Julio Hernández López: Astillero
El notable triunfo del futbol comercial mexicano ayer en el torneo de Sudáfrica embona convenientemente con el proceso de patrioterismo simplón y distractor que las elites rectoras del país han puesto a correr, sobre todo en pantallas de televisión, con el propósito de convencer a los ciudadanos de que sus problemas tienen causa y origen en territorios del voluntarismo individual y que las crisis nacionales se pueden remontar a partir de epopeyas de imaginación declamadas sobre un Paseo de la Reforma increíblemente desprovisto de automóviles y viandantes.
La plausible victoria de un equipo profesional de balompié resulta así contaminada por la manipulación largamente anunciada que de ese ente representativo del más popular de los deportes han hecho tanto el calderonismo, que ha buscado colgarse de los éxitos y la fama del conjunto tradicionalmente identificado con el color verde (aunque en esta copa se ha usado uniforme negro, tal vez en concordancia con la situación real del país), como los grupos empresariales (sobre todo Televisa y Televisión Azteca, más algunos anunciantes principales, como Bimbo con su campaña de hacer sánduiches) que inflan los logros de la mencionada selección con propósitos absolutamente comerciales, tratando de inyectar en la audiencia dosis electrónicas narcóticas que hagan olvidar la triste y difícil situación diaria de las mayorías e incluso lleven a fabricarse por necesidad un falso orgullo nacional, con paraísos artificiales de euforia y bienestar que mueven al consumismo buscado por los patrocinadores y que desaparecen en cuanto la droga futbolera también cesa.
Nada cambia para bien en la situación nacional a partir de los resultados de una competencia deportiva abiertamente movida por intereses comerciales, pero los ministerios de propaganda que funcionan en Los Pinos y en los foros del duopolio televisivo aprovechan el momento para suministrar por la vía electrónica los estupefacientes necesarios para que el caldero hirviente siga sin explotar. Y no se diga que estas líneas astilladas están movidas por un espíritu de acritudes antideportivas o contrarias a la mencionada selección: el autor de estas líneas es un racional aficionado al futbol (sin fanatismos ni obcecación) que encomia las virtudes del equipo mexicano y del director técnico como tal, no como anunciante de Iniciativas Privadas México, y que cree que esa selección tiene suficiente fuerza y calidad como para ir más delante (al grado que ayer este tecleador astillado se atrevió a pronosticar que México ganaría 2 a 1 a Francia).
Pero no puede desatenderse el tema del uso manipulado, faccioso, ofensivo, que los principales culpables de la postración nacional hacen de circunstancias alegres como la del triunfo futbolero. La enorme lista de agravios sociales en materia de seguridad pública e integridad física de los ciudadanos pareciera quedar provisionalmente relegada en medio del desbordamiento matraquero proveniente del chicharismo y el cuauhtemazo. Las preocupaciones nacionales se concentran alrededor del Ángel de la Independencia, y sus sitios de similares resonancias celebrantes en el resto del país, y la gran inconciencia cívica militante se vuelve guerrillera en las montañas de los festejos futboleros desde algún lugar de las frustraciones acumuladas canjeables por alargadísimos gritos de gol. Dime qué festejas con exceso y te diré quién eres con carencias. Escucha el barullo televisivo con comerciales y olvida tu entorno de infortunio. Que nada te importen el ayer y el mañana sino el hoy de los goles que inducidamente has de celebrar en una especie de borrachera de conciencias. El bicentenario no necesita más celebración que la de la conversión de los trágicos ratones verdes del pasado en los Ratatouilles del presente sudafricano. ¡Patria o muerte: golearemos!
Entre la algarabía balompédica poca atención mantiene la virtual guerra política contra el más duro de los priísmos que ha desatado el comandante electoral panista de apellido Calderón. Justamente cuando avanzaba una ofensiva del tricolor para denunciar el uso electoral de fondos y programas públicos por parte de Los Pinos fue detonada la bomba de espionaje telefónico que pretende pegarle a uno de los duros entre los duros, el ejemplarmente dinosáurico Fidel Herrera. El desechable César Nava se permitió incluso exhibir dos piezas más de esas intercepciones. Y rápidamente se desmarcó de la jugada, al menos en términos declarativos, Enrique Peña Nieto, sobre quien habían caído acusaciones de pretender el desplazamiento del gobernador veracruzano que según eso pretendía pelearle la candidatura presidencial. Y Felipe Calderón no tuvo paciencia para degustar el plato frío de la venganza y se lanzó de inmediato en contra de los gobernantes que usan el poder para distribuir con sentido partidista esos recursos públicos, en un discurso delator del origen del golpe contra el veracruzano que efectivamente es un histórico especialista en esas delictivas formas de patrocinios políticos y adulteraciones electorales. Pero no parecen los panistas empoderados los más autorizados para hacer esas denuncias y reclamos: Los Pinos hablando de Oportunidades.
El calderonismo se sabe electoralmente en riesgo y pretende responder con lo que le queda a la mano: el uso faccioso de la inteligencia gubernamental para enfrentar a mapaches corruptos como el gobernador de Veracruz, el anuncio del líder panista de que solicitará la presencia de la Policía Federal en Oaxaca el día de las elecciones, y el golpe a la CNDH que ha dado el presidente de la comisión de asuntos de Defensa Nacional de San Lázaro, el ex jefe policiaco federal Ardelio Vargas, quien considera muy aventurado que el ombudsman nacional hubiera acusado a la Sedena de asesinar a dos pequeños en Tamaulipas y de alterar la escena de esos crímenes.
Y, mientras Gómez-Mont sigue produciendo frases de antología, ¡feliz fin de semana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Enrique Galván Ochoa: Dinero
Se anda haciendo bolas el secretario Bimbo con el asunto de la densidad energética de los productos chatarra que se venden en las escuelas. ¿Que quién es el secretario Bimbo? Podrían ser dos: Alonso Lujambio o José Ángel Córdova, en calidad de genéricos intercambiables. Dice Córdova que los productos que podrán venderse dependen, por un lado, del tamaño de la porción, y por otro, de la densidad energética en 100 gramos. Y al establecer un rasero de 450 calorías habrá, en el momento en que esto se convierta y sea aprobado en Cofemer, una lista de qué productos podrán seguir y qué productos no podrán seguir. ¿Le entendieron? Yo tampoco. Lo que se ve es que la industria de la comida chatarra se impuso –ni siquiera se resistieron– a los secretarios de Educación y Salud, y seguirán causando estragos en la salud de los niños.
Sindicatos insumisos en Sudáfrica
El gobierno de Sudáfrica sigilosamente se ha hecho cargo de las labores que desarrollaban sus vigilantes y guías de cuatro estadios en Johannesburgo, Durban y Ciudad del Cabo, después de que se volvió violenta una disputa sobre salarios. La policía usó gas lacrimógeno para disolver una manifestación después del partido Alemania-Australia. Los inconformes reclaman el pago de sus honorarios como fue convenido: 200 dólares al día, pero les están pagando menos de la mitad. Aun cuando las autoridades están determinadas a sofocar cualquier protesta, podrían tener lugar otras, y más violentas, antes de que el árbitro dé el silbatazo final de la Copa. El líder de la federación sindical Cosatu denunció a dos ministros por actos de corrupción y motivó furiosa respuesta de los integrantes del Congreso Nacional Africano. Los sindicalistas amenazan con estallar una huelga que dejaría sin luz las instalaciones deportivas. ¿No andarán algunos políticos mexicanos por allá? Podrían enseñar a sus colegas cómo transformar sindicatos insumisos en sindicatos charros. O mejor: llévense a Javier Lozano a que imparta un curso intensivo.
Hablemos bien
La Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo lanzó la campaña Hablemos bien de México. Se trata de restañar –según Jorge Enrique Dávila Flores, presidente de la agrupación– la mala imagen que ha provocado la caída del turismo nacional e internacional. Merece éxito la iniciativa. Sin embargo, no conseguirá ninguno de sus objetivos si no mejora antes la situación del país en materia de seguridad. Lo primero que tienen que hacer es convencer a los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y otros países, de que apaguen la luz de alerta que invita a sus ciudadanos a no visitar México; podría costarles la pérdida de sus bienes, su libertad y hasta la vida.
Se anda haciendo bolas el secretario Bimbo con el asunto de la densidad energética de los productos chatarra que se venden en las escuelas. ¿Que quién es el secretario Bimbo? Podrían ser dos: Alonso Lujambio o José Ángel Córdova, en calidad de genéricos intercambiables. Dice Córdova que los productos que podrán venderse dependen, por un lado, del tamaño de la porción, y por otro, de la densidad energética en 100 gramos. Y al establecer un rasero de 450 calorías habrá, en el momento en que esto se convierta y sea aprobado en Cofemer, una lista de qué productos podrán seguir y qué productos no podrán seguir. ¿Le entendieron? Yo tampoco. Lo que se ve es que la industria de la comida chatarra se impuso –ni siquiera se resistieron– a los secretarios de Educación y Salud, y seguirán causando estragos en la salud de los niños.
Sindicatos insumisos en Sudáfrica
El gobierno de Sudáfrica sigilosamente se ha hecho cargo de las labores que desarrollaban sus vigilantes y guías de cuatro estadios en Johannesburgo, Durban y Ciudad del Cabo, después de que se volvió violenta una disputa sobre salarios. La policía usó gas lacrimógeno para disolver una manifestación después del partido Alemania-Australia. Los inconformes reclaman el pago de sus honorarios como fue convenido: 200 dólares al día, pero les están pagando menos de la mitad. Aun cuando las autoridades están determinadas a sofocar cualquier protesta, podrían tener lugar otras, y más violentas, antes de que el árbitro dé el silbatazo final de la Copa. El líder de la federación sindical Cosatu denunció a dos ministros por actos de corrupción y motivó furiosa respuesta de los integrantes del Congreso Nacional Africano. Los sindicalistas amenazan con estallar una huelga que dejaría sin luz las instalaciones deportivas. ¿No andarán algunos políticos mexicanos por allá? Podrían enseñar a sus colegas cómo transformar sindicatos insumisos en sindicatos charros. O mejor: llévense a Javier Lozano a que imparta un curso intensivo.
Hablemos bien
La Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo lanzó la campaña Hablemos bien de México. Se trata de restañar –según Jorge Enrique Dávila Flores, presidente de la agrupación– la mala imagen que ha provocado la caída del turismo nacional e internacional. Merece éxito la iniciativa. Sin embargo, no conseguirá ninguno de sus objetivos si no mejora antes la situación del país en materia de seguridad. Lo primero que tienen que hacer es convencer a los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y otros países, de que apaguen la luz de alerta que invita a sus ciudadanos a no visitar México; podría costarles la pérdida de sus bienes, su libertad y hasta la vida.
Julio Boltvinik: Economía Moral
Bolívar Echeverría participó en la primera presentación del Nº 23 de Desacatos que coordiné, comentando el texto de György Márkus Sobre la posibilidad de una teoría crítica. Su comentario, una vez trascrito y editado, lo traduje al inglés y se lo envié a Márkus, quien escribió una réplica. La contra-réplica que Bolívar me había prometido, no llegará. Enterado de la muerte de Bolívar, Márkus se refirió al debate entre ellos como dolorosamente inconcluso. Es un debate central entre los dos marxistas más importantes del presente y debe difundirse. El comentario de Bolívar, después de una introducción sobre Márkus y la Escuela de Budapest de la que formó parte, empieza señalando en qué está de acuerdo con él (cito con extractos y abreviando el texto por razones de espacio, en ésta y las demás citas):
Carlos Fernández-Vega: México SA
Ni siquiera se tomaron la molestia de cubrir las apariencias y cumplir con el calendario por ellos mismos aprobado. Ni eso. En sólo tres días (no en cinco, como originalmente establecieron), los raudos ministros –la mayoría de ellos– de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiraron la papa caliente, se lavaron las manos, despacharon el caso y desaprovecharon la ocasión para meter orden, aunque fuera un poco, en el espeluznante circo que es el gobierno federal y su impúdico aparato de justicia, al tiempo que, por timoratos –por decirlo suave–, tiraron al cesto de la basura la oportunidad de abrir brecha para que en México la justicia trascienda el discurso y la propaganda.
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, presidente de la SCJN, aseguró que la decisión en el caso de la guardería ABC de Hermosillo “tiene los límites estructurales que la Constitución le establece… La determinación de los ministros no inculpa ni exonera a nadie, ya que otras autoridades conservan el deber y las facultades de atribuir las responsabilidades que derivan del caso… Hemos hecho lo que la Constitución nos permite”. ¿En serio? Si eso es todo lo que puede hacer el máximo tribunal del país, si son tan estrictas sus limitaciones, entonces ¿para qué se necesita?, ¿en qué se benefician los mexicanos? Ahórrese, pues, el grueso cuan creciente presupuesto que se le destina (de él, la mayor parte para gruesos sueldos y jugosas prestaciones de los propios ministros) y utilícense esos dineros en algo más práctico y productivo.
Caso impunemente cerrado. De acuerdo con la versión de Ortiz Mayagoitia la determinación de los ministros no inculpa ni exonera a nadie, ya que otras autoridades conservan el deber y las facultades de atribuir las responsabilidades que derivan del caso. Grave error: sí exoneraron, y con fanfarrias, a los señalados como responsables (Juan Molinar Horcasitas, Eduardo Bours, Daniel Karam, Carla Rochín Nieto y diez funcionarios y ex funcionarios más) en el dictamen de Arturo Zaldívar; sí exoneraron a los dueños de la guardería ABC de Hermosillo (a las parentelas de Margarita Zavala y Eduardo Bours); sí exoneraron al IMSS por el desorden generalizado en el sistema de guarderías; sí exoneraron a la ilegal subrogación de guarderías y, en fin, lo único que hizo la mayoría de los ministros fue, precisamente, exonerar y exonerar. Y las mismas determinaciones adoptadas así lo precisan: violaciones sin violadores, responsabilidades sin responsables, asesinatos sin asesinos, legalidad sin ley. Gracias, señores ministros.
Por lo demás, el presidente de la SCJN se apresuró a devolver el balón justo a la cancha en la que, desde el principio, se negaron a agarrarlo y lo patearon lo más rápido y lejos posible, tanto que llegó al máximo tribunal, es decir, donde ahora lo rebotan, con más rapidez que gracia, porque “otras autoridades conservan el deber y las facultades de atribuir las responsabilidades que derivan del caso… (La decisión de los ministros fue) para no entorpecer las labores de otras autoridades que tienen el mandato de determinar las responsabilidades penales, administrativas, civiles o políticas”, aseguró el ministro presidente.
Pero, ¿qué los padres de las víctimas no se vieron obligados a recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisamente por la permanente negativa y encubrimiento de las mismas autoridades por él referidas? ¿Qué las procuradurías General de la República y General de Justicia de Sonora no se negaron rotundamente a investigar, capturar y enchiquerar a los responsables? ¿Qué el gobierno calderonista y, en su momento, el de Bours (como ahora el de Padrés) no actuaron impúdicamente para que sus funcionarios y las parentelas respectivas se mantuvieran ostensiblemente impunes? ¿O de qué autoridades habla Ortiz Mayagoitia?
Tras la decisión del pleno de la SCJN y las convincentes explicaciones de su presidente, en breve veremos a los compungidos procuradores general de la República y general de Justicia de Sonora reivindicarse ética, política y administrativamente, porque ya lo dijo Ortiz Mayagoitia: “otras autoridades conservan el deber y las facultades de atribuir las responsabilidades que derivan del caso… otras autoridades que tienen el mandato de determinar las responsabilidades penales, administrativas, civiles o políticas”. Así, más rápidos que una saeta, como nunca veremos actuar al dúo dinámico Arturo Chávez Chávez (PGR)-Abel Murrieta Gutiérrez (PGJS, con Bours y con Padrés), el cual, celosos de su deber, sin ningún compromiso político que lo condicione y carente de intereses en el este asunto, de inmediato ejercerá sus facultades, esclarecerá el caso de la guardería ABC, profundizará las investigaciones, encontrará a los verdaderos culpables y los enchiquerará. Si ante no lo hizo, simplemente se debe a que el pleno del máximo tribunal no lo había dicho en público.
En vía de mientras, tan satisfechos quedaron los padres de las víctimas con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tan tranquilos con las explicaciones de su presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, que tras conocer el fallo del máximo tribunal de inmediato hicieron público que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de su inagotable peregrinar por encontrar lo que en su país sistemáticamente se les niega: justicia.
Como era de esperarse, en Los Pinos están felices con la decisión de la SCJN: impunes comenzamos, impunes nos mantenemos, y lo que en la residencia oficial celebran como (pírrica) victoria, para la nación no es más que otra gran derrota. Después no pregunten (“quién mató al comendador… Fuenteovejuna, señor”). Y como diría el ministro Zaldívar: quienes denigran a las instituciones son los malos servidores públicos, no quienes criticamos a esos malos servidores públicos.
Las rebanadas del pastel
El Mundial Sudáfrica 2010 no sólo da pie para justificar inexistentes viajes de Estado a costillas del erario. También provoca euforia, evasión masiva de la realidad y tiroteo de frases de cantina dignas de ser inscritas en letras de oro en algún altar de la patria: el equipo francés se ha batido con bizarría, pero con torpeza, como en el 5 de mayo en Puebla (Carlos Navarrete, director técnico avecindado en el Senado de la República). ¡Uf! De que los hay, no cabe duda.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Penultimátum
Según las cifras que manejan quienes padecen los efectos de la piratería o la combaten, la mitad de las prendas que se venden en el país son piratas; lo son también nueve de cada 10 discos de música, ocho de cada 10 películas, seis de cada 10 programas de cómputo. La importación, elaboración local, distribución y venta de tales artículos es un negocio manejado por grupos poderosos, con ligas dentro de las corporaciones encargadas de combatir los delitos o de vigilar que a México no entre ni se venda mercancía de contrabando.
Pese a las medidas internacionales aprobadas para combatir la piratería y el comercio de productos falsificados, son actividades en franco crecimiento y que movilizan mundialmente cerca de 500 mil millones de dólares al año. Según la Interpol y organizaciones policiales afines esto equivale a entre 5 y 7 por ciento del monto total del comercio internacional.
Patricia Peñaloza: Ruta Sonora
Y porque no todo es fútbol, después de la deliciosa cruda ganadora, la festividad puede proseguir escuchando buenos discos, apoyando a las bandas de rock hecho en México y emocionándonos por los conciertos que en el año se avecinan. Notición loco Para quienes se quedaron sin boletos (se acabaron en media hora) para ver a la banda estadunidense de culto, Pixies, a actuar el 17 de octubre en el Metropólitan, ciudad de México, gran noticia: el mítico cuarteto de Boston actuará también en el Festival Corona Capital (curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez), el día 16, mismo mes, al lado de bandas como Interpol y James, cartel hasta ahora confirmado; el resto del elenco será dado hoy a conocer por sus organizadores, en twitter.com/coronacapital. Otras agrupaciones que se barajan, aún sin confirmar, son Soundgarden y Stone Temple Pilots. Otra ratificación de este suceso, es revelada por los miembros de James en esta entrevista (checar minuto 4): http://bit.ly/cjm54M.
Irán y la hipocresía de Europa
La Unión Europea (UE) acordó ayer el endurecimiento de las sanciones económicas contra el gobierno iraní por la determinación de avanzar en su programa de desarrollo nuclear. Tales medidas incluyen bloqueos bancarios y del sector de seguros, de transporte aéreo y marítimo, así como la prohibición de nuevas inversiones, asistencia técnica y transferencia de tecnologías en el sector energético. El pretexto es la supuesta intención de Teherán de usar sus reactores y su uranio enriquecido para fabricar bombas atómicas, intención que fue desmentida por el acuerdo al que llegó hace una semanas con Turquía y Brasil para que esos países verificaran que el proceso de enriquecimiento del combustible nuclear no fuera usado por Irán con propósitos bélicos.
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El Correo Ilustrado
Amplía información acerca de choferes de micros
Felicito a la periodista Laura Gómez, por su reportaje-denuncia sobre bases de micros y autobuses, publicado en La Jornada del pasado día 16, pero esa denuncia es incompleta, pues no informa sobre las relaciones de trabajo concesionarios-conductores, que son una de las explotaciones más abusivas y denigrantes, pues el conductor debe entregar diariamente entre mil y mil 200 pesos al concesionario por trabajar la unidad de 12 a 14 horas, además de pagar la gasolina, lavar y dar mantenimiento a la unidad.
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Raúl Zibechi: Saberes en movimiento
Entre finales de mayo y comienzos de junio un nutrido grupo de militantes sociales y pensadores comprometidos con los movimientos antisistémicos participaron en Lima en una semana de debates, unos abiertos y otros cerrados, bajo el lema Entre las crisis y los otros mundos posibles. Convocados por un conjunto de investigadores-militantes agrupados en el Programa Democracia y Transformación Global, vinculado a la Universidad de San Marcos, se juntaron feministas, campesinos, artistas, comunicadores, obreros y estudiantes de casi todos los países de la región para poner en común algunos temas de los desafíos que tiene por delante el combate por un mundo nuevo.
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De que la perra es brava, hasta a los de la casa muerde, reza el adagio popular. Mientras que el Comité de Energía del Senado en California proponía el 10 de abril de 2003 terminar con el proceso de liberalización del mercado energético y devolverlo al Estado, aquí en México el gobierno del presidente Fox nos vendía la peregrina idea de las supuestas ventajas de un proceso de privatización que en la cuna del capitalismo había demostrado un fracaso rotundo, generándole al estado de California un déficit presupuestal, según cálculos conservadores, de más de 25 mil millones de dólares, que fue el detonador de la caída de Gray Davis como gobernador de ese estado.
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Luis Javier Garrido: La SCJN contra la Constitución
Las principales fuerzas sociales del país se hallan en abierta resistencia contra el gobierno panista cuando se empiezan a producir los esperados fallos del Poder Judicial sobre cuestiones cruciales, ahondándose con ellos una peligrosa brecha entre una clase política decidida al margen de la legalidad a seguir desmantelando la nación y cancelándole derechos a los mexicanos en nombre de los intereses de las trasnacionales, y un pueblo que entiende cada vez más que no puede ya invocar dicha legalidad para defender sus derechos.
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Qué puede ser más doloroso que la muerte de 49 niños? Que esas muertes sean responsabilidad de la familia o del Estado. Creo que por eso son tan indignantes los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). ¿Por qué, si han demostrado que es posible actuar a favor de la justicia, hoy confirman su falta de autonomía respecto del Poder Ejecutivo? ¿Por qué deslindaron de responsabilidad o de señalar como involucradas en la tragedia a las más altas autoridades del IMSS y del estado de Sonora, cuyas decisiones y omisiones costaron la vida a 49 niños? ¿Quién convenció a tres o cuatro ministros de proteger a Molinar, a Karam, a Bours, a Marcia Gómez del Campo? ¿Cómo avalar un sistema de subrogación de guarderías que apoyaba la discrecionalidad al otorgar contratos con fines de lucro a influyentes y parientes del gobernador o de la esposa del Presidente? ¿Qué compromisos políticos o económicos los obligan a seguir dependiendo de la estructura de poder? Menos mal que una minoría desaprobó tal decisión y junto con Arturo Zaldívar, Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza afirmaron que de haberse cumplido con las normatividades, los daños hubiesen sido menores. Menos mal que 10 ministros determinaron que el incendio de la guardería ABC representa una grave violación de garantías individuales.
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José Cueli/ II: Marginalidad y violencia
En la experiencia de la marginalidad todo pareciera situarse en el margen, al margen, en las fronteras, en el exilio, en el silencio, en la exclusión, en la tierra de nadie, en el desarraigo, en la no pertenencia, en el no ha lugar de la ley, en la fragmentación.
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Emilio Álvarez Icaza
Espacio Civil
¡Hasta las antepenúltimas consecuencias!
Bajo esa consigna decidió moverse la mayoría de los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante el informe que presentó a su discusión el ministro Arturo Zaldívar de lo sucedido en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora.
La mayoría de ministros y ministras decidió no señalar responsabilidades éticas ni políticas, también decidió eludir el término “responsabilidad”; igualmente decidió exonerar a altos funcionarios federales, estatales o municipales (la cuerda por lo más delgado…); tampoco acompañó la idea de desorden generalizado en las guarderías (aunque sólo 4% de la guarderías subrogadas cumplan la normativa del propio Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS], como la propia Comisión de la Corte informó). Desechó también la posibilidad de repensar el esquema se subrogaciones… Contundente goleada a los derechos de niños y niñas y a una cultura del servicio público basada en responsabilidades y no en privilegios.
La SCJN (en particular su presidente), también dejó pasar una oportunidad única para ayudar a revertir la situación estructural de carencia de recursos del IMSS. Lejos de demandar al Estado mexicano cumplir con su obligación de tutelar los derechos sociales y dotarle de recursos suficientes, se mostró con más preocupación por el impacto presupuestal de transformar el esquema de subrogaciones.
Resultó más que frustrante para papás y mamás de las víctimas del incendio escuchar cómo a lo largo de estos días la mayoría de quienes integran el pleno de la SCJN presentaba elaborados argumentos para autolimitarse y autolimitar a la Corte en sus alcances sobre la determinación de violaciones graves a los derechos humanos, y las consecuencias de ello. El “poderoso” mensaje de la justicia nunca llegó.
Como es de entenderse, la decepción no sólo se hizo presente en los padres, sino también en activistas, amplios sectores de la sociedad civil y muchos de los que, una vez más, vimos nuestras confianza depositada en la SCJN hacerse pedazos… La legalidad desplazó a la justicia.
PARÉNTESIS
Este domingo se cumplen dos años de los, también, trágicos acontecimientos en la discoteca New’s Divine. La única persona en reclusión es el administrador del antro, ni un sólo servidor público. Hasta Joel Ortega prepara su regreso a la política con la promoción de la agrupación política local ”Ciudadanía y Democracia” ¿¿¡!??... No cabe duda, el mundo al revés.
Bajo esa consigna decidió moverse la mayoría de los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante el informe que presentó a su discusión el ministro Arturo Zaldívar de lo sucedido en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora.
La mayoría de ministros y ministras decidió no señalar responsabilidades éticas ni políticas, también decidió eludir el término “responsabilidad”; igualmente decidió exonerar a altos funcionarios federales, estatales o municipales (la cuerda por lo más delgado…); tampoco acompañó la idea de desorden generalizado en las guarderías (aunque sólo 4% de la guarderías subrogadas cumplan la normativa del propio Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS], como la propia Comisión de la Corte informó). Desechó también la posibilidad de repensar el esquema se subrogaciones… Contundente goleada a los derechos de niños y niñas y a una cultura del servicio público basada en responsabilidades y no en privilegios.
La SCJN (en particular su presidente), también dejó pasar una oportunidad única para ayudar a revertir la situación estructural de carencia de recursos del IMSS. Lejos de demandar al Estado mexicano cumplir con su obligación de tutelar los derechos sociales y dotarle de recursos suficientes, se mostró con más preocupación por el impacto presupuestal de transformar el esquema de subrogaciones.
Resultó más que frustrante para papás y mamás de las víctimas del incendio escuchar cómo a lo largo de estos días la mayoría de quienes integran el pleno de la SCJN presentaba elaborados argumentos para autolimitarse y autolimitar a la Corte en sus alcances sobre la determinación de violaciones graves a los derechos humanos, y las consecuencias de ello. El “poderoso” mensaje de la justicia nunca llegó.
Como es de entenderse, la decepción no sólo se hizo presente en los padres, sino también en activistas, amplios sectores de la sociedad civil y muchos de los que, una vez más, vimos nuestras confianza depositada en la SCJN hacerse pedazos… La legalidad desplazó a la justicia.
PARÉNTESIS
Este domingo se cumplen dos años de los, también, trágicos acontecimientos en la discoteca New’s Divine. La única persona en reclusión es el administrador del antro, ni un sólo servidor público. Hasta Joel Ortega prepara su regreso a la política con la promoción de la agrupación política local ”Ciudadanía y Democracia” ¿¿¡!??... No cabe duda, el mundo al revés.
Eliminemos el artículo 97
José Antonio Crespo
Si la Corte no señaló a algún funcionario como involucrado en la violación respectiva, pues se le considera en automático por exonerado.
Sabemos que algunos ministros de la Suprema Corte -y múltiples teóricos y expertos constitucionalistas- consideran un anacronismo el artículo 97 constitucional para investigar sobre violaciones graves de las garantías individuales, pero sin efecto vinculante. En los últimos años la Corte se ha sumido en un debate sobre cómo ejercer y con qué alcances dicha facultad. Una posición que podríamos llamar "garantista" ha empujado la idea de que, dado que no estamos en una democracia eficaz a cabalidad, en la que predominan la impunidad, las complicidades y la ausencia de rendición de cuentas, la Corte podría ayudar a mover el anquilosado e ineficaz sistema de procuración e impartición de justicia, a través de esta facultad. No se trata, como muchos han dicho, de dar atribuciones a la Corte que la ley no otorga, sino de, cuando se determina que hubo violaciones graves a los derechos fundamentales, se señale al responsable de ellos, no desde la perspectiva política, administrativa o penal (algo que en efecto no puede derivarse del artículo 97), sino desde la ética pública. Interpretación que por supuesto cabe, pero la mayoría de ministros se ha pronunciado reiteradamente por expulsar el término "responsable" (aun desde la ética pública) y utilizar el de "involucrado", que no implica inocencia ni culpabilidad. "Nuestra declaración no culpa ni exonera a nadie", dijo el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayogoitia. Un término que, por ende, tiene menos peso político que el de "responsable" desde la ética pública, pero cuya diferencia casi no logra ser comprendida por la opinión pública ni por los medios en general. Por eso algunos diarios cabecearon con toda tranquilidad -e inexactitud- "Molinar culpable" al conocerse el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, o "Molinar inocente" al divulgarse la conclusión de la Corte.
Quienes del otro lado promueven la eliminación del artículo 97 bajo una lectura "letrista", señalan que es anómala en una situación de normalidad democrática, que ningún otro Tribunal Constitucional del mundo la tiene. Cierto. Salvo que en México estamos lejanos a la "normalidad democrática". En alguna intervención, el ministro Zaldívar, que bajo la interpretación estrecha y letrista que se le ha dado al artículo 97, más valdría desaparecerlo, con lo que paradójicamente lo lleva a coincidir con el ministro Salvador Aguirre Anguiano -emblemático de las posiciones más refractarias-, pero por razones distintas. Como no se le dio al artículo 97 una interpretación que a la Corte le permitiera agitar o presionar con cierta eficacia el anquilosamiento jurídico y procesal en que nos asfixiamos, entonces no sirve para nada. Peor aún, puede ser contraproducente. Y ahí retomo un argumento del ministro Aguirre Anguiano: limitada facultad puede ser coartada de otras instituciones encargadas de procurar e impartir justicia para no hacer gran cosa, pues "la Corte ya conoció de ello". Y así tomar sus resoluciones como base para desestimar la justicia. Si la Corte no señaló a algún funcionario como involucrado en la violación respectiva, pues se le considera en automático por exonerado. Si en cambio se le señala como "involucrado", tampoco se ejerce justicia, pues ese término no tiene el peso político suficiente (como vimos en el caso Oaxaca), como sí lo tendría el término "responsable" aun desde la ética pública.
Tomo como ejemplo la determinación de la Corte de que no hubo "desorden generalizado", es decir, que lo de ABC no fue sistémico, sino circunstancial. Y que, por tanto, quedan fuera de discusión los mandos superiores. De ahí que la Corte ni siquiera discutiera en particular si Juan Molinar o Eduardo Bours estuvieron o no "involucrados" en la violación de los derechos de los niños de la ABC. Se pudo haber llegado también a la conclusión de que sí hubo "desorden generalizado" -como opinaron cinco magistrados- lo cual dependía de dónde se fijara el lindero entre un concepto y otro (en una frontera sin duda borrosa). Que haya ganado la moción de que no hubo desorden generalizado, servirá a las otras instancias que conocen el caso para, en automático, exonerar a los altos mandos relacionados con la tragedia. La intervención de la Corte será contraproducente a la búsqueda de justicia en este caso. Por eso mismo coincido con Zaldívar en que, bajo la estrecha interpretación que ya se le dio al artículo 97 constitucional -y que no cambiará- estorba más de lo que sirve: genera falsas expectativas y propicia que sigamos haciéndonos tontos. Pudo ser diferente, pero no lo fue. La Corte no quiso que lo fuera.
Si la Corte no señaló a algún funcionario como involucrado en la violación respectiva, pues se le considera en automático por exonerado.
Sabemos que algunos ministros de la Suprema Corte -y múltiples teóricos y expertos constitucionalistas- consideran un anacronismo el artículo 97 constitucional para investigar sobre violaciones graves de las garantías individuales, pero sin efecto vinculante. En los últimos años la Corte se ha sumido en un debate sobre cómo ejercer y con qué alcances dicha facultad. Una posición que podríamos llamar "garantista" ha empujado la idea de que, dado que no estamos en una democracia eficaz a cabalidad, en la que predominan la impunidad, las complicidades y la ausencia de rendición de cuentas, la Corte podría ayudar a mover el anquilosado e ineficaz sistema de procuración e impartición de justicia, a través de esta facultad. No se trata, como muchos han dicho, de dar atribuciones a la Corte que la ley no otorga, sino de, cuando se determina que hubo violaciones graves a los derechos fundamentales, se señale al responsable de ellos, no desde la perspectiva política, administrativa o penal (algo que en efecto no puede derivarse del artículo 97), sino desde la ética pública. Interpretación que por supuesto cabe, pero la mayoría de ministros se ha pronunciado reiteradamente por expulsar el término "responsable" (aun desde la ética pública) y utilizar el de "involucrado", que no implica inocencia ni culpabilidad. "Nuestra declaración no culpa ni exonera a nadie", dijo el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayogoitia. Un término que, por ende, tiene menos peso político que el de "responsable" desde la ética pública, pero cuya diferencia casi no logra ser comprendida por la opinión pública ni por los medios en general. Por eso algunos diarios cabecearon con toda tranquilidad -e inexactitud- "Molinar culpable" al conocerse el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, o "Molinar inocente" al divulgarse la conclusión de la Corte.
Quienes del otro lado promueven la eliminación del artículo 97 bajo una lectura "letrista", señalan que es anómala en una situación de normalidad democrática, que ningún otro Tribunal Constitucional del mundo la tiene. Cierto. Salvo que en México estamos lejanos a la "normalidad democrática". En alguna intervención, el ministro Zaldívar, que bajo la interpretación estrecha y letrista que se le ha dado al artículo 97, más valdría desaparecerlo, con lo que paradójicamente lo lleva a coincidir con el ministro Salvador Aguirre Anguiano -emblemático de las posiciones más refractarias-, pero por razones distintas. Como no se le dio al artículo 97 una interpretación que a la Corte le permitiera agitar o presionar con cierta eficacia el anquilosamiento jurídico y procesal en que nos asfixiamos, entonces no sirve para nada. Peor aún, puede ser contraproducente. Y ahí retomo un argumento del ministro Aguirre Anguiano: limitada facultad puede ser coartada de otras instituciones encargadas de procurar e impartir justicia para no hacer gran cosa, pues "la Corte ya conoció de ello". Y así tomar sus resoluciones como base para desestimar la justicia. Si la Corte no señaló a algún funcionario como involucrado en la violación respectiva, pues se le considera en automático por exonerado. Si en cambio se le señala como "involucrado", tampoco se ejerce justicia, pues ese término no tiene el peso político suficiente (como vimos en el caso Oaxaca), como sí lo tendría el término "responsable" aun desde la ética pública.
Tomo como ejemplo la determinación de la Corte de que no hubo "desorden generalizado", es decir, que lo de ABC no fue sistémico, sino circunstancial. Y que, por tanto, quedan fuera de discusión los mandos superiores. De ahí que la Corte ni siquiera discutiera en particular si Juan Molinar o Eduardo Bours estuvieron o no "involucrados" en la violación de los derechos de los niños de la ABC. Se pudo haber llegado también a la conclusión de que sí hubo "desorden generalizado" -como opinaron cinco magistrados- lo cual dependía de dónde se fijara el lindero entre un concepto y otro (en una frontera sin duda borrosa). Que haya ganado la moción de que no hubo desorden generalizado, servirá a las otras instancias que conocen el caso para, en automático, exonerar a los altos mandos relacionados con la tragedia. La intervención de la Corte será contraproducente a la búsqueda de justicia en este caso. Por eso mismo coincido con Zaldívar en que, bajo la estrecha interpretación que ya se le dio al artículo 97 constitucional -y que no cambiará- estorba más de lo que sirve: genera falsas expectativas y propicia que sigamos haciéndonos tontos. Pudo ser diferente, pero no lo fue. La Corte no quiso que lo fuera.
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