Julio Hernández López: Astillero
Cómplice de la consolidación del régimen calderónico de violaciones legales por razones políticas, el chuchismo se duele del golpe económico recibido en Quintana Roo, donde aspiraba a recibir un pago electoral a cuenta de favores hechos al panista de Los Pinos, que ha demostrado una y otra vez una capacidad extraordinaria para meter a astados de otros partidos al trazo de su muleta de engaño, como bien se vio en el tragicómico asunto de los convenios con el PRI por votos fiscales a cambio de no hacer alianzas perreánicas.
El descontón felipense a los ansiosos aliados perredistas exhibe las costuras mal hechas de la estrategia colaboracionista impulsada por el tutor marcelista, Manuel Camacho, y el próspero consorcio transestatal de los Chuchos: el sol azteca ha entregado todo a los intereses panistas, pospriístas y elbistas en diversas entidades, arrastrando penosamente por el fango del oportunismo los principios ideológicos que le deberían regir, y a cambio ha recibido una maniobra barnizada de legalidad en el único lugar donde aspiraba a competir con posibilidades de éxito mediante un candidato impugnable, derechista, simulador y fantasioso, pero muy adecuado a los intereses de los gerentes partidistas.
Greg no es de izquierda ni siquiera verbal, y su paso por la presidencia municipal de Benito Juárez (adonde corresponde Cancún) significó agresiones a movimientos sociales diversos, algunos de ellos en defensa de la ecología, como en el caso del Ombligo Verde. Jaime Avilés documentó en algunos de sus sabatinos Desfiladeros los desfiguros de este personaje que usa la religiosidad como escudo y sus presuntas buenas intenciones reveladas como justificación. Pero Greg era una buena mercancía electoral y los genios de las negociaciones al Dia quisieron sacarlo adelante como candidato de la trinidad de izquierda y su nuevo compañero de viaje, el PAN. Pero el agente del ministerio público, César Nava, fue instruido por el procurador Calderón de abstenerse de esas andanzas compartidas, porque el golpe judicial venía en camino, así es que el aspirante Sánchez Martínez quedó como candidato de izquierda no por definición propia, sino por calculada exclusión que decidió hacer el panismo.
Todas estas consideraciones sobre Greg, sin embargo, pertenecen al natural ámbito de discrepancia que significan lo político y lo electoral. Más allá, por desgracia, están las evidencias del uso perverso de la legalidad secuestrada por el calderonismo para aplicarla en tiempos y formas propicias para sus intereses electorales (legalidad aprobada gustosamente por los legisladores perredistas, mayoritariamente Chuchos, que han entregado a Calderón las facultades de poder aprehender y procesar a cualquier persona por el simple hecho de que un presunto testigo protegido diga, o se diga que dijo, lo que quiera y a partir de esa prueba se desate el mecanismo penal correspondiente). En el proceso de desactivación de lo cívico y lo electoral, el gobierno penalista del país ha dado otro peligroso paso adelante, al tumbar de una candidatura formal a un ciudadano al que se somete al calendario comicialmente excluyente de un proceso jurídico que conforme a las costumbres sabidas durará más allá de la fecha de comparecencia ante las urnas.
De gran salud republicana sería el saber que la autoridad frenara, con pruebas indudables e investigaciones firmes y sensatas, el acceso a la competencia electoral de un personaje claramente involucrado en el narcotráfico u otras formas de alta delincuencia. Pero, hasta hoy, lo único que existen son débiles testimonios y un proceso iniciado con la delatora mancha de haber solicitado la orden de aprehensión a un primer juez que no respondió positivamente a la imperiosa solicitud, por lo que fue enviada la misma propuesta a otro, comprobadamente dócil como lo había mostrado en el anterior golpe partidista mediante trampas de la procuración de justicia, el del aberrante michoacanazo cuyos escandalosamente acusados han salido libres de cargos muchos meses después.
Hay, desde luego, en el anchuroso mundo del sospechosismo que Los Pinos tanto ha promovido con sus alrevesados planes que luego acaban en lo contrario de lo anunciado, la prevención de que el escándalo de Quintana Roo pudiera ser un montaje pensado en promover mediante el martirologio al mencionado Greg, cuyos bonos han subido de manera notable a partir de los incidentes recientes, ante la mirada inquisitiva del priísmo que hasta ahora tenía todas las de ganar, con Roberto Borge, el aspirante impuesto por el actual mandatario, Félix González Canto, y que ahora tienen plena conciencia de que si el pastor encarcelado libra a tiempo el proceso judicial sería imparable rumbo al palacio de gobierno, potenciadas sus posibilidades por la particiapación muy efectiva de una esposa convertida en emotiva activista.
Resulta llamativo que en la misma coyuntura del puñetazo judicial quintanarroense surjan ánimos de reconciliación del segmento chucho con el resto de la izquierda, según lo postuló ayer el vehemente y teatral senador Carlos Navarrete, quien con gran ampulosidad ha anunciado la necesidad de que se reunifique el perredismo, sobre todo con la participación de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, y de que haya un solo candidato al 2012, sacrificio éste para el cual se ofrece el mismo guanajuatense, sabedor de que tiene deberes para con la patria que debe cumplir.
Y, mientras el gobierno priista de San Luis Potosí, con Fernando Toranzo a la cabeza, avanza en la represión a movimientos de oposición, primero encarcelando por horas a la dirigente sindical de burócratas, Francisca Reséndiz, por contaminación auditiva derivada de las bocinas usadas en una protesta en plaza pública, y ayer al consignar a la misma líder por ultraje, desobediencia y resistencia a autoridades por entrar a palacio de gobierno a exigir una audiencia largamente negada, ¡hasta mañana, en esta columna en precontingencia social!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Enrique Galván Ochoa: Dinero
Tenemos otra guerra: Soriana vs. Wal-Mart. La desencadenó una campaña de Wal-Mart con la que pretende demostrar que sus precios son más bajos que los de la competencia. Comercial Mexicana está muy débil para protestar después de sus problemas financieros, pero Soriana saltó al campo de batalla. Afirma que las prácticas a las que recurre Wal-Mart son manipuladas, que la estrategia compara productos elegidos con premeditación con el fin de engañar a las familias mexicanas de ser los más baratos. Wal-Mart rechaza vigorosamente los cargos. Su director de Comunicación Corporativa, Antonio Ocaranza, dice: Estamos trabajando para que los precios en el comercio al detalle sean más transparentes y para que los precios ayuden a los consumidores a tomar mejores decisiones de compra; independientemente de donde compre; esta campaña ayuda al consumidor. El problema aterrizó en Profeco, que abrió un expediente. Anuncia que si las tiendas han violado la regulación vigente podrían hacerse acreedoras a una multa de hasta 2 millones de pesos. El dinero no significa nada para las cadenas. Lo que está en juego es su imagen ante los consumidores.
El paraíso del empleo
En los países de la eurozona y en Estados Unidos la tasa de desempleo se mantiene sobre 10%. El anuncio que hizo Hewlett-Packard en el sentido de que eliminará 9 mil empleos es un indicador de que, a pesar de algunos avances, falta mucho para volver a los niveles de ocupación anteriores a la depresión que se desató a partir de 2007. ¡Con razón dicen que como México no hay dos! El último reporte del Inegi sostiene que el desempleo aquí es sólo de 5.42%. Mejor que ni se enteren los gringos y los europeos, porque podrían dejarse venir en oleadas a disfrutar del paraíso del empleo. Ahora me explico todo: combatir la ley Arizona es un ardid genial que se le ocurrió a Calderón para despistarlos.
El circo
Don Beltrone lanzó a su chalán Carlos Navarrete al circo: se está postulando a la Presidencia de la República. Tal vez quiere poner bajo asedio a Don Copetone y hasta podría inventar a un segundo y tercer aspirantes. La caballada no sólo se ve flaca, está anoréxica.
Alfredo Jalife-Rahme: Bajo la Lupa
Antecedentes: el historiador británico-israelí Simon Schama, muy cercano a la dinastía Rothschild, acaba de diagnosticar que el mundo se encuentra al borde de una nueva era de furia (Bajo la Lupa, 23/5/10).
Hechos: Pepe Escobar, analista de Asia Times (22/5/10), desmenuza los tropiezos estratégicos que ha sufrido EU frente a la creativa solución diplomática del BIT (Brasil, Irán y Turquía) para el intercambio del uranio persa y desliza la reciente advertencia proferida por Zbigniew Brzezinski –ex asesor de Carter y hoy íntimo de Obama– sobre el despertar político global y la ruptura de las elites.
En una reciente conferencia en Montreal bajo los auspicios del muy influyente Consejo de Relaciones Exteriores estadunidense, el geoestratega Brzezinski refrenda sus preocupaciones sobre el despertar político global cuando el modelo de la globalización –del que poco se sabe fue su verdadero creador en la década de los 70– se derrite apresuradamente y que anticipamos como desglobalización.
Arturo Balderas Rodríguez: Desde el Otro Lado
Una semana después de la visita del presidente de México a Washington se ordenó la movilización de mil 200 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con México. ¿Cómo entender esa decisión, después del excelente ambiente que predominó, de acuerdo con información de la oficina de la presidencia mexicana? O no se informó en forma apropiada de las conversaciones entre ambos –una, la posible advertencia que Obama habría hecho a Calderón sobre el inminente desplazamiento de efectivos a la frontera–, o hubo una razón política que forzó al presidente estadunidense a dar ese paso.
En el primer supuesto la única explicación es que no se quiso desvirtuar el éxito de la visita con un anuncio controvertido. En el segundo, cabe pensar que en la reunión que un grupo de legisladores republicanos sostuvo con Obama el jueves pasado hubo un fuerte reclamo sobre la debilidad del gobierno federal para detener el crimen proveniente de los estados fronterizos mexicanos.
Carlos Fernández-Vega: México SA
Apenas dos días después de instalarse en Los Pinos, Felipe Calderón firmó un decreto de austeridad para reducir (10 por ciento) los sueldos netos de los mandos superiores de la administración pública federal (salvo en las áreas de seguridad pública y de procuración de justicia), con lo que, según dijo, se ahorrarían alrededor de 25 mil 500 millones de pesos a lo largo de 2007. Desde entonces no ha dejado de pregonar la austeridad como norma de gobierno, aunque en los hechos la nómina burocrática crece y crece.
Por ejemplo, en agosto de 2009 firmó otro decreto, por medio del cual fijó tope al nivel salarial de los llamados servidores públicos, para que nadie obtenga un salario igual o superior al recibido por el inquilino de Los Pinos, salvo en el caso de los ministros de la Suprema Corte y del Trife, los consejeros del IFE y tantos etcéteras que no se incluyeron en este esfuerzo republicano. Tanto convenció con el susodicho decreto, que la petición concreta a Calderón se resume en la siguiente frase: austeridad efectiva, no ilusiones (Beltrones dixit)
Otra muestra de la austeridad calderonista es que en su primera mitad de estadía en Los Pinos de las arcas nacionales salieron algo así como 11 mil 341 millones de pesos para propaganda y difusión de mensajes (independientemente del uso de los tiempos oficiales), monto que se incrementaría a cerca de 16 mil 500 millones si se incluye lo que piensa gastar, por los mismos conceptos, a lo largo de 2010, de acuerdo con lo publicado ayer por El Universal (Jorge Ramos Pérez). Así, el austero habría gastado un promedio de más de 11.33 millones de pesos diarios en el periodo 2007-2010, contra 7.45 millones de su antecesor, o lo que es lo mismo, en cuatro años Calderón habría superado con creces lo que Fox se comió en seis.
Sirva lo anterior para dar contexto a las observaciones que sobre las medidas de austeridad y ahorro en el gasto público tuvo a bien formular la Cámara de Diputados al informe trimestral (el primero de 2010) sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública remitido por la Secretaría de Hacienda. Van algunas de ellas, no sin recordar que en el año de la crisis salieron del erario más de 200 mil millones de pesos sólo para cubrir las prestaciones de la tres veces H burocracia federal.
La Cámara de Diputados subraya que el referido informe no da a conocer cuáles fueron los resultados de los esfuerzos de reducción del gasto público en 2009, ni su composición. Salvo el dato aislado de que desde 2006 se han generado ahorros por 145 mil 100 millones de pesos, como fruto de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público, en los conceptos de servicios personales y en los gastos de operación y administración, no detalla el monto ni se ofrece mayor explicación ni evidencia cuantitativa. Llama la atención el hecho de que siendo un informe de resultados de la política económica y de la política fiscal en particular, el informe trimestral dedique un espacio considerable a la descripción del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público y sus medidas, con las cuales se pretenden lograr ahorros adicionales por 40 mil 100 millones de pesos en los ejercicios de 2010 a 2012. Sin embargo, no se informa nada respecto de los resultados de las anteriores medidas emprendidas para lograr las metas de un ahorro de 5 por ciento del gasto de operación anual, a partir de 2007.
Por si fuera poco, no aclara si con la nueva meta establecida se disuelven los compromisos anteriores, ni da cuenta de los avances logrados, pues la información respectiva no fue consistente en los informes trimestrales anteriores, así como tampoco se reportó de manera regular sobre el tema. En suma, es difícil saber en qué magnitud las medidas de ahorro y austeridad explican verdaderamente el comportamiento del gasto público durante el primer trimestre de 2010, porque los resultados obtenidos a partir de las disposiciones en la materia, conforme a los decretos de austeridad y las medidas de racionalización del gasto de los años previos, son poco claros. Inclusive puede advertirse que la contracción del gasto programable registrada en el primer trimestre de 2010, respecto de igual periodo de 2009, y medida en términos reales a precios de 2003, es mínima respecto del crecimiento observado un año antes, cuando el gasto programable creció 25.9 por ciento en relación con el observado en el primer trimestre de 2008, cuando ya se encontraban vigentes las medidas de austeridad y racionalización del gasto. El análisis de los componentes del gasto programable en clasificación económica confirma lo sostenido respecto de la reducción del gasto público.
Si bien el gasto corriente fue menor en uno por ciento hacia marzo de 2010, respecto del ejercido en 2009, esta disminución resulta mínima en comparación con el crecimiento previamente observado de 15.3 por ciento en 2009, en relación con el trimestre correspondiente de 2008. A su vez, dentro del gasto corriente, las erogaciones en servicios personales que reportan una disminución de 3.8 por ciento, en el periodo de análisis, también es insuficiente para revertir el aumento previo de este tipo de gasto ocurrido en el año anterior, de 6.1 por ciento.
Las medidas de austeridad y ahorro se han centrado desde un inicio en el gasto de operación, pero los avances en el propósito de reducir el renglón de otros gastos de operación (distintos de servicios personales) también han sido escasos. Durante el primer trimestre de 2010, éstos fueron 3.5 por ciento menores a los realizados en el mismo periodo de 2009. Sin embargo, los registrados en ese trimestre mostraron un crecimiento de 18.4 por ciento en términos reales (a precios de 2003), respecto del primer trimestre de 2008, por lo que también puede señalarse que las medidas de austeridad, tomadas como explicación para justificar el comportamiento del gasto presupuestario ejercido en los tres primeros meses de 2010, tampoco son del todo aceptables. En cualquier caso, apunta la Cámara de Diputados, las reducciones presumidas por la SHCP resultan insuficientes para compensar los incrementos que ese tipo de erogaciones registraron durante el primer trimestre de 2009.
Las rebanadas del pastel
En una década, más de 32 mil millones de pesos ha gastado el par de gobiernos panistas (y contando) en propaganda y difusión de mensajes, mientras las universidades del Estado exigen presupuesto y comprensión para la educación superior pública (rector Narro). Es cuestión de prioridades: ¿cuál de esos gastos resulta más productivo para la nación?
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Ricardo Yáñez: Isocronías
oeta es aquel que sabe que no tiene más remedio que dejar que a través suyo la poesía sea.
A ser poeta no se aprende, o, mejor dicho, a ser poeta se aprende desprendiéndose de la (según eso) voluntad de ser poeta.
Poeta es aquel que no habla, sino escucha. Y no escucha su palabra, sino la palabra.
Qué diferencia entre ser poeta y estar en la industria cultural de la poesía.
Qué diferencia entre ser poeta y saber escribir poesía.
El poeta no sabe escribir, por eso es poeta.
Escribir no es malo, lo malo es saber hacerlo. El que sabe, como se sabe, ya no aprende.
Antonio Malacara: Jazz
Lo hemos platicado varias veces: la música no evoluciona, si por esto se entiende la transformación de lo simple a lo complejo, o el mejoramiento paulatino de los organismos, los conceptos y las cosas. Así, sería absurdo pensar que la música de Luciano Berio es más evolucionada que la de Ricardo Wagner, o que la obra wagneriana evolucionó más que la de Ludovico van Beethoven. Sólo son músicas diferentes. La música no evoluciona, sólo se transforma. ¿Por qué todo este rollo? Porque hace unos días, escuchando el nuevo disco de Tino Contreras, Jazz Mariachi (P&P, 2010), uno de mis más radicales amigos espetaba que eso era lo mismo de siempre, que no importaba el mariachi, que Tino no evolucionaba. Suspiré, di un sorbo a la copa de Santa Rita, le tiré todo el rollo que esbozo líneas arriba y le dije que este disco me había gustado por muchas razones.
Petroleras: historia de impunidad
Ayer, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, anunció el inicio de una investigación para determinar las posibles responsabilidades penales por el derrame de petróleo provocado en el fondo marino del Golfo de México por la corporación British Petroleum (BP). Previamente, el presidente Barack Obama informó que se creará una comisión investigadora orientada a identificar, sin miedo ni favoritismos, a los culpables de la catástrofe, sean quienes sean, y que, de determinárseles responsabilidades penales, se les presentará ante los tribunales correspondientes. Tales declaraciones se presentan tras las fuertes críticas a la Casa Blanca por una actitud que sectores de la opinión pública consideran torpe y hasta complaciente ante el magno desastre ambiental.
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El Correo Ilustrado
Condena agresión a pacifistas
La agresión, la saña, el asesinato de por lo menos 19 pacifistas a manos de comandos israelíes en aguas internacionales, cuando se dirigían a entregar ayuda humanitaria en la franja de Gaza, resulta condenable y reprobable desde cualquier punto de vista. El gobierno mexicano debe por lo menos solicitar a la Organización de Naciones Unidas que el Estado israelí sea condenado y sancionado severamente, exigiendo la reparación del daño, y además debe romper relaciones diplomáticas con el gobierno fascistoide de Israel, por el oprobio.
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Arnoldo Kraus: Trivialidad: puntos y comas
Lo trivial tiende a desaparecer. No sólo porque lo trivial es común y, supuestamente, sabido por la mayoría, sino porque, otra vez supuestamente, suele considerarse que su contenido carece de importancia y no ofrece información novedosa o interesante. Lo banal, concuerdan la mayoría de las personas alejadas de los quehaceres y sucesos cotidianos, carece de valor porque es intrascendente y porque llevar a cabo ciertos actos como cortar papas, recoger la basura de la calle, marcarle por la mañana a un viejo, o pasear con el perro es sencillo y efímero. Se aduce que lo trivial es trivial porque requiere poca reflexión.
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Carlos Martínez García: Rebatiña por el hereje y excomulgado
De que son obstinados ni duda cabe. A su obstinación le suman la conveniente desmemoria que busca a toda costa ponerse a salvo de las atrocidades históricas cometidas por la institución. En este sentido va el reclamo del vocero de la arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, por no haber sido invitada la Iglesia católica a la ceremonia de traslado de los restos de algunos héroes y una heroína de la Independencia hacia el Museo de Chapultepec para su preservación y estudio.
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José Steinsleger: Dos mujeres, dos opciones
La activista estadunidense Lori Berenson (Nueva York, 1969), acusada de colaborar con el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), purgó 15 años de prisión en diferentes penales de Perú, y la ex senadora y candidata presidencial de Colombia Ingrid Betancourt (Bogotá, 1961) padeció seis años de cautiverio en las selvas de su país, en manos de las FARC.
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Sobre la reciente zozobra derivada de la crisis y con el libertinaje de los mercados intacto, el neoliberalismo ataca frontalmente al estado de bienestar. Esta vez sus retóricas baterías no se enfocan sobre la vapuleada Latinoamérica, una de sus muchas víctimas tan indefensas como subyugadas. Para recuperar su halo torcido le han subido el calibre a sus pretensiones para doblegar rejegos y enemigos. Esta vez el pagano a capturar está en suelo europeo. Y, a pesar de las dudas que podrían sobrevenir, llevan un buen trecho ganado. Grecia ha caído de manera estrepitosa en sus garras. La avanzada de los corsarios la capitanea el FMI pero le siguen detrás instituciones europeas de similar corte (Banco Central Europeo) con respaldo en los gobiernos acreedores: Francia, Alemania y Gran Bretaña.
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El derrame de petróleo en el golfo de México pasará a la historia como uno de los peores desastres ambientales a escala mundial. Por más que la empresa British Petroleum (BP) anuncia nuevas maniobras para controlar la situación, la inyección de crudo en las aguas del Golfo seguirá hasta agosto. El petróleo llegará a costas cubanas y saldrá al Atlántico al incorporarse a la corriente del Golfo.
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Sergio Ramírez: Encuentro con la Maga
Aurora Bernárdez es la legendaria Maga de Julio Cortázar en Rayuela, la figura femenina misteriosa y etérea que vuelve romántica esta novela de múltiples laberintos lúdicos. Acaba de estar en Madrid para participar en una mesa sobre su marido celebrada en la Casa de América, en la que comparecimos junto con ella Carlos Fuentes y quien escribe, como amigos de Cortázar, cada uno de los dos desde su propia experiencia, Carlos lleno de historias esplendentes de sus años juveniles del boom, y yo que conté el viaje clandestino de 1976 a la comunidad religiosa de Ernesto Cardenal en el Gran Lago de Nicaragua, cuando escribió su cuento Apocalipsis de Solentiname.
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Lorenzo Córdova Vianello
Procuración de justicia y política
La detención, consignación y finalmente el auto de formal prisión a Gregorio, Greg, Sánchez, candidato del PRD a la gubernatura de Quintana Roo, nuevamente pone sobre la mesa el tema del uso de la procuración de justicia con fines políticos.
No pretendo aquí referirme a la culpabilidad o no de Greg sobre las imputaciones por crimen organizado. No existen elementos para poder emitir juicio alguno al respecto y el mismo tendrá que ser el resultado de un proceso penal que sin duda será largo y tortuoso. Tampoco quiero abordar las expectativas electorales del candidato a gobernador, todavía poco ciertas, vistas las previsibles impugnaciones que se interpondrán vía el amparo y ante el Tribunal Electoral para intentar rescatar la permanencia de Greg en la contienda. Me parece, por el contrario, que es una ocasión para subrayar la necesidad de repensar el diseño de la procuración de justicia en México para inocular la cada vez más recurrente, y muchas veces justificada, acusación de que a las procuradurías se les usa políticamente.
La dura reacción del PRD acusando el trasfondo político de la acusación, además de natural y previsible, es completamente normal si se tiene en cuenta la lamentable cadena de actuaciones ministeriales sesgadas políticamente que preceden este caso.
El antecedente más ominoso en ese sentido es el desafuero contra López Obrador que tuvo por objeto (reconocido con el tiempo cínica y groseramente por Vicente Fox) impedir que el entonces jefe de Gobierno del DF fuera candidato presidencial. Pero a la lista se suman, entre otros casos, las detenciones de decenas de presidentes municipales —sobre todo perredistas— en plena campaña electoral hace un año y que hasta el momento ha culminado con 17 ex alcaldes liberados por falta de pruebas, la acusación en contra del hoy amparado Julio César Godoy Toscano, ex candidato a diputado por Lázaro Cárdenas, Michoacán, y, finalmente, la persecución penal contra el actual aspirante panista a la gubernatura de Aguascalientes, Martín Moreno, cuya candidatura fue ratificada por el Tribunal Electoral hace algunas semanas.
Y es que en tanto la procuración de justicia esté en manos de los poderes ejecutivos, federal y locales, la sospecha de falta de imparcialidad y autonomía en su desempeño y de un uso político de la persecución de los delitos será inevitable.
Y mientras no se asuman medidas que tiendan a garantizar una real autonomía de los ministerios públicos encargados de esa procuración de justicia frente a la política, esas sospechas y acusaciones tenderán a multiplicarse.
En un estupendo ensayo sobre el Ministerio Público, Héctor Fiz-Zamudio recuerda que existe una tendencia vigorosa en el mundo hacia la autonomía del MP que se ha articulado en tres vertientes: a) su incorporación al Poder Judicial; b) su plena autonomía como órgano constitucional del Estado, y c) su permanencia dentro del Ejecutivo, pero estableciendo garantías reales de autonomía, equiparables a las de los jueces: inamovilidad, remuneración y profesionalización (Función constitucional del Ministerio Público. Tres ensayos y un epílogo, UNAM, México, 2003, pp. 184-185).
Hoy, en la arena de discusión de la reforma política hay dos propuestas sobre la mesa que coinciden en la necesidad de dotar de plena autonomía al MP frente al titular del Ejecutivo y que están planteadas en las iniciativas que han presentado, por un lado, los senadores del PRI y, por el otro, el PRD, PT y Convergencia.
No se trata de un planteamiento nuevo, y las objeciones a esa propuesta casi siempre coinciden en la inconveniencia de sustraer la procuración de justicia del Ejecutivo porque ello significaría debilitar la capacidad del gobierno de enfrentar la criminalidad organizada.
Se trata de réplicas inaceptables. El gran dilema que tenemos ante nosotros es el de combatir la delincuencia sin renunciar a las vías democráticas de funcionamiento del Estado y el de la dependencia y subordinación de los MP de los gobiernos es uno de los grandes pendientes en nuestro proceso de democratización. En tanto no resolvamos este punto, las denuncias de sesgos políticos en la procuración de justicia serán inevitables.
Investigador y profesor de la UNAM
No pretendo aquí referirme a la culpabilidad o no de Greg sobre las imputaciones por crimen organizado. No existen elementos para poder emitir juicio alguno al respecto y el mismo tendrá que ser el resultado de un proceso penal que sin duda será largo y tortuoso. Tampoco quiero abordar las expectativas electorales del candidato a gobernador, todavía poco ciertas, vistas las previsibles impugnaciones que se interpondrán vía el amparo y ante el Tribunal Electoral para intentar rescatar la permanencia de Greg en la contienda. Me parece, por el contrario, que es una ocasión para subrayar la necesidad de repensar el diseño de la procuración de justicia en México para inocular la cada vez más recurrente, y muchas veces justificada, acusación de que a las procuradurías se les usa políticamente.
La dura reacción del PRD acusando el trasfondo político de la acusación, además de natural y previsible, es completamente normal si se tiene en cuenta la lamentable cadena de actuaciones ministeriales sesgadas políticamente que preceden este caso.
El antecedente más ominoso en ese sentido es el desafuero contra López Obrador que tuvo por objeto (reconocido con el tiempo cínica y groseramente por Vicente Fox) impedir que el entonces jefe de Gobierno del DF fuera candidato presidencial. Pero a la lista se suman, entre otros casos, las detenciones de decenas de presidentes municipales —sobre todo perredistas— en plena campaña electoral hace un año y que hasta el momento ha culminado con 17 ex alcaldes liberados por falta de pruebas, la acusación en contra del hoy amparado Julio César Godoy Toscano, ex candidato a diputado por Lázaro Cárdenas, Michoacán, y, finalmente, la persecución penal contra el actual aspirante panista a la gubernatura de Aguascalientes, Martín Moreno, cuya candidatura fue ratificada por el Tribunal Electoral hace algunas semanas.
Y es que en tanto la procuración de justicia esté en manos de los poderes ejecutivos, federal y locales, la sospecha de falta de imparcialidad y autonomía en su desempeño y de un uso político de la persecución de los delitos será inevitable.
Y mientras no se asuman medidas que tiendan a garantizar una real autonomía de los ministerios públicos encargados de esa procuración de justicia frente a la política, esas sospechas y acusaciones tenderán a multiplicarse.
En un estupendo ensayo sobre el Ministerio Público, Héctor Fiz-Zamudio recuerda que existe una tendencia vigorosa en el mundo hacia la autonomía del MP que se ha articulado en tres vertientes: a) su incorporación al Poder Judicial; b) su plena autonomía como órgano constitucional del Estado, y c) su permanencia dentro del Ejecutivo, pero estableciendo garantías reales de autonomía, equiparables a las de los jueces: inamovilidad, remuneración y profesionalización (Función constitucional del Ministerio Público. Tres ensayos y un epílogo, UNAM, México, 2003, pp. 184-185).
Hoy, en la arena de discusión de la reforma política hay dos propuestas sobre la mesa que coinciden en la necesidad de dotar de plena autonomía al MP frente al titular del Ejecutivo y que están planteadas en las iniciativas que han presentado, por un lado, los senadores del PRI y, por el otro, el PRD, PT y Convergencia.
No se trata de un planteamiento nuevo, y las objeciones a esa propuesta casi siempre coinciden en la inconveniencia de sustraer la procuración de justicia del Ejecutivo porque ello significaría debilitar la capacidad del gobierno de enfrentar la criminalidad organizada.
Se trata de réplicas inaceptables. El gran dilema que tenemos ante nosotros es el de combatir la delincuencia sin renunciar a las vías democráticas de funcionamiento del Estado y el de la dependencia y subordinación de los MP de los gobiernos es uno de los grandes pendientes en nuestro proceso de democratización. En tanto no resolvamos este punto, las denuncias de sesgos políticos en la procuración de justicia serán inevitables.
Investigador y profesor de la UNAM
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