José Antonio Román,
Miércoles 21 de abril de 2010, p. 7
Diversas organizaciones de derechos humanos calificaron de gravísima y muy preocu
pante
la pretensión del Ejecutivo federal y su partido (PAN) de impedir que militares acusados de violar garantías individuales sean juzgados por tribunales civiles. Esta intención, dijeron, se contrapone a las recomendaciones de organismos internacionales en la materia y a tratados que el mismo Estado mexicano ha firmado y ratificado.
Integrantes y directivos del Centro Miguel Agustín Pro, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia advirtieron del peligro que representa no legislar adecuadamente respecto de las condiciones y requerimientos que son necesarios para declarar un estado de excepción, como lo marcan los tratados internacionales que México ha firmado sobre el tema.
Además cuestionaron la creciente participación de militares en actividades de seguridad pública, el crecimiento alarmante de denuncias en contra de efectivos de las fuerzas armadas acusados de violar derechos humanos, la notoria impunidad en este tipo de casos y la falta de autonomía e independencia que tienen los juzgados militares.
Luis Arriaga, director del Centro Pro Juárez, comentó que las denuncias contra militares crece de manera importante cada año. Así, este organismo reportó que en 2007 se presentaron 54 abusos de militares, en 2008 un total de 119, mientras que en el primer semestre de 2009 fueron 115 denuncias.
Por su parte, Silvano Cortés, secretario ejecutivo de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que los organismos están muy preocupados
por esta pretensión del gobierno y su partido de sacar el fuero militar de la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional. Hay un riesgo muy alto de que haya una regresión en materia de derechos humanos y de que se consolide un sistema de impunidad relacionado directamente con el fuero militar
, advirtió.
En tanto, Edgar Cortés, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dijo que gobierno y Senado tienen una actitud esquizofrénica
, donde un día aprueban leyes que pareciera van en el camino correcto respecto al respeto de los derechos humanos, pero al día siguiente toman caminos totalmente contrarios.
La responsabilidad es de Calderón: PRI
Por otra parte, fuentes de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirmaron que la responsabilidad de que se revise el papel del Ejército Mexicano, sus alcances e incluso que se discuta la posibilidad de que en sus actos se sometan a la justicia civil, es responsabilidad exclusiva del presidente Felipe Calderón, quien por cierto ha insistido en una estrategia equivocada para enfrentar a la delincuencia organizada.
Destacaron que de mantenerse esta estrategia, el desgaste de las fuerzas armadas será cada vez mayor, lo que ya se refleja en las decenas de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos en las que participa el Ejército como parte de los operativos en contra del crimen.
Con información de Ciro Pérez
Mencionan legisladores presiones
para aprobar la ley de seguridad sin tocar ese rubro
Si miembros de las fuerzas armadas violan derechos humanos deben ser juzgados por civiles
Miércoles 21 de abril de 2010, p. 5
El coordinador priísta en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, advirtió ayer que su bancada mantiene la determinación de que desaparezca el fuero militar en el caso de miembros de las fuerzas armadas que violen derechos humanos de ciudadanos, para que sean juzgados por tribunales civiles.
Dijo también que estarían dispuestos a eliminar de la Ley de Seguridad Nacional la facultad del Senado para aprobar la participación temporal del Ejército en el combate al narcotráfico, en aras de llegar a un consenso, pero siempre y cuando se resuelva lo concerniente al fuero con base en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El PRI no se ha echado para atrás
, sostuvo a su vez el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Pedro Joaquín Coldwell. Explicó que la modificación en torno al fuero de los miembros del Ejército se hará en el Código de Justicia Militar –según recomendó la CIDH–, pero analizan la posibilidad de derivar también la diposición en la Ley de Seguridad Nacional.
Interrogado sobre la determinación de eliminar del dictamen de la ley de seguridad lo concerniente a sujetar a la justicia civil a los militares que agredan o vulneran garantías fundamentales, Beltrones dijo que ese punto está aún a debate y que sostiene la postura que ha venido manifestando en los últimos días.
“Mantengo mi posición de que debemos atender obligadamente, porque es vinculante, la resolución de la Suprema Corte de Justicia, de 1999, así como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta última habla de la obligatoriedad de que se modifique el artículo 57 del Código de Justicia Militar en materia de fuero.
Las negociaciones se complicaron ayer, ya que la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), que coordina Gustavo Madero, insiste en que el tema del fuero militar no se incluya en la Ley de Seguridad Nacional. Una postura similar es la que defiende el legislador priísta Jorge Mendoza, presidente de la Comisión de Defensa Nacional; por otra parte, las principales fuerzas políticas comentan que la presión gubernamental se ha intensificado en los últimos días
En todas las bancadas ha circulado la versión de que quienes dictaminan han recibido la oferta de aprobar la legislación que legaliza la acción del Ejército en tareas policiacas, pero sin tocar el fuero, ya que la Presidencia de la República hará llegar una iniciativa integral para reformar el Código de Justicia Militar.
Las divergencias obligaron a que ayer no sesionaran las comisiones unidas, que estaban citadas a la una de la tarde para discutir el proyecto de dictamen. La reunión se programó para hoy por la tarde.
Por su parte, el perredista Pablo Gómez señaló que el Código de Justicia Militar debe reformarse con base en lo que ya establece la Constitución, además de ordenar en la Ley de Seguridad Nacional el uso legítimo de la fuerza, a fin de impedir abusos como el disparar sobre civiles desarmados, como han hecho militares.
Finalmente, sobre la posibilidad de eliminar del dictamen las facultades del Senado de la República para avalar los decretos por los que se envía al Ejército a coadyuvar en la lucha contra el crimen organizado –que el PRI introdujo en la iniciativa presidencial–, Gómez Álvarez consideró que de todas formas debe quedar fuera, porque contraviene lo establecido en la Carta Magna en la que esa responsabilidad es exclusiva del titular del Poder Ejecutivo.
afirma el rector José Narro Robles
Miércoles 21 de abril de 2010, p. 10
México merece desarrollarse alejado de la violencia, afirmó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles.
Entrevistado durante el homenaje póstumo realizado por esa casa de estudios al físico Marcos Moshinsky, Narro reiteró su rechazo a las manifestaciones de violencia. Sostuvo que México es un país que merece un desarrollo de otra naturaleza, muy alejado de cualquier expresión de violencia
.
Cuando se le solicitó una opinión acerca de la suspensión de la prueba Enlace en algunos municipios de Tamaulipas por los sucesos de violencia, señaló que las expresiones de violencia son contrarias a los valores del ser humano y, por tanto, deben ser rechazadas.
Todo lo que tenga que ver con la violencia y con la delincuencia organizada es contrario a los valores esenciales de los seres humanos. Todo aquello que impida que las expresiones de cualquier tipo, verbales o de trabajo, se logren realizar, debe ser rechazado, tiene que ser señalado como un inconveniente para una sociedad, para una colectividad
.
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