Julio Hernández López: Astillero
Al más depurado estilo de la casa, la compañía especializada en desalojos, Calderón Hirviente SA de CV, procedió ayer a dar temprano cumplimiento a las solicitudes de servicio presentadas por uno de sus principales clientes, el Grupo México, representado por Su Excelencia, el distinguido empresario Germán Larrea Mota, que así podrá recuperar el control de dos de sus múltiples propiedades mineras, las de Cananea y Pasta de Conchos. Las faenas de evacuación fueron solícitamente supervisadas e impulsadas por el secretario de trabajos porriles e imprecación social, Javier Lozano, y por las policías tanto federal como estatales, éstas a cargo de los capataces de apellidos Padrés y Moreira, comisionados en las haciendas de Sonora y Coahuila.
Las mineras fiestas neoporfiristas de conmemoraciones históricas a la inversa coincidieron con la presentación en sociedad de Iniciativa México (http://iniciativamexico.org), el muy aplaudido proyecto de unidad nacional, olvido de agravios y vista puesta al frente (sobre todo, en los próximos partidos de la selección de futbol, y en los magníficos anuncios de superación personal y nacional declamados por el nuevo padre de la patria electrónica, Javier Aguirre y Costilla) que Televisa y sus pajes periodísticos, intelectuales y políticos inauguraron ayer para ponerle buena cara al terrible presente. ¡Oh sí: piensa positivo, sé buena onda, construye en lugar de destruir, propón en lugar de criticar, come frutas y verduras y México comenzará a cambiar! (Si la fórmula no funciona en las dos próximas décadas, ya se tendrá oportunidad de inventar nuevas formas de entretenimiento y mediatización que contengan los ánimos sociales explosivos: ¡ponte la verde!).
El muy anunciado golpe contra los mineros de Cananea tensa extraordinariamente las relaciones del gobierno especializado en desahucios con el sindicalismo llamado independiente (que finalmente suele arreglarse bien con los patrones, en una especie de chuchismo proletario) pero, sobre todo, agrega rasgos altamente preocupantes a la faz de por sí tan sombría del calderonismo que pareciera dispuesto a arremeter sin atenuantes contra todo aquello que no esté incluido en su menú de rediseño de México a partir de ideología y hechos identificables con el porfirismo, el franquismo y el santannismo. Luego del significativo golpe contra el SME, la Banda de Los Pinos insiste en el libreto del descontón a oscuras, del emplazamiento provocador de los policías, del manejo faccioso del aparato jurídico laboral, del uso mentiroso de los medios de comunicación y de las falsas zanahorias de la indemnización por encima de los montos normales (¡hasta seis veces más de lo que marca la ley!, anunciaba ayer Lozano), la recontratación ventajosa, nuevas inversiones, mejoría social: ¡Iniciativa Grupo México (por cierto, el jefe Larrea, principal accionista de ese Grupo, dueño de Industrial Minera México, es miembro del consejo de administración de Televisa)!
En las pantallas de televisión (el lugar donde la realidad es reconstruida a conveniencia de los patrones) no había tanto jaleo y enojo. Al contrario, con placidez ejemplar convivían, por ejemplo, los jefes máximos del duopolio dominante, Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, virtualmente tomados de la mano para demostrar que sí se puede, que sí se pudo. Como distinguidos testigos de honor asistían el rector de la UNAM, José Narro, acompasado a los aires simuladores de la Iniciativa pensada para dar continuidad y solidez al esquema de explotación e injusticia que más bien debería denunciar el máximo representante de una Casa de Estudios combatida y repelida por la amalgama de intereses allí alegremente conjuntados. Y el precandidato a lo que sea, Juan Ramón de la Fuente, a cuyos afanes de postulación a cualquier cargo ayuda la comparecencia del rector de la UNAM, que así granjea buenas voluntades a futuro electoral del voluntarioso ex secretario de salud durante el zedillismo.
Borbotea el Calderón social mexicano pero Felipe alista maletas (no se habla de los jugadores) para ir a Sudáfrica a participar en la ceremonia inaugural del torneo global de balompié que ayudará al trágico gobierno mexicano a fortalecer la desmemoria popular. Los priístas acusan al viajero (con boleto de regreso) de usar los recursos públicos, en especial el programa Oportunidades, para promover electoralmente al PAN, mientras el licenciado Navalú aprovecha para irse contra los políticos del partido tricolor y empatar judicialmente el marcador. La Red por los Derechos de la Infancia en México asegura que en los cinco años recientes han muerto 900 niños en el marco de la guerra contra el narcotráfico, cien de ellos en lo que va del presente año, y todavía están pendientes los esclarecimientos justicieros de múltiples casos que involucran a niños y jóvenes, pero el balompédico Felipe asegura que el Ejército sigue escrupulosamente los lineamientos que le marca la CNDH en materia de respeto a derechos humanos.
La noche mediática futbolera va cayendo y ésa es buena hora para ocultar, deformar y distraer. Los electricistas en huelga de hambre son presionados por la izquierdista administración de Ebrard para que se hagan a un lado y dejen ver en pantallas gigantes el entretenimiento televisado. Las ejecuciones continúan y se fortalecen las especulaciones turbias sobre el verdadero origen del secuestro del jefe Diego. El caso ABC ha sido evadido por Los Pinos mediante más demagogia y escenografía. Y por el país merodea el fantasma de algo que insiste en llamarse elecciones estatales. Pero hoy, lo importante para muchos, comenzando por el ocupante de Los Pinos, que ha confirmado su visita a Sudáfrica, es el distractor balompié. ¡Goooooool!
Y, mientras llega la caravana de paz a San Juan Copala sin ser agredida, ¡hasta mañana, con el generoso Calderón extendiendo el beneficio de la duda en cuanto a la forma en que fue asesinado un mexicano por agentes estadunidenses fronterizos!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Al más depurado estilo de la casa, la compañía especializada en desalojos, Calderón Hirviente SA de CV, procedió ayer a dar temprano cumplimiento a las solicitudes de servicio presentadas por uno de sus principales clientes, el Grupo México, representado por Su Excelencia, el distinguido empresario Germán Larrea Mota, que así podrá recuperar el control de dos de sus múltiples propiedades mineras, las de Cananea y Pasta de Conchos. Las faenas de evacuación fueron solícitamente supervisadas e impulsadas por el secretario de trabajos porriles e imprecación social, Javier Lozano, y por las policías tanto federal como estatales, éstas a cargo de los capataces de apellidos Padrés y Moreira, comisionados en las haciendas de Sonora y Coahuila.
Las mineras fiestas neoporfiristas de conmemoraciones históricas a la inversa coincidieron con la presentación en sociedad de Iniciativa México (http://iniciativamexico.org), el muy aplaudido proyecto de unidad nacional, olvido de agravios y vista puesta al frente (sobre todo, en los próximos partidos de la selección de futbol, y en los magníficos anuncios de superación personal y nacional declamados por el nuevo padre de la patria electrónica, Javier Aguirre y Costilla) que Televisa y sus pajes periodísticos, intelectuales y políticos inauguraron ayer para ponerle buena cara al terrible presente. ¡Oh sí: piensa positivo, sé buena onda, construye en lugar de destruir, propón en lugar de criticar, come frutas y verduras y México comenzará a cambiar! (Si la fórmula no funciona en las dos próximas décadas, ya se tendrá oportunidad de inventar nuevas formas de entretenimiento y mediatización que contengan los ánimos sociales explosivos: ¡ponte la verde!).
El muy anunciado golpe contra los mineros de Cananea tensa extraordinariamente las relaciones del gobierno especializado en desahucios con el sindicalismo llamado independiente (que finalmente suele arreglarse bien con los patrones, en una especie de chuchismo proletario) pero, sobre todo, agrega rasgos altamente preocupantes a la faz de por sí tan sombría del calderonismo que pareciera dispuesto a arremeter sin atenuantes contra todo aquello que no esté incluido en su menú de rediseño de México a partir de ideología y hechos identificables con el porfirismo, el franquismo y el santannismo. Luego del significativo golpe contra el SME, la Banda de Los Pinos insiste en el libreto del descontón a oscuras, del emplazamiento provocador de los policías, del manejo faccioso del aparato jurídico laboral, del uso mentiroso de los medios de comunicación y de las falsas zanahorias de la indemnización por encima de los montos normales (¡hasta seis veces más de lo que marca la ley!, anunciaba ayer Lozano), la recontratación ventajosa, nuevas inversiones, mejoría social: ¡Iniciativa Grupo México (por cierto, el jefe Larrea, principal accionista de ese Grupo, dueño de Industrial Minera México, es miembro del consejo de administración de Televisa)!
En las pantallas de televisión (el lugar donde la realidad es reconstruida a conveniencia de los patrones) no había tanto jaleo y enojo. Al contrario, con placidez ejemplar convivían, por ejemplo, los jefes máximos del duopolio dominante, Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, virtualmente tomados de la mano para demostrar que sí se puede, que sí se pudo. Como distinguidos testigos de honor asistían el rector de la UNAM, José Narro, acompasado a los aires simuladores de la Iniciativa pensada para dar continuidad y solidez al esquema de explotación e injusticia que más bien debería denunciar el máximo representante de una Casa de Estudios combatida y repelida por la amalgama de intereses allí alegremente conjuntados. Y el precandidato a lo que sea, Juan Ramón de la Fuente, a cuyos afanes de postulación a cualquier cargo ayuda la comparecencia del rector de la UNAM, que así granjea buenas voluntades a futuro electoral del voluntarioso ex secretario de salud durante el zedillismo.
Borbotea el Calderón social mexicano pero Felipe alista maletas (no se habla de los jugadores) para ir a Sudáfrica a participar en la ceremonia inaugural del torneo global de balompié que ayudará al trágico gobierno mexicano a fortalecer la desmemoria popular. Los priístas acusan al viajero (con boleto de regreso) de usar los recursos públicos, en especial el programa Oportunidades, para promover electoralmente al PAN, mientras el licenciado Navalú aprovecha para irse contra los políticos del partido tricolor y empatar judicialmente el marcador. La Red por los Derechos de la Infancia en México asegura que en los cinco años recientes han muerto 900 niños en el marco de la guerra contra el narcotráfico, cien de ellos en lo que va del presente año, y todavía están pendientes los esclarecimientos justicieros de múltiples casos que involucran a niños y jóvenes, pero el balompédico Felipe asegura que el Ejército sigue escrupulosamente los lineamientos que le marca la CNDH en materia de respeto a derechos humanos.
La noche mediática futbolera va cayendo y ésa es buena hora para ocultar, deformar y distraer. Los electricistas en huelga de hambre son presionados por la izquierdista administración de Ebrard para que se hagan a un lado y dejen ver en pantallas gigantes el entretenimiento televisado. Las ejecuciones continúan y se fortalecen las especulaciones turbias sobre el verdadero origen del secuestro del jefe Diego. El caso ABC ha sido evadido por Los Pinos mediante más demagogia y escenografía. Y por el país merodea el fantasma de algo que insiste en llamarse elecciones estatales. Pero hoy, lo importante para muchos, comenzando por el ocupante de Los Pinos, que ha confirmado su visita a Sudáfrica, es el distractor balompié. ¡Goooooool!
Y, mientras llega la caravana de paz a San Juan Copala sin ser agredida, ¡hasta mañana, con el generoso Calderón extendiendo el beneficio de la duda en cuanto a la forma en que fue asesinado un mexicano por agentes estadunidenses fronterizos!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Enrique Galván Ochoa: Dinero
Es el Distrito Federal una ciudad mal comunicada? Si lo es. ¿Necesita vías rápidas que muevan a sus millones de habitantes? También es cierto. ¿Una de las necesidades es enlazar a Santa Fe con el sur de la capital? Así es. Entonces, se preguntarán ustedes, ¿por qué hace tanto ruido el proyecto que conectaría Santa Fe con Luis Cabrera? Son varios los motivos. Uno de ellos lo expuso recientemente el investigador del Instituto de Biología de la UNAM Luis Zambrano: la obra afectará severamente el área de recarga del acuífero de la ciudad. El túnel traerá consigo la desecación de los mantos freáticos y paulatinamente por donde pasará en puente elevado se genera urbanización desmedida alrededor y se acelerará el hundimiento en el suelo de la ciudad. Bastaría ese argumento para reflexionar seriamente y buscar alternativas. El agua es el problema número uno de la metrópoli y los hacinamientos humanos se cuentan entre los primeros 10. Y hay más inconvenientes. Sin embargo, se comenta que Marcelo Ebrard ya le dio luz verde. Incluso se habla de que la empresa española OHL se llevará el millonario contrato. En el vecino estado de México ha quedado mal, además de que el peaje que fijó a los automovilistas está fuera de la realidad. Finalmente, ¿si Roma tuvo su vía Apia por qué el Distrito Federal no tendría su vía Marcelo? Será la cereza del pastel del año de Hidalgo.
La mancha negra
A cada nueva desgracia repetimos: ¡nomás eso nos faltaba! Es cuestión de tiempo: la mancha negra llegará inevitablemente a las playas de México. En las últimas horas han logrado reducir el flujo de petróleo, pero no han podido tapar por completo el pozo de British Petroleum. Posiblemente no sea mucho lo que puedan hacer las autoridades mexicanas para detener el golpe que afectará a la pesca, al turismo y a la ecología. Sin embargo, sí deberían poner atención a la imperiosa necesidad de desarrollar fuentes de energía verde. No es que los días del petróleo estén contados, pero se impondrán limitaciones fuertes a las empresas que se dedican a su explotación.
El iPhone 4
Apenas anunció la semana pasada que las ventas de su computadora iPad habían rebasado la cifra de dos millones de equipos, y ahora Steve Jobs anuncia una nueva versión de su celular, el iPhone 4. Saldrá a la venta el próximo día 24. Nada barato. Costará 199 dólares el modelo de 32 gigabytes y 299 el de 32. Integra una cámara de fotografía, video de alta definición y un módulo para teleconferencias. ¿Y los clientes que ya compraron los modelos anteriores? Éstos seguirán funcionando normalmente, pero sin las monerías del iPhone 4. Y eso que los competidores ya daban por muerto a Steve Jobs, cuando se ausentó varios meses de la oficina. Tenía cáncer de páncreas, le transplantaron uno nuevo.
Carlos Fernández-Vega: México SA
Apurado por dejar resueltas las incomodidades que sufren algunos de sus cuates, antes de iniciar su trascendental viaje a Sudáfrica con fines estrictamente futboleros (un plus de su paso por Los Pinos), Felipe Calderón ordenó el asalto a las minas Cananea y Pasta de Conchos, jugosas concesiones federales otorgadas al inenarrable barón del cobre Germán Larrea, amigo de los amigos y destacado pagador de campañas electorales.
El inquilino de Los Pinos movió rápidamente sus piezas (Gobernación, Policía Federal, el pianista poblano, los gobernadores de Sonora, el arrepentido, y el de Coahuila, el bailador, y sus respectivas policías estatales) para beneficiar a la oligarquía minera y solucionar –a punta de garrotazos– un par de añejos conflictos, en beneficio del zar del cobre, quien no puede desaprovechar la oportunidad que le brinda el mercado internacional, toda vez que el precio de ese metal reporta un modesto incremento de 110 por ciento, lo que sin duda coadyuvará a su ascenso en la famosa lista Forbes de multimillonarios mexicanos (actualmente ocupa, con casi 10 mil millones de dólares, el tercer lugar nacional entre los ricos de los ricos).
Cuatro años han transcurrido desde la tragedia en Pasta de Conchos (19 de febrero de 2006), en la que 65 mineros murieron. Cuatro largos años y los deudos siguen en espera de justicia, la cual –como siempre en estos casos– se mantiene prófuga. El gobierno federal (el de Fox y el de Calderón) nada hizo a favor de las familias afectadas (los cuerpos de 63 mineros se mantienen bajo toneladas de rocas). Paralelamente, tres largos años con el conflicto de Cananea a cuestas, por el que han pagado miles de mineros y sus familias, cuando en el problema se limita a desacuerdos cupulares (Germán Larrea y Napoleón Gómez Urrutia). Pero como viene el mundial, y al inquilino de Los Pinos se le queman las habas, ordenó la garrotiza como solución (obvio es que favorable al empresario).
Eso sí, por compromisos de hacer respetar la ley el gobierno calderonista no paró. ¿Cómo se estrenó en el pendiente de Pasta de Conchos? Pues bien, el autodenominado secretario del Trabajo, Javier Lozano declaró (19 de febrero de 2007) que “Industrial Minera México (de Germán Larrea y su Grupo México) tuvo la mayor parte de la responsabilidad en el accidente de la mina, porque estaba obligada por ley a cumplir con condiciones de seguridad… no voy a solapar a ningún servidor público que pudiera estar involucrado, ni taparé a ningún personaje, por más importante que sea” (¿se les hace familiar la declaración? Guardería ABC, por ejemplo).
Decía Lozano que a la Secretaría del Trabajo no le corresponde señalar culpables, sino será la Secretaría de la Función Pública la que determine si hubo o no responsabilidad de servidores públicos, así como las procuradurías General de la República y estatal, las que verán la situación tanto de la empresa como de los funcionarios; mientras, la Secretaría de Economía tiene que ver el dictamen que emita el Sistema Geológico Mexicano y lo referente a la concesión del yacimiento. Ninguna de las instituciones citadas por el pianista movió un pelo.
Por su parte, el entonces director general del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, denunció que Industrial Minera México (de Germán Larrea) no sólo subcontrató a sus trabajadores, sino que registró a los mineros de Pasta de Conchos con salarios menores a los realmente cubiertos, para pagar menos cuotas, en detrimento de las finanzas de la institución, con lo que se configura el fraude contra el Estado. Lo anterior, reconocido ante los integrantes de la comisión legislativa de seguimiento a las investigaciones por la explosión en Pasta de Conchos. Sin embargo, ni una sola denuncia legal en contra del consorcio privado y su práctica fraudulenta.
A su vez, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, por las mismas fechas denunció que desde la Presidencia de la República Vicente Fox Quesada me pidió procesar y enviar a prisión a inocentes por la tragedia en la mina Pasta de Conchos; desde la dirigencia del Partido Acción Nacional me presionan para que no encarcele a los verdaderos responsables de la muerte de los 65 mineros; hubo otras atrocidades, como cuando Fox, en mi cara, en Los Pinos, me pidió que hiciera cosas que no tienen moral: que inventara delitos a otras personas, que distrajéramos la atención; soy víctima de una serie de presiones de gente del gobierno o del PAN para que no encarcelemos al ex delegado de la Secretaría de Trabajo en Coahuila, Pedro Camarillo Adame. No voy a mover un dedo para que libren el pellejo quienes están involucrados en el asesinato, en la muerte de coahuilenses. Son responsables, hay gente que es responsable y que trabajó en la administración pasada y va a tener que ser encarcelada.
El 17 de enero de 2007, Felipe Calderón mantuvo una entrevista informal con Maribel Rico Montelongo, familiar de uno de los 65 mineros que fallecieron en Pasta de Conchos. Durante la charla, el Ejecutivo federal aseguró que la mina no será cerrada, además que se hará todo lo posible para que los cuerpos sean rescatados y tengan cristiana sepultura. Dos semanas después, Industrial Minera México despidió a 250 trabajadores para cerrar transitoriamente la mina, y la cristiana sepultura se dejó para tiempos mejores.
Es un rápido paseo por los compromisos que a cuatro años de distancia terminaron en garrotazos y desalojos (tal cual lo hizo Carlos Salinas en 1989 para justificar la privatización de la Compañía Minera de Cananea, ahora Mexicana de Cananea, y su posterior regalo a la familia Larrea). Como siempre, se gobierna con discursos. Nadie presentó denuncias penales; los responsables de Pasta de Conchos se mantienen impunes y el conflicto en Cananea se resolvió en contra de los mineros, por el simple hecho de que el gobierno calderonista, como los de Moreira y el de Bours-Padrés (y antes el de Fox) sólo cuidan los intereses de Germán Larrea. En síntesis, los gobiernos serviles en esta democracia de, por y para los empresarios (Fox dixit). El resto, que se joda.
Y qué bueno, porque, resuelto el problema, Calderón se va tranquilo al Mundial de Sudáfrica, mientras Minera México seguirá pagando (si en realidad lo hace) 5 pesos por hectárea concesionada.
Las rebanadas del pastel
A Germancito Larrea nada mal lo han tratado los gobiernos panistas: en 2001 Forbes le atribuyó una fortuna de mil millones de dólares; para 2009 ya acumulaba casi 10 mil millones, un incremento de mil por ciento en un país en el que la economía crece 2 por ciento, cuando va bien.
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
Cristina Barros y Marco Buenrostro: Itacate
En el recetario Así se come en Champotón, de Aracely Castillo Negrín, el chile es frecuente, sobre todo los que se han cultivado tradicionalmente en la península, como el ixcatic, el cut y el blanco. El ixcatic se encuentra en salsas y como condimento pero también relleno de cazón.
Otra presencia importante es la del maíz. Son muy gustados en todo Campeche diferentes tipos de tamales, como los llamados colados, los torteados y los tobilitos; otros son el brazo de mestiza, el tamal de especie y el llamado pan de xpelón, que es un frijol regional que suele cultivarse en la milpa peninsular.
El gobierno, contra los sindicatos
Con los desalojos policiales de las minas de Cananea, Sonora, y Pasta de Conchos, Coahuila, efectuados entre las últimas horas del pasado domingo y la mañana de ayer, lunes, el gobierno federal ratificó su orientación antisindical y su determinación a resolver, por medio de la fuerza policial, los conflictos laborales. En el caso que involucra al sindicato minero y al Grupo México, concesionario de ambos socavones, fue el propio Ejecutivo federal el que, en tiempos de Vicente Fox, echó a andar el conflicto, al criminalizar a la dirigencia sindical luego de que ésta exigió justicia para los 46 trabajadores que murieron en Pasta de Conchos en febrero de 2006, a consecuencia de fallas de seguridad atribuibles a la empresa y a las propias autoridades laborales, que son las encargadas de verificar las medidas de protección. Desde entonces el gobierno ha perseguido judicialmente al secretario general del sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, y ha intervenido sin recato en la vida interna de esa organización.
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El Correo Ilustrado
Se trató a mineros como enemigos
Cobijados por la oscura noche fueron desalojados los mineros de Cananea, Sonora, y horas después las viudas de Pasta de Conchos, Coahuila. Sus demandas no fueron cumplidas. Estas operaciones, casi militares, fueron hechas en un momento que se pierde entre notas periodísticas sobre el próximo Mundial de futbol. Sin embargo queda una larga huelga que conllevó al desgaste económico y emocional de los trabajadores. Sus demandas nunca fueron escuchadas y ahora, como si fueran el enemigo de esta nación, se les desaloja en forma desproporcionada. Tres años no sirvieron para hacer entender al gobierno que el trabajo realizado por los mineros debe pagarse justamente, así como tener mejores condiciones de trabajo por los riesgos que conlleva.
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Marco Rascón: Crisis, símbolo nacional
La crisis no es en México un fenómeno determinado, un error, una coyuntura o un accidente, sino una identidad inherente al ser nacional.
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Magdalena Gómez: El destino del SME ante la Corte
La huelga de hambre que mantienen mujeres y hombres integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) forma parte de las múltiples vías que se han intentado para recuperar la fuente de trabajo que les fue despojada de manera arbitraria. Constituye también una forma de llamar la atención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las graves implicaciones sociales, políticas y humanas que tendrá la posición que asuma al resolver el caso SME. Y que no se llamen a escándalo alegando que no aceptan presiones, cuestión que además de no ser veraz denota una visión sobre el derecho y la justicia de la que la realidad que el país está viviendo no se compadece. Hay de presiones a presiones: cuando los funcionarios de alto nivel o los prominentes abogados van a desayunar a la Corte están cabildeando y se vale, pero cuando los movimientos sociales afectados por decisiones de jueces y magistrados reclaman movilizados resulta inaceptable.
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Luis Hernández Navarro: Cañada Honda: la convicción del normalismo rural
El pasado 2 de junio, las estudiantes de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, de Cañada Honda, se presentaron a las instalaciones del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) para negociar un pliego petitorio. Como las autoridades se negaron a dar respuesta a sus demandas, ocuparon las oficinas educativas. Horas después, elementos de Seguridad Pública estatal los desalojaron con lujo de violencia y detuvieron a 23 jóvenes.
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José Blanco: Vándalos
La espantosa maraña política de la educación mexicana crece sin freno y se llena de más intemperancia y conflictividad porque es un inmenso rompecabezas sin fin: los protagonistas no sólo no buscan acuerdos, se repelen; el conjunto del aparato educativo no se corresponde con las necesidades de la sociedad, y los gobiernos y los políticos carecen de la capacidad para resolver las ingentes y crecientes trabas que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha puesto al país por décadas.
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Pedro Miguel: Violencia y resistencia
Como no tienen legitimidad que preservar y como además el orden social está roto, los funcionarios del calderonato y los cacicazgos priístas estatales y sindicales se permiten cualquier cosa: organizar escuadrones de la muerte y presumirlo en público; tolerar y justificar la muerte de civiles a manos del Ejército; embolsarse carretadas de dinero; entregar vastas riquezas públicas a particulares; decir mentiras tan escandalosas como que la Constitución habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer (Calderón) o que el cadáver de Paulette estuvo nueve días enredado en un edredón sin que se dieran cuenta familiares, policías ni perros que se encontraban en el sitio (empleados de Peña Nieto); dar impunidad a los responsables de la muerte de los niños en la guardería ABC de Hermosillo; desaparecer por decreto una empresa eléctrica de propiedad nacional y dejar a más de 40 mil personas en el desempleo; permitir que las bandas de Ulises Ruiz asesinen a activistas y dirigentes en San Juan Copala y otros puntos de Oaxaca; encarcelar a personas inocentes y a líderes sociales y lograr, para los segundos, condenas absurdas; pisotear los derechos de los trabajadores y lanzar a los federales –al servicio de los empresarios privados y a balazos, en el más puro estilo porfirista– contra mineros y sus familiares en Cananea y Pasta de Conchos.
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Javier Flores: El senador Madero y la UNAM
El doctor José Narro Robles ha señalado en varias ocasiones que la educación, la ciencia y la cultura son los instrumentos con los que México puede alcanzar mayores niveles de desarrollo y equidad. Ha hecho evidentes también –apoyado no en creencias, sino en los datos más rigurosos disponibles a escala mundial– las fallas del actual modelo de desarrollo económico, que mantiene y profundiza la desigualdad. Ha destacado como problema sumamente grave la falta de oportunidades para los jóvenes de nuestro país.
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Teresa del Conde/ I: Conmemoraciones centenarias: un libro pertinente
Estoy entre las personas que consideraron improcedente el traslado de los posibles restos de los próceres independentistas al Museo Nacional de Historia, donde serán examinados.
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Ricardo Rocha
Detrás de la Noticia
ABC: incendio provocado
No es fácil tenerlo en las manos. Sus páginas todavía queman. Y sobre todo duelen. Porque establecen lo que muchos han venido negando siquiera como posibilidad: el incendio de la guardería ABC en Hermosillo fue intencional y provocado por uno o varios sujetos desde la bodega colindante de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora.
Esta no es la única pero sí la principal conclusión del peritaje realizado por David Smith y su equipo de la Associated Fire Consultants Incorporates. Se trata de un experto reconocido internacionalmente, de absoluta imparcialidad y cuyo único propósito es un diagnóstico científico de qué fue lo que pasó aquel 5 de junio de 2009.
No se requiere ser un especialista para inferir que se trata de un estudio serio, sólido y contundente. Examiné el original en inglés, del cual tengo una copia en video. Tengo también una traducción impresa al español, aprobada por su autor. En ambos, estremece enterarse que sin lugar a dudas se descarta cualquier otro origen del incendio. La conclusión es que se trató de una “fuente de ignición directa, como una flama”, con ayuda de un líquido combustible.
Por supuesto que horroriza también la interrogante de quién o quiénes estaban interesados en incinerar documentos oficiales —y con qué propósito— justo al lado de la precaria barda que dividía la bodega de la guardería en el galerón del inflamable techo común.
Pero igualmente asombra que este peritaje se haya realizado desde el mes de enero y no hubiese trascendido hasta ahora. La explicación es que los padres de Manos Unidas —menos belicosos que los del Movimiento 5 de Junio— querían coadyuvar con las investigaciones del gobierno federal y buscaron a un experto incuestionable, entregando sus resultados a la Procuraduría General de la República a cargo de la indagatoria oficial. Pero ocurre que ahora están desesperados porque hasta el momento la propia PGR se ha negado a ratificar la validez de este dictamen técnico por razones que nunca les han explicado. Es más, me dicen que enteraron al presidente Calderón de todo este episodio en la pasada reunión del miércoles 2 en Los Pinos. Aunque siguen sin respuesta.
Por tanto, las preguntas son válidas: ¿por qué el gobierno federal se ha negado a reconocer el Informe Smith? ¿Por qué ni siquiera se ha mostrado dispuesto a discutirlo? ¿Por qué no lo ha hecho público? Y, finalmente, ¿es ésta la información privilegiada que ha hecho que el señor Gómez Mont diga tan orondo que no descarta que el incendio haya sido intencional?
No es fácil tenerlo en las manos. Sus páginas todavía queman. Y sobre todo duelen. Porque establecen lo que muchos han venido negando siquiera como posibilidad: el incendio de la guardería ABC en Hermosillo fue intencional y provocado por uno o varios sujetos desde la bodega colindante de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora.
Esta no es la única pero sí la principal conclusión del peritaje realizado por David Smith y su equipo de la Associated Fire Consultants Incorporates. Se trata de un experto reconocido internacionalmente, de absoluta imparcialidad y cuyo único propósito es un diagnóstico científico de qué fue lo que pasó aquel 5 de junio de 2009.
No se requiere ser un especialista para inferir que se trata de un estudio serio, sólido y contundente. Examiné el original en inglés, del cual tengo una copia en video. Tengo también una traducción impresa al español, aprobada por su autor. En ambos, estremece enterarse que sin lugar a dudas se descarta cualquier otro origen del incendio. La conclusión es que se trató de una “fuente de ignición directa, como una flama”, con ayuda de un líquido combustible.
Por supuesto que horroriza también la interrogante de quién o quiénes estaban interesados en incinerar documentos oficiales —y con qué propósito— justo al lado de la precaria barda que dividía la bodega de la guardería en el galerón del inflamable techo común.
Pero igualmente asombra que este peritaje se haya realizado desde el mes de enero y no hubiese trascendido hasta ahora. La explicación es que los padres de Manos Unidas —menos belicosos que los del Movimiento 5 de Junio— querían coadyuvar con las investigaciones del gobierno federal y buscaron a un experto incuestionable, entregando sus resultados a la Procuraduría General de la República a cargo de la indagatoria oficial. Pero ocurre que ahora están desesperados porque hasta el momento la propia PGR se ha negado a ratificar la validez de este dictamen técnico por razones que nunca les han explicado. Es más, me dicen que enteraron al presidente Calderón de todo este episodio en la pasada reunión del miércoles 2 en Los Pinos. Aunque siguen sin respuesta.
Por tanto, las preguntas son válidas: ¿por qué el gobierno federal se ha negado a reconocer el Informe Smith? ¿Por qué ni siquiera se ha mostrado dispuesto a discutirlo? ¿Por qué no lo ha hecho público? Y, finalmente, ¿es ésta la información privilegiada que ha hecho que el señor Gómez Mont diga tan orondo que no descarta que el incendio haya sido intencional?
Alberto Aziz Nassif
¿Es posible la justicia en México?
Una parte muy importante de los problemas que tiene el país para llegar a tener una democracia con mayúsculas pasa por las debilidades y obstáculos que tiene el Estado de derecho. Esta debilidad se expresa en la desastrosa impartición de justicia que tenemos, la cual es uno de los factores más preocupantes del Estado mexicano. Una expresión de este complejo problema es la abrumadora impunidad: en un estudio reciente el especialista Guillermo Zepeda habla de un índice de 98.76% (CIDAC). Este grave déficit en nuestra vida pública nos lleva a revisar lo que ha pasado con la tragedia de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde hace un año murieron 49 niños y más de 70 resultaron lesionados.
Amartya Sen, el premio Nobel de Economía, acaba de publicar un libro, La idea de la justicia, en donde señala que hay una dinámica que se puede establecer entre justicia e injusticia. Una tragedia, dice el autor, como una hambruna, pasa a ser una injusticia cuando se sabe que pudo haber sido evitada. En este caso, ¿se pudieron haber evitado estas muertes?, ¿de qué justicia hablamos? Resulta que en México tenemos una pesada burocracia institucional que se encarga, supuestamente, de la justicia, pero con los elevados niveles de impunidad, la impartición y procuración de justicia fallan. Sin embargo, no todo está perdido. Un movimiento social auténtico puede mover algunos milímetros los enormes márgenes de impunidad, como ha sucedido con la relación entre los padres de familia de los niños de la Guardería ABC y las estructuras de justicia del país.
Ha transcurrido un año desde la tragedia y ya hay resultados importantes. La lentitud de la justicia sólo equivale a la forma en la que las autoridades han enfrentado este caso. Un año se tardó Calderón em recibir a un grupo de padres que perdieron a sus hijos. Un año después se ha dado a conocer el proyecto que el ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, ha elaborado (EL UNIVERSAL, 4/VI/2010). Un año en donde el movimiento social de padres ‘5 de Junio’ no ha dejado de exigir justicia. Su reclamo se encuentra en un manifiesto que pide desde una “justicia ejemplar, completa e imparcial”, la “reparación del daño moral”, una “atención médica especializada”, la “cancelación de los contratos de subrogación”, hasta una “sustitución del modelo neoliberal de salud”.
Este caso ha mostrado la vulnerabilidad sobre la que se están construidas muchas de las instituciones del país. El esquema de subrogación de guarderías, un servicio básico para las familias, ejemplificó que hay riesgos altos en materia de seguridad y falta de cumplimiento de la legalidad. Una vez que sucedieron los hechos se inició un largo y fatigoso camino que pasó por los tres niveles de gobierno, a los que ahora el ministro Zaldívar responsabiliza.
¿Ante qué tipo de justicia estamos con este dictamen? La exigencia de los padres de familia ha logrado un paso importante. Tuvo que intervenir el máximo tribunal de justicia del país, lo que se debería haber resulto en las instancias inmediatas de procuración de justicia. La facultad que le da la Constitución a la SCJN para investigar casos de violaciones graves es un recurso importante, facultad que, está a punto de ser transferida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En caso de que el dictamen sea aprobado —discusión que se iniciará el próximo 14 de junio—, para lo cual necesitan seis votos, sus consecuencias no serán jurídicas sino de carácter moral y político. Casi nadie cree que este caso pase a un nivel en donde la impunidad pierda la batalla: sólo dos de cada 10 ciudadanos consideran que se castigará a los responsables (Reforma, 4/VI/2010).
Los principales argumentos que se han desvelado con la investigación y el dictamen tienen que ver con una idea que le da fuerza a este caso: la muerte de los niños de la Guardería ABC pudo haber sido evitada, que es otra forma de decir que por las fallas institucionales, por la violación de la legalidad, por la falta de condiciones de seguridad apropiadas para una estancia infantil, por corrupción, sucedió la muerte de estos 49 niños indefensos y eso genera una injusticia enorme, porque quienes pudieron haberla evitado han fallado, como dice Amartya Sen. Falta saber si este dictamen será aprobado y ver qué tipo de consecuencias puede tener en el desastroso sistema de impartición de justicia que hoy tenemos, y que, todo indica, seguiremos padeciendo…
Investigador del CIESAS
Amartya Sen, el premio Nobel de Economía, acaba de publicar un libro, La idea de la justicia, en donde señala que hay una dinámica que se puede establecer entre justicia e injusticia. Una tragedia, dice el autor, como una hambruna, pasa a ser una injusticia cuando se sabe que pudo haber sido evitada. En este caso, ¿se pudieron haber evitado estas muertes?, ¿de qué justicia hablamos? Resulta que en México tenemos una pesada burocracia institucional que se encarga, supuestamente, de la justicia, pero con los elevados niveles de impunidad, la impartición y procuración de justicia fallan. Sin embargo, no todo está perdido. Un movimiento social auténtico puede mover algunos milímetros los enormes márgenes de impunidad, como ha sucedido con la relación entre los padres de familia de los niños de la Guardería ABC y las estructuras de justicia del país.
Ha transcurrido un año desde la tragedia y ya hay resultados importantes. La lentitud de la justicia sólo equivale a la forma en la que las autoridades han enfrentado este caso. Un año se tardó Calderón em recibir a un grupo de padres que perdieron a sus hijos. Un año después se ha dado a conocer el proyecto que el ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, ha elaborado (EL UNIVERSAL, 4/VI/2010). Un año en donde el movimiento social de padres ‘5 de Junio’ no ha dejado de exigir justicia. Su reclamo se encuentra en un manifiesto que pide desde una “justicia ejemplar, completa e imparcial”, la “reparación del daño moral”, una “atención médica especializada”, la “cancelación de los contratos de subrogación”, hasta una “sustitución del modelo neoliberal de salud”.
Este caso ha mostrado la vulnerabilidad sobre la que se están construidas muchas de las instituciones del país. El esquema de subrogación de guarderías, un servicio básico para las familias, ejemplificó que hay riesgos altos en materia de seguridad y falta de cumplimiento de la legalidad. Una vez que sucedieron los hechos se inició un largo y fatigoso camino que pasó por los tres niveles de gobierno, a los que ahora el ministro Zaldívar responsabiliza.
¿Ante qué tipo de justicia estamos con este dictamen? La exigencia de los padres de familia ha logrado un paso importante. Tuvo que intervenir el máximo tribunal de justicia del país, lo que se debería haber resulto en las instancias inmediatas de procuración de justicia. La facultad que le da la Constitución a la SCJN para investigar casos de violaciones graves es un recurso importante, facultad que, está a punto de ser transferida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En caso de que el dictamen sea aprobado —discusión que se iniciará el próximo 14 de junio—, para lo cual necesitan seis votos, sus consecuencias no serán jurídicas sino de carácter moral y político. Casi nadie cree que este caso pase a un nivel en donde la impunidad pierda la batalla: sólo dos de cada 10 ciudadanos consideran que se castigará a los responsables (Reforma, 4/VI/2010).
Los principales argumentos que se han desvelado con la investigación y el dictamen tienen que ver con una idea que le da fuerza a este caso: la muerte de los niños de la Guardería ABC pudo haber sido evitada, que es otra forma de decir que por las fallas institucionales, por la violación de la legalidad, por la falta de condiciones de seguridad apropiadas para una estancia infantil, por corrupción, sucedió la muerte de estos 49 niños indefensos y eso genera una injusticia enorme, porque quienes pudieron haberla evitado han fallado, como dice Amartya Sen. Falta saber si este dictamen será aprobado y ver qué tipo de consecuencias puede tener en el desastroso sistema de impartición de justicia que hoy tenemos, y que, todo indica, seguiremos padeciendo…
Investigador del CIESAS
Alejandro Encinas Rodríguez
San Juan Copala, caciquismo y complicidad
Al momento de que estas líneas sean publicadas deberá estar avanzando la caravana que pretende romper el cerco paramilitar y llevar un mensaje de paz y ayuda humanitaria a San Juan Copala, comunidad enclavada en la región baja triqui de la sierra mixteca, que es objeto de una de las expresiones más crueles del caciquismo imperante e impune al cobijo del gobierno de Oaxaca, y que sólo a lo largo del último cuarto de siglo ha cobrado la vida de más de 600 personas.
La historia de la comunidad triqui es de resistencia ante la dominación. Tan sólo en el siglo XIX se registraron diversos levantamientos armados. En particular en 1834, cuando el descontento popular por una sentencia en Juxtlahuaca, que ordenaba el embargo de tierras comunales para pagar diezmo a la Iglesia y el despojo de tierras por parte de mestizos, la comunidad triqui se levantó en armas encabezada por Dionisio Arriaga y Domingo Santiago, conformando un movimiento en la mixteca de Oaxaca y Guerrero, conocido como rebelión de la montaña, que se extendió hasta 1847, cuando parte de las comunidades se acogieron al indulto ofrecido por el gobierno.
Tras la Revolución mexicana, los triquis, que militaron en filas zapatistas y carrancistas, permanecieron armados para mantener el control sobre sus propias comunidades, lo que las confrontó. Esta división fue aprovechada desde los años 30 por grupos de mestizos para dominarlos a través de la venta de alcohol y armas, así como la introducción del cultivo de café en sustitución del maíz, desplazando la agricultura tradicional familiar por una economía que alentó la rapiña de acaparadores de Putla y Juxtlahuaca.
En 1948, bajo el argumento de la incapacidad de la comunidad triqui para gobernarse a sí misma, el Congreso del Estado disolvió el municipio de San Juan Copala, rebajando a las comunidades triquis a agencias del municipio de Juxtlahuaca, alimentando la resistencia a las políticas oficiales que prefiguraron su exclusión. Al mismo tiempo, la penetración del PRI en la región quebrantó las formas tradicionales de gobierno e integración comunitaria.
Ello motivó el surgimiento de diversas organizaciones sociales precursoras del actual municipio autónomo de San Juan Copala: El Club, que se crea a partir de un movimiento de barrios que busca recuperar el poder local y devolverlo a los mayordomos; el Movimiento de Unificación Triqui, que surge con el apoyo de organizaciones campesinas y de derechos humanos como el Frente Nacional contra la Represión y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, consolidándose como fuerza política opositora al gobierno local, y una década más tarde, tras diversos conflictos internos, surge en 2006 el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULT).
En contraparte, el PRI creó la organización Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui, que actúa fuertemente armada con la complacencia del gobierno del estado. Desde el arribo de Ulises Ruiz al gobierno se han recrudecido los actos de represión, lo que impulsó al MULT a la creación del municipio autónomo de San Juan Copala, como un ejercicio democrático y de autonomía del grupo étnico.
Las estrategias de control fragmentaron el tejido social y evidencian un ancestral conflicto racial que se preserva hasta hoy. La venta de alcohol, el tráfico de armas, la disputa por sus recursos naturales, así como un manejo excluyente de las políticas públicas, el acaparamiento y la especulación han acrecentado la miseria en la región y la división interétnica.
La cohesión cultural de pueblo triqui ha impulsado nuevas formas de convivencia que permitan su autodeterminación, lo que inquieta a los poderes fácticos locales, y ha desatado la violencia para contrarrestar el avance democrático de la región mediante el uso de paramilitares y la corrupción de las autoridades locales que han conducido a una situación critica.
Es deseable que la caravana cumpla su cometido. Que no se repitan los lamentables acontecimientos que atentaron contra la caravana anterior y que costaron la vida de dos activos defensores de los derechos humanos. Las autoridades locales y federales deben cumplir sin reservas su deber y garantizar la seguridad de todos los participantes, cuyo único propósito es, a final de cuentas, la paz para sacar de la violencia y del olvido a San Juan Copala.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los Diputados Federales del PRD
La historia de la comunidad triqui es de resistencia ante la dominación. Tan sólo en el siglo XIX se registraron diversos levantamientos armados. En particular en 1834, cuando el descontento popular por una sentencia en Juxtlahuaca, que ordenaba el embargo de tierras comunales para pagar diezmo a la Iglesia y el despojo de tierras por parte de mestizos, la comunidad triqui se levantó en armas encabezada por Dionisio Arriaga y Domingo Santiago, conformando un movimiento en la mixteca de Oaxaca y Guerrero, conocido como rebelión de la montaña, que se extendió hasta 1847, cuando parte de las comunidades se acogieron al indulto ofrecido por el gobierno.
Tras la Revolución mexicana, los triquis, que militaron en filas zapatistas y carrancistas, permanecieron armados para mantener el control sobre sus propias comunidades, lo que las confrontó. Esta división fue aprovechada desde los años 30 por grupos de mestizos para dominarlos a través de la venta de alcohol y armas, así como la introducción del cultivo de café en sustitución del maíz, desplazando la agricultura tradicional familiar por una economía que alentó la rapiña de acaparadores de Putla y Juxtlahuaca.
En 1948, bajo el argumento de la incapacidad de la comunidad triqui para gobernarse a sí misma, el Congreso del Estado disolvió el municipio de San Juan Copala, rebajando a las comunidades triquis a agencias del municipio de Juxtlahuaca, alimentando la resistencia a las políticas oficiales que prefiguraron su exclusión. Al mismo tiempo, la penetración del PRI en la región quebrantó las formas tradicionales de gobierno e integración comunitaria.
Ello motivó el surgimiento de diversas organizaciones sociales precursoras del actual municipio autónomo de San Juan Copala: El Club, que se crea a partir de un movimiento de barrios que busca recuperar el poder local y devolverlo a los mayordomos; el Movimiento de Unificación Triqui, que surge con el apoyo de organizaciones campesinas y de derechos humanos como el Frente Nacional contra la Represión y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, consolidándose como fuerza política opositora al gobierno local, y una década más tarde, tras diversos conflictos internos, surge en 2006 el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULT).
En contraparte, el PRI creó la organización Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui, que actúa fuertemente armada con la complacencia del gobierno del estado. Desde el arribo de Ulises Ruiz al gobierno se han recrudecido los actos de represión, lo que impulsó al MULT a la creación del municipio autónomo de San Juan Copala, como un ejercicio democrático y de autonomía del grupo étnico.
Las estrategias de control fragmentaron el tejido social y evidencian un ancestral conflicto racial que se preserva hasta hoy. La venta de alcohol, el tráfico de armas, la disputa por sus recursos naturales, así como un manejo excluyente de las políticas públicas, el acaparamiento y la especulación han acrecentado la miseria en la región y la división interétnica.
La cohesión cultural de pueblo triqui ha impulsado nuevas formas de convivencia que permitan su autodeterminación, lo que inquieta a los poderes fácticos locales, y ha desatado la violencia para contrarrestar el avance democrático de la región mediante el uso de paramilitares y la corrupción de las autoridades locales que han conducido a una situación critica.
Es deseable que la caravana cumpla su cometido. Que no se repitan los lamentables acontecimientos que atentaron contra la caravana anterior y que costaron la vida de dos activos defensores de los derechos humanos. Las autoridades locales y federales deben cumplir sin reservas su deber y garantizar la seguridad de todos los participantes, cuyo único propósito es, a final de cuentas, la paz para sacar de la violencia y del olvido a San Juan Copala.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los Diputados Federales del PRD
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