miércoles, junio 16, 2010

¿Cómo unir en la CNTE la combatividad de las secciones XVIII y XXII con simbolismo de la sección IX?



Pedro Echeverría V.


1. Las batallas por la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) nacieron desde que fue fundado en 1943 este poderoso sindicato. Antes que se creara existían por lo menos cinco organizaciones magisteriales que se disputaban la representatividad, pero fue el gobierno de Ávila Camacho y su secretario de Educación, Torres Bodet, quienes intervendrían para eliminar el carácter "socialista" del artículo Tercero Constitucional y para imponer el orden, de manera corporativa, entre las diferentes organizaciones en pugna. Las luchas por la democratización y la independencia sindicales han existido siempre, pero sólo tuvieron una gran presencia a principios de los sesenta con el othonismo y el MRM y a partir de 1979 con la creación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que hoy agrupa a unos 300 mil del millón y medio sindicalizado.


2. La sección IX del SNTE (de la CNTE), con más de 60 mil profesores que atienden las escuelas de la ciudad de México, realizará mañana jueves 17 una importante movilización con el objetivo de plantear sus demandas centrales:


a) reconocimiento del comité ejecutivo electo por más del 80 por ciento de los delegados al congreso;


b) entrega del porcentaje de cuotas que les ha correspondido –por lo menos- en los últimos dos años;


c) autorización de comisiones para las gestiones sindicales correspondientes;


d) respeto a la democracia y la independencia sindicales y,


e) total apoyo a las demandas que la sección ha realizado ante la SEP para beneficio de los maestros y del sistema educativo. Por lo menos 50 mil maestros de preescolar y primaria apuntalan al comité ejecutivo de la Novena encabezado por los profesores Francisco Bravo, Pedro Hernández y otros compañeros.


3. ¿Por qué la sección novena, la más importante del SNTE por ubicarse en la ciudad de México y por su historia de luchas en los años sesenta, no ha podido movilizar –de manera consecuente- a los 50 mil profesores que la apoyan? En primer lugar porque los dirigentes no han tenido el tiempo ni los recursos para reunir y orientar de manera permanente a los profesores y en segundo lugar porque muchos profesores tienen dobles turnos o dobles plazas que los ocupa todo el día. Los mismos directivos acuden al local sindical a hacer gestiones que requieren los maestros después del intenso trabajo de todo el día en las escuelas. Exactamente lo contrario del liderismo espurio o charro que preside Esther Gordillo, que cuenta con decenas de miles de comisionados para hacer política sindical donde la líder les ordene. Así que el trabajo sindical en la sección novena ha sido de lo más difícil por falta de tiempo.


4. La otra cara de la CNTE, las secciones más destacadas por sus luchas, son la sección XXII de Oaxaca y la XVIII de Michoacán. Los profesores de estas secciones, igual de numerosas de la IX del DF, se han distinguido por movilizar más contingentes y por realizar más actividades sindicales en el resto de la República. Desafortudamente las diferencias político-sindicales entre estas secciones determinan la divisiones y confrontaciones dentro de la misma CNTE. Sin embargo no puede negarse que el trabajo de ambas secciones, junto con otras: Guerrero, Chiapas, Morelos, Zacatecas, Tlaxcala, han hecho que la CNTE, en sus treinta años de vida, siga dando la batalla contra el sindicalismo charro enquistado en el SNTE desde su fundación. En cada una de esas secciones ha habido mejores condiciones para la consolidación de la política sindical que en la ciudad de México.


5. Como participante por décadas en la CNTE he insistido en la enorme importancia que tendría que la sección IX (de primarias), así como la X (de profesores de secundaria del DF) recibiera el activismo solidario –para superar la falta de tiempo- de los profesores de Oaxaca, Michoacán y de otros estados donde la CNTE es fuerte. He sido siempre de la idea que "el motor grande debe mover a los otros pequeños motores", es decir, que una vez consolidada las secciones IX y X de aquí se organizaría todo el activismo sindical por la tradición mexicana de que aquí se concentran todos los poderes. Basta con ver que en el edificio sindical de Belisario Domínguez (donde funcionó hasta principios de los setenta el Comité Nacional) están ahora la IX, la X, la XI y la XXXVI, así como la Instancia Nacional de la CNTE. Además que sus auditorios son espacios de reuniones políticas, académicas y culturales.


6. Los líderes espurios gordillistas del SNTE, que reciben más de 2 millones de pesos mensuales en cuotas de un millón y medio de afiliados, y que además cuentan con 10 mil comisionados y el apoyo total de los gobiernos panistas y priístas, pueden desplomarse junto al sistema nacional de dominación. El charrismo, aunque aún poderoso por la cantidad de recursos que posee, es como el gigante con pies de barro. Se le puede derrumbar con la fuerza unida de los profesores democráticos, no con políticas confrontadoras que ayudan a la división. ¿Cómo es posible tener al frente una política educativa privatizadora que busca enterrar la educación pública, laica y popular y los profesores de origen campesino y popular no hayan logrado frenar ese proceso? Por eso una de las más importantes batallas que debe librar la CNTE es la lucha ideológica, sobre todo con los profesores de las grandes ciudades.


7. La CNTE lleva 30 años de lucha pero, a pensar de sus permanentes batallas, parece estancada; sin embargo en los últimos meses han llegado profesores de otras seis o siete secciones (Puebla, San Luis, Quintana Roo, Baja California, Jalisco, Guanajuato, Veracruz) dispuestos a sumarse a la lucha por la independencia sindical. De manera desafortunada dentro de la CNTE se refleja la división entre las izquierdas y centroizquierda. Por eso es importante que se sigan discutiendo de manera abierta las estrategias políticas sindicales evitando caer en el chismorreo y la carencia de fundamentos políticos claros. La consolidación de las secciones IX y X, ubicadas en la ciudad de México será un factor clave para el encuentro de la unidad de la CNTE. Por eso la manifestación que organizará mañana la sección IX reviste mucha importancia y por ello mismo debemos apoyarla con todas nuestras fuerzas.


pedroe@cablered.net.mx

Calderón y su carta
José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 16 de junio (apro).- Pocas veces un presidente escribe una carta pública y, a mi parecer, sólo lo hace cuando va a anunciar la toma de una decisión importante y explicar a la ciudadanía las razones y circunstancias por las cuales lo hace.

En esta ocasión, Felipe Calderón escribió una larga carta titulada “La lucha por la seguridad pública”, y pagó millones de pesos en las páginas de los principales diarios para justificar su guerra contra el crimen organizado desde el inicio de su gobierno, guerra que, por cierto, va perdiendo.

Dice el dicho que mal acaba el que empieza disculpándose, y eso es lo que Calderón hace, precisamente, en el desplegado público, en el que implícitamente reconoce que ha fallado su estrategia militar y anuncia un cambio para dar la lucha por la seguridad pública.

Como si quisiera justificar su trabajo, es decir su estrategia de guerra contra el narcotráfico, Calderón emitió esa misiva –que en algunos diarios llenó cuatro páginas completas, con un costo millonario– para ofrecer su verdad.

Sin embargo, en su escrito nunca explica las razones por las cuales metió al Ejército y la Marina en esa lucha, tampoco menciona por qué no ha ido al fondo en las investigaciones para detener a gobernadores, presidentes municipales, banqueros, legisladores y funcionarios de todos los niveles involucrados con el crimen organizado. Es una misiva que carece de honestidad y sinceridad.

Para Calderón, según el texto, es fundamental aclarar que no se combate el narcotráfico, sino el crimen organizado, y que la lucha es por la seguridad pública. Es decir, corrigió semánticamente su declaración de guerra contra el narco por la de lucha por la seguridad pública.

Pero en toda su argumentación jamás aparecen los factores sociales (marginación), económicos (miseria y pobreza), financieros (concentración de la riqueza) y políticos (corrupción) que han dado paso al crecimiento de ese grupo de poder envuelto en el narcotráfico y que ha rebasado ya al Estado.

La carta del presidente panista comenzó a circular el fin de semana anterior, días después de que se registró una de las jornadas más violentas en lo que va de su sexenio, con más de 100 muertos en enfrentamientos con policías, militares o entre los mismos cárteles en Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Guerrero y Sinaloa.

Algunas de esas muertes fueron ejecuciones que se presentaron cuando Felipe Calderón estaba fuera del país, asistiendo al mundial de futbol de Sudáfrica; otras, mientras publicaba su carta de buenas intenciones.

En ese contexto, el documento parece la rendición o la capitulación de su gobierno ante el poderío cada vez más creciente de los distintos cárteles del narcotráfico en todo el país, que lo mismo comercializan la droga que cobran impuestos, extorsionan a comerciantes y empresarios, secuestran o desaparecen a cientos de mexicanos, sin ningún reparo de la autoridad.

El desamparo en que vive la sociedad desde hace unos tres años no es cosa de percepción, como intenta justificar el gobierno de Calderón cuando responsabiliza a los medios de crear este ambiente de miedo. Es producto de la suma de errores de los diferentes gobiernos que se han dejado corromper y que no han hecho nada para proteger a la sociedad.

Hoy Calderón pretende dar un giro en la estrategia de combate al narcotráfico con un discurso distinto, anunciando que se tomará en cuenta el aspecto de salud, prevención, nuevas leyes y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Curiosamente también anunció que intenta crear una nueva imagen del país contratando a especialistas que le ayuden a hacerlo.

La cortedad de su política nuevamente se manifiesta en esas dos acciones. Una vez más se nota su ánimo de reaccionar –de ahí viene la acepción de reaccionario– y no de pensar en cómo resolver de fondo los graves problemas que aquejan al país
Margarita Zavala "la presidenta mafiosa del DIF", acusa el PRI
Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 16 de junio (apro).- Legisladores del PRI en la Comisión Permanente acusaron a Margarita Zavala de ser la “presidenta mafiosa del DIF”.

Los diputados acusaron a la esposa del presidente Felipe Calderón de aprovechar su visita en Oaxaca para hacer proselitismo a favor de del candidato opositor en esa entidad, Gabino Cué.

La denuncia priísta se da un día después de que el dirigente nacional del PAN, César Nava, acusara al gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, de utilizar recursos públicos para apoyar a los candidatos del PRI,

En conferencia de prensa en el Senado, Adolfo Toledo Infazón, Manuel Cadena y Héctor Pablo Ramírez acusaron a Zavala de haber utilizado recursos públicos en un acto de apoyo a comunidades indígenas, realizado la víspera en Oaxaca.

“La presidenta honoraria del DIF usó recursos públicos. Estaba el Estado Mayor Presidencial en un acto público (que presidió Zavala) donde se entregaron recursos públicos. Creo que más claro ni el agua”, afirmó Pablo Ramírez.

Los senadores del PRI denunciaron que se han asignado 130 millones de pesos del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) para la campaña del PAN en Aguascalientes, y presentaron un punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República integre a la brevedad la averiguación previa A-10/07385, remitida por la Procuraduría del estado de Aguascalientes, de la cual se deriva que existe posible comisión de delitos electorales en aquella entidad.

Y solicitaron la comparecencia del titular de Desarrollo Social, Heriberto Félix, para que explique la utilización de programas de apoyos sociales.
Hacia un nuevo régimen
Marta Lamas

MÉXICO, D.F., 16 de junio.- ¿Por qué México va tan mal? No sólo padecemos la violencia desatada por el combate al narco sino también las otras violencias persistentes: las de la desigualdad social, la mala política y el mal gobierno. ¿Cómo construir una política que se aboque a terminar con las vergonzosas brechas de pobreza que aún persisten? ¿Qué impide a nuestros gobernantes desarrollar su gestión sin tropiezos? ¿Por qué no se construye un piso de acuerdos que permita al país seguir líneas de desarrollo que lo saquen del estancamiento y la brutal desigualdad social?

La transición de 2000 mostró una importante energía, pero el entusiasmo por “sacar al PRI de Los Pinos” no condujo a una verdadera discusión de ideas y se enfocó en cambios simbólicos, pero no de fondo. Cuando –más que adaptarse a colores y discursos distintos– hubo que hacer una política diferente, tomando en serio el combate a la desigualdad, favoreciendo la inclusión social, incorporando a los adversarios, estableciendo formas imprescindibles de redistribución de la riqueza y alentando la necesaria expansión de libertades, aparecieron los problemas, y con ellos el cansancio, la desconfianza y la desesperanza de la ciudadanía.

Los anhelos democráticos de los últimos años están frustrados. La batalla de los partidos contra el autoritarismo, contra el Estado burocrático, contra las costumbres políticas paralizantes no ha conseguido instalar una política distinta, más igualitaria, más transparente y más eficaz. El panorama político es ominoso. La pregunta que muchas personas nos hacemos es la de siempre: ¿qué hacer?

El Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), dirigido actualmente por Ricardo Becerra, ha publicado un cuaderno titulado Equidad social y parlamentarismo con sólidas propuestas para enfrentar la problemática del cambio –ya imprescindible– en la esfera de gobierno y en las estructuras económicas del país. Esta reflexión es, por así decirlo, una toma de posición ante la reciente propuesta de reforma política de Felipe Calderón y las posturas que algunos intelectuales han expresado en relación con ésta. El documento ha sido discutido y trabajado por un equipo de 26 personas, entre las que se encuentran los anteriores directores del instituto (José Woldenberg, Luis Salazar y Luis Emilio Giménez Cacho), así como destacados intelectuales y especialistas en política y en la cuestión social (Rolando Cordera, Enrique Provencio, Raúl Trejo Delarbre, Mauricio Merino, Rosa Elena Montes de Oca, Leonardo Lomelí y Ciro Murayama, por nombrar sólo a unos cuantos).

A partir de un diagnóstico sobre lo que ha sucedido en los últimos 20 años en México, el documento se construye sobre dos ejes: la desigualdad y la forma de gobernar. Por eso la propuesta de Equidad social y parlamentarismo se concentra en dos reformas para cambiar a México: a) la creación de unas políticas económicas cuyo eje principal sea disolver la pobreza y la desigualdad social y b) la construcción de un régimen de gobierno distinto: el parlamentario.

Por limitaciones de espacio sólo menciono la propuesta sobre el parlamentarismo, pues además es la más novedosa. En sociedades democráticas políticamente eficientes gran parte de la energía se canaliza hacia determinadas metas compartidas, que se definen mediante intensos y complejos debates, pero que luego todos los partidos políticos apoyan. En México esa energía se consume en feroces peleas o en sabotear los actos y propuestas del adversario. Lamentablemente para todos, el antagonismo partidario pesa más que cualquier posibilidad de coincidencia en un objetivo compartido. El texto del IETD inicia señalando la ilusión política de pensar que un partido en solitario puede gobernar el país a partir de obtener el tercio mayoritario de los votos, y considera que de ahí se desprenden “el roce constante, el aislamiento, la dificultad de sacar adelante iniciativas, las complicaciones en la gobernabilidad, la soledad del Poder Ejecutivo”. De cara a las elecciones de 2012 lo más seguro es que ninguno de los partidos obtendrá una mayoría contundente; gobernar sin ésta volverá a ser el dato estructural que provoca los fallos y debilidades ya mencionadas.

La solución no es, como piensan algunos, “fortalecer” al partido gobernante para que imponga sus propuestas sino justamente lo contrario: que el partido que gobierna lo haga junto con las demás fuerzas políticas, definiendo de manera conjunta prioridades y el propio programa de gobierno. En ese sentido, el IETD señala que la gran tarea de nuestra incipiente democracia no consiste en restringir el pluralismo político, sino al contrario: en incluir a todos en la definición del rumbo del país. Para cumplir este objetivo se requiere de un sistema parlamentarista, o sea, uno donde se arman coaliciones entre distintas posturas partidarias. Hay que romper muchos círculos viciosos (el clientelismo, por ejemplo) para transformar a nuestro Estado en un estado de derecho que garantice los derechos fundamentales de todas las personas.

Para el instituto la solución a los grandes problemas nacionales exige recuperar la crítica y la reflexión colectivas. Por eso ha puesto su diagnóstico y propuesta a disposición del público en: www.iedt.org. Se los recomiendo.

La corte de la Injusticia...


Corte exculpa a Molinar, Karam y Bours
Jorge Carrasco Araizaga

México; DF; 16 de junio (Apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación implicó en violación grave de garantías sólo a autoridades de nivel medio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del anterior gobierno de Sonora y de la expresidencia municipal de Hermosillo en el incendio de la guardería ABC que provocó la muerte de 49 niños y heridas a 104 más, en junio del año pasado.

Pese a reconocer que hubo violación grave de garantías fundamentales en la tragedia, la Corte exculpó al exdirector del IMSS, Francisco Molinar Horcasitas; al actual director, Daniel Karam; y al exgobernador de Sonora, Eduardo Bours.

Como autoridades directamente involucradas, los ministros señalaron el miércoles a siete exfuncionarios: dos de la anterior presidencia municipal de Hermosillo, tres del gobierno de Eduardo Bours y dos del IMSS.

Según lo acordaron el martes pasado, no se trata del establecimiento de responsabilidades, sino sólo de la mención de “autoridades vinculadas con la violación grave de garantías fundamentales”.

En el caso del Seguro Social mencionaron a Arturo Leyva Lizárraga, delegado estatal del IMSS en Sonora de 2006 a 2009, y Noemí López Sánchez, titular del Departamento Delegacional de Guarderías, de 2001 a 2009.

Del gobierno de Bours, identificó a Wilebaldo Alatriste Candiani, quien fue titular de la Unidad Estatal de protección Civil; Fausto Salazar Gómez, ex director general de Recaudación de la secretaría de Hacienda de Sonora; y a Jorge Luis Melchor Islas, ex subdirector de Control Vehicular de la secretaría de Hacienda.

A nivel municipal señaló a Jesús Davis Osuna, ex director de inspección y vigilancia, y a Roberto Copado Gutiérrez, ex director de unidad de protección civil. La Corte excluyó al expresidente municipal Ernesto Gándara Camou.

Como garantías violadas mencionaron los derechos del niño, el derecho a la protección de la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la seguridad social y el derecho a la salud.

Los ministros decidieron además excluir de la comisión de esas violaciones al dueño, al director y al administrador de la guardería, en tanto que se trata de particulares ya que sólo a las autoridades se les puede imputar la violación de derechos humanos.

Al final de tres días de sesiones matutinas y vespertinas, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijo que los ministros hicieron lo que pudieron: “El fallo tiene los límites estructurales” establecidos en la Constitución.

“Nuestra declaración no exculpa ni exonera a nadie. Lo que hace es determinar la existencia de violaciones graves… Las responsabilidades política, penal y administrativa le corresponde a las autoridades constitucionalmente encargadas”, dijo.

El ministro Arturo Zaldívar, autor del dictamen que proponía el señalamiento de 14 funcionarios, se sostuvo en su posición de incluir a Molinar Horcasitas, Daniel Karam y Eduardo Bours. Con él votaron los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza. El ministro José Ramón Cossío sólo favoreció el señalamiento de Bours.

La mayoría de ministros exculpó también al IMSS. Por seis votos a cinco, negaron la existencia de un desorden generalizado en el otorgamiento, operación y vigilancia de las guarderías subrogadas por la institución.

El aval de los ministros al funcionamiento de las guarderías subrogadas se sumó a su decisión, adoptada el martes, de evitar el señalamiento de responsables de la tragedia y al reconocimiento legal del sistema de subrogación de las estancias infantiles.

En la votación que exculpó al IMSS del incendio, la diferencia la hizo Ortiz Mayagoitia, quien a pesar de reconocer la existencia de graves violaciones a derechos fundamentales, hizo una enfática defensa del IMSS:

“En el caso del sistema de guarderías del Seguro Social no hay... ningún desorden; ninguna prueba demuestra que alguna de las guarderías preste un mal servicio, ni que los usuarios hayan protestado por esa causa. He recibido comentarios en otro sentido, el sistema de guarderías es por regla general satisfactorio para los usuarios”.

Ortiz Mayagoitia, quien en las dos semanas anteriores se reunió en varias ocasiones con el exidrector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, añadió: “Tampoco hay desorden documental. El Seguro Social lleva un expediente por cada una de las mil 480 guarderías, los tiene ordenados y bajo control”.

Esa posición de Ortiz fue compartida por los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, Luis María Aguilar y Sergio Valls.

En contra votaron el autor del dictamen, Arturo Zaldívar, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.

Zaldívar había dictaminado que además de las fallas en materia de protección civil, el “desorden generalizado” en el sistema de guarderías fue causa del incendio. Pero ante la mayoría que se perfilaba en contra de su proyecto advirtió: “No vaya ser que responsabilicemos sólo al señor que cerraba la puerta”, advirtió.

Aunque el martes, por ocho votos a tres el pleno determinó que la Corte no señalará responsables de la tragedia, Zaldívar insistió en que ante la falta de políticas públicas y reglas para la operación de las guarderías, se debe señalar desde “el director del IMSS para abajo”.

Con esa votación, la mayoría de ministros desestimó la revisión hecha por peritos del Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM y la Auditoría Superior de la Federación, dependiente de la Cámara de Diputados.

“El resultado de dichas revisiones es irrefutable”, dijo Zaldívar. Explicó que sólo el tres por ciento de las guarderías, de las mil 480 subrogadas por el IMSS, se ajusta a todos los requisitos necesarios para su funcionamiento.

Añadió que más del 50 por ciento de ellas ha omitido vigilar que los prestadores del servicio de guardería cumplan con estándares mínimos previstos en las Normas Oficiales Mexicanas y en las legislaciones federales, estatales y municipales.

Además, dijo, “las irregularidades en materia de protección civil encontradas en la mayoría de las guarderías s son intolerables si se toma en cuenta que son niños pequeños los que acceden a este servicio respecto a los cuales el Estado tiene deberes de protección reforzada”.

Objeto de intensas críticas de asociaciones médicas a raíz de su propuesta de responsabilizar a Molinar Horcasitas y al actual director del IMSS Daniel Karam, el ministro Zaldívar respondió: “Quienes denigran a las instituciones son los malos servidores públicos, no quienes criticamos a esos servidores púbicos… Lo que estamos haciendo es proteger a las instituciones de este país, que deben estar marcadas por la protección de los derechos fundamentales y una ética pública… Es un truco asegurar que cuando se critica a un funcionario se critica a la institución”.

La mesa política de Aristegui con ; Dresser, Aguayo y Meyer...

Aquí se incluyen los videos del programa del día Lunes 14 de Junio de 2010.

Segmento 1

Segmento 2

Segmento 3

Escuchalos con Carmen Aristegui: los lunes a las 9:00 horas a través de MVS Radio en el 102.5 FM en el D.F. MVS Radio o en www.mvsnoticias.com

La columna de Pedrito Echeverría...

La Acción Directa contra la explotación, el burocratismo, la paralización, el asambleísmo y la traición
Las medidas sindicales de Acción Directa de los obreros argentinos son una muestra de que hay que trabajar por ese camino.
Pedro Echeverría V.

1. El Sindicato Luz y Fuerza de Mar de Plata, Argentina, a partir de las ocho de la mañana de ayer 15 de junio, y por espacio de dos horas, llevó a cabo en el complejo “EMZO” de la calle 214 y Vértiz un paro y concentración de afiliados al Sindicato. Esta medida es parte de una serie de paros que se llevarán adelante con el objetivo de detener la impunidad y el desprecio de la Empresa EDEA por las leyes laborales y la Convención Colectiva de Trabajo que se traduce en: el ingreso irregular de personas al escalafón, la discriminación salarial entre los trabajadores, persecución y sanciones impunes a delegados y afiliados que reclaman sus derechos laborales, maltrato de la jefaturas intermedias con el objetivo de demostrar dominio e instalar miedo sobre los trabajadores (Informó el boletín de Internet “Rebanadas de Realidad”)

2. Los obreros argentinos han sido a través de las décadas, de los sectores más avanzados del movimiento obrero en América Latina a pesar del control vertical que han tenido los gobiernos y los empresarios sobre la Confederación General de Trabajadores. Las batallas masivas de los desempleados piqueteros, las luchas en las calles y las huelgas generales obreras, las Acción Directa en las fábricas y para denunciar el oportunismo y el burocratismo de las dirigencias sindicales, así como los paros y bloqueos que permanentemente practican, les ha dado enormes experiencias. EL imperio yanqui y los poderosos empresarios y políticos argentinos han unido sus fuerzas contra el movimiento obrero independiente; sin embargo las batallas de estos sectores populares pronto se intensificarán para recuperar las batallas que se registraron hace 10 años.

3. El paro del sindicato Luz y Fuerza es una de las muchas formas de Acción Directa inscritas desde hace más de 150 años en las luchas de los trabajadores. A.D. –según se define- significa que la resolución de conflictos debe ser abordada por los implicados sin delegación ni mediación alguna; que los individuos deben implicarse ellos mismos en la consecución de los fines que persiguen sin recurrir a terceros, de lo contrario la autonomía individual se diluye y el resultado no será el más adecuado a las necesidades exclusivas de los afectados. Se trata de la autoorganización de los implicados en la consecución de un fin concreto.[] Generalmente se suele asociar el término "acción directa" a acciones violentas, no obstante la acción directa es simplemente la resolución de un conflicto por parte de los implicados sin intermediarios, lo que no implica necesariamente acciones violentas.

4. Acción Directa no es una determinación individual sino colectiva, pero siempre busca evitar decisiones burocráticas, de asambleísmo y legaloides que retrasan todo y no solucionan nada. Recuerdo que en 1975, cuando preparábamos la huelga de la UNAM, se despidieron a algunos profesores de dos o tres Facultades y lo que de inmediato hizo el sindicato (SPAUNAM) fue plantear una demanda jurídica para defenderlos, asunto que nunca progresó; por lo contrario cuando se pretendió cesar a dos profesores de Arquitectura los profesores de ésta –sabiendo que la vía jurídica no funcionaba- sin pasar por la dirigencia sindical, se fueron por la acción directa e inmediatamente realizaron un paro junto con los estudiantes, con la amenaza de hacerlo definitivo y obligaron a Rectoría a dar pasos atrás. La AD superó la línea burocrática, legalista e inefectiva.

5. Cuando se fundó el sindicato STEUNAM en 1972 no necesitó el reconocimiento de la secretaría del Trabajo o de las autoridades de la UNAM. Bastó con que tuviera el apoyo de los trabajadores y empleara el camino de la movilización combativa para que sea reconocido en los hechos y la prueba es que hizo una gran huelga y luego fue reconocida en la práctica. Cuando a López Obrador se le amenazó con meterlo a la cárcel en 2005 después de ser desaforado del gobierno del DF y se le pidió que sacara un amparo para que no fuera detenido, él se burló de las amenazas y profundizó la movilización de millones de simpatizantes. La burguesía foxista dio pasos atrás. ¿Para qué carajos sirven las leyes en México sino para aplicarlas contra los débiles? ¿Cómo pueden respetarse las leyes en el país si los tres poderes están al servicio del capital?

6. ¿No nos damos cuenta acaso los mexicanos que todos los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) son parte y sirven a la clase dominante y los usan para dar esperanzas a los ingenuos? ¿Creen acaso que alguna vez esos poderes corruptos van a castigar a los asesinos de las guarderías, a los defraudadores de Fobaproa, los saqueos de Salinas y de Fox; van a darle la razón a las luchas de los electricistas, a los mineros, a Lidia Cacho, a los presos de Atenco, a los acusaciones de la APPO contra Ulises, etcétera? Los trabajadores del campo y la ciudad no deben confiar ni un ápice en sus enemigos, sus leyes y formas de justicia. ¿Acaso confiar o esperanzarse en la Suprema Corte no ha sido una ingenuidad? Si no comienzan a pensar en las políticas de Acción Directa, es decir, en acciones organizadas de masas que tomen las calles y las plazas, serán siempre derrotados.

7. Por eso las medidas sindicales de Acción Directa de los obreros argentinos son una muestra de que hay que trabajar por ese camino. No es provocar violencia o romper el diálogo que no existe; es respetarnos y hacernos respetar, es demostrar a los trabajadores que no somos limosneros ni estamos dispuestos a que el gobierno o los empresarios se sigan burlando de nosotros. En lugar de crear “mesas de diálogo” y más zarandajas que sirven de entretenimiento -ampliamente probadas que sirven para un carajo- hay que buscar unir fuerzas con otros organismos de masas para realizar acciones contundentes, poderosas, que obliguen a la burguesía a resolver los problemas. Muchas veces da la impresión de que las “mesas de diálogo” sólo sirven para lucirse y no para resolver los problemas. ¿No es vergonzoso acaso que –como el caso del EPR- los dialoguistas no tengan quien los reciba en sus citas en Gobernación?

pedroe@cablered.net.mx

PROTESTAN SINDICATOS SUDAFRICANOS CONTRA POLITICA ANTILABORAL DEL GOBIERNO MEXICANO

Caso Cananea llega a Mundial de Sudáfrica



Los mayores sindicatos de Sudáfrica llamaron a sus trabajadores a protestar en los partidos de México en el Mundial de futbol, a fin de llamar la atención sobre lo que denominaron el "régimen fascista" de ese país y el trato dado a un líder gremialista mexicano.

México, que abrió su campaña en la Copa del Mundo con un empate 1-1 contra el anfitrión Sudáfrica, se medirá con Francia en Polokwane el 17 de junio y ante Uruguay en Rustenburg el 22 de junio por el Grupo A. Ambas ciudades están en el cinturón minero del norte de Sudáfrica y miembros de la NUM y de otros sindicatos cercanos instaron a protestar en los partidos, sobre todo con pancartas, dijo Komane. "El objetivo principal es enviar un mensaje, no interrumpir (los partidos)", dijo Oupa Komane, secretario general adjunto del Sindicato Nacional de Mineros (NUM, por sus siglas en inglés), en una conferencia de prensa.

El Mundial, el primero que se disputa en territorio africano, ha estado en su mayoría libre de protestas políticas, mientras algunos grupos de trabajadores locales han amenazado con interrumpir el espectáculo deportivo para presionar por salarios más altos.
Una declaración conjunta del NUM y otros sindicatos, que reúnen unos dos millones de miembros, también convocó a una marcha hacia la embajada de México en Pretoria el 28 de junio, en apoyo al líder sindical de la minería mexicana Napoleón Gómez.

Gómez Urrutia está acusado por el Gobierno mexicano de retirar millones de dólares en cuentas bancarias privadas.
El sindicalista huyó a Canadá en el 2006 después de ser derrocado como líder de los mineros, pero sus partidarios dicen que el Gobierno orquestó su caída para instalar un sustituto de mayor cooperación. Desde entonces ha sido reelecto, pero el Gobierno de México se niega a reconocer su posición. La declaración del NUM calificó de falsos los cargos de corrupción y dijo que era vital para todos los trabajadores unirse contra "el ataque continuo y el terror desatado por el régimen mexicano fascista y contrarrevolucionario".

Los sindicatos de Sudáfrica fueron una importante fuerza impulsora en la lucha contra el apartheid y a pesar de que el régimen de segregación racial impuesto por la minoría blanca terminó en 1994, siguen siendo una fuerza social muy potente. Los sindicatos exigen un alza del 18% de sus sueldos y amenazaron con una huelga esta semana de hasta 16,000 trabajadores por las utilidades de la compañía energética Eskom, una medida que podría afectar el suministro de energía durante la Copa del Mundo.

La semana pasada, cientos de policías federales mexicanos apoyados por helicópteros terminaron una huelga de tres años en la mina de cobre más grande del país, enfureciendo a los sindicatos mineros.
Huelga de hambre del SME concentra el apoyo de indicatos internacionales
La huelga de hambre se ha difundido en todo el mundo y ha hecho que sindicatos de Canadá y EU, Brasil, Uruguay, Perú, Argentina, Bolivia, Venezuela hayan reiterado su apoyo a las demandas del SME
Patricia Muñoz Ríos | La Jornada

Este miércoles en el campamento del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) instalado en el Zócalo capitalino, el trabajador Cayetano Cabrera Esteva cumple 53 días en huelga de hambre, mientras cuatro mujeres trabajadoras llegan a su día 44 en este ayuno masivo, el cual ha querido ignorar el gobierno federal, pero en el plano internacional ha permitido que se vuelque la solidaridad de gremios de muchos países en favor de esta lucha, indicó la organización.

La huelga de hambre se ha difundido en todo el mundo y ha hecho que organizaciones sindicales de Canadá y Estados Unidos, encabezadas por el Consejo Laboral y la AFL-CIO, así como gremios de Brasil, Uruguay, Perú, Argentina, Bolivia, Venezuela y del resto del continente, hayan reiterado su adhesión y apoyo a las demandas del SME, y repudiado la política laboral mexicana, hizo ver esta organización.

Adelantó que incluso se están alistando los espacios de este campamento, porque en los próximos día se sumarán otros 10 trabajadores al ayuno.

También sostuvo que a la par de la huelga, un grupo de electricistas en resistencia mantienen su plantón en el acceso principal de la sede de la Secretaría del Trabajo, pues la lucha es en todos los frentes. Por eso, en la 99 convención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se celebra en Ginebra, Suiza, el dirigente del SME, Martín Esparza, presentará el caso de este gremio este miércoles.

El saldo de la lucha es positivo al SME, puesto que desde diversas posturas ideológicas y políticas el movimiento sindical internacional está en favor del gremio e incluso se le están abriendo puertas diferentes para que se exponga la problemática de los electricistas mexicanos en foros como el próximo congreso de la Confederación Sindical Internacional, a realizarse próximamente en Vancouver, Canadá.

En el campamento del SME, la voz de la organización Familia Pasta de Conchos –la cual se instaló en el mismo sitio desde el jueves pasado y anunció que se va a retirar sólo cuando se resuelvan sus demandas– se hizo escuchar, ya que desde este foro social exigió al gobierno federal que deslinde responsabilidades administrativas y penales en que hayan incurrido funcionarios del gobierno de Coahuila, incluido Humberto Moreira, el cual ha sido incapaz de fundamentar la toma policiaca de la mina 8 unidad Pasta de Conchos.

Indicó que a pesar de que habían citado a las familias con el objetivo específico de entregarles la supuesta orden de la Dirección General de Minas,nunca pudieron mostrar un solo documento que ordenara tal medida; los funcionarios incurrieron en continuas contradicciones.

Refirió que de acuerdo con el gobernador, éste se vio forzado a implementar tal medida debido a que recibió la orden desde la Secretaría de Economía, y al negarse podría ser acusado de desacato.

Esas declaraciones contradicen lo manifestado por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, quien manifestó públicamente que ninguna instancia del gobierno federal ordenó ni tuvo conocimiento de que se preparara el operativo por el cual Grupo México retomó el control de la mina que había abandonado todos estos años.

Ante estas contradicciones, “en las que es evidente que una de las dos instancias miente –o ambas–”, la Familia Pasta de Conchos considera que en caso de ser cierto que el gobierno federal no lo ordenó ni tuvo conocimiento de que ocurriría, esto implica una invasión de facultades y competencias, así como la probable comisión de abuso de autoridad.

Boletín de prensa:
Complicidad de instituciones del estado y federales ante la impunidad en San Juan Copala
Lo que acontece en Copala tiene un denominador común que la CCIODH ha denunciado en Chiapas, Atenco: combaten los procesos de autonomía mediante la represión o la actuación de grupos paramilitares.
Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH)


“La Comisión considera que los hechos ocurridos en Oaxaca son un eslabón de una estrategia jurídica, policiaca y militar, con componentes psicosociales y comunitarios cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista” (Informe de la CCIODH, 2007)

Esta fue la primera de las conclusiones que emitimos tras nuestra visita a Oaxaca a finales de enero de 2007. Consideramos que el cerco armado con el que desde finales de 2009 se somete al municipio de San Juan Copala en el estado de Oaxaca reitera con crudeza la necesidad de insistir sobre el diagnóstico que la CCIODH realizó en aquel momento frente al conjunto de conflictos que afectan a dicha región mexicana.

Hay que recordar que pese a la vulneración múltiple de derechos individuales y colectivos que el cerco armado implica, cuya gravedad se intensifica cada día que pasa, y pese a la clara identidad de los responsables de tales violaciones (UBISORT-Unión de Bienestar Social de la Región Triqui, organización vinculada al PRI), no ha habido ninguna intervención para levantarlo por parte del estado.

A esta situación ya de por sí inaceptable, se le suman los últimos sucesos acaecidos ya denunciados en el anterior boletín de la CCIODH:

Por un lado, el ataque a la primera caravana humanitaria de solidaridad y observación realizada el pasado 27 de abril en la que resultaron asesinados la activista y defensora de Derechos Humanos Beatriz Cariño y el observador internacional Jyri Jaakkola. Todos los indicios, así como las amenazas públicas de Rufino Juárez Hernández (dirigente de UBISORT) contra la caravana, apuntan a que los responsables de la acción arnada y de los asesinatos son miembros del grupo paramilitar UBISORT.

Por otro lado, los asesinatos del lider triqui y promotor de la autonomía Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Tleriberta Castro Aguilar acaecidos el pasado 20 de mayo.

Los nuevos acontecimientos, no hacen más que agravar la situación de sitio en la que se encuentra el Municipio:

El pasado 8 de junio, una nueva caravana solidaria partió hacia San Juan Copala con la intención de romper el cerco impuesto por UBISORT, así como para llevar ayuda humanitaria a los habitantes del municipio autónomo. De nuevo, fue notificada públicamente así como de forma particular a las autoridades responsables para que garantizaran: el derecho a la libre circulación, la seguridad de las más de 350 personas que participaban y la llegada de 30 toneladas de suministros a los habitantes de la comunidad.

La caravana salió acompañada de una considerable presencia policial dado el contexto de amenazas existente. Ni aun así pudo llegar a su destino. La policía no quiso actuar ni posibilitar el paso de la caravana. Dicho contingente policial no rechazó, y con ello habilitó, las amenazas y las acciones de bloqueo realizadas por miembros de UBISORT. Finalmente, la fuerza pública, pese a la evidencia de la actuación delictiva que estaban presenciando, se retiró y recomendó la finalización de la caravana por razones de seguridad.

La condición que impuso UBISORT para dejar pasar la caravana fue que sus miembros formaran parte de la misma y entraran en San Juan Copala. Resulta evidente que se trataba de una condición imposible por inaceptable, que solo pretendía servir de soporte a la decisión de las autoridades de no hacer nada para asegurar que la caravana podía acceder al municipio cercado.

Ante estos últimos acontecimientos, la CCIODH concluimos que:

Las autoridades, nuevamente, no dan cumplimiento a su obligación constitucional de dar protección y seguridad a una iniciativa de la sociedad civil pacífica y humanitaria para hacer llegar los suministros y romper el cerco al que está sometido de forma violenta y armada el municipio autónomo en defensa de su derecho reconocido a organizarse.

La complicidad de instituciones del estado y federales en estos hechos tan graves, apoya y confirma la impunidad de los agresores y conforma el patrón de control y amedrentamiento en contra del municpio autónomo de San Juan Copala por parte de organismos del estado cuya obligación es la contraria: hacer respetar derechos fundamentales reconocidos por la constitución mexicana y las normas internacionales.

A más de un mes de los asesinatos ocurridos el 27 de abril y de las declaraciones efectuadas por el Presidente de México en la cumbre de Madrid ante la presidenta de Finlandia en las que manifestó la máxima celeriadad en la investigación, detención y debido proceso de los responsables directos de estos hechos delictivos, no se ha producido ninguna actuación que permita confiar en que así ocurra ni por parte de las autoridades de Oaxaca ni por parte de las autoridades federales.

En este sentido se ratifica un patrón de actuación ya denunciado en el informe de la CCIODH de 2007: “6- Los poderes públicos no han garantizado el pleno ejercicio de la libertad de expresión, pensamiento, asociación, reunión, participación política, libre circulación y manifestación. Se ha impedido mediante el uso de la fuerza física y la coacción el ejercicio de estos derechos fundamentales”.

Lo que acontece hoy en San Juan Copala, tiene un denominador común que la CCIODH ha denunciado en Chiapas, Atenco, Oaxaca: en todos ellos se combaten los procesos de autonomía legítimos y pacíficos mediante la represión directa o mediante la actuación de grupos paramilitares protegidos y amparados por las autoridades. Esta situación explosiva anuncia un aumento de la violencia que impide, al no tratar las causas de los conflictos, llegar a acuerdos que permitan una solución justa y dialogada

Las autoridades de San Juan Copala han llamado a insituciones internacionales para que aseguren la llegada de los suministros a las comunidad y con ello se rompa el cerco al que están sometidos. Es responsabilidad de estas instituciones coadyugar activamente para que sea posible. En otras palabras: será responsabilidad de las instituciones los efectos que puedan derivarse de la continuidad del cerco armado.
La indefensión e impunidad generalizadas por la falta de respuesta institucional, fuerza a la sociedad civil nacional e internacional la que tendrá que interpelar y movilizarse para que los derechos individuales y colectivos del pueblo de San Juan Copala sean respetados.

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