domingo, junio 13, 2010

Periodismo Contralínea

Estado mexicano, inexistente en región triqui

Zósimo Camacho
10 Junio 2010

La Sabana, Copala, Oaxaca. Más de 400 elementos de la Policía Estatal de Oaxaca, 50 de la Procuraduría General de Justicia del Estado y 40 agentes de la federal Policía Investigadora Ministerial (PIM, antes Agencia Federal de Investigación), armados con fusiles de asalto AR-15 y pistolas calibre .38 súper, son insuficientes para replegar a la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), organización que por segunda vez impide la entrega de ayuda humanitaria a los habitantes del Municipio Autónomo.

Zósimo Camacho / José Réyez / Julio César Hernández, fotos / enviados

El bloqueo es encabezado por los hermanos Rufino y Anastasio Juárez, líder de la Ubisort y “agente municipal” de San Juan Copala, respectivamente, y por Antonio Cruz García, Toño Pájaro, y Julio César Martínez, agente municipal de esta comunidad de La Sabana, único bastión de la organización afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Son las 16:40 horas del martes 8 de junio. La Caravana Humanitaria por la Paz Bety Cariño y Jyri Jaakkola (nombrada en honor a los activistas defensores de los derechos humanos asesinados el 27 de abril pasado en las inmediaciones de La Sabana, cuando encabezaban la primera expedición que buscó romper el cerco paramilitar) se ha retirado de la zona desde hace media hora. Los 400 activistas y los 20 diputados federales iniciaron el camino de regreso a la ciudad de Huajuapan de León. Fueron detenidos y “persuadidos” de volver por la propia Policía Estatal 1 kilómetro atrás, en la comunidad El Diamante.

Una intempestiva lluvia riega los montes de la región triqui baja. Rufino Juárez tampoco está satisfecho: la llovizna no es lo que le obliga arrugar la frente mientras camina de un extremo al otro en la entrada a su comunidad. Sabe que, aunque frustró la visita de observadores de derechos humanos a San Juan Copala, perdió –de nueva cuenta– en la disputa política que libra su organización contra el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) y el Municipio Autónomo.

Una docena de policías, ostensiblemente pertrechados, lo observan impávidos. Aunque se encuentran a escasos 3 metros, no cruzan la línea que el líder de la Ubisort les ha marcado: la carretera federal que corre de Juxtlahuaca a Tlaxiaco. Hasta ahí llega el estado de Oaxaca y el Estado mexicano. En el camino que baja a San Juan Copala domina la Ubisort. Ni un elemento policiaco, federal o estatal, cuenta con el “permiso” de Rufino Juárez para aventurarse por esa vía de tránsito federal. Nadie intenta cruzar ese umbral.

Coordinación Ubisort-gobierno de Oaxaca

—Sí, Rufino, a tus órdenes… Está bien, pero qué te parece si puede ser ya… Media hora es mucho, ya están llegando los camiones aquí a Juxtlahuaca… Dime en qué punto se puede realizar la reunión… Pero media hora es mucho: que sean 10 minutos; qué te parece…

Son las palabras del comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca, Jorge Alberto Quezadas Jiménez, quien encabeza el operativo de “seguridad” para la Caravana Humanitaria. Habla por teléfono celular con el líder de la Ubisort, Rufino Juárez. Más tarde hablaría con Anastasio para hacer las mismas “solicitudes”.

El mando operativo policiaco con mayor jerarquía en el gobierno de Ulises Ruiz se encuentra en las inmediaciones de la ciudad de Juxtlahuaca –la última, antes de ingresar a los pueblos mixtecos y triquis del poniente del estado– al frente de 150 efectivos de la Policía Estatal. Espera el arribo de la caravana procedente de la ciudad de Huajuapan de León. Otros 250 elementos de la corporación se despliegan ya en la región triqui.

Son las 13:00 horas del martes 8 de junio. Policías estatales y federales detienen la Caravana Humanitaria que pretende llegar a San Juan Copala, comunidad bajo fuego permanente desde el 28 de noviembre de 2009. A la cabeza del convoy de seguridad se encuentra el propio Quezadas y la procuradora general de Justicia de Oaxaca, María de la Luz Candelaria Chiñas.

La procuradora se dirige al autobús que encabeza la caravana y, por la ventanilla del conductor, solicita hablar con el diputado Alejandro Encinas. Los observadores de derechos humanos y activistas la increpan: exigen que la policía los deje avanzar. Le dicen que en ese autobús no viajan los legisladores federales y que de nada le servirá hablar con el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, pues la coordinación de la caravana está a cargo de una comisión integrada por representantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala, un representante de las organizaciones sociales y otro de los diputados.

La procuradora se traslada al segundo autobús y da la “bienvenida” al diputado Alejandro Encinas. El legislador agradece las “atenciones” del gobierno del estado y reitera que la caravana es pacífica y humanitaria. Regresa a su autobús. Será la única vez que el perredista baje del vehículo.

La hilera de 21 automotores se detiene completamente a 5 kilómetros del centro de Juxtlahuaca. La caravana, que salió del Zócalo de la ciudad de México el lunes 7 a las 21:45 horas, se engrosó en Huajuapan de León con contingentes de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Los más de 400 activistas y 20 diputados federales (quienes viajan con 33 secretarios, ayudantes y “asistentes personales”) marchan en ocho autobuses, un camión de pasajeros, seis camionetas y cuatro automóviles. La caravana se completa con un tráiler y un camión de carga que transportan alimentos y medicamentos.

La procuradora dice que el gobierno del Estado garantizará la seguridad y demostrará que “hay libre tránsito en Oaxaca”. Luego ataja: “Hay algunos inconvenientes que pudieran ocurrir, cosas de la etnia, de usos y costumbres”.

La comisión triqui interpela: lo único que queremos es que nos garantice la llegada a Copala. Pero la procuradora los ignora. Finge no escucharlos y se vuelve con “los importantes”, los diputados, y les dice que el gobierno del estado está “trabajando” para que tengan seguridad en su visita. Y que, para ello, les propone dejar la ayuda humanitaria en una comunidad cercana a San Juan Copala.

Los activistas y defensores de derechos humanos, encabezados por los representantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala, bajan de los autobuses y automóviles e inician la entrada a Juxtlahuaca a pie. Algunos diputados los acompañan. La mayoría de los legisladores decide permanecer al interior de su autobús.

—Si no dejan pasar los carros, llegamos caminando –dice el profesor Gregorio Chávez, responsable de la escuela albergue de San Juan Copala.

“¡Esta marcha va a llegar, va a llegar, a Copala va a llegar!”, es la consigna de los manifestantes. A pie, rebasan el convoy policiaco integrado por seis camionetas de la Policía Estatal, una de la PIM y seis automóviles de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Cuando los integrantes de la Caravana Humanitaria han caminado poco menos de 1 kilómetro, las patrullas comienzan a avanzar. La procuradora solicita hablar con los coordinadores de nuevo y promete que la expedición llegará “hasta donde quieran llegar”, pero necesitan “acordar” el ingreso. Los activistas suben a sus autobuses y, a vuelta de rueda, cruzan la ciudad de Juxtlahuaca, residencia del líder de la Ubisort, Rufino Juárez.

Mientras que la caravana se encontraba detenida a la entrada de Juxtlahuaca, en esa misma ciudad se desarrollaba un mitin político electoral del candidato del PRI al gobierno de Oaxaca, Eviel Pérez Magaña. El priismo del estado había decidido realizar la gira de su candidato por la región triqui el mismo día en que la caravana solidaria con el pueblo de San Juan Copala intentaría dejar alimentos y medicinas en la comunidad declarada autónoma.

Al salir de Juxtlahuaca, el avance se vuelve más lento aún. La marcha se detiene totalmente en la comunidad mixteca de Santa Rosa Caxtlahuaca. Ahí, la procuradora insiste en “comunicar” a Alejandro Encinas los “inconvenientes” que “se podrían generar” en caso de que la caravana siguiera avanzando. Desde la puerta del autobús, Encinas le señala que él no puede decidir sobre si continúan el trayecto o no, que existe una comisión y que a ella se debe dirigir.

En el diálogo participan dos representantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala, un representante de los diputados, el activista David Cilia Olmos y el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, por parte de quienes llevan la ayuda humanitaria. Por las autoridades, interviene la procuradora María de la Luz Candelaria Chiñas y el comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca, Jorge Alberto Quezadas.

La procuradora dice que en Oaxaca sí está garantizado el libre tránsito. Pero “no podemos garantizar al ciento por ciento que no ocurra algo”, ataja. La procuradora pide a la caravana que dialogue con la Ubisort, en la comunidad de La Sabana, y que “si lo que les importa es la gente, dejen la ayuda que traen a la entrada de la carretera y que ya la gente la vaya a recoger en otro momento”.

Región triqui, el miedo


Los organizadores deciden continuar. La fila de 21 vehículos de activistas y ayuda humanitaria se duplica con el convoy de seguridad, integrado por la Policía Estatal, la PGJE y la PIM. Pertrechados como para iniciar una batalla en cualquier momento, los efectivos policiacos marcan el paso a los automóviles. Se ha ingresado a la región triqui y se advierte que por ningún motivo se debe descender de los vehículos.

El despliegue policiaco se observa en toda su magnitud: numeroso y teatral. Apostados en los cerros, las laderas, los caminos terregosos y a la orilla de la carretera, decenas de efectivos armados con fusiles de asalto vigilan, con el rostro adusto, el lento paso de la caravana.

El comisionado Jorge Quezadas vuelve a advertir de los inconvenientes de continuar el camino. La mayoría de los integrantes de la caravana y los propios representantes del Municipio Autónomo ya no se muestran tan resueltos en llegar hasta San Juan Copala.

En la comunidad triqui Agua Fría, simpatizante del Municipio Autónomo, se realiza una nueva evaluación. Se comienza a imponer la idea de no avanzar más sino hasta conseguir garantías del gobierno del estado. Con todo, reanudan la marcha. Acuerdan llegar hasta la entrada de La Sabana y ahí evaluar si hay condiciones para seguir o no.

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Rufino Juárez: la Ubisort también dispara

José Reyez
10 Junio 2010

La Sabana, Copala, Oaxaca. Apenas se retira la Caravana de Paz que intenta entrar a San Juan Copala cuando el líder de la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), Rufino Juárez Hernández, se unge triunfal y sale a pie de carretera rodeado de un numeroso grupo de mujeres y un discreto equipo de seguridad, para festejar su victoria pírrica.

José Réyez / Zósimo Camacho / Julio César Hernández, fotos, enviados

Se le ve jubiloso, sonriente, satisfecho en la entrada a Copala, cuyos principales accesos son bloqueados con troncos y piedras de gran tamaño. También son resguardados por un grupo de mujeres y niños triquis, quienes sellan el acceso al pueblo sitiado por paramilitares de la organización que milita en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que él, Rufino Juárez, dirige.

A 1 kilómetro de distancia, muy cerca de donde fue emboscada la caravana de paz el 27 de abril, y que también se dirigía a San Juan Copala, su hermano Anastasio Juárez y el principal operador del presidente de la Ubisort, Antonio Cruz García, alías Toño Pájaro, encabezan otro retén que obstruye el camino al Municipio Autónomo con piedras, tambos y gente.

Es la nueva cruzada contra los miembros de otra caravana que lleva ayuda humanitaria. Cumplen su advertencia de no dejar pasar a nadie, “para evitar un derramamiento de sangre”.

A lo lejos, en el poblado de Agua Fría, quedan estupefactos e incrédulos los más de 400 activistas y diputados que, escoltados por otro tanto de policías estatales y municipales, creyeron en la palabra del gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, de garantizar su entrada a la zona del conflicto.

Pasan de las cuatro de la tarde y, hasta el cerco de la entrada a la brecha que conduce a Copala, llega un grupo de reporteros que desatiende las instrucciones de los uniformados: aborten la misión, pues “no hay condiciones para garantizar su seguridad”. Los periodistas abordan al presidente de la Ubisort, quien desde la mañana mantiene en jaque al pelotón de policías.

El rostro de Rufino Juárez se endurece: ha reconocido a uno de los reporteros de Contralínea que entraron a Copala, a quien encara y lo señala con el dedo índice.

—Nos preocupa la situación de los medios que son unilaterales, porque usted ingresó a la población de manera unilateral. Pensó que en Copala solamente hay gente del MULTI [Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente]; sin embargo, hay gente también de Ubisort y en todas partes se escuchan disparos de armas de fuego. Ahí, todo mundo dispara.

—Cuando ingresamos, vimos que los disparos venían de La Sabana.

—Los disparos vienen de todas partes. Cuando usted estuvo ahí, ni modo que le dispare, pues no. Necesitamos juicios imparciales. Yo sé que usted trabaja en Contralínea, que de mala fe nos pusieron las fotos de nosotros como agentes paramilitares.

Rufino Juárez, hijo político del secretario de Gobierno de Oaxaca, Evencio Martínez, se controla. Ve a su séquito que le rodea a corta distancia y se apresta a la entrevista.

—¿Por qué no permitieron el paso a la caravana y a los diputados?

—No hay ninguna convocatoria que diga que a eso venían. Venían solamente a apoyar al MULTI. Si me señalan un documento que me señale que venían a eso, entonces con mucho gusto, y tendría que ser en otra parte, porque San Juan Copala es un centro ceremonial, espiritual y es de todos los pueblos triquis, y es necesaria la

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Marcial Pérez, periodista incómodo

Érika Ramírez
13 Junio 2010

Raúl Marcial Pérez es el segundo periodista asesinado en la administración de Ulises Ruiz. Crítico del sistema priista, dio voz al movimiento de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca a través de su columna El otro lado de la moneda. Su ejecución ocurrió el 8 de diciembre de 2006

http://contralinea.info/archivo/2010/junio/186/marcial/marcial-perez.jpg

Oaxaca, Oaxaca. Tres fueron las amenazas para que Raúl Marcial Pérez dejara de escribir su columna periodística en El Gráfico de Oaxaca. La primera fue dejada en el portal de su casa, armada con letras de periódico. Siguió una llamada telefónica que, con gritos, le advertía que “se lo iba a cargar la chingada”. La tercera fue directa. Un funcionario del gobierno de Ulises Ruiz le dijo: “Es mejor que le bajes a tus notas”.

Eran los días en que la capital oaxaqueña se había paralizado. El movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el magisterio luchaban por conquistas sociales. La policía estatal tomaba las calles.

El otro lado de la moneda, como Marcial Pérez titulaba su columna, criticaba la “ingobernabilidad, el salvajismo y la represión” con que gobernaba Ulises Ruiz Ortiz. Cabezas como “¡Oaxaca, tierra sin ley!” encrespaban al gabinete del gobernador.

Lo citaron para desayunar en un restaurante del centro histórico, recuerda su viuda Emelia Martínez. “Nunca supe a detalle lo que se dijo con esta persona ni de quién se trató, pero fue la primera vez que vi a Raúl dudar de lo que estaba haciendo”, dice.

Días previos al encuentro con el político priista, cuenta, le dejaron un mensaje con recorte de periódico en donde le advertían que se cuidara. Raúl Marcial lo mostró a su pareja. Ella opinó: “Son personas cobardes que no dan la cara. No tengas miedo”.

Luego, una llamada telefónica inmutó por instantes al periodista, para luego soltar: “Que le baje a mis cosas porque si no me van a tronar”, relata Emelia.

Tras el hostigamiento, Marcial Pérez se convirtió en un hombre demasiado cauteloso. Situación incómoda para su familia.

A Emelia y a sus dos hijos les exigía que siempre miraran antes de salir de su casa, que estuvieran seguros de que no hubiera gente extraña cerca. “Se sentía amenazado”.

—Me molestaba y le decía: ‘¿de qué nos vamos a cuidar si no hemos hecho nada malo?’. Nunca imaginé que las amenazas trascendieran.

Amenaza cumplida

Eran como las tres de la tarde del viernes 8 de diciembre de 2006. Una llamada telefónica fue recibida en la casa de la familia Marcial Martínez. Emelia alzó el auricular. La voz de hombre, agitada y nerviosa, le pedía su traslado inmediato a Juxtlahuaca: “Su esposo tuvo un accidente”, dijo.

Alterada, Emelia llamó a su hijo Josabath.

—¿Qué le hicieron al carro?, dime. Tu padre tuvo un accidente.

—Se le arreglaron los frenos, pero estoy seguro de que quedó bien. Lo probé.

—Pues vámonos. No sé qué pasó con tu papá; me acaban de hablar que está muy mal.

Emelia hizo un par de llamadas para conseguir dinero. Pensaba que lo necesitaría para pagar el traslado al hospital o cubrir los honorarios de algún doctor. Apenas reunió 2 mil pesos que aportaron sus familiares.

A mitad del camino, una llamada al celular agudizó la angustia de la mujer. Era el hermano de Raúl, quien le exigía a gritos una explicación de lo que estaba pasando.

—¡Me acaban de avisar que mataron a Raúl!, ¿es verdad?, dime, ¿es verdad? –gritaba el hombre. Ella se desvanecía.

—No es cierto, me dijeron que sólo había sido un accidente.

Tres horas más tarde, el hombre que le había llamado para darle la noticia la esperaba en el centro médico de Juxtlahuaca. El hecho fue confirmado. Ocho tiros por la espalda acabaron con la vida del periodista Raúl Marcial Pérez.

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México garantiza base social al narcotráfico

Nancy Flores
13 Junio 2010

http://contralinea.info/archivo/2010/junio/186/mexico-garantiza/principal.jpg

En la guerra antidrogas, es más fácil hacerse de una grapa, una tacha o un churro que ingresar a la preparatoria, a la universidad o encontrar empleo. Aproximadamente 500 mil mexicanos sirven a las grandes organizaciones del narcotráfico, de los cuales al menos 80 mil son jóvenes y menores de edad. Sin prevención social, el problema se extenderá por generaciones


Nancy Flores / Cuarta parte

Impresa en la piel o abrazada al cuello en forma de relicario, la santa muerte es la compañera de los 14 jóvenes internados en la Comunidad Alfonso Quiroz Cuarón –considerada el penal de máxima seguridad para menores infractores del Distrito Federal–; también, toda su esperanza.

Además del cautiverio, sus historias comparten condiciones. A diferencia de los niños ricos que se drogan y delinquen, ellos sí pisaron la cárcel: sus padres no tuvieron influencias para evitarles el castigo, no compraron jueces, ni siquiera juntaron lo suficiente para pagar el abogado. Sí, son pobres.

Se les juzgó culpables cuando apenas tenían 15, 16 o 17 años. El día que arrebataron una vida, la privaron de su libertad o despojaron algún bien, estaban en el viaje o querían estarlo. El dinero sólo servía entonces para adquirir la piedra, el churro, la grapa, la tacha o el chocho. “El barrio se los come”, dice la madre de uno de ellos.

El viaje se les transformó en un espacio donde prevalecen el cemento, las rejas, los candados, las altas paredes color amarillo, un par de árboles, los puestos de vigilancia… La nada, sobre todo los jueves, “días lúdicos”. En el ambiente, el reguetón a todo volumen.

Los sábados es un poco diferente. Si se tiene suerte, se le dedican a la visita; si no, a la depresión. Así es el lúgubre rostro del Quiroz Cuarón, infiltrado por un sol indolente. Estancias grises, grises futuros.

El tiempo aquí parece no correr, y el castigo, pesar igual a todos. Los 14 jóvenes retan con la mirada; con la sonrisa, marcan su territorio. Sus rostros duros, sus escuetas respuestas y su silencio dejan ver el hastío por tanto interrogatorio. Tal vez, por lo que han vivido, los niños del Quiroz Cuarón habitan también una impenetrable fortaleza interior.

Cuatro años o 30 días faltarán para salir, pero Torcido, Changuito, Ligas, Soumaya anhelan ser libres con la misma intensidad que Tun Tún, Michoacano, Chel, Chente, Paco

Cuando abandonen la comunidad Quiroz Cuarón, cuando al fin se hagan de su libertad, ¿cuántas oportunidades tendrán de estudiar o trabajar? ¿Cuántas veces les ofrecerán la dosis de marihuana, cocaína, heroína o cualquier otra droga dura?

Sin prevención social del delito

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A tres años de iniciada la guerra antinarcóticos en México, es más fácil para los adolescentes y jóvenes adquirir drogas ilegales y delinquir que ingresar a la preparatoria, a la universidad o tener un empleo formal.

Más de 7 millones, llamados peyorativamente ninis, carecen de escuela y de trabajo, admite el Instituto Mexicano de la Juventud. Además, 17 de cada 100, cuyas edades oscilan entre los 15 y los 18 años, emigran al extranjero para emplearse en lo que sea.

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Copala: tumba electoral (y política) de Ulises Ruiz

Álvaro Cepeda Neri
13 Junio 2010

Hago el mal, y soy el primero en rugir. Pongo en obra las malas acciones, y hago a los demás responsables de ellas… soy la corrupción de un tronco podrido

William Shakespeare


http://contralinea.info/archivo/2010/junio/186/opinion/copala-tumba.jpg
Perverso, despiadado y capaz de rellenar las urnas para asegurar su sucesión esquizofrénica, con su doble Eviel Pérez, el desgobernador Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, heredero del bribón José Nelson Murat Casab (éste a la vez descendiente electoral de otro depredador: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano), tiene todo “arreglado” para agandallarse la elección. Compra de votos con regalos, 1 mil pesos por credencial, y toda clase de intimidaciones, tras sembrar el terrorismo de las represiones para cosechar la “mayoría” de los sufragios. Para esto ha lanzado la más tupida campaña de encuestas a modo para adelantar vísperas: imponer a su candidato contra una realidad electoral adversa. Y se prepara para la embestida con su pandilla cazadora de las voluntades individuales (y colectivas en los municipios de usos y costumbres), mucho muy nervioso ante el explosivo conflicto del Municipio Autónomo de San Juan Copala. Éste, centro de gravedad ceremonial de las tradiciones del pueblo triqui y corazón político y social de esa centenaria cultura, acosada, sitiada por los paramilitares del ulisismo, a sangre y fuego con la mira de seguir ejecutando el genocidio en marcha: exterminar a los auténticos triquis… borrar el indigenismo de Juárez.

El Hitler Ruiz Ortiz es el poder tras los paramilitares, que trabajan con todo el apoyo: dinero, comida, armas de alto poder; interrupción de todas las señales (radio, televisión, teléfonos, etcétera) de telecomunicaciones, para aislar del resto de Oaxaca a esa comunidad. Pero, al estallar la violencia el 27 de abril con la emboscada a la caravana de la paz y el homicidio con todas las agravantes de Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y de Jyri Jaakkola, observador de derechos humanos, más las heridas al reportero David Cilia, quien con la periodista Érika Ramírez tuvieron que esconderse, huyendo de las ráfagas de fusiles de asalto AK-47 y AR-15, el ulisismo ha tenido que encender los focos rojos, ya que está en muy serio riesgo la red electorera para su triunfo caciquil.

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Copala: tumba electoral (y política) de Ulises Ruiz

Álvaro Cepeda Neri
13 Junio 2010

Hago el mal, y soy el primero en rugir. Pongo en obra las malas acciones, y hago a los demás responsables de ellas… soy la corrupción de un tronco podrido

William Shakespeare


http://contralinea.info/archivo/2010/junio/186/opinion/copala-tumba.jpg
Perverso, despiadado y capaz de rellenar las urnas para asegurar su sucesión esquizofrénica, con su doble Eviel Pérez, el desgobernador Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, heredero del bribón José Nelson Murat Casab (éste a la vez descendiente electoral de otro depredador: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano), tiene todo “arreglado” para agandallarse la elección. Compra de votos con regalos, 1 mil pesos por credencial, y toda clase de intimidaciones, tras sembrar el terrorismo de las represiones para cosechar la “mayoría” de los sufragios. Para esto ha lanzado la más tupida campaña de encuestas a modo para adelantar vísperas: imponer a su candidato contra una realidad electoral adversa. Y se prepara para la embestida con su pandilla cazadora de las voluntades individuales (y colectivas en los municipios de usos y costumbres), mucho muy nervioso ante el explosivo conflicto del Municipio Autónomo de San Juan Copala. Éste, centro de gravedad ceremonial de las tradiciones del pueblo triqui y corazón político y social de esa centenaria cultura, acosada, sitiada por los paramilitares del ulisismo, a sangre y fuego con la mira de seguir ejecutando el genocidio en marcha: exterminar a los auténticos triquis… borrar el indigenismo de Juárez.

El Hitler Ruiz Ortiz es el poder tras los paramilitares, que trabajan con todo el apoyo: dinero, comida, armas de alto poder; interrupción de todas las señales (radio, televisión, teléfonos, etcétera) de telecomunicaciones, para aislar del resto de Oaxaca a esa comunidad. Pero, al estallar la violencia el 27 de abril con la emboscada a la caravana de la paz y el homicidio con todas las agravantes de Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y de Jyri Jaakkola, observador de derechos humanos, más las heridas al reportero David Cilia, quien con la periodista Érika Ramírez tuvieron que esconderse, huyendo de las ráfagas de fusiles de asalto AK-47 y AR-15, el ulisismo ha tenido que encender los focos rojos, ya que está en muy serio riesgo la red electorera para su triunfo caciquil.

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