universal, no representa un acto traumático para los menores –salvo cuando interviene machaconamente la noción judeocristiana de pecado sexual en la educación del niño.
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Javier Aranda Luna: La eterna orden mendicante
De qué viven los escritores? A diferencia de otros oficios el del escritor es un caso singular: requiere de otros trabajos para subsistir. Jaime Sabines, el poeta que llenaba Bellas Artes cuando leía sus versos, vendió telas para hacerse de algunos pesos. Martín Luis Guzmán, quizá nuestro mejor novelista, tuvo que ser senador, Juan Rulfo vendió llantas, Octavio Paz y Jaime Torres Bodet tuvieron que ser burócratas de tiempo completo. Álvaro Mutis hizo doblajes como el del célebre detective Eliot Ness en la serie Los Intocables y Gabriel García Márquez, Francisco Cervantes, Xavier Villaurrutia, Salvador Novo y Fernando del Paso hicieron publicidad para contar con ingresos. Mejor mejora Mejoral, Atlántico, todo un océano de posibilidades, Estaban los tomatitos muy contentitos, cuando llegó el verdugo y los hizo jugo y Remoje, exprima y tienda, son algunas de las huellas que los escritores han dejado a su paso por las agencias de publicidad.
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Emilio Álvarez Icaza L.
“ … inche india…”
…le espetó el agente federal cuando la detuvo y agregó colérico “nunca antes se han atrevido a contradecirme… y menos, que una pinche india como tú me levante la voz”. Ya en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), le dijeron a las tres indígenas detenidas, en tono de amenaza, “no descansaremos hasta verlas en la cárcel… con 50 años de condena, así van a aprender y seguro no lo volverán a hacer ustedes ni ningún otro indio”.
Tanto a Alberta como a Teresa, indígenas otomíes, recluidas en el Centro Preventivo de Ejecución de Sanciones Penales Femenil en San José el Alto Querétaro, y condenadas a 21 años de prisión, no les queda duda, es una venganza por haberse atrevido a defender sus derechos, por pedirle a los agentes de la extinta AFI que se identificaran, por exigir que enseñaran un documento oficial que acreditara su labor, toda vez que ni uniforme portaban el día del operativo.
Me entrevisté con ellas, junto con otros profesores de la Universidad Autónoma de Querétaro, el pasado sábado 24 de abril en el reclusorio, ahí las conocí personalmente. No se sale del asombro al constar su estatura física ¡1.55 y 1.48 metros! Ante lo increíble de la denuncia y luego de la condena judicial cabe abrir la puerta a la más cruda propuesta: si estos hechos fueran ciertos habría que proponer al secretario García Luna la integración de, al menos, tres comandos integrados exclusivamente por mujeres otomíes: sí tres de ellas, sin mostrar fiereza alguna, “secuestraron a seis afis”, ¡lo que no harán 150!
Como ha quedado demostrado en el caso de Jacinta Francisco Marcial y en el propio seguimiento jurídico realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en los casos de Alberta y Teresa las irregularidades, inconsistencias e ilegalidades del proceso son más que evidentes y alarmantes. La pregunta sobre la seriedad y responsabilidad con la que el juez Rodolfo Pedraza desempeñó su función es cada vez más difícil de responder. Igualmente resulta difícil entender la labor del magistrado Eduardo López.
Nadie regresará a estas mujeres los casi cuatro años vividos en reclusión, así como los muchos daños a sus familiares durante todo este tiempo. Lo que sí puede hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es regresarles a ellas, y de paso a toda la sociedad, algo de confianza y esperanza en las instituciones de justicia de este país.
Este caso no sólo es emblemático por ellas, sino porque puede sentar un poderoso precedente de no repetición para evitar que las mujeres indígenas vivan éstas y otras arbitrariedades. El padre de Alberta sintetizó, en una sola pregunta dirigida al agente que detuvo a su hija lo que muchos nos interrogamos con respecto al Estado mexicano: “¿por qué si te tratamos bien, tú nos tratas así?”
En este caso, también, la SCJN tiene la oportunidad de mandar un poderoso mensaje de que la administración de venganza no puede substituir a la justicia, no, al menos, en un Estado democrático de derecho.
emilioalvarezicaza@gmail.com
Sociólogo, consultor independiente
Tanto a Alberta como a Teresa, indígenas otomíes, recluidas en el Centro Preventivo de Ejecución de Sanciones Penales Femenil en San José el Alto Querétaro, y condenadas a 21 años de prisión, no les queda duda, es una venganza por haberse atrevido a defender sus derechos, por pedirle a los agentes de la extinta AFI que se identificaran, por exigir que enseñaran un documento oficial que acreditara su labor, toda vez que ni uniforme portaban el día del operativo.
Me entrevisté con ellas, junto con otros profesores de la Universidad Autónoma de Querétaro, el pasado sábado 24 de abril en el reclusorio, ahí las conocí personalmente. No se sale del asombro al constar su estatura física ¡1.55 y 1.48 metros! Ante lo increíble de la denuncia y luego de la condena judicial cabe abrir la puerta a la más cruda propuesta: si estos hechos fueran ciertos habría que proponer al secretario García Luna la integración de, al menos, tres comandos integrados exclusivamente por mujeres otomíes: sí tres de ellas, sin mostrar fiereza alguna, “secuestraron a seis afis”, ¡lo que no harán 150!
Como ha quedado demostrado en el caso de Jacinta Francisco Marcial y en el propio seguimiento jurídico realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en los casos de Alberta y Teresa las irregularidades, inconsistencias e ilegalidades del proceso son más que evidentes y alarmantes. La pregunta sobre la seriedad y responsabilidad con la que el juez Rodolfo Pedraza desempeñó su función es cada vez más difícil de responder. Igualmente resulta difícil entender la labor del magistrado Eduardo López.
Nadie regresará a estas mujeres los casi cuatro años vividos en reclusión, así como los muchos daños a sus familiares durante todo este tiempo. Lo que sí puede hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es regresarles a ellas, y de paso a toda la sociedad, algo de confianza y esperanza en las instituciones de justicia de este país.
Este caso no sólo es emblemático por ellas, sino porque puede sentar un poderoso precedente de no repetición para evitar que las mujeres indígenas vivan éstas y otras arbitrariedades. El padre de Alberta sintetizó, en una sola pregunta dirigida al agente que detuvo a su hija lo que muchos nos interrogamos con respecto al Estado mexicano: “¿por qué si te tratamos bien, tú nos tratas así?”
En este caso, también, la SCJN tiene la oportunidad de mandar un poderoso mensaje de que la administración de venganza no puede substituir a la justicia, no, al menos, en un Estado democrático de derecho.
emilioalvarezicaza@gmail.com
Sociólogo, consultor independiente
Horizonte político
José Antonio Crespo
El mexicano feo
Buena parte de las dificultades que históricamente han dividido a México y Estados Unidos es que, siendo el segundo más fuerte, rico y próspero que el primero, muchos mexicanos han deseado incorporarse de una u otra forma a ese atractivo modelo económico, social y político. Quizá los sentimientos antiestadunidenses que afloran en la historia oficial, en discursos públicos y en conversaciones privadas, tienen menos que ver con la forma de ser estadunidense y más con el hecho de que sufrimos un constante rechazo de nuestros vecinos, repudio expresado de diversas formas. Agustín de Iturbide dijo, a quien sería el primer embajador de Estados Unidos en este país, Joel Poinsett, que nosotros no teníamos ni la tradición ni la cultura para adoptar un régimen democrático (la tesis conservadora). No deja de ser irónico que muchos liberales, que sí deseaban la democracia como forma de gobierno, terminaran convencidos de que, en efecto, México no podría instaurar un régimen democrático por sí mismo y que sería mejor integrarnos a Estados Unidos, es decir, a una democracia ya establecida, a la cual podríamos asimilarnos más fácilmente.
Ejemplo emblemático de ello lo es el liberal Lorenzo de Zavala, notable político e intelectual mexicano, quien, al escoger entre democracia y nacionalidad, eligió la primera al apoyar la independencia de Texas, de la cual fue primer vicepresidente. Pero Zavala no era el único que así pensaba. Aun en la experiencia traumática de la guerra de 1847, en la que perdimos la mitad del territorio, se expresaba la dualidad amor-odio hacia esa pujante república. Por ejemplo, el ex gobernador de Zacatecas, Manuel González Cosío, escribió a Valentín Gómez Farías: “Si como la posición geográfica de nuestro desgraciado estado es tan central, si fuera limítrofe, siquiera como Chihuahua, habríamos proclamado nuestra independencia y aun nuestra unión a los EU. Sí, nuestra unión a aquella República, porque en la forzosa y dura alternativa de perder la libertad o la nacionalidad, la elección es muy obvia. Texas ha hecho mil veces bien, y lo mismo hará California”.
Nicholas Trist, el negociador estadunidense de la paz con México, reportaba a su gobierno que los liberales más extremos hacían esfuerzos por prolongar la guerra para así allanar el terreno a una anexión total, y de esa manera podría prevalecer, por vía indirecta, la democracia en este territorio: “Que México vaya a convertirse en parte de los EU, es algo seguro —le decían—. ¿Y por qué no hacerlo hoy en lugar de esperar diez o veinte años más? Si ya están aquí, ¿por qué no se quedan?”. Pero mientras muchos mexicanos animaban el anhelo de incorporarnos a la Unión Americana, allá mismo se sostenía un intenso debate sobre si quedarse sólo con una parte del territorio mexicano o de una vez anexarlo todo. Las razones de quienes se oponían a la anexión total eran, por un lado, el hecho de que en el Congreso se había puesto la condición de que todo territorio nuevo estaría libre de esclavitud. Por lo cual, los esclavistas no vieron con buenos ojos la anexión total, pues quedarían en franca minoría. Pero otra razón poderosa fue la de quienes creían que, de anexarse todo México (con sus cerca de ocho millones de habitantes), las instituciones democráticas se desvirtuarían, no podrían soportar el peso de tantos nuevos ciudadanos que nada sabían de civilidad y democracia. Las sabias y eficaces instituciones estadunidenses —sostenían— se habían diseñado para población blanca, no para una raza mestiza “que había heredado todos los vicios de sus dos raíces étnicas, y ninguna de sus virtudes”. Ganó, pues, la posición de quienes sólo querían anexar los territorios menos poblados de México, con cerca de 100 mil mexicanos, que como quiera podrían ser asimilados sin que reventaran sus instituciones y forma de vida.
Hoy en día, cerca de 20 millones de mexicanos han sido asimilados adecuadamente a la forma de organización económica y política de Estados Unidos, y la gran mayoría se ha adaptado muy bien.
Inclusive, indeseables prácticas y conductas que son habituales en México, se transforman allá relativamente pronto, a causa de los fuertes incentivos económicos, sociales y políticos que el modelo estadunidense suscita en los emigrantes mexicanos.
El problema es que son también muchos los estadunidenses que, como en el siglo XIX, nos siguen considerando un elemento alienante, difícil de integrar y, por ende, francamente indeseable.
José Antonio Crespo
El mexicano feo
Buena parte de las dificultades que históricamente han dividido a México y Estados Unidos es que, siendo el segundo más fuerte, rico y próspero que el primero, muchos mexicanos han deseado incorporarse de una u otra forma a ese atractivo modelo económico, social y político. Quizá los sentimientos antiestadunidenses que afloran en la historia oficial, en discursos públicos y en conversaciones privadas, tienen menos que ver con la forma de ser estadunidense y más con el hecho de que sufrimos un constante rechazo de nuestros vecinos, repudio expresado de diversas formas. Agustín de Iturbide dijo, a quien sería el primer embajador de Estados Unidos en este país, Joel Poinsett, que nosotros no teníamos ni la tradición ni la cultura para adoptar un régimen democrático (la tesis conservadora). No deja de ser irónico que muchos liberales, que sí deseaban la democracia como forma de gobierno, terminaran convencidos de que, en efecto, México no podría instaurar un régimen democrático por sí mismo y que sería mejor integrarnos a Estados Unidos, es decir, a una democracia ya establecida, a la cual podríamos asimilarnos más fácilmente.
Ejemplo emblemático de ello lo es el liberal Lorenzo de Zavala, notable político e intelectual mexicano, quien, al escoger entre democracia y nacionalidad, eligió la primera al apoyar la independencia de Texas, de la cual fue primer vicepresidente. Pero Zavala no era el único que así pensaba. Aun en la experiencia traumática de la guerra de 1847, en la que perdimos la mitad del territorio, se expresaba la dualidad amor-odio hacia esa pujante república. Por ejemplo, el ex gobernador de Zacatecas, Manuel González Cosío, escribió a Valentín Gómez Farías: “Si como la posición geográfica de nuestro desgraciado estado es tan central, si fuera limítrofe, siquiera como Chihuahua, habríamos proclamado nuestra independencia y aun nuestra unión a los EU. Sí, nuestra unión a aquella República, porque en la forzosa y dura alternativa de perder la libertad o la nacionalidad, la elección es muy obvia. Texas ha hecho mil veces bien, y lo mismo hará California”.
Nicholas Trist, el negociador estadunidense de la paz con México, reportaba a su gobierno que los liberales más extremos hacían esfuerzos por prolongar la guerra para así allanar el terreno a una anexión total, y de esa manera podría prevalecer, por vía indirecta, la democracia en este territorio: “Que México vaya a convertirse en parte de los EU, es algo seguro —le decían—. ¿Y por qué no hacerlo hoy en lugar de esperar diez o veinte años más? Si ya están aquí, ¿por qué no se quedan?”. Pero mientras muchos mexicanos animaban el anhelo de incorporarnos a la Unión Americana, allá mismo se sostenía un intenso debate sobre si quedarse sólo con una parte del territorio mexicano o de una vez anexarlo todo. Las razones de quienes se oponían a la anexión total eran, por un lado, el hecho de que en el Congreso se había puesto la condición de que todo territorio nuevo estaría libre de esclavitud. Por lo cual, los esclavistas no vieron con buenos ojos la anexión total, pues quedarían en franca minoría. Pero otra razón poderosa fue la de quienes creían que, de anexarse todo México (con sus cerca de ocho millones de habitantes), las instituciones democráticas se desvirtuarían, no podrían soportar el peso de tantos nuevos ciudadanos que nada sabían de civilidad y democracia. Las sabias y eficaces instituciones estadunidenses —sostenían— se habían diseñado para población blanca, no para una raza mestiza “que había heredado todos los vicios de sus dos raíces étnicas, y ninguna de sus virtudes”. Ganó, pues, la posición de quienes sólo querían anexar los territorios menos poblados de México, con cerca de 100 mil mexicanos, que como quiera podrían ser asimilados sin que reventaran sus instituciones y forma de vida.
Hoy en día, cerca de 20 millones de mexicanos han sido asimilados adecuadamente a la forma de organización económica y política de Estados Unidos, y la gran mayoría se ha adaptado muy bien.
Inclusive, indeseables prácticas y conductas que son habituales en México, se transforman allá relativamente pronto, a causa de los fuertes incentivos económicos, sociales y políticos que el modelo estadunidense suscita en los emigrantes mexicanos.
El problema es que son también muchos los estadunidenses que, como en el siglo XIX, nos siguen considerando un elemento alienante, difícil de integrar y, por ende, francamente indeseable.
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