Julio Hernández López: Astillero
En medio de los escándalos políticos sucesivos (cada vez más vinculados a lo penal), con Estados Unidos cobrando burlonamente los desplantes de Felipe el Aplaudido en el Capitolio, y con el enigma dieguino sin resolver, la jefatura policiaca del país ha decidido dar un paso más en su estrategia de control social mediante las armas, al arremeter mediante cientos de agentes federales contra trabajadores electricistas en Morelos que con su persistencia opositora a la desaparición por decreto de Luz y Fuerza del Centro afeaban y entorpecían el curso del gran negocio de la fibra óptica que a precio de remate loco está entregando el calderonismo a sus socios de la telecomunicación que bien han sabido pagar esos y otros favores mediante pantallas manipuladas, mudas y omisas ante la protesta social y las pifias gubernamentales, entusiastas y sonrientes ante las declaraciones oficiales de que el país marcha bien.
Greg se defiende mediante videos previamente grabados y la Corte hace a un lado la tarea de reventador del ministro de ultraderecha Sergio Aguirre para finalmente aprobar el uso en México de la píldora anticonceptiva de emergencia, en tanto Calderón se muestra ignorante de la decisión obamista de mandar mil 200 miembros de la Guardia Nacional a la frontera con México que, confesamente ingenuo, espera el ocupante de Los Pinos que cumplan solamente tareas de contención de tráfico de armas a México y no de migrantes indocumentados de aquí hacia allá (linda estampa selectiva darían los vigilantes gringos viendo pasar espaldas mojadas sin hacer nada, porque sus funciones serían otras).
Pero la vista no puede apartarse de las escenas del desalojo violento de trabajadores que defienden su fuente de empleo, arrebatada tramposamente por un gobierno dedicado a entregar cuanto puede a los empresarios favoritos que suelen corresponder subterráneamente a los regalos recibidos. En otra parte, en el Zócalo de la ciudad de México, decenas de esos trabajadores se mantienen en huelga de hambre, como último recurso de protesta ante las barbaridades jurídicas, laborales y sociales cometidas en su contra. Entrampado, aislado, incompetente y sin autoridad moral, el gobierno de Felipe Calderón no tiene muchas opciones para continuar con sus políticas repudiadas más que la imposición, la represión física, la manipulación informativa, el retorcimiento de las leyes y la siembra de la desesperanza social. Aplicando todos sus recursos, no ha podido extinguir la protesta por el fascistoide golpe contra Luz y Fuerza del Centro y el SME; calumniando, dividiendo y desmoralizando, no ha podido apagar la resistencia civil pacífica que sigue latente. Burlado y traicionado por sus socios estadunidenses, que le aplaudieron con el mismo entusiasmo con que ahora lo relegan, encaminado a derrotas electorales que demostrarán sus trágicas pérdidas de poder, a Felipe nomás le queda el camino de usar, contra la realidad y sus protestas, a las fuerzas policiacas y armadas que previamente ha instalado a lo largo del país con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico.
Astillas
Hoy se cumplen seis años de la represión del gobierno jalisciense a quienes en el marco de una cumbre de mandatarios de la Unión Europea, América Latina y el Caribe se manifestaban en Guadalajara contra el modelo económico neoliberal y los abusos de poder. La embestida de la administración encabezada por Francisco Ramírez Acuña fue una intencional demostración de mano dura, con provocadores infiltrados, manipulación amarillista en los medios locales de comunicación, y aires intolerantes contra la ciudad de México, sus habitantes mayoritariamente cargados a la izquierda y su flexibilidad ante actos de protesta. Son muchos los testimonios de tortura, acoso sexual, simulacros de fusilamiento y otras violaciones a los derechos humanos sucedidas esas noche y madrugada de regocijo fascistoide en la capital de Jalisco. Pero, luego del escándalo intensamente promovido por el gobierno estatal y su caja foxista de resonancia, ¿qué sucedió con las decenas de jóvenes, en su mayoría, que fueron capturados en aquella trampa socialmente pedagógica? Daniel Alejandro Olvera Sule y Óscar Chávez Castillo, procesados en aquella ocasión, han hecho un resumen: Al 23 de marzo de este año fueron declaradas culpables ocho personas con sanciones que van desde 15 días a un año, tres meses y cinco días de prisión. Actualmente hay dos personas que no han sido sentenciadas y cerca de 20 han apelado. Hasta ahora a ninguna persona se le ha impuesto una pena que no pueda ser cambiada por una multa de dinero. A la gran mayoría los antecedentes les suponen dificultades para encontrar trabajo. Es decir, la alharaca mediática intimidatoria y los presuntos daños públicos y amenazas sociales sucedidas en Guadalajara no tuvieron proporción con los de por sí discutibles resultados judiciales. Pero el castigo impuesto por la derecha jalisciense ha ido más allá de los términos naturales de un juicio normal: mediante tretas, mañas y mala fe, han alargado las diligencias jurídicas para mantener a los acusados sujetos a la guillotina de la justicia. Olvera Sule explica: son procesos de seis años para tratar de resolver acusaciones que podrían tener como castigo sentencias de dos años de privación de la libertad salvables mediante el pago de multas. Pero por instrucción de la procuraduría de justicia de Jalisco, los agentes del Ministerio Público apelan toda resolución, por cualquier causa o detalle, pidiendo al Tribunal Superior de Justicia de Jalisco que suba las sentencias. Todavía quedan en proceso 20 personas, siete dejaron de ir a firmar y tienen orden de reaprehensión. Por todo ello, este sábado 28 se realizará una protesta pública frente a la representación del gobierno de Jalisco en el Distrito Federal, en Campos Eliseos con Rubén Darío, en la colonia Polanco... Y, mientras en Aguascalientes han allanado la casa de campaña del candidato priísta a gobernador, ¡feliz fin de semana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
En medio de los escándalos políticos sucesivos (cada vez más vinculados a lo penal), con Estados Unidos cobrando burlonamente los desplantes de Felipe el Aplaudido en el Capitolio, y con el enigma dieguino sin resolver, la jefatura policiaca del país ha decidido dar un paso más en su estrategia de control social mediante las armas, al arremeter mediante cientos de agentes federales contra trabajadores electricistas en Morelos que con su persistencia opositora a la desaparición por decreto de Luz y Fuerza del Centro afeaban y entorpecían el curso del gran negocio de la fibra óptica que a precio de remate loco está entregando el calderonismo a sus socios de la telecomunicación que bien han sabido pagar esos y otros favores mediante pantallas manipuladas, mudas y omisas ante la protesta social y las pifias gubernamentales, entusiastas y sonrientes ante las declaraciones oficiales de que el país marcha bien.
Greg se defiende mediante videos previamente grabados y la Corte hace a un lado la tarea de reventador del ministro de ultraderecha Sergio Aguirre para finalmente aprobar el uso en México de la píldora anticonceptiva de emergencia, en tanto Calderón se muestra ignorante de la decisión obamista de mandar mil 200 miembros de la Guardia Nacional a la frontera con México que, confesamente ingenuo, espera el ocupante de Los Pinos que cumplan solamente tareas de contención de tráfico de armas a México y no de migrantes indocumentados de aquí hacia allá (linda estampa selectiva darían los vigilantes gringos viendo pasar espaldas mojadas sin hacer nada, porque sus funciones serían otras).
Pero la vista no puede apartarse de las escenas del desalojo violento de trabajadores que defienden su fuente de empleo, arrebatada tramposamente por un gobierno dedicado a entregar cuanto puede a los empresarios favoritos que suelen corresponder subterráneamente a los regalos recibidos. En otra parte, en el Zócalo de la ciudad de México, decenas de esos trabajadores se mantienen en huelga de hambre, como último recurso de protesta ante las barbaridades jurídicas, laborales y sociales cometidas en su contra. Entrampado, aislado, incompetente y sin autoridad moral, el gobierno de Felipe Calderón no tiene muchas opciones para continuar con sus políticas repudiadas más que la imposición, la represión física, la manipulación informativa, el retorcimiento de las leyes y la siembra de la desesperanza social. Aplicando todos sus recursos, no ha podido extinguir la protesta por el fascistoide golpe contra Luz y Fuerza del Centro y el SME; calumniando, dividiendo y desmoralizando, no ha podido apagar la resistencia civil pacífica que sigue latente. Burlado y traicionado por sus socios estadunidenses, que le aplaudieron con el mismo entusiasmo con que ahora lo relegan, encaminado a derrotas electorales que demostrarán sus trágicas pérdidas de poder, a Felipe nomás le queda el camino de usar, contra la realidad y sus protestas, a las fuerzas policiacas y armadas que previamente ha instalado a lo largo del país con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico.
Astillas
Hoy se cumplen seis años de la represión del gobierno jalisciense a quienes en el marco de una cumbre de mandatarios de la Unión Europea, América Latina y el Caribe se manifestaban en Guadalajara contra el modelo económico neoliberal y los abusos de poder. La embestida de la administración encabezada por Francisco Ramírez Acuña fue una intencional demostración de mano dura, con provocadores infiltrados, manipulación amarillista en los medios locales de comunicación, y aires intolerantes contra la ciudad de México, sus habitantes mayoritariamente cargados a la izquierda y su flexibilidad ante actos de protesta. Son muchos los testimonios de tortura, acoso sexual, simulacros de fusilamiento y otras violaciones a los derechos humanos sucedidas esas noche y madrugada de regocijo fascistoide en la capital de Jalisco. Pero, luego del escándalo intensamente promovido por el gobierno estatal y su caja foxista de resonancia, ¿qué sucedió con las decenas de jóvenes, en su mayoría, que fueron capturados en aquella trampa socialmente pedagógica? Daniel Alejandro Olvera Sule y Óscar Chávez Castillo, procesados en aquella ocasión, han hecho un resumen: Al 23 de marzo de este año fueron declaradas culpables ocho personas con sanciones que van desde 15 días a un año, tres meses y cinco días de prisión. Actualmente hay dos personas que no han sido sentenciadas y cerca de 20 han apelado. Hasta ahora a ninguna persona se le ha impuesto una pena que no pueda ser cambiada por una multa de dinero. A la gran mayoría los antecedentes les suponen dificultades para encontrar trabajo. Es decir, la alharaca mediática intimidatoria y los presuntos daños públicos y amenazas sociales sucedidas en Guadalajara no tuvieron proporción con los de por sí discutibles resultados judiciales. Pero el castigo impuesto por la derecha jalisciense ha ido más allá de los términos naturales de un juicio normal: mediante tretas, mañas y mala fe, han alargado las diligencias jurídicas para mantener a los acusados sujetos a la guillotina de la justicia. Olvera Sule explica: son procesos de seis años para tratar de resolver acusaciones que podrían tener como castigo sentencias de dos años de privación de la libertad salvables mediante el pago de multas. Pero por instrucción de la procuraduría de justicia de Jalisco, los agentes del Ministerio Público apelan toda resolución, por cualquier causa o detalle, pidiendo al Tribunal Superior de Justicia de Jalisco que suba las sentencias. Todavía quedan en proceso 20 personas, siete dejaron de ir a firmar y tienen orden de reaprehensión. Por todo ello, este sábado 28 se realizará una protesta pública frente a la representación del gobierno de Jalisco en el Distrito Federal, en Campos Eliseos con Rubén Darío, en la colonia Polanco... Y, mientras en Aguascalientes han allanado la casa de campaña del candidato priísta a gobernador, ¡feliz fin de semana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Enrique Galván Ochoa: Dinero
Tienen enfrente a varias de las grandes corporaciones: CocaCola, Bimbo, Pepsico, Danone, Sabritas, inclusive a las lecheras Alpura y Lala. Tienen una causa noble en sus manos: defender a los niños, porque la comida chatarra que se vende en las escuelas los está convirtiendo en una generación de obesos que más adelante pagará con su salud la factura de una mala alimentación y el escaso ejercicio. Tienen 10 minutos luminosos los secretarios de Salud, José Ángel Córdova, y de Educación, Alonso Lujambio. No durarán más. Pronto los veremos ir metiendo reversa por la presión de las empresas. Algunas de ellas apoyaron decididamente al candidato Felipe Calderón, y no lo hicieron para ahora salir machucadas por su gobierno. Por lo pronto, a Lujambio ya no le gustó que se use el término comida chatarra. Quiere otro más modosito. ¿Qué le parecería junk food?
El ajuste
Con un voto de diferencia, el Congreso hispano aprobó el plan de shock presentado el jueves por el presidente Rodríguez Zapatero. Es más leve que los que aplicaron Zedillo, Fox y Calderón, con sus respectivos secretarios de Hacienda. Ni siquiera incluye gasolinazos o un impuesto sobre las telecomunicaciones. Pero tendrán que sufrir la congelación de las pensiones y la rebaja de los sueldos de los funcionarios, así como la eliminación de la prestación por nacimiento de 2 mil 500 euros (cheque-bebé) a partir de 2011.
Carlos Fernández-Vega: México SA
Tan sólo dos semanas después de, vía decretazo, extinguir a la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, el gobierno calderonista anunciaba que licitaría la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, en un intento por incrementar el acceso de los mexicanos a las telecomunicaciones. Pues bien, procedió rápidamente, aceleró trámites, diseñó el correspondiente traje a la medida, publicó las bases de tal licitación para un par de hilos, y, ¡bingo!, antes de concluir el proceso oficial y de abrir los sobres ya tiene ganador, que no es otro que el clásico, ahora con aderezo de dos coinversionistas.
Tan sólo 10 días después de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregó constancia de participación al llamado Grupo de Inversionistas (Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas, léase Telefónica Movistar; Editora Factum, léase Televisa, y Megacable), por haber cumplido con los requisitos establecidos en las bases de licitación, los virtuales ganadores del proceso dieron detalles de sus planes de inversión, sin que oficialmente la citada dependencia haya concluido el procedimiento, abierto las ofertas y designado ganador.
En los hechos, de tiempo atrás el ahora denominado Grupo de Inversionistas se quedó con la primera licitación (traje a la medida) de fibra óptica, un bien público, construido con recursos públicos, del que los mexicanos podrán gozar, pero no como propietarios, sino como simples consumidores y clientes del servicio privado que otorgue el consorcio ganador, cuyo nombres e integrantes ya se conocen.
Cuando se dieron a conocer las bases de la licitación, quedó claro que la concesión será por 20 años (con 10 de prorroga) y su valor mínimo fue establecido en 858.6 millones de pesos, más una oferta hasta 3 por ciento superior a ese monto, con el añadido de que el mantenimiento del tendido será realizado por la Comisión Federal de Electricidad, con cargo al permisionario. ¿Cuánto ofreció el llamado Grupo de Inversionistas en la solitaria puja? Exactamente el valor mínimo más el 3 por ciento de rigor. N i un centavo adicional en esta competencia en solitario.
Cuando se anunció la intención calderonista de licitar la fibra óptica propiedad de la nación, comentamos en este espacio que el gran capital se queja del monopolio existente en el servicio de la Internet (léase Slim), pero para romperlo y estimular la competencia exige que el Estado le construya el tendido de fibra óptica, lo exente fiscalmente, le rente la infraestructura a precios de risa y le garantice que sólo unos cuantos tendrán derecho a comer del nuevo cuan exquisito pastel. Por su parte, el gobierno calderonista decidió licitar sólo un par de hilos, cuando la capacidad supera la veintena de ellos. Entonces, con condiciones y limitaciones de esa naturaleza parece que no se avanzará mucho ni la población, especialmente la de bajos recursos, resultará beneficiada. Televisa ya está anotada para la fiesta privada con la fibra óptica pública (y cuando la fábrica de sueños se anota no quiere decir otra cosa que ya es ganadora).
Pues bien, para evitar la competencia, Megacable, Telefónica y Televisa se asocian; por su parte, la autoridad bloquea otras participaciones (MVS, Tv Azteca) y estructura la licitación para un solo tirador, lo que no parece ser ejemplo digno de competencia, según la versión oficial. Pero el vocero del Grupo de Inversionistas (Enrique Yamuni, director de Megacable) tiene su propia filosofía al respecto: en caso de ganar la licitación, el consorcio podrá ofrecer tarifas atractivas, pues los tres inversionistas competirán entre sí para ofrecer capacidad a terceros, lo que necesariamente se reflejará en costos más bajos para los usuarios finales de servicios de telecomunicaciones. No se alcanza a entender: ¿evitan la competencia, para luego competir entre sí, ya con el negocio en la mano? Sólo en México.
De Televisa ya se conocen los nombres (varios multimillonarios Forbes, más su ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe); también de Telefónica Movistar, con sus multimillonarios españoles y su ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz. ¿Y Megacable? Pues tampoco es novedad, pero, con los huevos y pollos de Bachoco está toda la parentela del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, incluido su pariente político, ex director de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior en el sexenio foxista, Mario Laborín. Todos ellos son quienes gozarán de un (otro) bien público, construido con recursos públicos.
En vía de mientras, ¿qué alcance tiene el negocio a licitar? Bien, el Comité Nacional de Estudios de la Energía ayuda a entender de qué se trata: la fibra óptica tiene un amplio campo de aplicaciones además de la telefonía; automatización industrial, computación, sistemas de televisión por cable y transmisión de información de imágenes astronómicas de alta resolución, entre otras. En México existe una red troncal de comunicación por fibra óptica que enlaza las ciudades más importantes del país mediante un tendido de miles de kilómetros de fibra. Además se encuentra en operación la línea de cable submarino de fibra óptica Columbus II, que comunica a Estados Unidos, México y Centroamérica con Europa y el resto del mundo. La ruta trazada en 1492 por las carabelas del almirante es hoy la red de telecomunicaciones más importante en América y Europa. La capacidad de transmisión de datos entre ambos continentes por esta red se ha incrementado en más de 500 por ciento, lo que equivale a miles de canales de televisión, 350 mil llamadas telefónicas simultáneas o la transmisión de 200 millones de caracteres en sólo tres segundos. Gracias a este cable submarino se puede intercambiar información en segundos por fax, red digital integrada, audio, texto, servicio digital, videoconferencias, televisión, datos por computadora y telefonía de larga distancia. Oro molido, pues.
Las rebanadas del pastel:
Que el producto que compraron en 2006 siempre no resultó de la calidad ofrecida: “los mexicanos necesitamos tener un rumbo fijo, con una visión de país claro y un nuevo proyecto de nación… mientras no logremos crecer 6 o 7 por ciento anual por varios años consecutivos, los riesgos de crisis económicas, políticas y sociales seguirán vigentes… no se trata de administrar los problemas, sino de resolverlos, (y) esto no va a ocurrir posponiendo las decisiones o con soluciones provisionales”, (Gerardo Gutiérrez Candiani, dirigente nacional de Coparmex (información de Alfredo Valadez Rodríguez, corresponsal de La Jornada en Zacatecas).
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Julio Boltvinik: Economía Moral
Frank Ellis dice que el debate central en el trabajo teórico marxista sobre el campesinado se refiere a la sustentabilidad o persistencia de las formas campesinas de producción dentro del modo de producción capitalista dominante e identifica dos líneas opuestas de razonamiento sobre dicha persistencia. Por una parte, la posición marxista clásica que planteó Lenin (1967) y que consiste en que
las presiones que las relaciones capitalistas de producción ejercen sobre los campesinos resultarán, inevitablemente, en su desaparición como forma específica de producción... por la diferenciación social, los campesinos se desintegrarían en dos clases sociales: la de los agricultores capitalistas y la de los trabajadores asalariados rurales. Las razones de ello son múltiples: la adopción diferencial entre agricultores individuales de prácticas mejoradas de cultivo, el abandono forzado de sus tierras por parte de campesinos incapaces de competir en el mercado, la pérdida de la tierra por hipotecas vencidas y la creciente contratación de trabajadores asalariados por parte de los agricultores exitosos 1
Penultimátum
Por mucho tiempo Marcelino Pan y Vino fue la película más taquillera del cine español cuando gobernaba el caudillo por la gracia de Dios. Se convirtió en un clásico del cine infantil y compitió con El último cuplé, la otra película cumbre del franquismo y que consagró a Sarita Montiel. La dirigió Ladislao Vajda en 1954 (Hungría, 1906-1965) y su historia se ubica en Castilla, donde una docena de frailes franciscanos reconstruyen su convento destruido durante la guerra contra la ocupación francesa. A las puertas del recinto un día dejan abandonado a un bebé al que los frailes adoptan y bautizan con el nombre de Marcelino. Se encariñan con él y dejan que haga cuantas travesuras quiere. Es la felicidad del lugar y por eso los frailes se negaron a darlo en adopción.
Luis Ángel Silva: Melón
Me mandó un emilio el señor Luis Manuel Ávila, quien celebra un año de vida de su revista Ritmos del Caribe por Internet. Empezaré por felicitarlo, ya que es loable el interés que manifiesta por el son hecho por mexicanos. Confieso que no he visto la revista y, por supuesto, ignoro su contenido, pero me complace muchísimo su interés por el son de México. Ojalá encuentre quien lo pueda orientar, porque en el pasado las notas acerca de esta expresión musical tan bella se pueden contar con los dedos de las manos. Hay un libro con entrevistas a soneros, titulado Recuerdos del son, que puede servir de referencia a ese pasado que fue llamado la época de oro del son cubano en México.
Narcotráfico: cambio de enfoque y soberanía
En medio del debate bipartidista por la dimensión y los alcances que tendrá el despliegue militar decidido por el gobierno de Washington en la frontera con México, la Casa Blanca envió ayer al Capitolio una propuesta para realizar modificaciones de fondo a la Iniciativa Mérida; de acuerdo con la propuesta, se reasignaría a acciones contra la corrupción y de defensa de los derechos humanos los recursos originalmente previstos para la dotación de helicópteros y aviones a las corporaciones mexicanas de seguridad. Tal iniciativa tiene como contexto el viraje emprendido por la administración de Barack Obama en materia de combate al narcotráfico y las adicciones, y que apunta a privilegiar la reducción de las segundas y a abandonar el enfoque militarista impuesto por anteriores gobiernos estadunidenses.
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El Correo Ilustrado
Recuerdan a Pedro López Díaz
Por este medio hacemos saber de la sensible pérdida del maestro Pedro López Díaz, fallecido en días pasados. Siempre se distinguió como un prestigiado académico, que logró enriquecer su labor docente con la práctica de la investigación científica en el campo de la economía y la ciencia política. Fue destacado impulsor de nuevas áreas de conocimiento en la estructura curricular de lo que fue la Escuela Nacional de Economía, actualmente Facultad de Economía. En tanto especialista en el campo de la economía política, recogió la estafeta del ilustre maestro Ramón Ramírez y desarrolló y consolidó el Seminario de El Capital.
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Jorge Camil: Diego
En la semana que estuvo desaparecido Diego Fernández de Cevallos murió, revivió, hizo campaña, y levantó como nadie en estos tres años la imagen del partido. Apareció su cadáver en un campo militar, cual víctima de una nueva guerra sucia, y su desaparición fue considerada a un tiempo secuestro, levantón, venganza, desavenencia con un cliente, mensaje del narco y un escalamiento de la guerra por parte del crimen organizado. Con un despliegue de prepotencia, decenas de militares, policías, aviones inteligentes y sabuesos peinaron su rancho y las inmediaciones buscando sus restos mortales. de Diego sonriente, enojado, joven, viejo, seguro de sí mismo y con el inseparable habano aparecieron en todos los periódicos y noticiarios nacionales. Las televisoras repetían imágenes de su momento de gloria: el debate presidencial con Cuauhtémoc Cárdenas y Ernesto Zedillo.
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Víctor M. Quintana S.: Elecciones asediadas
Los procesos electorales, una de las pocas expresiones de la balbuceante democracia mexicana, están en la mira de los asesinos y del fuego interno de los actores políticos. A poco más de un mes de que se celebren la mayoría de los comicios estatales de este año, los focos rojos se están multiplicando.
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Luis Javier Garrido: El silencio
La desaparición forzada de Diego Fernández de Cevallos el 14 de mayo, reconocida por la PGR como secuestro una semana después por el intento del gobierno de facto de Felipe Calderón de minimizar el asunto para reducir su impacto político y social, lejos de ello ha estremecido a amplios sectores al tiempo que ha conducido a poner en evidencia una serie de responsabilidades oficiales en el tenebroso asunto, enfrentando de nuevo a México con el problema de la escandalosa ineptitud y corrupción del gobierno panista.
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Paradójicamente para México, las celebraciones del bicentenario de los inicios del movimiento por la Independencia y el centenario del proceso revolucionario más importante en el ámbito mundial de principios del siglo XX –junto con la Revolución Rusa de 1917– están marcadas por el derrumbe de la credibilidad y legitimidad de las instituciones de la República surgidas de este movimiento armado, una violencia que en buena parte proviene del Estado y mantiene en permanente zozobra a la sociedad, una crisis económica profunda que afecta severamente a la mayoría de los mexicanos y la incertidumbre generalizada sobre la viabilidad del país hacía el futuro.
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José Cueli: El olmo de la libertad
Hace unos días en la cortina metálica de un comercio de la avenida de los Insurgentes, descubrí un grafiti que decía: México 2010, doscientos años sin pasado, doscientos años sin futuro. Sentí tristeza al imaginar al joven que así se expresaba, porque sus palabras significan la muerte de la esperanza y el principio del fin.
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Horizonte político
José Antonio Crespo
Greg: ¿judicialización electoral?
En regímenes poco democráticos (e incluso en aquellos que lo son plenamente) existe siempre la tentación de utilizar el aparato de justicia con fines político-electorales. Se trata de la violación a una regla esencial de la democracia. El PAN criticó siempre este uso político de la justicia. Pero, una vez en el poder, no le pareció tan mala la idea de repetir el esquema. Ocurrió primeramente durante el gobierno de Vicente Fox en el asunto de los videoescándalos en el Distrito Federal, no porque no hubiera habido un ilícito que había que perseguir y sancionar, sino por involucrar a la PGR y a la Secretaría de Gobernación en el manejo político del affaire. El desafuero de Andrés Manuel López Obrador cayó en ese mismo tenor, pues es claro que la infracción del entonces jefe de Gobierno era menor, al grado de que casos semejantes no habían generado una orden de aprehensión. Había una intencionalidad claramente político-electoral, según reconoció más tarde Fox (al afirmar que con la elección de 2006 se “desquitó” de su fracaso en el desafuero).
Por otro lado, un claro caso de judicialización electoral apareció durante la elección para gobernador de Jalisco, cuando la PGR sugirió una conducta delictiva en el candidato priista, Arturo Zamora, lo que pudo haberle restado los votos necesarios para abatir al impresentable Emilio González en una elección reñida, para enterarnos después de que no había fundamento. Lo vimos también menos directamente hace un año, cuando varios alcaldes de Michoacán fueron detenidos por presuntos vínculos con el narco, justamente en víspera electoral, y después muchos de ellos fueron liberados por falta de pruebas. Ahora viene la detención de GregSánchez, candidato de izquierda en Quintana Roo. ¿Es un asunto político o jurídico? ¿Es Greg culpable? No tengo elementos para asegurarlo o desmentirlo, pese a su mala fama y sospechosa trayectoria. Un juez de Toluca lo había exonerado y la PGR peregrinó hasta encontrar un juez en Nayarit que otorgó la orden de aprehensión. Como sea, muchos no ven racional que el gobierno haga esta movida, pues políticamente favorecería al PRI. Y la detención de Greg fue estupenda noticia para Enrique Peña Nieto, cuya buena estrella sigue brillando.
Había, es cierto, indicios de irregularidades en torno a Greg, como también ocurría con el candidato panista en Aguascalientes, Martín Orozco. Y ambos partidos temerariamente insistieron en mantener a su respectivo abanderado. Sobre advertencia no hay engaño. Sin embargo, el medidor más claro será lo que ocurra específicamente con GregSánchez. Si se confirma su culpabilidad, enhorabuena, pues se habrá prevenido la eventualidad de que un socio de los narcos llegue a la gubernatura (como lo fue Mario Villanueva). Si después de la elección resulta que no hay elementos suficientes para hallarlo culpable, será legítimo interpretar esto como una nueva acción político-judicial; se verá como un michoacanazo corregido y aumentado. Y la elección de Quintana Roo quedará manchada de ilegitimidad. Pero como eso es lo que menos importa a nuestros políticos —pues en México se trata de ganar, “haiga sido como haiga sido”—, propongo una reforma electoral que estipule más o menos lo siguiente: “Cuando uno de los candidatos sea aprehendido bajo cualquier cargo en medio de un proceso electoral, o acusado oficialmente, y después del proceso no hubo pruebas suficientes de culpabilidad, se anulará la elección y se celebrará una extraordinaria”. Serviría para disuadir de la judicialización electoral. Desde luego, en tal caso se jugaría con los tiempos para aclarar el tema hasta cuando fuera imposible celebrar una nueva elección. Nuestras leyes siempre tienen una rendija por donde es posible burlarla, y nuestros actores políticos son expertos en darles la vuelta y están siempre bien dispuestos a hacerlo. Algo habría qué pensar para evitar que los gobiernos de cualquier signo usen electoralmente la justicia penal, más aún si se reconoce, con Felipe Calderón, que en México ésta suele jugar al mejor postor.
MUESTRARIO. Que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa arrebate en los hechos al IFAI su carácter constitucional de “última instancia” en transparencia, es casi como si la Secretaría de Gobernación de pronto decidiera modificar o anular los fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, última instancia en materia electoral.
José Antonio Crespo
Greg: ¿judicialización electoral?
En regímenes poco democráticos (e incluso en aquellos que lo son plenamente) existe siempre la tentación de utilizar el aparato de justicia con fines político-electorales. Se trata de la violación a una regla esencial de la democracia. El PAN criticó siempre este uso político de la justicia. Pero, una vez en el poder, no le pareció tan mala la idea de repetir el esquema. Ocurrió primeramente durante el gobierno de Vicente Fox en el asunto de los videoescándalos en el Distrito Federal, no porque no hubiera habido un ilícito que había que perseguir y sancionar, sino por involucrar a la PGR y a la Secretaría de Gobernación en el manejo político del affaire. El desafuero de Andrés Manuel López Obrador cayó en ese mismo tenor, pues es claro que la infracción del entonces jefe de Gobierno era menor, al grado de que casos semejantes no habían generado una orden de aprehensión. Había una intencionalidad claramente político-electoral, según reconoció más tarde Fox (al afirmar que con la elección de 2006 se “desquitó” de su fracaso en el desafuero).
Por otro lado, un claro caso de judicialización electoral apareció durante la elección para gobernador de Jalisco, cuando la PGR sugirió una conducta delictiva en el candidato priista, Arturo Zamora, lo que pudo haberle restado los votos necesarios para abatir al impresentable Emilio González en una elección reñida, para enterarnos después de que no había fundamento. Lo vimos también menos directamente hace un año, cuando varios alcaldes de Michoacán fueron detenidos por presuntos vínculos con el narco, justamente en víspera electoral, y después muchos de ellos fueron liberados por falta de pruebas. Ahora viene la detención de GregSánchez, candidato de izquierda en Quintana Roo. ¿Es un asunto político o jurídico? ¿Es Greg culpable? No tengo elementos para asegurarlo o desmentirlo, pese a su mala fama y sospechosa trayectoria. Un juez de Toluca lo había exonerado y la PGR peregrinó hasta encontrar un juez en Nayarit que otorgó la orden de aprehensión. Como sea, muchos no ven racional que el gobierno haga esta movida, pues políticamente favorecería al PRI. Y la detención de Greg fue estupenda noticia para Enrique Peña Nieto, cuya buena estrella sigue brillando.
Había, es cierto, indicios de irregularidades en torno a Greg, como también ocurría con el candidato panista en Aguascalientes, Martín Orozco. Y ambos partidos temerariamente insistieron en mantener a su respectivo abanderado. Sobre advertencia no hay engaño. Sin embargo, el medidor más claro será lo que ocurra específicamente con GregSánchez. Si se confirma su culpabilidad, enhorabuena, pues se habrá prevenido la eventualidad de que un socio de los narcos llegue a la gubernatura (como lo fue Mario Villanueva). Si después de la elección resulta que no hay elementos suficientes para hallarlo culpable, será legítimo interpretar esto como una nueva acción político-judicial; se verá como un michoacanazo corregido y aumentado. Y la elección de Quintana Roo quedará manchada de ilegitimidad. Pero como eso es lo que menos importa a nuestros políticos —pues en México se trata de ganar, “haiga sido como haiga sido”—, propongo una reforma electoral que estipule más o menos lo siguiente: “Cuando uno de los candidatos sea aprehendido bajo cualquier cargo en medio de un proceso electoral, o acusado oficialmente, y después del proceso no hubo pruebas suficientes de culpabilidad, se anulará la elección y se celebrará una extraordinaria”. Serviría para disuadir de la judicialización electoral. Desde luego, en tal caso se jugaría con los tiempos para aclarar el tema hasta cuando fuera imposible celebrar una nueva elección. Nuestras leyes siempre tienen una rendija por donde es posible burlarla, y nuestros actores políticos son expertos en darles la vuelta y están siempre bien dispuestos a hacerlo. Algo habría qué pensar para evitar que los gobiernos de cualquier signo usen electoralmente la justicia penal, más aún si se reconoce, con Felipe Calderón, que en México ésta suele jugar al mejor postor.
MUESTRARIO. Que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa arrebate en los hechos al IFAI su carácter constitucional de “última instancia” en transparencia, es casi como si la Secretaría de Gobernación de pronto decidiera modificar o anular los fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, última instancia en materia electoral.
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