Julio Hernández López: Astillero
Tanto énfasis ha puesto el camaleónico Norberto Rivera en secundar la campaña contra curas pederastas desarrollada por su jefe en turno, Benedicto 16, que ahora le surge una nueva oportunidad de mostrar congruencia ética y judicial ante otras acusaciones de haber protegido a Nicolás Aguilar, un sacerdote que pudo eludir penas terrenales y continuar su carrera de depredación sexual de menores gracias al encubrimiento del ahora jefe formal de la sucursal mexicana de la Iglesia católica romana. En otros tiempos, apenas unos años atrás, el purpurado nacido en Durango puso en juego relaciones de poder, triquiñuelas jurídicas, chantajes de sublevaciones neocristeras y mucha cara dura para evitar que su ropaje fuese tocado por el pétalo de una comparecencia judicial, ya no se diga de una sentencia formal en contra. Ahora, reproductor apasionado de los discursos justicieros del pontífice alemán que a golpe de revelaciones escandalosas trata de disolver la sombra de su antecesor polaco, Rivera debería ir a Estados Unidos a responder a la nueva demanda presentada en su contra y enfrentar sin coraza religiosa la reiterada y documentada acusación de que ha conocido oportunamente, y al solaparla ha ayudado a que continuara la conducta de presbíteros que han abusado de menores de edad (mi amigo editor, Jorge Anaya, me ha hecho saber amablemente el error que cometí recientemente, al hablar impropiamente de niños abusados, pues “el verbo abusar es intransitivo: se abusa ‘de’ alguien, por lo tanto, no puede haber niños ‘abusados’, por lo menos no en ese sentido”).
Con la vista también puesta en las alturas, la Cámara de Diputados aprobó ayer la creación de una agencia espacial mexicana que de inmediato hizo a muchos preguntarse si los legisladores prefieren asomarse a asuntos lunares o extraterrestres en lugar de entrarle a la realidad lunática y terriblemente terrena que se vive. Sería un exceso rechazar la importancia de que nuestro país se esfuerce en participar en los procesos de entendimiento y práctica tecnológica en cuestiones espaciales pues, a pesar del enorme rezago que en la materia se tiene, justo y correcto es que se sienten las bases para generar allí un desarrollo ordenado. Sin embargo, esa preocupación de vanguardia choca estruendosamente con la triste realidad cotidiana de una nación cuyos gobernantes formales pelean a sangre y fuego por apenas intentar la recuperación de los espacios, no los siderales, sino los públicos, es decir, las calles, las ciudades, la nación.
Colocado en órbita desde su nombramiento que fue un pago a las grandes televisoras, el presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, lanzó ayer al espacio mediático una frase de ocasión: es una leyenda urbana que miles de personas hubieran registrado sus celulares utilizando los datos de personajes actuales. En remembranza de los mitos geniales que el entonces secretario Pedro Aspe invocaba, entre ellos el de la pobreza, el rebasado directivo oficial de las telecomunicaciones negó en particular que hubiera miles de registros a nombre del aficionado musical que con dinero público organiza fiestas particulares con algún visitante extranjero en cuanto éste le llama ingenuo.
El astronauta Osuna también creyó dar tranquilidad a los mexicanos al precisar que los datos de esos registros no estarán en TepInegi u otros mercados similares, pues ¡gulp! la información va a estar muy resguardada, no va a estar en manos de nadie más que del Registro Nacional de Población (Renapo) con los candados y resguardos que para ello tiene la Secretaría de Gobernación. (¿Se imaginan al litigante Gomón, ya retirado del cargo, usando en sus negocios jurídicos cuanta información resguardada haya quedado bajo sus candados?)
Complicados mecanismos de investigación dicen estar poniendo en marcha las autoridades para saber si es cierto que en Tepito se venden diversas bases de datos, pero sin reparar en que es más fácil revisar Internet que seguir escudriñando los astros. Basta asomarse, por ejemplo, a www.quebarato.com.mx para encontrar el siguiente anuncio: Venta de base de datos del IFE nacional, actualizada a marzo de 2009, más de 80 millones de registros, se vende por estado o completa, cualquier duda estoy para servirte. El anuncio fue puesto desde septiembre de 2009 y el vendedor dice vivir en Zacatecas, usa el teléfono 4921354143 y la dirección electrónica armando.pm@gmail.com y ofrece la mercancía completa por 25 mil pesos.
En www.quebarato.com.mx/clasificados/base-de-datos-del-ife-nacional__6622418.html se pueden ver los diálogos de compraventa, con nombres y teléfonos de algunos interesados en operaciones integrales o por estados, por grupos de nombres e incluso por una sola dirección. Bara, bara: 25 mil pesos por la base completa, 3 mil por un solo estado y 200 por un solo nombre. Allí vienen nombres, parte de las direcciones electrónicas y a veces números telefónicos de quienes piden pruebas de la veracidad de la base, mismas que el vendedor ofrece enviar por correo. Hay de todo. Por ejemplo: david (PINPOYO2@...) pregunta: me podrías conseguir una credencial de IFE original. Respuesta: Mándame un correo a armando.pm@gmail.com. Pero no es el único oferente en el mencionado sitio ¡Qué barato! El pasado 3 se anotó alguien desde Ocosingo, Chiapas, con esta promoción: 10 mil pesos vendo bases de datos Telmex, IFE, Telcel, Banamex. El 30 de enero, otro vendedor colocó este anuncio: Bases de datos de todo México, Telcel, Telmex, Banamex, Bancomer, American Express, Inegi, IMSS, escuelas, catastro, etcétera. Ofertas serias, 10 mil cada base o 50 mil pesos mexicanos todas... Sin problemas, envío al día siguiente de confirmar tu depósito por Estafeta, DHL, Multipack, etcétera. ¿Y las autoridades? En la luna. O, en el negocio.
Y, mientras la señora Mar(gari)ta da pie a una nota en The New York Times en la que se asegura que discretamente toma un fuerte posicionamiento político (¿el fantasma de la Sahagún revolotea en Los Pinos ante la caballada panista intencionalmente enflaquecida?), ¡hasta mañana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
l embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, está resultando incómodamente claridoso y con iniciativa propia. En la víspera de la visita de Michelle Obama mandó cerrar el consulado de Nuevo Laredo. No era una señal apropiada esos días, seguramente de Washington le dijeron que lo reabriera de inmediato. Ayer, en Monterrey, dijo lo que todos dicen pero que no se había atrevido a decir un representante diplomático: 1) la narcoviolencia se ha convertido en un factor que desalienta la inversión y 2) algunas empresas de su país están pensando en mudarse a otras tierras. Esto sucedió en la reunión del capítulo Monterrey de Amcham –la Cámara Americana de Comercio–, que hoy preside un mexicano, José Zozaya. Quisieron endulzarle la boca a los asistentes con una información supuestamente optimista: las compañías invertirán este año alrededor de 2,500 millones de dólares. Los que saben de estas cosas se impresionaron con la cifra, solía ser 10 veces mayor hasta fecha reciente. Por otro lado, la consultora Deloitte dio a conocer la décimotercera edición de su Barómetro de Empresas, una encuesta que hace trimestralmente entre los hombres de negocios del país, los más importantes, y de todas las nacionalidades. Revela que ya no es la inflación o las variaciones del precio de la moneda lo que preocupa al sector, sino la inseguridad. En opinión de los ejecutivos, representa por sí sola casi la mitad (48.5%) de los factores que podrían limitar la actividad económica de México en los meses por venir.
Ley de medios
Los colaboradores cercanos al gobernador de Veracruz socarronamente comentan que las razones por las que lo agrede el conductor de Televisa son de mucho peso. (Lo agrede en otros espacios, no en la televisora). Así que cuando Fidel Herrera fue entrevistado con motivo de un importante patrocinio, quitaron al conductor rijoso y pusieron a uno emergente. Le dio trato de don Fidel y el camarógrafo presentó el mejor ángulo de un rostro recientemente hojalateado. Es cliente de lujo, no faltaba más. Eso es lo anecdótico, lo importante es analizar cómo una reforma legal que tenía el objetivo de evitar que los funcionarios públicos despilfarraran el presupuesto en propaganda televisiva abrió las puertas a los gobernadores mediante la promoción de sus informes anuales. Para Don Copetone todos los días son de informe, hasta los de Navidad, cuando visita al Papa. Televisa salió ganando y, engallada, ahora sueña con imponerlo como presidente. En el proyecto de ley de medios que se discute estos días en el Senado hay riesgos, algunos probablemente derivan de su extensión. Parece que quisiera abarcar todo para reponer los muchos años en que no se legisló prácticamente en nada. Se propone regular a la televisión, a la radio, a las telecomunicaciones, a Internet. ¿Necesita Internet alguna reglamentación?, o como muchos pensamos, ¿las manos de los políticos y los funcionarios deben seguir lejos del espacio más libre y democrático que ha creado hasta hoy la humanidad? Sin duda tiene aciertos. Uno de ellos es que daría espacio a una tercera cadena de televisión –y una cuarta y una quinta, si hay interesados–, y finalmente sería una realidad la apertura del mercado. Sólo que el primer interesado sería ni más ni menos que Carlos Slim. El hombre más rico del mundo aspira a agregar a su poder económico el poder político de la televisión. ¿No sería la negación de la democratización de los medios que propone la nueva ley? ¿Generaría el efecto colateral de que las futuras elecciones las decidieran entre los Slim y los Azcárraga? Hay que tomar nota de la posición del PRI. El escurridizo Don Beltrone pareciera que quiere hacerla fracasar, que las cosas sigan como están. Como que desea demostrarle a Emilio III que él es el hombre que le serviría mejor a partir de 2012. Por lo pronto, ayer movió a uno de sus chalanes, Carlos Navarrete, a abrir un compás de espera, a fin de darle oportunidad a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión a que exprese sus opiniones. Vamos a suponer que el proyecto de ley salte la aduana de Don Beltrone y llegue a la Cámara de Diputados. Allá la esperan los diputados de Don Copetone para darle el tiro de gracia.
Ley de medios
Los colaboradores cercanos al gobernador de Veracruz socarronamente comentan que las razones por las que lo agrede el conductor de Televisa son de mucho peso. (Lo agrede en otros espacios, no en la televisora). Así que cuando Fidel Herrera fue entrevistado con motivo de un importante patrocinio, quitaron al conductor rijoso y pusieron a uno emergente. Le dio trato de don Fidel y el camarógrafo presentó el mejor ángulo de un rostro recientemente hojalateado. Es cliente de lujo, no faltaba más. Eso es lo anecdótico, lo importante es analizar cómo una reforma legal que tenía el objetivo de evitar que los funcionarios públicos despilfarraran el presupuesto en propaganda televisiva abrió las puertas a los gobernadores mediante la promoción de sus informes anuales. Para Don Copetone todos los días son de informe, hasta los de Navidad, cuando visita al Papa. Televisa salió ganando y, engallada, ahora sueña con imponerlo como presidente. En el proyecto de ley de medios que se discute estos días en el Senado hay riesgos, algunos probablemente derivan de su extensión. Parece que quisiera abarcar todo para reponer los muchos años en que no se legisló prácticamente en nada. Se propone regular a la televisión, a la radio, a las telecomunicaciones, a Internet. ¿Necesita Internet alguna reglamentación?, o como muchos pensamos, ¿las manos de los políticos y los funcionarios deben seguir lejos del espacio más libre y democrático que ha creado hasta hoy la humanidad? Sin duda tiene aciertos. Uno de ellos es que daría espacio a una tercera cadena de televisión –y una cuarta y una quinta, si hay interesados–, y finalmente sería una realidad la apertura del mercado. Sólo que el primer interesado sería ni más ni menos que Carlos Slim. El hombre más rico del mundo aspira a agregar a su poder económico el poder político de la televisión. ¿No sería la negación de la democratización de los medios que propone la nueva ley? ¿Generaría el efecto colateral de que las futuras elecciones las decidieran entre los Slim y los Azcárraga? Hay que tomar nota de la posición del PRI. El escurridizo Don Beltrone pareciera que quiere hacerla fracasar, que las cosas sigan como están. Como que desea demostrarle a Emilio III que él es el hombre que le serviría mejor a partir de 2012. Por lo pronto, ayer movió a uno de sus chalanes, Carlos Navarrete, a abrir un compás de espera, a fin de darle oportunidad a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión a que exprese sus opiniones. Vamos a suponer que el proyecto de ley salte la aduana de Don Beltrone y llegue a la Cámara de Diputados. Allá la esperan los diputados de Don Copetone para darle el tiro de gracia.
Alfredo Jalife-Rahme: Bajo la Lupa
La hasta ahora inexistente reguladora (sic) bursátil Securities and Exchange Commission (SEC), que enmudeció y padeció ceguera selectiva ante los obscenos atracos de los criminales banqueros de Nueva York –quienes llevaron al planeta entero al borde de la catástrofe de la que, por cierto, aún no sale, pese a toda la trivial desinformación cacofónica de los multimedia israelí-anglosajones–, por fin se atrevió a demandar ante un tribunal civil (¡ojo!, no penal) a Goldman Sachs por su venta fraudulenta de obligaciones de deuda colateralizada (CDO, por sus siglas en inglés), vinculadas tóxicamente a los célebres seguros hipotecarios de baja calidad (subprime mortgage backed securities), diseñados deliberadamente para negros y chicanos, y mezclados a los ominosos CDS (credit default swaps: “swaps de créditos de quiebra”), con los que la raza blanca de Wall Street y la City apuestan a la quiebra ajena para obtener enormes ganancias en su demencial casino especulativo a costa del género humano.
No importa tanto entender la íntima mecánica ingeniosa de los productos financieros derivados, en los que han colaborado las mentes científicas más brillantes y, al mismo tiempo, mefistofélicas del planeta.
Carlos Fernández-Vega: México SA
Con el mayor optimismo posible, y de acuerdo con las estadísticas del Banco Mundial y de la Cepal, la buena noticia sería que como resultado de la crisis económico-financiera de 2009 el número de personas en el planeta que adicional y obligadamente fueron incorporados a la pobreza en el año referido no llegaría a 100 millones, como el propio organismo financiero estimó en julio pasado, sino a tan sólo 64 millones, de los que 13 por ciento, aproximadamente, se concentraría en América Latina, región de por sí resultona en eso de depauperar a sus habitantes, y la mayor parte de ellos en México.
En su más reciente reporte el organismo financiero multilateral subraya que los efectos de la crisis económica pueden ser costosos y duraderos y dejarán a unas 64 millones de personas en la extrema pobreza en 2009; la crisis financiera iniciada en 2008 y la recesión global han incrementado el desafío de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (pues) en contraste con el crecimiento récord entre 2000 y 2007, la economía global creció solamente 1.9 por ciento en 2008 y se contrajo 2.2 por ciento en 2009. Por si alguien lo olvidó, el desplome de la economía mexicana fue de 6.5 por ciento, tres tantos más que el promedio mundial.
En julio de 2009, el Banco Mundial estimó que “la crisis alimentaria provocó un aumento de 100 millones en el número de pobres (mientras) la Comisión Económica para América Latina y el Caribe calculó que 10 millones de ellos correspondían a personas que viven en esta región. La crisis económica provocará que la tasa de pobreza en Latinoamérica aumente este año en 8.3 millones de personas respecto de 2008… Alrededor de la mitad de esas personas que caerán en pobreza en 2009 están en México (4.15 millones, que se sumarían a los cerca de 6 millones del periodo 2007-2008), una quinta parte (1.66 millones) en Brasil y el resto están distribuidos en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala y Venezuela. Así, México se convirtió en el país más afectado por la crisis económica en la región, y también en el que un mayor número de habitantes cayó en la pobreza durante este año, de acuerdo con el documento del Banco Mundial, que constituye la primera evaluación sobre las consecuencias de la actual crisis económica en los indicadores de pobreza en América Latina, la región con mayor desigualdad en la distribución del ingreso” (La Jornada).
Poco más de ocho meses después, el Banco Mundial divulga la noticia (que, por lo visto, cree que debe considerarse como buena) que replantea su estimación de julio de 2009, para reducir a 64 millones el número de pobres adicionales en el planeta, resultantes de la crisis 2009, aunque todo indica que tal reconsideración no incluye a Latinoamérica, región para la cual había calculado un incremento de entre 9 y 10 millones de nuevos depauperados (en México buena parte de ellos), proporción aún mayor que la pronosticada por la Cepal por las mismas fechas.
Así es, en septiembre de 2009 el Banco Mundial estimó que la recesión de este año sumió en la pobreza a entre 9 y 10 millones de latinoamericanos, buena parte de ellos en México. Las repercusiones negativas de la crisis global en América Latina y el Caribe no son triviales e inducirán algunos reveses a las ganancias sociales recientemente obtenidas. Una parte importante de los latinoamericanos que regresaron a una situación de pobreza por la crisis corresponden a México. El país representa entre una quinta parte y una cuarta parte de la economía regional, así que buena parte de los pobres estará en México.
En la nueva proyección, divulgada días atrás, reduce el número adicional de pobres en el planeta en aproximadamente 36 por ciento con respecto a la proyección de julio pasado, pero en ningún momento cita mejoría alguna en América Latina, la región más desigual del mundo, en la que México sobresale. Así, sin modificaciones en la estimación original, la de julio de 2009, el Banco Mundial confirmaría el incremento de entre 9 y 10 millones de pobres en América Latina, con mayoría mexicana. De igual forma la Cepal no ha comunicado cambios en sus proyecciones (ligeramente menores a las del organismo financiero multilateral), de tal suerte que todo apunta a un segundo récord mexicano durante 2009: primer lugar (de abajo arriba) en materia de crecimiento económico, y la misma posición (en igual sentido) en número adicional de pobres.
Lo anterior permite confirmar lo dicho días atrás por el actual secretario de Hacienda, Eduardo Cordero, de que sin duda hemos hecho bien la tarea, hemos ganado credibilidad y tenemos la mitad de mexicanos en condiciones de pobreza que teníamos a mitad de los 90. Y estas declaraciones se solidifican cuando se conoce que si sumamos la pérdida del poder adquisitivo del salario en alimentos y en servicios, la pérdida acumulada en el poder adquisitivo de los trabajadores es de 47.1 por ciento (en el primer trienio del calderonato). La caída en el poder adquisitivo durante el gobierno de Felipe Calderón es mayor que la sufrida en todo el sexenio de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari. En tan sólo tres años y cuatro meses (primero de diciembre de 2006 al primero de abril de 2010), prácticamente se ha dado una caída en las condiciones de vida de los trabajadores similar a la sufrida en la llamada década perdida, mostrando así un retroceso. De continuar la tendencia, el salario mínimo presentaría una pérdida mayor a la registrada en el sexenio de Ernesto Zedillo, que fue de 51.1 por ciento y podría alcanzar 62 por ciento, la mayor caída desde los años 40 (Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM).
México, pues, a la cabeza en la estadística social, siempre y cuando la lectura se haga de abajo arriba.
Las rebanadas del pastel
Con el asunto del Renaut, más que fundada era la duda: ¿quién garantiza a la ciudadanía que la información personal por ella aportada no terminará en una comercializadora, en un banco, en una aseguradora, en una empresa que vende cualquier cantidad de mugres, en un partido político o en una banda de secuestradores o extorsionadores? ¿Quién, que los usuarios no serán bombardeados telefónicamente por todos tipo de negocios y sus productos innovadores o, lo que no sería raro, en el listado electoral de los partidos políticos, o en el directorio de defraudadores, extorsionadores o secuestradores? ¿La autoridad, desde donde se trafica con bases de datos (por ejemplo el Renave o el padrón electoral del IFE)? Y más rápido que ya llegó la respuesta desde Tepito: nadie, mi buen, absolutamente nadie.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Ricardo Yáñez: Isocronías
Campismo, pilates, danzas –árabe, contemporánea, de influencias africanas–, baile popular, poesía, pintura para niños, papiroflexia, taller de teatro infantil, de fabricación (sencilla) de flautas, de grabado, conferencias, escultura, ajedrez, cine, canciones, promoción de la lectura, tambores, performances, tendedero de versos, presentaciones de libros y revistas, taller de caricatura, de retrato…
De pronto, como en broma les dije, ya no parecía tanto festival sino ajetreo cultural –al que nadie, por cierto, estaba obligado, y el cual, exceptuado un conato de bronca que aunque desencadenó adrenalina no pasó a mayores, ocurrió no sólo sin (más) incidentes, sino de manera ordenadísima, aunque eso sí, siempre alegre.
La violencia, confusa e injustificada
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, señaló que el país merece un desarrollo muy alejado de cualquier expresión de violencia. La afirmación del rector de la UNAM resulta importante y atendible, sobre todo porque en los pasados tres años México ha sido conducido de manera turbia y confusa a una guerra contra el narcotráfico que ha propiciado, en efecto, escenarios de confrontación bélica en distintos puntos del territorio nacional y ha arrojado un elevado número de muertos –más de 22 mil, según cifras oficiales–, pero que en sentido estricto no tendría ni siquiera que llamarse así: por un lado, porque la estrategia anticrimen desplegada por el gobierno federal no es congruente con los objetivos propios de una guerra –la defensa de la seguridad nacional, la integridad territorial y la soberanía– y, por otro, porque los propósitos y los bandos de ese conflicto están cada día menos claros: antes bien, el fenómeno que se busca combatir está profundamente incrustado en la economía, la política y la sociedad, y resulta, por tanto, inviable hacerle frente con la fuerza armada, cuando se requieren soluciones como la moralización de las instituciones y el combate a la corrupción policiacas, la reactivación económica y la erradicación de la pobreza y la desigualdad social.
Continuar
De pronto, como en broma les dije, ya no parecía tanto festival sino ajetreo cultural –al que nadie, por cierto, estaba obligado, y el cual, exceptuado un conato de bronca que aunque desencadenó adrenalina no pasó a mayores, ocurrió no sólo sin (más) incidentes, sino de manera ordenadísima, aunque eso sí, siempre alegre.
La violencia, confusa e injustificada
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, señaló que el país merece un desarrollo muy alejado de cualquier expresión de violencia. La afirmación del rector de la UNAM resulta importante y atendible, sobre todo porque en los pasados tres años México ha sido conducido de manera turbia y confusa a una guerra contra el narcotráfico que ha propiciado, en efecto, escenarios de confrontación bélica en distintos puntos del territorio nacional y ha arrojado un elevado número de muertos –más de 22 mil, según cifras oficiales–, pero que en sentido estricto no tendría ni siquiera que llamarse así: por un lado, porque la estrategia anticrimen desplegada por el gobierno federal no es congruente con los objetivos propios de una guerra –la defensa de la seguridad nacional, la integridad territorial y la soberanía– y, por otro, porque los propósitos y los bandos de ese conflicto están cada día menos claros: antes bien, el fenómeno que se busca combatir está profundamente incrustado en la economía, la política y la sociedad, y resulta, por tanto, inviable hacerle frente con la fuerza armada, cuando se requieren soluciones como la moralización de las instituciones y el combate a la corrupción policiacas, la reactivación económica y la erradicación de la pobreza y la desigualdad social.
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El Correo Ilustrado
Comparte indignación por cesión de soberanía
Comparto a plenitud la justificada indignación que Fernando del Paso, amigo de muchos años, expresa ante la insólita cesión unilateral de soberanía implicada en la decisión de admitir, como documento de entrada a México, un visado expedido por un tercer país. El que el tercero en cuestión sea Estados Unidos sólo añade alumbre a la herida.
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José Steinsleger: ¿Israelíes o judíos?
La felicidad conyugal depende, a veces, de la pureza racial de los enamorados. Tal es el mensaje que el ciudadano Baruch Marzel envió a la supermodelo israelí Bar Rafaeli, quien piensa casarse con el gran Leonardo Di Caprio. No has nacido judía por casualidad, advirtió.
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Carlos Martínez García: La carta de Hans Küng
El documento es breve, pero sus repercusiones son de largo alcance. La carta que el teólogo Hans Küng dirige a los obispos de la Iglesia católica llamándoles a que dejen de obedecer ciegamente a Benedicto XVI, es un llamado que solamente se había hecho antes: en el siglo XVI con la reforma iniciada por Martín Lutero.
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La profecía se ha repetido como una cantinela desde tiempos idos. Dice así la canción de marras: si se llevan a cabo las reformas estructurales pendientes, la economía crecerá de manera acelerada y el bienestar reinará entre los mexicanos. Un punto adicional del PIB se ganará si se aprueba la de naturaleza política. Dos puntos más para la laboral, tres para la fiscal, y así por el estilo desgranan el estribillo para cada una de las reformas que, según esa agenda (FMI), integran conveniente orden del día. La fundamental (energética) desde la perspectiva del oficialismo ya se presentó y su redacción final fue más que alabada en su momento. Los paraísos descritos en su versión original, achicados en la revisada, se han ido esfumando a medida que se patentiza la ineficiencia de la administración del señor Calderón. Ahora, desde las altas esferas impasibles, pero compulsivamente urgidas de mayores negocios al amparo público, se alega que requiere ajustes adicionales.
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Arnoldo Kraus: Holanda: ¿legalizar el suicidio?
A los holandeses les tomó mucho tiempo legalizar la eutanasia activa. Imposible decir con exactitud cuántos años pasaron entre las primeras asistencias médicas para procurar una muerte digna y la Ley de Eutanasia vigente desde 2002. Los actos iniciales se llevaban a cabo sotto voce, de ahí la inexactitud en las fechas.
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Alejandro Nadal: Del Tratado de Detroit a Goldman Sachs
El viernes pasado la Comisión de Valores de Estados Unidos (la Securities Exchange Commission, SEC) abrió una investigación por fraude en contra de Goldman Sachs, el banco de inversiones más importante de Wall Street (y del mundo). La acusación está relacionada con la comercialización de valores respaldados por hipotecas basura, como las que generaron la crisis financiera de 2008.
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Lorenzo Córdova Vianello
Pluralismo y proporcionalidad
En días recientes ha habido una andanada de artículos en periódicos y revistas que se han dedicado a sacrificar en el altar de las mayorías al principio de proporcionalidad como criterio de integración del Congreso y, con ello, abierta o veladamente, a la representación del pluralismo.
Bajo el argumento de que los partidos pequeños adquieren un peso desproporcionado respecto de su fuerza electoral, los críticos del sistema proporcional abogan por los méritos de contar con mayorías predefinidas y sostienen, en consecuencia, la pertinencia de todos los mecanismos que la induzcan (o que de plano la creen artificialmente), como el sistema electoral de mayoría relativa, la segunda vuelta, la cláusula de gobernabilidad y la eliminación de cualquier tope a la sobrerrepresentación. Todos, sin excepción, asumen la sobrerrepresentación como algo natural y sin duda deseable en las democracias, aunque ello sea a costa de algo que les resulta prescindible e intrascendente, que la pluralidad política esté representada.
Un argumento es que el actual sistema mixto de integración de las Cámaras provoca que los partidos pequeños sean indispensables para formar mayorías y que ello los sobredimensiona en su peso político. Así, se dice que, por ejemplo, el PVEM “con 7% de los votos tiene el mismo poder que el PAN con el 30%” (José Córdoba, Reforma, 11-04-2010). Más allá de la simplificación, si las matemáticas no fallan, toda reforma constitucional, sin excepción, con los números actuales de integración del Congreso requiere del apoyo del PAN, con lo que el argumento resulta ser falaz, porque este partido y el PVEM definitivamente “no tienen el mismo poder”.
Además, racionalmente, aún con un sistema de mayoría relativa puro, puede darse el caso que el partido mayoritario no cuente, con todo, con la mayoría requerida para tomar decisiones y, por ello, dependa de la alianza con otros partidos (incluso muy pequeños) para lograrlo.
En las democracias suele ocurrir que las mayorías tengan que construirse porque los electores con su voto no las generan a priori (incluso en el hoy santificado por muchos sistema de mayoría relativa). Pero de eso se trata precisamente la democracia, de que cuando los votos no las predeterminan, las mayorías se alcancen mediante los mecanismos de inclusión que le son típicos: la negociación, el consenso, el acuerdo político entre partes. Tal vez eso es lo que no les gusta a los detractores de la proporcionalidad y de la representación del pluralismo.
Una sociedad democrática no es sólo la que reconoce el pluralismo existente y permite expresarse a través de muchas formas de organización política, en primer lugar los partidos, sino la que contiene fórmulas para que esa diversidad ideológica y política se vea representada en los órganos de decisión colectiva, en primer lugar el parlamento. Y esa representación, para ser efectivamente representativa —y por ello democrática—, supone que refleje, en lo posible, el efectivo peso que tienen las fuerzas políticas con un mínimo de relevancia entre la sociedad. ¿Eso complica la capacidad de gobierno? Indudablemente. Pero nadie ha dicho que la democracia sea un régimen sencillo. La lógica de la democracia complica indudablemente la toma de decisiones. Pero, a cambio, su gran virtud es su intención incluyente del mayor número posible de ciudadanos y el procurar que las decisiones que se adoptan reflejen efectivamente la voluntad de la mayoría de ellos. Inclusión frente a exclusión, en ello se sincretiza el valor democrático.
Ello supone, evidentemente, que cuando los ciudadanos en las urnas no expresan una mayoría clara respecto de un partido político, esa mayoría tendrá que construirse en sede parlamentaria a través de acuerdos. Si somos congruentes con la lógica democrática es algo inevitable. Pero no sólo no es algo imposible, sino que es algo muy frecuente en muchas democracias. Va un ejemplo que sorprenderá a muchos: el de México desde el año 2000. En esta década, caracterizada por la falta de mayorías preconfiguradas, se han procesado el mayor número de reformas constitucionales para un periodo similar desde 1917 y algunas de ellas de trascendental relevancia, como la que constitucionalizó la transparencia en 2007 o la trascendental reforma electoral de ese mismo año.
Investigador y Profesor de la UNAM
Bajo el argumento de que los partidos pequeños adquieren un peso desproporcionado respecto de su fuerza electoral, los críticos del sistema proporcional abogan por los méritos de contar con mayorías predefinidas y sostienen, en consecuencia, la pertinencia de todos los mecanismos que la induzcan (o que de plano la creen artificialmente), como el sistema electoral de mayoría relativa, la segunda vuelta, la cláusula de gobernabilidad y la eliminación de cualquier tope a la sobrerrepresentación. Todos, sin excepción, asumen la sobrerrepresentación como algo natural y sin duda deseable en las democracias, aunque ello sea a costa de algo que les resulta prescindible e intrascendente, que la pluralidad política esté representada.
Un argumento es que el actual sistema mixto de integración de las Cámaras provoca que los partidos pequeños sean indispensables para formar mayorías y que ello los sobredimensiona en su peso político. Así, se dice que, por ejemplo, el PVEM “con 7% de los votos tiene el mismo poder que el PAN con el 30%” (José Córdoba, Reforma, 11-04-2010). Más allá de la simplificación, si las matemáticas no fallan, toda reforma constitucional, sin excepción, con los números actuales de integración del Congreso requiere del apoyo del PAN, con lo que el argumento resulta ser falaz, porque este partido y el PVEM definitivamente “no tienen el mismo poder”.
Además, racionalmente, aún con un sistema de mayoría relativa puro, puede darse el caso que el partido mayoritario no cuente, con todo, con la mayoría requerida para tomar decisiones y, por ello, dependa de la alianza con otros partidos (incluso muy pequeños) para lograrlo.
En las democracias suele ocurrir que las mayorías tengan que construirse porque los electores con su voto no las generan a priori (incluso en el hoy santificado por muchos sistema de mayoría relativa). Pero de eso se trata precisamente la democracia, de que cuando los votos no las predeterminan, las mayorías se alcancen mediante los mecanismos de inclusión que le son típicos: la negociación, el consenso, el acuerdo político entre partes. Tal vez eso es lo que no les gusta a los detractores de la proporcionalidad y de la representación del pluralismo.
Una sociedad democrática no es sólo la que reconoce el pluralismo existente y permite expresarse a través de muchas formas de organización política, en primer lugar los partidos, sino la que contiene fórmulas para que esa diversidad ideológica y política se vea representada en los órganos de decisión colectiva, en primer lugar el parlamento. Y esa representación, para ser efectivamente representativa —y por ello democrática—, supone que refleje, en lo posible, el efectivo peso que tienen las fuerzas políticas con un mínimo de relevancia entre la sociedad. ¿Eso complica la capacidad de gobierno? Indudablemente. Pero nadie ha dicho que la democracia sea un régimen sencillo. La lógica de la democracia complica indudablemente la toma de decisiones. Pero, a cambio, su gran virtud es su intención incluyente del mayor número posible de ciudadanos y el procurar que las decisiones que se adoptan reflejen efectivamente la voluntad de la mayoría de ellos. Inclusión frente a exclusión, en ello se sincretiza el valor democrático.
Ello supone, evidentemente, que cuando los ciudadanos en las urnas no expresan una mayoría clara respecto de un partido político, esa mayoría tendrá que construirse en sede parlamentaria a través de acuerdos. Si somos congruentes con la lógica democrática es algo inevitable. Pero no sólo no es algo imposible, sino que es algo muy frecuente en muchas democracias. Va un ejemplo que sorprenderá a muchos: el de México desde el año 2000. En esta década, caracterizada por la falta de mayorías preconfiguradas, se han procesado el mayor número de reformas constitucionales para un periodo similar desde 1917 y algunas de ellas de trascendental relevancia, como la que constitucionalizó la transparencia en 2007 o la trascendental reforma electoral de ese mismo año.
Investigador y Profesor de la UNAM
Emilio Álvarez Icaza Longoria
Reforma constitucional en derechos humanos
Hace tan sólo unos días el Senado de la República aprobó el Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos.
Por ejemplo, incorpora el concepto de derechos humanos en el capitulo uno, lo que implica un cambio a la dogmática constitucional; define y precisa las circunstancias en que puede declararse el estado de emergencia; atiende el tema de la jerarquía de los tratados internacionales y brinda una base legal para su aplicación; fortalece el Sistema Nacional no Jurisdiccional de Protección a los Derechos Humanos y amplía las facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para realizar investigaciones sin impedimentos y a exigir a las autoridades rindan cuentas por sus actos; asimismo, coloca a los derechos humanos como uno de los ejes de la educación, de la política exterior y del sistema penitenciario en México, y brinda un esquema inicial de garantías contra la expulsión de los extranjeros.
Se trata de una reforma de gran trascendencia que contiene algunos elementos de avanzada que abren la puerta a más y mejores medidas a favor de la protección, garantía y reparación integral del daño por violaciones a los derechos humanos; y que además responde a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano a través de tratados internacionales, así como a la reciente recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para finalizar la reforma constitucional en esta materia en un plazo razonable.
También debe destacarse que esta reforma contó con la activa participación de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), de académicas y académicos especialistas en derechos humanos, y ha sido apoyada por diversas organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales.
Por lo anterior, es de esperarse que el Proyecto de Decreto que ahora ha sido turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación sea aprobado a la brevedad, y que nuestras disputadas y diputados actúen con la altura, visión y convicción que se requiere para trascender a una nueva etapa en la tutela y protección de la dignidad humana en México.
Al aprobarse la reforma, junto con los congresos locales, también se estaría contribuyendo al desarrollo de una política de Estado en derechos humanos que responda al contexto y a las necesidades que hoy exige nuestro país en esta materia.
Esto es muy valioso si consideramos que en un Estado democrático de Derecho, el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos, constituyen sólidos indicadores de gobernabilidad democrática y de la gestión gubernamental.
Existen algunas críticas a esta reforma en el sentido de que apenas iguala lo alcanzado por otros países; así como debates sobre la implicación de referirse a la familia en singular y abrir también la puerta a grupos fundamentalistas para que se cuelguen de la expresión “respeto a la vida” (entendida como la obligación del Estado de evitar ejecuciones extrajudiciales y/o desapariciones forzadas), para limitar los derechos de las mujeres, en lo que se refiere a la interrupción legal del embarazo. Hay a quienes, también, preocupa la decisión de quitarle facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En última instancia, lo único que esperaríamos de la Cámara de Diputados es que reforzara o corrigiera algunos aspectos que hoy constituyen preocupación, sin perder de vista que aún falta la reglamentación de los temas referidos y otros. Aunque definitivamente es indispensable, ante los contextos de inseguridad y los procesos de militarización, poner en el centro de la acción estatal el concepto de derechos humanos que hoy parece estorbar o ser tan sólo un discurso vacío de contenido.
Así la reforma constitucional en derechos humanos constituye la posibilidad de un nuevo paradigma, aquel donde la democracia sea entendida como un complejo sistema de ejercicio de derechos de todos y todas sin distinción. Constituye un paso civilizatorio.
emilioalvarezicaza@gmail.com
Ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Reforma constitucional en derechos humanos
Hace tan sólo unos días el Senado de la República aprobó el Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos.
Por ejemplo, incorpora el concepto de derechos humanos en el capitulo uno, lo que implica un cambio a la dogmática constitucional; define y precisa las circunstancias en que puede declararse el estado de emergencia; atiende el tema de la jerarquía de los tratados internacionales y brinda una base legal para su aplicación; fortalece el Sistema Nacional no Jurisdiccional de Protección a los Derechos Humanos y amplía las facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para realizar investigaciones sin impedimentos y a exigir a las autoridades rindan cuentas por sus actos; asimismo, coloca a los derechos humanos como uno de los ejes de la educación, de la política exterior y del sistema penitenciario en México, y brinda un esquema inicial de garantías contra la expulsión de los extranjeros.
Se trata de una reforma de gran trascendencia que contiene algunos elementos de avanzada que abren la puerta a más y mejores medidas a favor de la protección, garantía y reparación integral del daño por violaciones a los derechos humanos; y que además responde a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano a través de tratados internacionales, así como a la reciente recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para finalizar la reforma constitucional en esta materia en un plazo razonable.
También debe destacarse que esta reforma contó con la activa participación de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), de académicas y académicos especialistas en derechos humanos, y ha sido apoyada por diversas organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales.
Por lo anterior, es de esperarse que el Proyecto de Decreto que ahora ha sido turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación sea aprobado a la brevedad, y que nuestras disputadas y diputados actúen con la altura, visión y convicción que se requiere para trascender a una nueva etapa en la tutela y protección de la dignidad humana en México.
Al aprobarse la reforma, junto con los congresos locales, también se estaría contribuyendo al desarrollo de una política de Estado en derechos humanos que responda al contexto y a las necesidades que hoy exige nuestro país en esta materia.
Esto es muy valioso si consideramos que en un Estado democrático de Derecho, el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos, constituyen sólidos indicadores de gobernabilidad democrática y de la gestión gubernamental.
Existen algunas críticas a esta reforma en el sentido de que apenas iguala lo alcanzado por otros países; así como debates sobre la implicación de referirse a la familia en singular y abrir también la puerta a grupos fundamentalistas para que se cuelguen de la expresión “respeto a la vida” (entendida como la obligación del Estado de evitar ejecuciones extrajudiciales y/o desapariciones forzadas), para limitar los derechos de las mujeres, en lo que se refiere a la interrupción legal del embarazo. Hay a quienes, también, preocupa la decisión de quitarle facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En última instancia, lo único que esperaríamos de la Cámara de Diputados es que reforzara o corrigiera algunos aspectos que hoy constituyen preocupación, sin perder de vista que aún falta la reglamentación de los temas referidos y otros. Aunque definitivamente es indispensable, ante los contextos de inseguridad y los procesos de militarización, poner en el centro de la acción estatal el concepto de derechos humanos que hoy parece estorbar o ser tan sólo un discurso vacío de contenido.
Así la reforma constitucional en derechos humanos constituye la posibilidad de un nuevo paradigma, aquel donde la democracia sea entendida como un complejo sistema de ejercicio de derechos de todos y todas sin distinción. Constituye un paso civilizatorio.
emilioalvarezicaza@gmail.com
Ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Horizonte político
José Antonio Crespo
“Mexicanizar” México
El proyecto de Germán Martínez Cázares de “guanajuatizar” a México terminó en un fracaso monumental pero su creador dice que el proyecto valía por sí mismo: “De nada me arrepiento y menos de llamar a México a guanajuatizar. Yo creo en Guanajuato, creo en los valores de Guanajuato, creo que queda pendiente la tarea de guanajuatizar al país, la tendrá que terminar el nuevo Comité Ejecutivo Nacional” (25/VII/09). El intento resultó contraproducente porque el país, en su gran mayoría, se pintó de tricolor el año pasado. Enrique Peña Nieto se anotó nuevos y vistosos triunfos en su entidad y le arrebató al PAN y al PRD importantes bastiones considerados como inexpugnables. En su ruta hacia Los Pinos, Peña Nieto se posicionó mejor de lo que ya estaba. Aunque no lo diga en esos términos, su proyecto consiste en “Mexicanizar México”, es decir, reproducir en el país el esquema que prevalece en el Edomex, con él a la cabeza, por supuesto. Detrás de él, hay poderosísimos intereses empresariales —empezando por los mexiquenses, que no son poca cosa— además de contar con el respaldo de Carlos Salinas de Gortari, que sigue moviendo hilos políticos, y la aún poderosa aunque crecientemente desprestigiada Iglesia católica. Pero Peña Nieto también es el proyecto político de Televisa, que ya con su propia e influyente bancada en el Congreso (PRI y PVEM, al menos), va ahora por su propio “telepresidente”.
La enorme popularidad del gobernador mexiquense se logró esencialmente con una costosa propaganda personal, disfrazada como información, entrevistas casuales o cobertura de sus actos y ceremonias políticas y “privadas” (como el anuncio de su boda en El Vaticano). Claro, porque el Estado de México es el más poblado —ha dicho Televisa— y por eso debe cubrir en mayor medida las trascendentales actividades de Peña Nieto. El periodista Jenaro Villamil, en su libro, Quisiera ser presidente (2009), detalla cómo Televisa y el gobernador mexiquense se las han arreglado para evadir la norma constitucional (art. 134) que prohíbe incluir en la publicidad de cualquier institución pública la imagen personalizada o sonora de cualquier funcionario. Ordenamiento que se elude a través de “gacetillas electrónicas” (publicidad pagada, que pasa por información), entrevistas y reportajes en diversos espacios que no son sólo los noticiosos, sino de entretenimiento, espectáculos y deportivos. Pero, bueno, eso de violar la Constitución en este país es considerado como pecatta minuta.
Por otro lado, Peña Nieto seguramente ha incurrido en una campaña anticipada, pues, de acuerdo con el artículo 211 del Cofipe: “Queda prohibido a los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular, en todo tiempo, la contratación de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión”. Y la sanción por infringir esa disposición es “la negativa de registro como precandidato, o en su caso la cancelación de dicho registro”. Algo que difícilmente ocurrirá, pues no contamos con autoridades electorales con la fuerza, determinación y autonomía necesarias para aplicar una sanción de tal magnitud (como no lo hizo el Tribunal en 2005, ante la evidencia de que Peña Nieto había rebasado el tope de campaña, lo que ameritaba el desconocimiento de su triunfo de acuerdo con el Código Electoral mexiquense).
Pero si bien el joven y vacuo gobernador mexiquense parece ir en caballo de hacienda a la Presidencia, tiene algunos retos por delante. En primer lugar, debe haber una negociación interna en el PRI para decidir, de manera civilizada, la candidatura en su favor. Una nueva ruptura seguramente implicaría la derrota. Y habría que ver a quién y cómo elige la oposición sus abanderados para enfrentar al mexiquense. Los artífices de las coaliciones entre el PAN y el PRD afirman que basta con ganar en una sola entidad (Oaxaca, por ejemplo) para explorar seriamente la fórmula en el Estado de México, en donde, de ganar, propinarían un serio revés al hoy puntero. Y veremos cómo termina el extraño caso de Paulette (convertido en telenovela por los medios) y qué tanto golpea políticamente al gobernador mexiquense. Eso dependerá de qué tan convincente resulte el desenlace final, pues de lo contrario se interpretará como un nuevo acto de impunidad propiciado por el gobernador (como el que tendió, en torno a Arturo Montiel, uno de sus múltiples padrinos políticos).
José Antonio Crespo
“Mexicanizar” México
El proyecto de Germán Martínez Cázares de “guanajuatizar” a México terminó en un fracaso monumental pero su creador dice que el proyecto valía por sí mismo: “De nada me arrepiento y menos de llamar a México a guanajuatizar. Yo creo en Guanajuato, creo en los valores de Guanajuato, creo que queda pendiente la tarea de guanajuatizar al país, la tendrá que terminar el nuevo Comité Ejecutivo Nacional” (25/VII/09). El intento resultó contraproducente porque el país, en su gran mayoría, se pintó de tricolor el año pasado. Enrique Peña Nieto se anotó nuevos y vistosos triunfos en su entidad y le arrebató al PAN y al PRD importantes bastiones considerados como inexpugnables. En su ruta hacia Los Pinos, Peña Nieto se posicionó mejor de lo que ya estaba. Aunque no lo diga en esos términos, su proyecto consiste en “Mexicanizar México”, es decir, reproducir en el país el esquema que prevalece en el Edomex, con él a la cabeza, por supuesto. Detrás de él, hay poderosísimos intereses empresariales —empezando por los mexiquenses, que no son poca cosa— además de contar con el respaldo de Carlos Salinas de Gortari, que sigue moviendo hilos políticos, y la aún poderosa aunque crecientemente desprestigiada Iglesia católica. Pero Peña Nieto también es el proyecto político de Televisa, que ya con su propia e influyente bancada en el Congreso (PRI y PVEM, al menos), va ahora por su propio “telepresidente”.
La enorme popularidad del gobernador mexiquense se logró esencialmente con una costosa propaganda personal, disfrazada como información, entrevistas casuales o cobertura de sus actos y ceremonias políticas y “privadas” (como el anuncio de su boda en El Vaticano). Claro, porque el Estado de México es el más poblado —ha dicho Televisa— y por eso debe cubrir en mayor medida las trascendentales actividades de Peña Nieto. El periodista Jenaro Villamil, en su libro, Quisiera ser presidente (2009), detalla cómo Televisa y el gobernador mexiquense se las han arreglado para evadir la norma constitucional (art. 134) que prohíbe incluir en la publicidad de cualquier institución pública la imagen personalizada o sonora de cualquier funcionario. Ordenamiento que se elude a través de “gacetillas electrónicas” (publicidad pagada, que pasa por información), entrevistas y reportajes en diversos espacios que no son sólo los noticiosos, sino de entretenimiento, espectáculos y deportivos. Pero, bueno, eso de violar la Constitución en este país es considerado como pecatta minuta.
Por otro lado, Peña Nieto seguramente ha incurrido en una campaña anticipada, pues, de acuerdo con el artículo 211 del Cofipe: “Queda prohibido a los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular, en todo tiempo, la contratación de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión”. Y la sanción por infringir esa disposición es “la negativa de registro como precandidato, o en su caso la cancelación de dicho registro”. Algo que difícilmente ocurrirá, pues no contamos con autoridades electorales con la fuerza, determinación y autonomía necesarias para aplicar una sanción de tal magnitud (como no lo hizo el Tribunal en 2005, ante la evidencia de que Peña Nieto había rebasado el tope de campaña, lo que ameritaba el desconocimiento de su triunfo de acuerdo con el Código Electoral mexiquense).
Pero si bien el joven y vacuo gobernador mexiquense parece ir en caballo de hacienda a la Presidencia, tiene algunos retos por delante. En primer lugar, debe haber una negociación interna en el PRI para decidir, de manera civilizada, la candidatura en su favor. Una nueva ruptura seguramente implicaría la derrota. Y habría que ver a quién y cómo elige la oposición sus abanderados para enfrentar al mexiquense. Los artífices de las coaliciones entre el PAN y el PRD afirman que basta con ganar en una sola entidad (Oaxaca, por ejemplo) para explorar seriamente la fórmula en el Estado de México, en donde, de ganar, propinarían un serio revés al hoy puntero. Y veremos cómo termina el extraño caso de Paulette (convertido en telenovela por los medios) y qué tanto golpea políticamente al gobernador mexiquense. Eso dependerá de qué tan convincente resulte el desenlace final, pues de lo contrario se interpretará como un nuevo acto de impunidad propiciado por el gobernador (como el que tendió, en torno a Arturo Montiel, uno de sus múltiples padrinos políticos).
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