Julio Hernández López: Astillero
Es una especie de estabilidad volátil, de calma presagiosa, de continuidad alerta. Podría decirse que las líneas básicas del libreto público se cumplen con aplicación gélida: lo esencial transcurre, lo tradicional se cumple. Pero hay en todo el país una corriente de aires imprecisos que trastoca papeles, remueve certidumbres y adelanta tiempos aún más difíciles. Esa nueva realidad, en negativa evolución constante, aún no es aceptada conscientemente por la mayoría de los ciudadanos ni es procesada y añadida a sus formas de expresión política y social. Pareciera que se está aún en los tramos de un mismo proceso conocido que, por tanto, deberá tener resoluciones y desenlaces conforme a los métodos y sistemas ya antes experimentados. Muchos son los que siguen a la espera de que termine la mala racha, que se reinstale sobre las vías sabidas el tren temporalmente descarrilado, que amaine la tormenta circunstancial, que se compongan las cosas.
Pero este México ya no es el México del ayer reciente. No el de 2006, ni siquiera el de la segunda mitad de 2009. Hoy se está viviendo en nuestro país un proceso de desmantelamiento apresurado del escaparate muchas veces sólo vigente en términos visuales, pero a fin de cuentas existente, disponible, de un conjunto de derechos y obligaciones sociales derivadas del pacto popular que emergió de la llamada Revolución Mexicana y que el priísmo, para sus fines de control electoral y enriquecimiento de elites, mantuvo en existencia durante décadas, hasta que el panismo impulsado por Estados Unidos y empresarios mexicanos deseosos de sostener su estatus privilegiado mediante cambios gatopardistas, impulsaron una presunta transición democrática que apenas llegó a alternancia de partidos en el poder.
Lo que hoy sucede en el país no es, como una lectura apresurada pudiese sugerir, una tragicómica sucesión de errores motivada por un gobierno de mediocres y antipatriotas que son capaces de cometer las peores tonterías del mundo. El tonto Fox y el torpe Calderón han cambiado drásticamente la realidad nacional, consolidando la rapacería como criterio de ejercicio del poder público, abriendo contractualmente las puertas a los intereses trasnacionales como nunca antes, implantando el miedo como método de control, concentrando la riqueza nacional en las manos de unos cuantos que se pelean entre ellos por márgenes de ganancia y generosidad de concesiones, pero no por diferencias sustanciales, disolviendo el espíritu cívico, la noción de la competencia electoral, la esperanza colectiva y disminuyendo notablemente la altura y profundidad de la estantería de derechos y obligaciones sociales: un México intencionalmente desfondado, una patria convenientemente desesperanzada, una ciudadanía cultivadamente dividida y confrontada.
Allí están, por ejemplo, las sapientísimas discusiones en la Suprema Corte que a fin de cuentas acaban demostrando que no hay justicia en la nación, pues de nada sirven los montajes indagatorios respecto a hechos altamente sensibles si a fin de cuentas todo queda en señalamientos vagos, no individualizados, mero ejercicio de desahogo documental y oratorio entre togas. Ya antes fue Oaxaca el ejemplo de que nada trascendente se logra en esas instituciones blanqueadas (Ulises sigue como si nada, a pesar de todo lo criminalmente hecho contra ciudadanos opositores a su tiranía que ahora pretende mantener mediante elecciones democráticas). Ahora es el caso de la guardería ABC, que se irá igualmente por el caño de las buenas intenciones expresadas en propuestas como la del ministro Zaldivar que fueron votadas negativamente por la mayoría de sus colegas. Y allí sigue pendiente el expediente de los presos de Atenco, catálogo contundente de violaciones a la legalidad y uso faccioso de la institucionalidad para castigar disidencias.
Menos pretenciosas, pero allí están las declaraciones y decisiones del folclórico gobernador de Nayarit, Ney González, al adelantar el cierre de cursos escolares porque prevé enfrentamientos que podrían dañar a los estudiantes, pero no sólo a ellos, pues el mandatario porcentualmente constructor del Nuevo Vallarta estima que vienen días violentos en Tepic, a causa de operaciones de carácter quirúrgico; ir a extirpar lo que tenemos que extirpar en los lugares que sabemos.
Belicismo médico que contrasta con las destilaciones alegres del siempre desconcertante Felipe Calderón que pone buena cara a la desgracia y anuncia desde Baja California Sur una nueva fase de su teoría de las percepciones sociales: hay que promover la imagen de México, exhorta, pero no piensa en ajusticiados, decapitados o balaceras urbanas, ni en pirámides y playas, sino ¡oh! en un proyecto integral de publicidad, sí, pero principalmente de relaciones públicas, en la que estamos contratando a las mejores agencias del mundo para promover integralmente la imagen de México. Sí, para explicar los problemas que tenemos, pero también cómo los enfrentamos; pero, sobre todo, para mostrar lo que nuestro país tiene que ofrecer, y que es mucho, a cualquier visitante del mundo. ¡Gulp que al ser pronunciado suena a Bang pero la publicidad y las relaciones públicas convertirán en Smack!
Astillas:
Hay una avidez de discusión sobre el presente y futuro de la izquierda en México que, por fortuna, supera con amplitud las expresiones de fanatismo e intolerancia. Es necesario abrir los armarios, revisar la caducidad de lo almacenado, replantear modos y formas a la luz de los tiempos corrientes, y repeler las provocaciones y las expresiones ultra que históricamente acaban sirviendo a los intereses contrarios y que con frecuencia provienen de infiltraciones. 2010 no será una redición compensatoria de 2006, y las opciones electorales de cambio se encaminan a esa cita, hasta ahora, en condiciones de fabricada desventaja respecto al proceso en que López Obrador buscó por primera vez la Presidencia de la República... Y, mientras esta columna ya no alcanzaba a comentar el mensaje por cadena nacional de FC, ¡hasta mañana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Enrique Galván Ochoa: Dinero
El reglamento antiblanqueo de capitales que dio a conocer ayer el joven secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, refleja las limitaciones del gobierno mexicano para actuar sobre un sistema bancario controlado en 90 por ciento por instituciones del extranjero. Cuida mucho las apariencias –no se trata de un control de cambios–, pero deja suficientes agujeros –como un queso roquefort– para que continúen fluyendo los dólares, cualquiera que sea su origen. Con todo, tiene un mérito: finalmente reconocen las autoridades hacendarias y fiscales que estamos nadando en dólares de procedencia oscura; según su cálculo suman alrededor de 10 mil millones al año (otras estimaciones hablan de 19 mil a 29 mil); ingresan y se lavan con relativa facilidad en los bancos y es necesario hacer algo para impedirlo. También admiten que esto viene sucediendo desde tiempo atrás. Es necesario tejer una malla fina y al mismo tiempo resistente para filtrar los dólares buenos de los malos, porque el turismo, las exportaciones, las remesas de los paisanos, generan billetes verdes que no tienen nada que ver con el narco. Ese es el sentido del nuevo reglamento que entrará en vigor el lunes próximo. Habrá que ver cómo lo aterrizan los bancos y también cómo reacciona la narcada.
Necesitan pesos
Algunos expertos calculan que el narcotráfico ocupa entre medio millón y un millón de personas. Tal vez ya es la principal fuente de empleo del país. El negocio se lleva a cabo con dólares, en su mayor parte. Sin embargo, es preciso cambiarlos a pesos. Esta inmensa industria necesita moneda nacional para sus operaciones cotidianas: comprar tortillas, ropa, zapatos, automóviles, casas, hospedaje, en fin. Salvo las ciudades de la frontera y centros turísticos, no se admiten dólares en el resto de la República, de ahí que hayan venido recurriendo a los bancos para cambiarlos. La ley roquefort está concebida para dificultar esas operaciones. Sin embargo, deja suficientes agujeros para que el narco siga comprando pesos en casas de cambio y en operaciones persona a persona del mercado negro. Aunque no hay control de cambios, está repitiéndose el fenómeno que vimos en tiempos de López Portillo y De la Madrid, cuando muchas personas iban al aeropuerto con pesos para comprar dólares a los turistas, para luego venderlos fuera del sistema bancario, que ya entonces había pasado a manos del Estado. El negocio ahora está en comprar pesos.
La pregunta
Entre las preguntas que hicieron ayer los reporteros a Ernesto Cordero en la presentación de la ley roquefort faltó una: ¿si estamos nadando en dólares desde hace varios años por qué fue necesario que el Banco de México vendiera a la banca comercial 30 mil millones tomados de sus reservas internacionales? Supuestamente se utilizaron en el rescate del peso después de la devaluación de 2008. Por ahí anda Guillermo Ortiz, ahora metido como conductor de televisión, y podría tener la respuesta.
Ajuste en Nafin
La decisión del director de Nacional Financiera, Héctor Rangel Domene, de reducir a cinco las 32 oficinas estatales de la institución, está causando preocupación a los empleados, porque podría implicar un severo reajuste de personal. El sindicato que encabeza María Luisa Velázquez Galicia dice que el país demanda la reactivación de la economía, tarea en la cual Nafin puede jugar un papel central, y es lamentable que se tome esta decisión de manera abrupta, sin planear ni medir las consecuencias, ni considerar que este cierre demerita la cobertura nacional de la institución.
Es una especie de estabilidad volátil, de calma presagiosa, de continuidad alerta. Podría decirse que las líneas básicas del libreto público se cumplen con aplicación gélida: lo esencial transcurre, lo tradicional se cumple. Pero hay en todo el país una corriente de aires imprecisos que trastoca papeles, remueve certidumbres y adelanta tiempos aún más difíciles. Esa nueva realidad, en negativa evolución constante, aún no es aceptada conscientemente por la mayoría de los ciudadanos ni es procesada y añadida a sus formas de expresión política y social. Pareciera que se está aún en los tramos de un mismo proceso conocido que, por tanto, deberá tener resoluciones y desenlaces conforme a los métodos y sistemas ya antes experimentados. Muchos son los que siguen a la espera de que termine la mala racha, que se reinstale sobre las vías sabidas el tren temporalmente descarrilado, que amaine la tormenta circunstancial, que se compongan las cosas.
Pero este México ya no es el México del ayer reciente. No el de 2006, ni siquiera el de la segunda mitad de 2009. Hoy se está viviendo en nuestro país un proceso de desmantelamiento apresurado del escaparate muchas veces sólo vigente en términos visuales, pero a fin de cuentas existente, disponible, de un conjunto de derechos y obligaciones sociales derivadas del pacto popular que emergió de la llamada Revolución Mexicana y que el priísmo, para sus fines de control electoral y enriquecimiento de elites, mantuvo en existencia durante décadas, hasta que el panismo impulsado por Estados Unidos y empresarios mexicanos deseosos de sostener su estatus privilegiado mediante cambios gatopardistas, impulsaron una presunta transición democrática que apenas llegó a alternancia de partidos en el poder.
Lo que hoy sucede en el país no es, como una lectura apresurada pudiese sugerir, una tragicómica sucesión de errores motivada por un gobierno de mediocres y antipatriotas que son capaces de cometer las peores tonterías del mundo. El tonto Fox y el torpe Calderón han cambiado drásticamente la realidad nacional, consolidando la rapacería como criterio de ejercicio del poder público, abriendo contractualmente las puertas a los intereses trasnacionales como nunca antes, implantando el miedo como método de control, concentrando la riqueza nacional en las manos de unos cuantos que se pelean entre ellos por márgenes de ganancia y generosidad de concesiones, pero no por diferencias sustanciales, disolviendo el espíritu cívico, la noción de la competencia electoral, la esperanza colectiva y disminuyendo notablemente la altura y profundidad de la estantería de derechos y obligaciones sociales: un México intencionalmente desfondado, una patria convenientemente desesperanzada, una ciudadanía cultivadamente dividida y confrontada.
Allí están, por ejemplo, las sapientísimas discusiones en la Suprema Corte que a fin de cuentas acaban demostrando que no hay justicia en la nación, pues de nada sirven los montajes indagatorios respecto a hechos altamente sensibles si a fin de cuentas todo queda en señalamientos vagos, no individualizados, mero ejercicio de desahogo documental y oratorio entre togas. Ya antes fue Oaxaca el ejemplo de que nada trascendente se logra en esas instituciones blanqueadas (Ulises sigue como si nada, a pesar de todo lo criminalmente hecho contra ciudadanos opositores a su tiranía que ahora pretende mantener mediante elecciones democráticas). Ahora es el caso de la guardería ABC, que se irá igualmente por el caño de las buenas intenciones expresadas en propuestas como la del ministro Zaldivar que fueron votadas negativamente por la mayoría de sus colegas. Y allí sigue pendiente el expediente de los presos de Atenco, catálogo contundente de violaciones a la legalidad y uso faccioso de la institucionalidad para castigar disidencias.
Menos pretenciosas, pero allí están las declaraciones y decisiones del folclórico gobernador de Nayarit, Ney González, al adelantar el cierre de cursos escolares porque prevé enfrentamientos que podrían dañar a los estudiantes, pero no sólo a ellos, pues el mandatario porcentualmente constructor del Nuevo Vallarta estima que vienen días violentos en Tepic, a causa de operaciones de carácter quirúrgico; ir a extirpar lo que tenemos que extirpar en los lugares que sabemos.
Belicismo médico que contrasta con las destilaciones alegres del siempre desconcertante Felipe Calderón que pone buena cara a la desgracia y anuncia desde Baja California Sur una nueva fase de su teoría de las percepciones sociales: hay que promover la imagen de México, exhorta, pero no piensa en ajusticiados, decapitados o balaceras urbanas, ni en pirámides y playas, sino ¡oh! en un proyecto integral de publicidad, sí, pero principalmente de relaciones públicas, en la que estamos contratando a las mejores agencias del mundo para promover integralmente la imagen de México. Sí, para explicar los problemas que tenemos, pero también cómo los enfrentamos; pero, sobre todo, para mostrar lo que nuestro país tiene que ofrecer, y que es mucho, a cualquier visitante del mundo. ¡Gulp que al ser pronunciado suena a Bang pero la publicidad y las relaciones públicas convertirán en Smack!
Astillas:
Hay una avidez de discusión sobre el presente y futuro de la izquierda en México que, por fortuna, supera con amplitud las expresiones de fanatismo e intolerancia. Es necesario abrir los armarios, revisar la caducidad de lo almacenado, replantear modos y formas a la luz de los tiempos corrientes, y repeler las provocaciones y las expresiones ultra que históricamente acaban sirviendo a los intereses contrarios y que con frecuencia provienen de infiltraciones. 2010 no será una redición compensatoria de 2006, y las opciones electorales de cambio se encaminan a esa cita, hasta ahora, en condiciones de fabricada desventaja respecto al proceso en que López Obrador buscó por primera vez la Presidencia de la República... Y, mientras esta columna ya no alcanzaba a comentar el mensaje por cadena nacional de FC, ¡hasta mañana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Enrique Galván Ochoa: Dinero
El reglamento antiblanqueo de capitales que dio a conocer ayer el joven secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, refleja las limitaciones del gobierno mexicano para actuar sobre un sistema bancario controlado en 90 por ciento por instituciones del extranjero. Cuida mucho las apariencias –no se trata de un control de cambios–, pero deja suficientes agujeros –como un queso roquefort– para que continúen fluyendo los dólares, cualquiera que sea su origen. Con todo, tiene un mérito: finalmente reconocen las autoridades hacendarias y fiscales que estamos nadando en dólares de procedencia oscura; según su cálculo suman alrededor de 10 mil millones al año (otras estimaciones hablan de 19 mil a 29 mil); ingresan y se lavan con relativa facilidad en los bancos y es necesario hacer algo para impedirlo. También admiten que esto viene sucediendo desde tiempo atrás. Es necesario tejer una malla fina y al mismo tiempo resistente para filtrar los dólares buenos de los malos, porque el turismo, las exportaciones, las remesas de los paisanos, generan billetes verdes que no tienen nada que ver con el narco. Ese es el sentido del nuevo reglamento que entrará en vigor el lunes próximo. Habrá que ver cómo lo aterrizan los bancos y también cómo reacciona la narcada.
Necesitan pesos
Algunos expertos calculan que el narcotráfico ocupa entre medio millón y un millón de personas. Tal vez ya es la principal fuente de empleo del país. El negocio se lleva a cabo con dólares, en su mayor parte. Sin embargo, es preciso cambiarlos a pesos. Esta inmensa industria necesita moneda nacional para sus operaciones cotidianas: comprar tortillas, ropa, zapatos, automóviles, casas, hospedaje, en fin. Salvo las ciudades de la frontera y centros turísticos, no se admiten dólares en el resto de la República, de ahí que hayan venido recurriendo a los bancos para cambiarlos. La ley roquefort está concebida para dificultar esas operaciones. Sin embargo, deja suficientes agujeros para que el narco siga comprando pesos en casas de cambio y en operaciones persona a persona del mercado negro. Aunque no hay control de cambios, está repitiéndose el fenómeno que vimos en tiempos de López Portillo y De la Madrid, cuando muchas personas iban al aeropuerto con pesos para comprar dólares a los turistas, para luego venderlos fuera del sistema bancario, que ya entonces había pasado a manos del Estado. El negocio ahora está en comprar pesos.
La pregunta
Entre las preguntas que hicieron ayer los reporteros a Ernesto Cordero en la presentación de la ley roquefort faltó una: ¿si estamos nadando en dólares desde hace varios años por qué fue necesario que el Banco de México vendiera a la banca comercial 30 mil millones tomados de sus reservas internacionales? Supuestamente se utilizaron en el rescate del peso después de la devaluación de 2008. Por ahí anda Guillermo Ortiz, ahora metido como conductor de televisión, y podría tener la respuesta.
Ajuste en Nafin
La decisión del director de Nacional Financiera, Héctor Rangel Domene, de reducir a cinco las 32 oficinas estatales de la institución, está causando preocupación a los empleados, porque podría implicar un severo reajuste de personal. El sindicato que encabeza María Luisa Velázquez Galicia dice que el país demanda la reactivación de la economía, tarea en la cual Nafin puede jugar un papel central, y es lamentable que se tome esta decisión de manera abrupta, sin planear ni medir las consecuencias, ni considerar que este cierre demerita la cobertura nacional de la institución.
Alfredo Jalife-Rahme: Bajo la Lupa
En medio de tantas turbulencias globales y focales que reflejan la desglobalización y el inicio de múltiples balcanizaciones –que van desde Bélgica, con el ascenso del separatismo flamenco, hasta Kirguizia, donde colisionan las etnias centroasiáticas que pueden incendiar ominosamente las periferias del RIC (Rusia, India y China)– pasó prácticamente desapercibida la doctrina Obama, que opta por un nuevo orden mundial multipolar fincado en la diplomacia.
Carlos Fernández-Vega: México SA
Oh!, ilusos mexicanos, que no entienden los tejes y manejes del poder, que olvidan que en México sí quiere decir no, que los compromisos son simples ejercicios de oratoria, y que por tratarse del máximo tribunal del país creyeron que las cosas serían distintas. Pero no: desmoronóse la posibilidad de aprobar el dictamen del ministro Zaldívar en torno a la guardería ABC de Hermosillo, porque, en la magia de la justicia a la mexicana, aunque quedaron documentadas las violaciones graves a las garantías individuales, no hay violadores de las mismas; aunque se estableció puntualmente la responsabilidad por la muerte de 49 bebés y las heridas en otros 104, no hay responsables; hay asesinatos, pero no asesinos.
Así de fácil: violación y responsabilidad, sí; violadores y responsables, no. Hasta allí: todo lo demás, es lo de menos. Esa es, precisamente, la justicia a la mexicana, la que se escribe con I de impunidad, y esa la lógica –por llamarle de alguna forma– con la que operaron la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la hora de pronunciarse sobre el dictamen que Arturo Zaldívar presentó al pleno del llamado máximo tribunal.
Apenas 24 horas antes el propio ministro Zaldívar subrayaba la necesidad de que la SCJN envíe un mensaje claro a la sociedad de que nuestro país debe dejar de ser un lugar donde todo pasa y no pasa nada; en el que suceden cosas muy graves y no hay consecuencias; en el que pueden morir 49 niños quemados por negligencias de las autoridades y no hay responsables. No basta con el pésame, el luto o las lamentaciones. Si la muerte de 49 niños no es suficiente para señalar a los responsables, ¿qué tiene que pasar en este país para que actuemos con energía? Tengamos claro que servidores públicos irresponsables constituyen un Estado irresponsable. Responsabilizar hoy es enviar un mensaje que obligará a tomar previsiones, a construir agendas de riesgos, a actuar con mayor acuciosidad en el ejercicio de la función pública. No responsabilizar significa convalidar que hay manera de maniobrar desde un cargo público para permanecer en él pase lo que pase, sin importar qué se haya hecho o qué se haya dejado de hacer en relación con la vulneración de los derechos humanos.
Pero los ministros dejaron en claro que no hay necesidad alguna de alterar el estado de cosas, porque México se mantiene como un país en el que todo pasa y no pasa nada; en el que suceden cosas muy graves y no hay consecuencias. Ayer, ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la mayoría, pues) se negaron a fincar responsabilidades a los funcionarios que hayan incurrido en la violación grave de garantías individuales en el caso de la guardería ABC, y se limitarán a señalar a quienes resulten involucrados en esos hechos (La Jornada, Jesús Aranda). En respuesta, el ministro Arturo Zaldívar reprochó a sus compañeros el que se siga dando tumbos con la facultad de investigación que tiene la Corte y que se haya acartonado la atribución del máximo tribunal en la indagatoria de violaciones graves de garantías. Si me quedo en minoría, pues me seguiré quedando en minoría (junto con Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero), esto no es un partido de futbol; lo que importan son los razonamientos, los argumentos y las convicciones, subrayó. Los tres votos a favor correspondieron al propio Zaldívar, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.
¿Qué sigue? ¿A quién recurren los padres de los niños muertos y heridos en la ABC?, porque han tocado todas las puertas y la justicia sigue prófuga. El gobierno federal se lavó las manos (Procuraduría General de la República); el gobierno de Sonora se lavó las manos (Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora); el Congreso se lavó las manos, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se lavó las manos. ¿Entonces?
A brindar, pues, por la justicia a la mexicana, pues los 14 funcionarios y ex funcionarios señalados en el dictamen del ministro Zaldívar como responsables de la violación grave de garantías individuales pueden respirar tranquilos y aferrarse a sus puestos (por cortesía de ocho de los 11 integrantes del pleno de la SCJN y por el generoso cabildeo del abogado corporativo de Bucareli). Así, pueden mantener la conciencia tranquila (Juan Molinar Horcasitas), dormir como bebé (Eduardo Bours), demandar justicia y castigo a los culpables, porque esa ha sido la prioridad del IMSS (Daniel Karam) y seguir de vacaciones con el manto protector del poder público (Carla Rochín Nieto). Qué más da, porque México se mantiene como un país en el que todo pasa y no pasa nada; en el que suceden cosas muy graves y no hay consecuencias, y de ello dan cuenta los responsables de Aguas Blancas (Rubén Figueroa), Atenco (Enrique Peña Nieto), Oaxaca (Ulises Ruiz) y Puebla (Mario Marín, el gober precioso, en el caso de Lydia Cacho).
En vía de mientras, el inquilino de Los Pinos anunció ayer un plan sobresaliente (debe habérsele ocurrido durante su estancia futbolera en Johannesburgo), el cual no consiste en aplicar justicia, en beneficios concretos para los mexicanos, en acciones y decisiones que promuevan el desarrollo nacional y el bienestar de sus habitantes. No, nada de eso. Se trata de un proyecto integral de publicidad para promover la imagen de México en todos los ámbitos y así darle un nuevo impulso al turismo nacional. Estamos promoviendo en mi gobierno un proyecto integral de publicidad, sí, pero principalmente de relaciones públicas, en la que estamos contratando a las mejores agencias del mundo para promover integralmente la imagen de México. Sí, para explicar los problemas que tenemos, pero también cómo los enfrentamos; pero sobre todo para mostrar lo que nuestro país tiene que ofrecer, y que es mucho, a cualquier visitante del mundo. Un proyecto, pues, a la altura de su tamaño.
Las rebanadas del pastel
Es la historia de lo patético: el Congreso mexicano no sólo aprobó la extranjerización de la banca, sino que la dejó con las manos libres para que hiciera lo que le viniera en gana (un caso más de impunidad absoluta), pero hoy humildemente el mismo Legislativo le solicita a los barones del dinero que, si fueran tan amables, no saquen sus dólares del país, que sean tan gentiles de no descapitalizarlo, que eviten la transferencia de recursos a sus filiales (matrices, en realidad) en el extranjero, es decir que no remitan sus abundantes utilidades –a costillas de los exprimidos usuarios– a sus naciones de origen (para salvarlas de la crisis).
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Dos de los tres sonetos que presento hoy a la indulgencia del lector, son muy recientes. El de enmedio tendrá ocho meses, mas –poco en cantidad, mucho en sentido– se corrigió hace unos días. Son pues temporalmente cercanos y pueden ser mirados como, creo, versos de circunstancia, no obstante sus distintos orígenes. El primero nace de una fotografía publicada en estas páginas por cortesía de Miguel Salmón e intenta ser un mínimo homenaje al músico retratado, Omar Hernández-Hidalgo. El segundo cumple un encargo para un proyecto que finalmente no se concretó. Sé o imagino que en tiempos de fiesta futbolera no causará, por decirlo de manera suave, entusiasmo, y que expuesto en un museo con otros textos y obra plástica, la idea original, pudiera ofrecer un probable contraste y enriquecer así la diversidad de la muestra. Nació de otra fotografía, ésta a color. El último, más personal, empezó como un ensueño lírico y terminó diciendo sin querer algo que me temo mejor quedaría en prosa.
Opinión
No sirve para nada
Ayer, por mayoría –ocho votos contra tres–, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no fincar responsabilidades a los funcionarios que hayan incurrido en la violación de garantías individuales en el caso del percance en la guardería ABC de Hermosillo , como lo proponía el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar. El máximo órgano de impartición de justicia del país reconoció, así, la comisión de violaciones graves en los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009, pero se negó a señalar a los autores de tales violaciones; es decir, hay responsabilidades, pero no responsables. Al carácter intrínsecamente absurdo de tal resolución ha de sumarse la manifiesta impertinencia de pronunciamientos formulados ayer por algunos de los integrantes de la SCJN.
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Opinión
No sirve para nada
Ayer, por mayoría –ocho votos contra tres–, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no fincar responsabilidades a los funcionarios que hayan incurrido en la violación de garantías individuales en el caso del percance en la guardería ABC de Hermosillo , como lo proponía el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar. El máximo órgano de impartición de justicia del país reconoció, así, la comisión de violaciones graves en los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009, pero se negó a señalar a los autores de tales violaciones; es decir, hay responsabilidades, pero no responsables. Al carácter intrínsecamente absurdo de tal resolución ha de sumarse la manifiesta impertinencia de pronunciamientos formulados ayer por algunos de los integrantes de la SCJN.
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El Correo Ilustrado
Pena por decisión de la Corte
La Suprema Corte es una vergüenza. Es una pena muy grande que haya fallado a favor de la impunidad. Karla Rochín, Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam Toumeh, Eduardo Bours Castelo, irán a dormir en su casa tranquilos. ¿En qué momento se nos ocurrió que podría haber justicia en México? Qué ilusos seguimos siendo. Es una gran pena que la Corte los haya dejado libres.
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José María Pérez Gay: Bolívar Echeverría (1941-2010)
Recuerdo a Bolívar Echeverría, mi compañero ecuatoriano, discutir apasionadamente sobre Martin Heidegger y el destino fatal de la filosofía alemana en el Seminario de filosofía de la Universidad Libre de Berlín con nuestro profesor Hans-Joachim Lieber –que había sido en el exilio profesor adjunto de Karl Mannheim y Norbert Elias. Me admiraba siempre su dominio de la lengua alemana, el alemán de Bolívar era perfecto. Nos conocimos en el semestre de invierno de 1965, y comenzamos una amistad entrañable. A pesar de nuestras diferencias políticas, siempre sobrevivió nuestra amistad, porque Bolívar carecía de toda retórica en la amistad.
Carlos Martínez García: La iconografía heterodoxa de Carlos Monsiváis
Es el único intelectual de primer orden en México que defiende los derechos de las minorías religiosas, en particular de integrantes y organizaciones del protestantismo. Para comprender su continuada postura al respecto, Carlos Monsiváis ha dejado sólidas pistas en distintos momentos y lugares.
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Hasta mediados del siglo pasado, el grupo humano que la sociología funcionalista llamaba familia tipo, incluía papá, mamá y una prole que empezó a declinar cuando la píldora y la crisis del sector público trastornaron el cuadro social aceptado y conocido.
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Arnoldo Kraus: Sudáfrica 1, Calderón off side
Se cuentan algunos amigos que Felipe Calderón decidió llevar a cabo una encuesta. Ninguno de mis amigos es político. Les creo. La encuesta propuesta por el Presidente era muy sencilla: preguntaba si era adecuado o no viajar a Sudáfrica para apoyar a la Selección Mexicana en el partido inaugural contra los anfitriones del Mundial Sudáfrica 2010.
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Luis Linares Zapata: Nubarrones sobre México
En su actual versión, el mexicano es un Estado capturado por un compacto conjunto de grupos de presión, frente a los cuales muestra, cada vez más, dolorosa incapacidad de acción y conducción. A tales grilletes se les suman adiposidades partidarias (burocracias) encerradas en sus propios trafiques y, recientemente, el crimen organizado en su variante más violenta, la del narconegocio en gran escala. Por si fuera poca cosa, al disolvente entramado descrito se le deben agregar sendos enclaves de intereses con sedes en el exterior. El resultado de esta sumatoria de agentes de gran calado y fortaleza innegable produce, en el gobierno, las instituciones y gran parte de la sociedad, aguda parálisis y desconciertos cotidianos. Se materializa entonces una cadena de subordinaciones malsanas que imposibilitan al Estado para funcionar adecuadamente y, sobre todo, para dar respuesta, siquiera frágil, a las necesidades y aspiraciones de las mayorías nacionales.
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Alejandro Nadal: Sanciones contra Irán y la próxima guerra
En su Historia sobre las guerras del Peloponeso, Tucídides relata cómo Pericles en el siglo V antes de nuestra era impuso sanciones económicas contra la ciudad de Megara, que se había alineado con Esparta. Atenas prohibió el comercio con esta ciudad Estado y envió un mensaje: si Megara no desistía de su alianza con Esparta sería castigada. Megara se enardeció y exigió a Esparta desatar la guerra. Las hostilidades duraron 30 años.
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Juan Tonda: Alternativas de transporte
Cuando regreso de Cuernavaca veo desde la bajada una nata de color café que baña la ciudad de México. Para ya voy y ése es mi destino, como el de 20 millones de personas.
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Lorenzo Córdova Vianello
Un despropósito constitucional
Desde hace varios años se ha venido planteando la necesidad de revisar la atribución que el artículo 97 constitucional le confiere a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de designar a alguno o algunos de sus miembros o bien a algún juez, magistrado o comisionado “…para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual.”
Se trata de una facultad que, como lo recordaba ayer en estas páginas Sergio López Ayllón, existe desde 1917 y que ha permanecido prácticamente intocada hasta nuestros días. El único cambio que esa atribución constitucional ha sufrido es que en 1987 se incorporó el carácter “grave” a las violaciones a las garantías individuales que podía decidir investigar el máximo tribunal del país; antes de entonces, la Constitución sólo hacía referencia a violaciones a las garantías individuales, sin más calificativos.
Otra facultad de investigación que también existía desde el texto original de la Carta Fundamental vigente era la que permitía a la Suprema Corte averiguar violaciones al voto público, misma que, a partir de 1977, podía ser ejercida de oficio. Sin embargo, esta atribución específica, a diferencia de la primera, fue suprimida con la reforma electoral de 2007.
Se trata de facultades que tenían sentido en un marco constitucional en el que la protección de los derechos fundamentales era particularmente precaria. Entonces la única vía para defender los derechos era el todavía hoy limitado y deficiente Juicio de Amparo, por lo que esa atribución de la Suprema Corte tenía un sentido de protección extraordinaria de los derechos y del orden constitucional.
Sin embargo, el paulatino surgimiento de la CNDH y del Tribunal Electoral agotó la razón de ser de las facultades de investigación a cargo de la Suprema Corte y las convirtió en un sinsentido e incluso en una contradicción con el papel de tribunal constitucional que le fue conferido por la Constitución desde 1994.
Como reiteradamente se ha venido señalando, el principal problema que presenta la facultad de investigación, tal como está diseñada, es que convierte al máximo órgano jurisdiccional en una instancia cuyas conclusiones —en caso de determinar que se han cometido violaciones graves a los derechos fundamentales— no tienen ningún efecto vinculante, a pesar de su enorme peso político.
La CNDH, por el contrario, como ocurre con todos los ombudsman, emite recomendaciones que aunque no obligan sí tienen —al menos en teoría— un gran peso moral. Por ello resulta casi natural que sea ese órgano al que eventualmente se le transfiera la facultad que hoy está en manos de la SCJN. Así lo plantea, por cierto, la reforma a la Constitución en materia de derechos humanos aprobada hace un par de meses por el Senado y que hoy es cuestionada por algunos diputados, entre otras razones, precisamente porque se oponen a sustraer de la esfera de competencias de la SCJN dicha atribución.
Es en este contexto en el que se realizó la investigación determinada por la SCJN sobre el caso del incendio de la guardería ABC y que trajo consigo, por el momento, el proyecto de dictamen que ha presentado a sus colegas el ministro Arturo Zaldívar, en el que se determinan serias responsabilidades de varios altos funcionarios federales y ex funcionarios sonorenses.
En un diseño constitucional ideal, como señalamos, la Corte no debería estar involucrada en averiguaciones de ese tipo, inevitablemente ello supone una especie de prejuzgamiento de asuntos que eventualmente tendrán una derivación jurisdiccional. Sin embargo, estamos hablando de una facultad constitucional actual y válida; desafortunada y necesitada de revisión pero vigente. En ese sentido la SCJN no podría renegar de su ejercicio (como vergonzosamente ocurrió durante décadas) y mucho menos cuando está antecedida de la ominosa inactividad de las instancias de procuración de justicia. Por ello, a pesar de la falta de idoneidad de ese mecanismo, la Suprema Corte no podía sino ordenar una investigación minuciosa y rigurosa como la plasmada en el dictamen del ministro Zaldívar.
Sin embargo, este es el enésimo caso que nos recuerda de la cada vez más urgente necesidad de reordenar las facultades que la Constitución confiere y atribuírselas al órgano más idóneo para tal efecto, y en este caso, insisto, sin duda no lo es la Suprema Corte de Justicia.
Investigador y profesor de la UNAM
Se trata de una facultad que, como lo recordaba ayer en estas páginas Sergio López Ayllón, existe desde 1917 y que ha permanecido prácticamente intocada hasta nuestros días. El único cambio que esa atribución constitucional ha sufrido es que en 1987 se incorporó el carácter “grave” a las violaciones a las garantías individuales que podía decidir investigar el máximo tribunal del país; antes de entonces, la Constitución sólo hacía referencia a violaciones a las garantías individuales, sin más calificativos.
Otra facultad de investigación que también existía desde el texto original de la Carta Fundamental vigente era la que permitía a la Suprema Corte averiguar violaciones al voto público, misma que, a partir de 1977, podía ser ejercida de oficio. Sin embargo, esta atribución específica, a diferencia de la primera, fue suprimida con la reforma electoral de 2007.
Se trata de facultades que tenían sentido en un marco constitucional en el que la protección de los derechos fundamentales era particularmente precaria. Entonces la única vía para defender los derechos era el todavía hoy limitado y deficiente Juicio de Amparo, por lo que esa atribución de la Suprema Corte tenía un sentido de protección extraordinaria de los derechos y del orden constitucional.
Sin embargo, el paulatino surgimiento de la CNDH y del Tribunal Electoral agotó la razón de ser de las facultades de investigación a cargo de la Suprema Corte y las convirtió en un sinsentido e incluso en una contradicción con el papel de tribunal constitucional que le fue conferido por la Constitución desde 1994.
Como reiteradamente se ha venido señalando, el principal problema que presenta la facultad de investigación, tal como está diseñada, es que convierte al máximo órgano jurisdiccional en una instancia cuyas conclusiones —en caso de determinar que se han cometido violaciones graves a los derechos fundamentales— no tienen ningún efecto vinculante, a pesar de su enorme peso político.
La CNDH, por el contrario, como ocurre con todos los ombudsman, emite recomendaciones que aunque no obligan sí tienen —al menos en teoría— un gran peso moral. Por ello resulta casi natural que sea ese órgano al que eventualmente se le transfiera la facultad que hoy está en manos de la SCJN. Así lo plantea, por cierto, la reforma a la Constitución en materia de derechos humanos aprobada hace un par de meses por el Senado y que hoy es cuestionada por algunos diputados, entre otras razones, precisamente porque se oponen a sustraer de la esfera de competencias de la SCJN dicha atribución.
Es en este contexto en el que se realizó la investigación determinada por la SCJN sobre el caso del incendio de la guardería ABC y que trajo consigo, por el momento, el proyecto de dictamen que ha presentado a sus colegas el ministro Arturo Zaldívar, en el que se determinan serias responsabilidades de varios altos funcionarios federales y ex funcionarios sonorenses.
En un diseño constitucional ideal, como señalamos, la Corte no debería estar involucrada en averiguaciones de ese tipo, inevitablemente ello supone una especie de prejuzgamiento de asuntos que eventualmente tendrán una derivación jurisdiccional. Sin embargo, estamos hablando de una facultad constitucional actual y válida; desafortunada y necesitada de revisión pero vigente. En ese sentido la SCJN no podría renegar de su ejercicio (como vergonzosamente ocurrió durante décadas) y mucho menos cuando está antecedida de la ominosa inactividad de las instancias de procuración de justicia. Por ello, a pesar de la falta de idoneidad de ese mecanismo, la Suprema Corte no podía sino ordenar una investigación minuciosa y rigurosa como la plasmada en el dictamen del ministro Zaldívar.
Sin embargo, este es el enésimo caso que nos recuerda de la cada vez más urgente necesidad de reordenar las facultades que la Constitución confiere y atribuírselas al órgano más idóneo para tal efecto, y en este caso, insisto, sin duda no lo es la Suprema Corte de Justicia.
Investigador y profesor de la UNAM
ABC: ¿involucrados o responsables?
José Antonio Crespo
Zaldívar habló de responsabilidad moral y ética, incluso constitucional, la cual, presumiblemente, podría generar consecuencias sí indirectas...
El ministro Arturo Zaldívar, en su proyecto de dictamen sobre el caso de la guardería ABC, propuso revisar y redimensionar el alcance de la facultad de la Suprema Corte de Justicia establecida en el artículo 97 de la Constitución. Sus límites y alcances se habían ya delimitado por los propios ministros al abordar los sucesos de Oaxaca ocurridos en 2006. En ese momento, se llegó a la conclusión de que la Corte no podía apuntar como responsables a las autoridades que, por acción, omisión o negligencia, hubieran violentado gravemente las garantías individuales, sino sólo mencionarlos como meramente involucrados en el asunto. La diferencia puede parecer sutil, pero no lo es: al hablar de involucrados se deja a otras instancias investigar y determinar hasta dónde dicha participación implica responsabilidades administrativas, políticas o penales. Al utilizar la palabra responsabilidad, Zaldívar no pretendía que la Corte determinase las consecuencias administrativas, políticas o penales de nadie, pues el artículo 97 no da para tanto, pero sí habló de una responsabilidad moral y ética, incluso constitucional, la cual, presumiblemente, podría generar consecuencias sí indirectas, lo cual no ha ocurrido en general al ejercer la Corte esta facultad de investigación.
En el caso de Aguas Blancas, el gobernador Rubén Figueroa hubo de renunciar por decisión del presidente Ernesto Zedillo, pero no hubo consecuencias en el caso de Lydia Cacho (por considerar la Corte que no hubo violaciones graves a las garantías individuales), de Atenco (pues, reconociendo que sí hubo violaciones graves, se determinó que éstas no fueron cometidas por las autoridades superiores, sino sólo por quienes las cometieron directamente) ni de Oaxaca (donde sólo se mencionó el nombre de altas autoridades justo como involucrados en los hechos, pero no como responsables, ni siquiera moralmente). El ministro Zaldívar, que no participó en los debates sobre el caso Oaxaca, y no estando de acuerdo con la visión restrictiva que ahí prevaleció, propuso a sus partes una reinterpretación y redefinición de la facultad de investigación, dándole un alcance mayor, no para juzgar y condenar responsables, facultad que en efecto no puede derivarse del artículo 97, pero sí de señalar responsables morales, en su caso, lo que bien podría derivarse de una interpretación garantista, más que letrista, y de una lectura funcional, más que literal, de la Constitución. Con diferentes matices y por distintas razones, ocho de los 11 ministros se opusieron a la reinterpretación del artículo 97 propuesta por Zaldívar.
Lo que ha estado en el fondo de la discusión es el papel que podría ejercer la Corte en un contexto de elevada impunidad administrativa y política (ya no digamos penal) como el que caracteriza al sistema político mexicano (aun después de la alternancia). La facultad de investigación otorgada por el artículo 97 podría convertir a la Corte en un ariete para presionar a cumplir con su deber a las instancias jurídicas que debieran llamar a cuentas a quienes así lo ameriten (en el caso de ABC, y otros en el futuro). Los ministros que no han querido dar esa dimensión al artículo 97 consideran que la facultad es anómala, que no corresponde a la Corte convertirse en un Tribunal de Conciencia, y que no se vale señalar responsables éticos o morales, menos aún constitucionales, sin un debido proceso jurídico. Y que mejor habría que eliminar dicha facultad, para ser ejercida por alguna otra instancia (Zaldívar coincidió en que, sin una interpretación funcional, el artículo 97 es inútil).
El hecho incontrovertible es que con la interpretación restrictiva del artículo 97 difícilmente se modificará el contexto de impunidad e irresponsabilidad política y administrativa que prevalece en México. Muchos han insistido, por ejemplo, en que Juan Molinar y otros altos funcionarios que han sido señalados como presuntos responsables en el caso ABC, debieran renunciar a su cargo por mera dignidad, algo que prácticamente no existe en nuestra clase política y burocrática. Pero ni la mención como involucrados en los hechos de la ABC, al no determinarse una responsabilidad moral o ética, les generará un elevado costo político -ni a sus jefes- y podrán preservarse en su cargo, como si nada pasara. Y en efecto, por lo visto en México no pasa nada ni siquiera en casos tan amargos como el de la guardería ABC.
Zaldívar habló de responsabilidad moral y ética, incluso constitucional, la cual, presumiblemente, podría generar consecuencias sí indirectas...
El ministro Arturo Zaldívar, en su proyecto de dictamen sobre el caso de la guardería ABC, propuso revisar y redimensionar el alcance de la facultad de la Suprema Corte de Justicia establecida en el artículo 97 de la Constitución. Sus límites y alcances se habían ya delimitado por los propios ministros al abordar los sucesos de Oaxaca ocurridos en 2006. En ese momento, se llegó a la conclusión de que la Corte no podía apuntar como responsables a las autoridades que, por acción, omisión o negligencia, hubieran violentado gravemente las garantías individuales, sino sólo mencionarlos como meramente involucrados en el asunto. La diferencia puede parecer sutil, pero no lo es: al hablar de involucrados se deja a otras instancias investigar y determinar hasta dónde dicha participación implica responsabilidades administrativas, políticas o penales. Al utilizar la palabra responsabilidad, Zaldívar no pretendía que la Corte determinase las consecuencias administrativas, políticas o penales de nadie, pues el artículo 97 no da para tanto, pero sí habló de una responsabilidad moral y ética, incluso constitucional, la cual, presumiblemente, podría generar consecuencias sí indirectas, lo cual no ha ocurrido en general al ejercer la Corte esta facultad de investigación.
En el caso de Aguas Blancas, el gobernador Rubén Figueroa hubo de renunciar por decisión del presidente Ernesto Zedillo, pero no hubo consecuencias en el caso de Lydia Cacho (por considerar la Corte que no hubo violaciones graves a las garantías individuales), de Atenco (pues, reconociendo que sí hubo violaciones graves, se determinó que éstas no fueron cometidas por las autoridades superiores, sino sólo por quienes las cometieron directamente) ni de Oaxaca (donde sólo se mencionó el nombre de altas autoridades justo como involucrados en los hechos, pero no como responsables, ni siquiera moralmente). El ministro Zaldívar, que no participó en los debates sobre el caso Oaxaca, y no estando de acuerdo con la visión restrictiva que ahí prevaleció, propuso a sus partes una reinterpretación y redefinición de la facultad de investigación, dándole un alcance mayor, no para juzgar y condenar responsables, facultad que en efecto no puede derivarse del artículo 97, pero sí de señalar responsables morales, en su caso, lo que bien podría derivarse de una interpretación garantista, más que letrista, y de una lectura funcional, más que literal, de la Constitución. Con diferentes matices y por distintas razones, ocho de los 11 ministros se opusieron a la reinterpretación del artículo 97 propuesta por Zaldívar.
Lo que ha estado en el fondo de la discusión es el papel que podría ejercer la Corte en un contexto de elevada impunidad administrativa y política (ya no digamos penal) como el que caracteriza al sistema político mexicano (aun después de la alternancia). La facultad de investigación otorgada por el artículo 97 podría convertir a la Corte en un ariete para presionar a cumplir con su deber a las instancias jurídicas que debieran llamar a cuentas a quienes así lo ameriten (en el caso de ABC, y otros en el futuro). Los ministros que no han querido dar esa dimensión al artículo 97 consideran que la facultad es anómala, que no corresponde a la Corte convertirse en un Tribunal de Conciencia, y que no se vale señalar responsables éticos o morales, menos aún constitucionales, sin un debido proceso jurídico. Y que mejor habría que eliminar dicha facultad, para ser ejercida por alguna otra instancia (Zaldívar coincidió en que, sin una interpretación funcional, el artículo 97 es inútil).
El hecho incontrovertible es que con la interpretación restrictiva del artículo 97 difícilmente se modificará el contexto de impunidad e irresponsabilidad política y administrativa que prevalece en México. Muchos han insistido, por ejemplo, en que Juan Molinar y otros altos funcionarios que han sido señalados como presuntos responsables en el caso ABC, debieran renunciar a su cargo por mera dignidad, algo que prácticamente no existe en nuestra clase política y burocrática. Pero ni la mención como involucrados en los hechos de la ABC, al no determinarse una responsabilidad moral o ética, les generará un elevado costo político -ni a sus jefes- y podrán preservarse en su cargo, como si nada pasara. Y en efecto, por lo visto en México no pasa nada ni siquiera en casos tan amargos como el de la guardería ABC.
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