Fox apoyó en 2006 a Peña Nieto para la gubernatura, a cambio de que apoyara a Calderón.
Pedro Echeverría V.
1. Con las publicaciones de Wikileaks y declaraciones de este tipo: la entrevista al político Rubén Mendoza Ayala realizada por Jenaro Villamil, publicada hoy en la revista Proceso, confirmo y reconfirmo mil veces que las elecciones en México han sido y son una farsa; sólo han servido para legitimar acuerdos muy bien tejidos entre la clase política, la mafia que controla el país por lo menos en los últimos 100 años. Si de cada 100 acuerdos entre el PRI, el PAN y hoy, hasta con el PRD, fallan uno o dos, es sólo porque está en el mismo plan para reconfirmar la democracia burguesa. He caído en muchas trampas y engaños; he analizado mal varios sucesos y he sufrido por falsas ilusiones; pero como nunca he creído en procesos electorales, en partidos ni gobiernos, ni tampoco he votado alguna vez, en este campo jamás me han engañado como tonto. He sabido que los votos no cuentan y que desde hace un siglo o entras en arreglos y componendas o pierdes todo.
2. Mendoza Ayala, expriísta que fue candidato del PAN al gobierno del Estado de México en 2006 confiesa hoy que el presidente Fox y su esposa lo dejaron sólo en su candidatura, "colgado de la brocha", cuando iba en primer lugar de las encuestas; ello con el fin de apoyar al priísta Peña Nieto que desde entonces subió como espuma en las encuestas, y dijo que éste, ante la caída de la precandidatura presidencial de su jefe Montiel (también candidato amarrado de Fox) pagó el favor de Fox apoyando a Calderón. Mendoza dice que jugaron con él como "un pendejo" y que debió mejor aceptar la senaduría que le ofrecieron. Por eso se puede explicar con facilidad los halagos que hoy el panista Fox hace del priísta Peña Nieto en el sentido de que ganará la Presidencia, y al ensalzarlo poniéndolo como "miembro de una generación de priístas que crecieron en ambientes democráticos".
3. Sólo hay que ver cómo se arregla la política partidista con mucha anticipación. Apunta Mendoza: Fui a reclamarle a Fox porque con el desafuero de 2005 contra López Obrador promovida por él, junto a Creel y el PAN, mis encuestas cayeron 30 puntos a favor de Peña Nieto y con ese puntaje ya ningún empresario estaba dispuesto a darme dinero para la campaña. Fox incluso le dijo que ya no le tenía confianza porque su candidato para el Estado de México era Durán Reveles. "Yo soy un político profesional y se que sin dinero no puedes enfrentarte a esa maquinaria". Aquí Mendoza Ayala deja muy claro que en México sin dinero, sin empresarios, sin apoyo de partido y presidencial, no se puede ganar ninguna elección porque los votos no pueden comprarse y manipularse sin regalos y gran propaganda televisiva. Y no me cabe la duda que el expriísta y expanista tiene la razón en sus juicios políticos por haber vivido la experiencia directa.
4. "Que nadie se equivoque –declara con fuerza Mendoza Ayala- hay una mafia política y económica que no ha podido ser superada y que administra el país. Simplemente usaron al PAN como vehículo, lo hicieron a su modo y ahora ya no les sirve para nada. El costo lo va a tener el PAN forever and ever. Mendoza prácticamente coincide con el diagnóstico de López Obrador, pero está en desacuerdo con sus métodos, escribe Villamil. "Es una mafia que está bien controlada y que decide quien gobierna en este país. Mientras la mafia nos siga gobernando vamos a vivir el quiebre de la oposición". Y continúa Mendoza: El análisis de AMLO es exacto; su diagnóstico correcto; pero su proceder es equivocado. La mafia es la administración del status quo. Es el PRI sin el PRI, pero ahora vuelve el PRI. A Andrés Manuel le cerraron el paso. El dio motivo. A mi me metieron chuza con su desafuero".
5. Esto de los arreglos me recuerda que en febrero 1913, antes que el presidente Madero fuera víctima de un golpe de Estado, en la embajada de los EEUU en México se pactó quienes serían los generales que aprehenderían a Madero, quién sería el presidente interino que convocaría a elecciones y quien sería el presidente constitucional de la República; es decir, habrían elecciones, pero también ya se sabía quién sería el presidente. Otro caso: en Yucatán en 1924, después del asesinato del gobernador y jefe del Partido Socialista del Sureste, Felipe Carrillo Puerto, se reunieron los dirigentes del llamado Partido Socialista para designar al gobernador sustituto, al futuro gobernador constitucional, a los diputados y a los senadores y a los jefes del partido, que serán electos con el voto del pueblo mediante elecciones democráticas y libres. ¿Puede demostrase acaso que hoy las cosas han cambiado o simplemente siguen exactamente igual?
http://pedroecheverriav.wordpress.com
Berganza, un pícaro en la política
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Confieso que he vencido un rubor al escribir estas líneas. Un espacio tan valioso como las páginas de Proceso debería ser empleado para abordar temas de trascendencia, los que preocupan a los lectores de esta revista, es decir, a los ciudadanos que desean participar en la vida pública y lo hacen a partir de informaciones y análisis que merecen su confianza. Pero el examen de la picaresca política nacional a través de un espécimen que la sintetiza y representa es también una labor de interés público. Aspiraría a que después de conocer la vida de un pícaro los electores se abstuvieran de llevar a las cámaras o a la función pública a alguien más con las mismas características.
Me refiero a Francisco Xavier Berganza Escorza, un inocuo senador de la República que ha tenido lugar en la información política en estos días porque anunció que abandona el grupo parlamentario de Convergencia y se ha sumado al de Nueva Alianza, que va pepenando lo que puede para integrar un grupo parlamentario. En 2006 el Panal tenía sólo un miembro, el profesor Rafael Ochoa, que era entonces secretario general del SNTE, pues se hallaba en gracia ante la dueña de ese partido, Elba Ester Gordillo. Ahora, con Berganza, tiene ya cuatro miembros, pero aun si llegara a cinco, mínimo para integrar una fracción disfrutadora de gajes, ya no podrá constituirla. Se ha resuelto que sólo mantengan ese carácter los que se formen al comienzo de cada legislatura. Es el modo en que los partidos se protegen a sí mismos de las defecciones, sean mercenarias, coyunturales o por convicción.
No fue enteramente sorpresivo el tránsito de Berganza al Panal. En las recientes elecciones municipales en Hidalgo, Nueva Alianza, y no Convergencia, lo postuló para ocupar la presidencia municipal, que naturalmente perdió. Con la desvergüenza que lo caracteriza, luego de ser candidato de un partido distinto al que lo condujo al Senado, finalmente abandonó a sus compañeros dantistas y se fue con su música a otra parte.
No sé qué tan cierto sea ese refrán todavía en su vida. Lo cierto es que ingresó en la vida pública como tonadillero, de esos que las empresas disqueras y de espectáculos promueven por docenas durante breves lapsos y luego los dejan en la nada, el lugar del que no debieron haber salido.
Nacido en Apan el 19 de marzo de 1967, estuvo "11 años dedicado a la música como cantante y compositor, con el nombre de Francisco Xavier". Fue un espontáneo de ese arte, el que se lanzó a practicar sin estudios formales. Su ficha oficial en la Cámara de Diputados, a la que ingresó en 1997, indica en el rubro de estudios: "licenciatura inconclusa de periodismo en la escuela de periodismo y arte en radio y televisión", y una fórmula equívoca: "diplomado en la carrera de música de la Universidad Anáhuac".
Todo el mundo sabe que una cosa es una carrera universitaria y otra muy distinta un diplomado. Él mismo se dio cuenta de que era inconveniente expresar esa ambigüedad y suprimió ese dato al ingresar en la Cámara de Senadores. El diplomado que en ese caso dice haber cursado es uno en detección forense de la tortura, impartido en la UNAM por Amnistía Internacional. Pero no cesa de decir mentiras cuando establece que "tiene estudios de periodismo, arte, radio y televisión".
Se dedicó a negocios varios a la par que grababa discos: "Copropietario de la agencia de viajes Visitando el Mundo, propietario del rancho El León, de engorda de ganado en Villa Victoria, estado de México", en 1997, y en 2006 "empresario agroindustrial independiente, con base en Acaxochitlán, Hgo.". También se ostentó en su ficha senatorial como "miembro del Colectivo de Artistas Plásticos del Estado de Hidalgo (desde 1998)". Y se ufanó de haber sido "embajador musical de México, representante del país en foros de diversas capitales del mundo (1986-1996)".
Aprovechando la popularidad que la farándula le había dado, fue utilizado para una maniobra dentro del PRI que se expresó a través de impulsar en el PAN su candidatura a la diputación federal por Tulancingo en 1997. No de modo enteramente sorpresivo, porque eso precisamente pretendía esa maniobra, ganó la curul. Y aunque no se afilió a Acción Nacional, sus mismos impulsores lo convencieron de ser candidato externo de ese partido al gobierno de Hidalgo. Mediante trampas, al punto de que una primera convención que lo eligió candidato tuvo que ser anulada, logró esa candidatura. Obtuvo la segunda votación más alta en la elección de febrero de 1999, 150 mil votos que el PAN no soñó hasta entonces en obtener jamás. No los ganó a la buena. Un extraño pero eficaz arreglo entre el gobierno estatal, el líder nacional panista Felipe Calderón y el derrotado aspirante a la candidatura priista José Guadarrama hizo que la votación tricolor que éste había obtenido en la contienda interna se canalizara hacia Berganza. Producto de esa maniobra fue que el ingenuo candidato del PRD-PT (que antes pretendió sin éxito construir una alianza entre PAN y PRD) quedara en tercer lugar con poco menos de 90 mil votos. (Conozco bien el caso de ese candoroso aspirante, porque fui yo mismo.)
Aunque una de las razones esgrimidas por Calderón para no suscribir una alianza con el PRD fue la renuencia panista a las coaliciones, Berganza fue postulado por el PAN y el Partido Verde. Tras su derrota, Berganza volvió a su curul, pero sólo se mantuvo unos meses en la bancada blanquiazul. Defeccionó, se declaró independiente y poco después anunció su apoyo a Francisco Labastida, a cuya campaña perdedora se sumó en 2000. Arrojado así de la política, retornó a sus negocios particulares, pero las cosas no le funcionaron bien. De esa manera, dos años después necesitó un crédito de 700 mil pesos que le facilitó su amigo César Islas Hernández. Cuando más que vencido el término pactado para el pago Berganza se mostraba remiso a hacerlo, Islas Hernández le anunció que emprendería la cobranza por la vía judicial.
Según la orden de aprehensión que se libró en su contra en septiembre de 2004, el exdiputado quiso desembarazarse de esa molestia haciendo desaparecer a su acreedor. Organizó a tres de sus empleados para que secuestraran a Islas Hernández, lo forzaran a emitir un recibo por el importe del préstamo no cubierto y, de ser necesario, lo privaran de la vida. Los empleados se llevaron en efecto al acreedor, pero fueron identificados al hacerlo, por lo que fue impedido el desenlace mortal. Los autores materiales del secuestro denunciaron a su patrón, al que formalmente persiguió la justicia hidalguense. Pero se trataba de una simulación. En vez de aprehenderlo, y como extensión de la maniobra urdida en la contienda electoral del 99, el gobernador Manuel Ángel Núñez Soto hizo que se pagara con dinero público una deuda ajena, los 700 mil pesos, y que el acreedor se diera por satisfecho. No hubo desistimiento de su parte, porque él no había hecho la denuncia, y sin embargo, en los hechos, Berganza quedó a salvo de toda molestia, no obstante la gravedad de su conducta. En cambio, los trabajadores embaucados por Berganza fueron sentenciados a más de 20 años de cárcel cada uno.
Berganza volvió a tener dificultades con la justicia penal en 2006. Una joven mujer lo acusó de violación, realizada al típico estilo del macho mexicano: la subió por la fuerza a su automóvil y allí la atacó sexualmente. Denunciados los hechos, se expidió orden de aprehensión contra Berganza, quien ya para entonces había retornado a la política. Se había encompadrado con Dante Delgado y apareció como presidente de Convergencia en Hidalgo, y cuando se suscribió la Alianza por el Bien de Todos resultó, con su viejo amigo Guadarrama a la cabeza de la fórmula, candidato a senador. El fuerte efecto López Obrador propició la victoria de ambos. Tan intenso fue ese efecto, que el candidato priista derrotado (y por lo tanto elegido por minoría) fue el poderoso Jesús Murillo Karam.
A pesar de estar vigente la orden de aprehensión en su contra (pues sólo en agosto obtuvo amparo contra ella), Berganza no fue molestado durante la campaña (quizá porque apareció muy poco en la escena), y al ganar su escaño en julio pudo ser ungido por el fuero a partir de septiembre. Su presencia senatorial, como lo fue su papel como diputado, ha sido borrosa. A pesar de ello, él mismo y su siempre socio Guadarrama pretendieron que uno de los dos fuera candidato a gobernador, y previamente estorbaron la postulación de Xóchitl Gálvez a la cabeza de una coalición opositora. Duchos en maniobras sucias, las intentaron todas y con ello evidenciaron su complicidad con el gobierno local, que obstruyó en lo que pudo la participación de la ingeniera nacida en Tepatepec, hasta derrotarla, si no en la contienda interna como era el propósito, sí en una elección constitucional marcada por una abrumadora inequidad.
Ahora Berganza se va plenamente de Convergencia a Nueva Alianza. Su sinuoso trayecto, la carrera de un pícaro, ha llegado a una nueva etapa. Esperemos otros capítulos, pues su inverecundia parece incesante.
Guerra contra el crimen de Calderón incrementa trastornos mentales
Foto: AP
MÉXICO, D.F. (apro).- El incremento de enfermedades mentales en México –ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivos, depresión y esquizofrenia– que actualmente padecen unos 20 millones de personas, coincide con el inicio de la lucha contra el crimen organizado emprendida por el presidente Felipe Calderón.
Según Jorge Manrique, rector del Colegio Jurista, pionero en impartir la carrera de criminalística en licenciatura y posgrado, en los últimos cinco años las enfermedades mentales se dispararon de 20 a 68%, sobre todo en la frontera norte y entidades donde hay presencia de cárteles de la droga.
"La violencia asociada a la guerra contra el crimen genera más personas inquietas, temerosas, ansiosas o francamente deprimidas e incluso paranoicas, y de manera simultánea incrementa el número de suicidios y otros tipos de autoflagelación", afirma.
Sustenta su afirmación con datos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Organización Mundial de la Salud que sugieren que una de cada cuatro familias padece alguna enfermedad mental.
Y la cifra asciende a una de cada dos familias en la frontera norte, sostuvo el rector.
Aclara que las enfermedades mentales son multifactoriales pero sostuvo que en ambientes de alta violencia y peligrosidad como las guerras, existe una mayor incidencia.
Por ejemplo, dice, la depresión se presenta en 82% de las víctimas directas e indirectas de crímenes de alto impacto como asalto, secuestro y narcotráfico.
La depresión, sostiene Manrique, la enfermedad más común asociada a la inseguridad y violencia y le sigue la esquizofrenia. Esta última afecta más a los varones de 15 a 25 años mientras que en las mujeres es más común entre los 25 y 35 años.
La pérdida de contacto con la realidad, delirios, pensamientos anormales y alteraciones sociales se presentan con mayor frecuencia entre las víctimas indirectas de ajustes de cuentas entre cárteles y quienes han visto cadáveres mutilados o con señales de tortura, sostiene el Colegio Jurista.
Y quienes han sido víctimas de ilícitos económicos como robo a casa habitación en los últimos cinco años, se les han detectado afecciones que van del temor persistente al desarrollo de patologías como trastornos de ansiedad, sostiene Manrique.
Destapes, Traslapes y Encuestas en el Arranque de Agosto
Inicia agosto de 2011 con la intensificación de los movimientos en pos de la sucesión del 2012. La ciudadanía es escasa o espectadora de estos movimientos, mientras los medios van dando una cobertura especial, bien como promotores de encuestas o como cronistas de estos "destapes" y "traslapes" en los últimos días.
La jornada reciente inició con el 7 de julio con el evento de autopromoción de Enrique Peña Nieto y su discreta "cargada" de apenas 300 invitados en la Casa de Gobierno de Toluca para dar a conocer oficialmente el movimiento Expresión Política Nacional.
El error de haber utilizado una instalación oficial y pública –en otro momento y con otro tribunal electoral esto sería motivo de sanción-, provocó que Peña Nieto se deslindara de un evento que, a todas luces, contó con su aprobación. La crítica al interior del PRI se intensificó y Peña Nieto optó por estar ausente en la conformación del nuevo Consejo Político Nacional que determinará el método de selección y el programa para el candidato del 2012.
Su adversario al interior del PRI, el senador Manlio Fabio Beltrones, no se organizó ningún "destape" oficial pero hábilmente utilizó los espacios recientes de deliberación legislativa y de reordenamiento interno del PRI para colocarse como un peculiar árbitro en contiendas donde es juez y parte.
Beltrones supo capitalizar el encuentro con Javier Sicilia y el movimiento de las víctimas que él encabeza para presionar a sus contrapartes en la Cámara de Diputados para que aceleren o, por lo menos, den la cara frente al atorón de la reforma política. El "beso Sicilia-Beltrones", tras el encuentro del pasado jueves 28 de julio, fue el sello imagológico de este traslape que generó la atención de los medios.
En los territorios del PAN, quien adelantó los tiempos fue el senador Santiago Creel. El anuncio de su licencia como integrante de la Cámara alta, el anuncio de su movimiento México Adelante y la intensificación de su recorrido por el país no benefició tanto sus registros demoscópicos, pero sí obligó a una primera "limpia" en el entorno de los precandidatos panistas. De la contienda se bajaron públicamente Javier Lozano, secretario del Trabajo, y Heriberto Félix, el secretario de Desarrollo Social.
Creel pasó de ser el puntero (durante meses fue el primer lugar de preferencias con el 25 por ciento de los votantes panistas sin adversario claro en el horizonte) a quedar en un virtual empate con Josefina Vázquez Mota, quien pasó del 13 por ciento en abril a 34 por ciento en julio, según la encuesta de Reforma. El ascenso de Vázquez Mota coincide con su mayor presencia en los medios, promovida desde las oficinas gubernamentales, especialmente la Secretaría de Gobernación. Esto ha dado señales claras para que los candidatos "calderonistas" (Ernesto Cordero con 7 por ciento y Alonso Lujambio con 5 por ciento) y el gobernador jalisciense Emilio González (6 por ciento) se enfilen para la negociación interna.
Poco le duró el gusto a Creel y a Vázquez Mota de su "relanzamiento" a finales de julio. Su ex jefe Vicente Fox, el ex presidente incómodo del PAN, les bajó los humos a todos y con su peculiar oportunismo declarativo señaló que el precandidato priista Enrique Peña Nieto es imbatible, representa a una "nueva generación de priistas democráticos" y que el PAN difícilmente va a retener la presidencia en el 2012.
Imitando a Peña en la conformación de un movimiento paralelo al partido, en sintonía con el evento de Creel, el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard operó un tímido "autodestape" el domingo 31 de julio, como si se tratara de llegar al final de este mes electoral con un posicionamiento clar.
Destape light lo tituló el periódico Reforma, tímido paso ante AMLO, lo calificó La Razón y simbólicamente La Jornada dejó en páginas de interiores el evento de Ebrard en el World Trade Center donde oficializó el movimiento Demócratas de Izquierdas. Todavía no está muy clara cuál será la relación entre esta nueva agrupación y la fundación que dirige René Cervera, hombre de todas las confianzas del jefe de Gobierno.
Fue un reagrupamiento de las corrientes internas del PRD. Nueva Izquierda, Foro Nuevo Sol, Izquierda Renovadora y Unidad y Renovación decidieron crear ¡una tribu más! o una coalición tribal para enfilar sus apoyos en Marcelo Ebrard. Sólo los iniciados en los códigos y traslapes perredistas entienden bien este juego de fichas y corrientes que peca del mismo problema que los otros precandidatos: la ausencia de candidatos reales.
Sin embargo, el Partido Convergencia, creación de Dante Delgado, realizó el mismo día del "destape light" de Ebrard otro traslape: su reasignación bautismal. Ahora se llamará Movimiento Ciudadano, con un logotipo muy similar al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que impulsa a Andrés Manuel López Obrador desde hace varios meses.
La astucia o el oportunismo, según se quiera ver, inspiró este movimiento de Convergencia. En tanto, López Obrador sigue con sus giras por todo el país, articula un discurso radical frente a "la mafia", pero sorprendentemente da señales de moderación con la alta jerarquía católica, especialmente con Juan Sandoval Iñiguez, el Cavernal de Guadalajara.
¿Hacia dónde va este corrimiento discursivo de López Obrador? ¿Pretende atraer a los jerarcas católicos que están molestos con Ebrard por las reformas en el Distrito Federal que atacan a la moral unilateral del catolicismo, en especial, la despenalización del aborto y los matrimonios y la posibilidad de adopción de las parejas del mismo sexo?
No queda claro aún para donde va.
Lo único claro es que cada precandidato se está creando una plataforma alternativa o paralela a sus propios partidos: Enrique Peña Nieto y EPN; Santiago Creel y México Adelante; Andrés Manuel López Obrador y Morena; y ahora Marcelo Ebrard y su movimiento Demócratas de Izquierda.
Es decir, ninguno confía o se esperanza en las estructuras partidistas que los respaldan de inicio. Mala noticia cuando nos enteramos por El Universal que esos mismos partidos le han costado al país 36 mil 63 millones de pesos en los últimos 11 años. Los siete partidos que tienen actualmente registro han acaparado el 95 por ciento de estos recursos, es decir, 34 mil millones de pesos.
Y nunca como ahora, existe una corriente en la opinión pública en contra de los partidos políticos, en demanda de los candidatos ciudadanos y de "partidos ciudadanos" (como si los otros partidos estuvieran formados por extraterrestres o militares). Es el absoluto traslape de los discursos. Hábilmente, los precandidatos y los partidos ya asimilaron a su favor este exceso de demagogia sobre la pureza ciudadana y de realismo trágico sobre la anomia de los partidos.
Feminicidio: Violencia social e institucional en México
México, julio (SEMlac).- Un crecimiento hasta de 40 por ciento en el asesinato de mujeres y cambios en la forma de matarlas, en los últimos cinco años, revelan que el feminicidio es hoy resultado de la ola de violencia generalizada en México. Al asesinato se suma la violación sexual a manos de policías, militares y delincuentes.
Las características del feminicidio muestran cambios drásticos. Los expedientes policíacos de 18 entidades del país confirman que el 63 por ciento de las víctimas murieron como consecuencia de torturas, y fueron halladas en lugares públicos.
Sus cuerpos, mutilados o descuartizados, testimonian una encarnizada violencia; utilización desmedida de la fuerza física y aumento en el uso de armas de fuego.
Los expedientes policíacos señalan que los cuerpos inertes fueron abandonados en parajes solitarios, lotes baldíos, carreteras, caminos y brechas.
La abogada Soraya Vázquez, asesora jurídica del Instituto de la Mujer del Distrito Federal (capital de la República), sostuvo, en entrevista con SEMlac, que esta revelación contrasta con las estadísticas que durante los últimos años ubicaron al feminicidio como resultado de la violencia de pareja y reconfigura el mapa del crimen contra las mujeres por razones de género.
Hasta 2005 se podía afirmar que en el 67 por ciento de los casos las mujeres habían sido asesinadas en sus casas o en espacios privados o familiares, de acuerdo con la investigación sobre feminicidio que entonces hizo la Cámara de Diputados.
Un total de 14.000 violaciones sexuales sucedieron también en los últimos 24 meses, según informó la diputada Teresa Inchaústegui, de la Comisión sobre Feminicidios en la Cámara de Diputados, y de acuerdo con informes de las procuradurías de justicia en base a las denuncias registradas.
De los 1.728 feminicidios registrados entre 2009 y 2010 por el Observatorio Nacional del Feminicidio, llamó la atención que 36,31por ciento de las víctimas eran mujeres con actividad laboral o pública y que 40,9 por ciento correspondió a mujeres entre 10 y 30 años, informó la abogada Vázquez.
Lo alarmante, dijo la abogada, es que solo en 4,9 por ciento de 890 casos estudiados a fondo por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, las autoridades lograron detener, juzgar y sentenciar a los responsables.
Por ello dicho delito, aprobado hasta ahora en siete de las 32 entidades del país, se buscó configurarlo con datos objetivos, que no dejen duda a la autoridad, como el número de denuncias, las visitas de la víctima al Ministerio Público u otros datos históricos del caso.
Las imperfecciones de la configuración de este delito son tales en los Estados de México y Guanajuato, que ya se discuten reformas sobre su reciente tipificación.
La doctora Rosa Icela Ojeda, responsable del Observatorio del Feminicidio en el Estado de Guerrero e integrante de la Red Nacional de Investigadoras, dijo que la configuración del delito se está realizando tan rápidamente como una política del Ejecutivo que se empieza a caer en la simulación, porque no se dan datos objetivos con los cuales el juzgador pueda actuar.
En el fondo, esta situación podría ayudar a ocultar el tamaño y profundidad del problema, añadió.
El Observatorio Nacional del Feminicidio analizó 11 entidades del país y sostiene que la situación es alarmante en el Estado de México, Ciudad Juárez, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca, lo cual coincide con la geografía de lo que se llama en México la "guerra contra el narcotráfico", donde crece la militarización y la violencia social, siendo Ciudad Juárez el caso emblemático.
Solamente en la zona sursureste, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, sucedieron el 61,9 por ciento de estos feminicidios, según la procuradora de Género de Guerrero, Indalecia Pacheco León.
Esta entidad, por ser el escenario histórico de conflicto social y guerrilla, tiene el primer lugar en homicidios en general, y el feminicidio es 2,5 puntos más alto que el promedio nacional, dijo Pacheco a SEMlac. De acuerdo con las cifras de los observatorios, en Guerrero, al sureste del país, habría sucedido el 41,3 por ciento de los homicidios de mujeres de todo México.
Aún cuando los datos son contradictorios respecto de los sitios de mayor incidencia, a partir de las investigaciones que la Cámara de Diputados emprendió en 2004 y 2005 se ha podido precisar que en los últimos diez años, 10.000 mujeres han sido asesinadas por razones de género, en escenarios privados y públicos, con víctimas de todas las edades y diversas clases sociales, por lo que el problema tiene carácter nacional, pero de parte de las autoridades existe incomprensión, impunidad y desprecio.
Las investigaciones y los datos oficiales arrojan que son 15 entidades del país donde hay mayor número de casos: Chihuahua (Ciudad Juárez), Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Colima, Tamaulipas, Baja California, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
En los últimos meses ha habido un intenso debate por la tipificación del delito de feminicidio y las características que debía mostrar.
Se situó en Guerrero, porque ahí se tipificó el delito en diciembre de 2010, constituyéndose en la primera entidad en hacerlo, y creció porque el 22 de abril, en plena Semana Santa, fueron asesinadas cuatro trabajadoras de una estética de belleza: Luvia Vázquez, (30 años), Elena Baños (19), Jacqueline de la Rosa (14) y Rubí Celia García (39).
A ésta última los asesinos le dejaron un cartel llamándola bruja y egoísta. Enseguida se les conectó con un acto del crimen organizado y se puso en duda el carácter genérico de los homicidios.
Rosa Icela Ojeda sostuvo que la mayoría de las mujeres por estar discriminadas y excluidas en distintos escenarios de la vida social, son asesinadas por ser mujeres y, de acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida sin Violencia, se considera feminicidio todo aquel en el que el estado no actúa, no previene, no protege y no da condiciones de seguridad a las mujeres.
Y es sobre esta línea de análisis cómo desde el Instituto Nacional de las Mujeres se ordenó tipificar el delito.
Las entrevistadas, Soraya, Indalecia, Rosa Icela e Irma Aguirre, funcionaria de la Secretaría de la Mujer en Guerrero, coincidieron en que la condición de las mexicanas las pone en riesgo sistemático de la violencia machista.
Hasta ahora se ha tipificado el feminicidio en seis entidades: Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato, Morelos, Veracruz y en el Distrito Federal. Según el análisis de Rosa Icela, del observatorio de Guerrero, y Soraya, las legislaciones ponen el acento en las relaciones de pareja, con lo cual se obvia la realidad de violencia de Estado, institucional o social.
Como ejemplo, Soraya Vázquez sostuvo que, en el Distrito Federal, sucedieron 203 homicidios de mujeres en 2010, de los cuales hasta el 58 por ciento fueron por violencia social y comunitaria, lo que indica que el delito no podrá configurarse integralmente.
En el Distrito Federal, donde se considera que existe la mejor forma de tipificar el feminicidio, sostuvo la abogada, se hizo una amplia investigación para sostener varias cuestiones centrales: cuando hay relación laboral, docente y una clara subordinación o superioridad del probable responsable, y cuando se trata de una relación sentimental o afectiva, ello se toma como un agravante.
La pena por este nuevo delito, el del feminicidio, es muy variable, de 35 años de cárcel en los estados donde se hizo sin pensar, hasta 70 años de cárcel en algunas entidades, como Morelos. En el Distrito Federal es de 20 a 50 años y hasta 60 cuando es la pareja.
El debate va a continuar. En muchas entidades y espacios legislativos hay una enorme resistencia para configurar el delito y respecto a su efectividad es en Guerrero donde ahora se analiza y se harán cambios próximamente.
La violencia en México ha dejado como saldo más de 500 desapariciones de mujeres en los últimos dos años.
El feminicidio pasó de 2,5 por 100.000 habitantes mujeres a 3,6, creció 40 por ciento en los últimos cinco años.
Se presume que existen 125.000 mujeres desplazadas por la guerra contra el narcotráfico.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó al gobierno mexicano tipificar el delito de feminicidio, tras los hechos del Campo Algodonero, y conformar mecanismos eficientes para perseguir y castigar a los responsables. El Campo Algodonero se ubica en Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte del país, donde ha sido emblemática la forma de matar a las mujeres y se encontraron siete cuerpos, con lo cual se constituyó en el primer caso llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia, dictada el pasado año, alude al todo el feminicidio en México y recomienda, justamente, tipificar ese delito
Perdidos en la traducción: Los indígenas y el sistema penal
Entre otras graves desventajas en sus procesos legales, los indígenas en México enfrentan la exclusión lingüística como una de las trampas de la procuración de justicia.
Uno protagonizó su propia "desgracia" al matar a un semejante y la otra fue acusada de corromper y prostituir a menores. No obstante, su mayor falta fue verse impedidos de traspasar la barrera del idioma para enfrentar a un sistema que no incorpora eficazmente a los espacios de procuración y administración de justicia, los elementos para solucionar conflictos que implican una visión cultural distinta. Ambos se apellidan Ucán, ambos son integrantes de la comunidad maya mexicana y vivieron situaciones similares a las de otros ocho mil 700 habitantes de los pueblos originarios de México que, según cifras de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), aún están en alguna prisión municipal o estatal purgando condenas que van de los 10 a los 80 años, derivadas de juicios viciados de origen y mal conducidos, o de la misma imposibilidad de pagar fianzas de apenas cinco mil pesos.
RICARDO UCÁN SECA
El sonido de la escopeta resonó entre los naranjos que bordean la milpa en la Unidad Citrícola San Pablo III, a dos kilómetros de la cabecera del municipio de Akil, Yucatán, luego de un camino de unos 500 metros de terracería que concluye en una brecha que sólo puede recorrerse a pie. Ricardo Ucán Seca accionó el arma por reflejo, luego de ver a Bernardino Chan Ek levantar amenazante un arma en dirección a él, su esposa Donaciana y tres de sus hijas, Victoria, Deysi y Graciana.
Apenas eran las 10 de la mañana del cinco junio de 2000 cuando Chan Ek cayó muerto con su escopeta aferrada entre las manos, entre la tierra donde Ucán solía cosechar el poco maíz que lograba para la subsistencia de su mujer y sus siete hijos. El mismo sitio donde aprendió con su padre a trabajar la tierra, más de 40 años atrás; la única labor que le fue enseñada como parte de su legado cultural comunitario.
Chan Ek y Víctor Manuel Chay Ucán, sobrino de Ucán Seca, habían llegado antes y comenzado a sembrar por primera vez sobre el terreno, lo que continuaron haciendo a la llegada de don Ricardo, sin importarles la molestia de éste y su reclamo por lo que consideraba suyo. Ricardo y Donaciana optaron por retirarse para volver a intentar convencer a los invasores de abandonar el predio. "Llegué al terreno y ellos estaban sembrando ahí. Les dije que no debían, que no era suyo; discutimos. Él, Bernardino, dijo que iba a tomar de su botellón de agua, pero en vez del agua agarró la escopeta, se enderezó y dijo que me iba a matar. Me di la vuelta y caminé, volteé y seguía apuntando a donde mi esposa y mis hijas también. No sé cómo pasó esta desgracia; disparé y me di cuenta que le había dado, así fue como pasó esta desgracia", recordó don Ricardo, quien terminaría siendo sentenciado a 22 años por homicidio.
BASILIA UCÁN NÁH
"Firma ese papel", le dijo la mujer a Basilia Ucán Náh. "Aunque sea tu huella que pongas. Sólo dice por qué te trajeron, es que esos policías están locos. Yo no sé por qué te trajeron; por culpa de ellos ya perdiste mucho tiempo y mira la hora que es, y tú no has llegado a tu casa". Basilia rubricó con la huella de su dedo el papel que contenía un texto que no entendía, y por el cual terminó siendo condenada a 12 años de prisión por lenocinio agravado y corrupción de menores. El documento estaba escrito en español. Basilia, mujer maya de 43 años, con siete hijos y habitante de la comunidad de Yoactún, Carrillo Puerto, en Quintana Roo, no sabe leer o escribir en español o en maya.
Horas antes de ese 26 de julio de 2007, Basilia había sido detenida junto a Raquel Gómez Hernández por la averiguación relacionada con una denuncia anónima sobre un presunto caso de prostitución de menores, ocurrido en esa comunidad quintanarroense, en agravio de dos niñas de escasos 13 y 14 años, explotadas por un hombre de unos 70 años de edad, a quien luego se identificó como Ambrocio Granados Mohedano y quien, según las dos adolescentes, era ayudado por una señora de unos 40 años.
En esa primera entrevista, Ucán Náh no tuvo alguien que pudiera traducir lo que le decían al señalarle si conocía a las dos menores involucradas en el caso. Antes del español, que aprendió estando en prisión, Basilia apenas hablaba lo básico para darse a entender fuera de su comunidad, donde el maya es la principal lengua utilizada.
A raíz de ese documento, el 18 de marzo de 2008, fue detenida por la Policía Judicial de Quintana Roo. Con la asistencia de una intérprete confirmó algunos de los elementos señalados en aquella primera intervención, pero desmintió que conociera a las menores, como había afirmado Raquel Gómez, posiblemente la mujer cómplice de Granados Mohedano que las agraviadas habían descrito durante la averiguación.
NEGLIGENCIA E INEFICACIA ANTE LA DIFERENCIA CULTURAL
Además de su etnicidad, las historias de Ricardo Ucán Seca y Basilia Ucán Náh coinciden en la ineficacia con la que fueron llevados sus procesos legales y en los vicios que persistieron, y que permiten cuestionar al sistema jurídico como muestra de lo que ocurre en la gran mayoría de los casos de mexicanos presos pertenecientes a un grupo étnico, según lo ha reconocido la propia CDI como parte de su Proyecto de Excarcelación de Presos Indígenas.
En el caso de Ucán Seca, liberado el año pasado luego de la recomendación hecha al gobierno de Yucatán por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, quedó demostrada la falta de una defensa adecuada durante todo el proceso hasta que fue sentenciado. Incluso se expuso el desinterés del Juez de la Causa Penal y las irregularidades cometidas desde su detención. Las apelaciones y recursos posteriores presentados ante las autoridades correspondientes y organismos de derechos humanos derivaron en que la Dirección de Defensoría de Oficio de la Secretaría de Gobierno de Yucatán reconociera que la abogada del caso, Isabel Segovia Ruiz, había incumplido con sus funciones.
Dicha dependencia determinó la existencia de "elementos de responsabilidad administrativa atribuibles a la C. BLANCA ISABEL SEGOVIA RUIZ, con motivo de la Recomendación número 40/2003 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, por incumplimiento de lo establecido en la fracción XXI del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán".
Empero, la principal agravante fue la negativa a reconocer a Ucán Seca como integrante de la comunidad maya, o sea, como grupo poblacional con una lengua, visión y cultura distintas, en reconocimiento a sus derechos establecidos en el artículo Segundo de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho reconocimiento no se otorgó aun cuando estableció en su declaración ministerial que hablaba y entendía poco el castellano; tampoco se logró durante la apelación ante segunda instancia ni en la solicitud de amparo, y apenas fue medianamente reconocido en el recurso de revisión extraordinaria presentado ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán (TSJEY), que finalmente rechazó el trámite.
El proceso de Ucán Seca, de acuerdo con su defensa posterior, no estableció como recurso el hecho de que el inculpado había disparado en legítima defensa, lo cual permitía excluirlo de responsabilidad de acuerdo con el artículo 21 del Código Penal del Estado de Yucatán. Dicha consideración no pudo realizarse porque, entre otras, no pasó por el tamiz de la interpretación de los hechos que hubiese permitido a Ucán Seca explicar en su propia lengua lo que ocurrió. De acuerdo con uno de sus abogados y representante del Grupo Indignación, Jorge Fernández, la ausencia de intérprete traductor impidió conocer, más allá de lo que Ucán Seca podía expresar durante las diligencias del proceso en un español incipiente, su versión y visión de lo que ocurrió: "No se tomó en cuenta su percepción de la tierra como parte de su Yo, más allá de un sentido de propiedad, sino colectivo y comunitario, que implicaba a su familia, a la supervivencia de él y de sus hijos y esposa. Ahí está el problema principal que prevalece en casos similares a éste, ya sea por robos menores o por homicidios no dolosos, entre otros. No es sólo traducir, sino interpretar lo que esa persona, con una cultura y una construcción distinta de la realidad, trata de decir o dar a entender", agregó.
El 12 de junio de 2001, el Juez Mixto y de lo Familiar del Segundo Departamento Judicial del estado dictó sentencia, por la cual se le impusieron 22 años de prisión. Un año y casi cinco meses después, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) cuestionó a la defensa de Oficio de Ricardo Ucán si había presentado el recurso de amparo ante la consideración de que el proceso no hubiera sido justo por su condición de maya. Ante lo público que se había hecho el caso, la defensa "coincide" en tiempo con el cuestionamiento y presenta el recurso basándose en la falta de un intérprete traductor que ella misma, la abogada Segovia, no le había procurado durante el proceso. Al resolver el 24 de septiembre el juicio de amparo 380/2003, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Mérida, Yucatán, determinó que "si bien es factible que hable el idioma maya (…) de las constancias de autos no se advierte que pertenezca a una comunidad indígena con costumbres claramente especificadas y de allí lo infundado de su argumento", por lo que resolvió no amparar a don Ricardo contra la sentencia dictada y ratificada en segunda instancia.
Posteriormente, la defensa de Ucán Seca solicitó el recurso de revisión extraordinaria al TSJEY con base en una recomendación de la Codhey, que incluía un dictamen antropológico hecho por el entonces Instituto Nacional Indigenista, en 2003, en el que se autentificaba la adscripción del inculpado a la comunidad maya, con una cultura, rasgos, lengua e identidad distintas. Dicho documento exponía también la pobreza de la familia, que además de la milpa sobrevivía del urdido de hamacas y venta de escobas que le permitían tener ingresos por cerca de 100 pesos a la semana. Pese a la presentación del documento, lo único que el TSJEY determinó fue solicitar al Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del estado (Indemaya) proporcionar un traductor intérprete durante el proceso de revisión extraordinaria. Los magistrados no consideraron que el habla de Ucán Seca fuese un elemento que acreditara su pertenencia al pueblo indígena maya, ni tampoco consideraron que las violaciones documentadas y señaladas por la Codhey fuesen suficientes para determinar su libertad, y reiteraron que "de las constancias de autos no se advierte que pertenezca a una comunidad indígena con costumbres claramente especificadas".
El Tribunal tomó en consideración datos estadísticos referentes a la comunidad de Akil, específicamente infraestructura eléctrica, de agua potable, número de escuelas hablantes de español y otros referidos en el Censo de 2000 del INEGI como parámetros para establecer que Ucán Seca no pertenecía a la comunidad maya: "Criterios de la Secretaría de Desarrollo Social mezclados con una visión exótica de lo indígena", expresó al respecto el abogado del Grupo Indignación.
Fue hasta la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que Ucán Seca logró su libertad el 31 de diciembre de 2009. Dicha instancia internacional recomendó al gobierno yucateco firmar un "Acuerdo de Solución Amistosa" que consideró la buena conducta de don Ricardo durante su encierro carcelario y la reparación del daño a la familia de Chan Ek. Ucán Seca logró entonces su liberación; sin embargo, no fue reconocido como un integrante de la comunidad maya, lo cual, junto al caso de Basilia Ucán Náh, parecería ser la principal agravante. En el caso de la segunda, quedó manifestado en la negligencia en la construcción del caso por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana Roo y en la falta, también, de elementos que le permitieran, en su condición de mujer maya, enfrentar el proceso penal con respeto a sus garantías y derechos establecidos legalmente.
Basilia Ucán había sido condenada por lenocinio agravado y corrupción de menores el 12 de abril de 2009 por el Juez de la Causa Penal, luego de un proceso iniciado con la averiguación integrada por la Subprocuraduría de Justicia de la zona Centro, a cargo de María Jesús Loeza Cachón, cuya labor fue cuestionada e incluso sometida a investigación. La mujer maya de 43 años tampoco contó con una defensa adecuada desde la averiguación previa: la persona que supuestamente la había asistido al presentarse a la primera diligencia ministerial, cuando puso su huella en el documento que no podía leer, declaró luego no haber estado presente en ese momento.
Durante el juicio ninguno de los testigos hizo un señalamiento directo contra Basilia Ucán. Una de las menores agraviadas relató incluso haber sido presionada: "Yo nunca tuve relaciones sexuales con nadie, y a esa persona que le dicen Basilia yo no la conozco; por lo tanto yo no tengo nada que decir contra de esta persona ni en contra de la persona que le dicen 'el doctor'". Tampoco ratificó sus primeras declaraciones, y dijo que las había firmado bajo amenaza de los elementos judiciales porque "me dijeron que si no lo firmaba me iban a llevar detenida en el tribunal de menores", según consta en el expediente del caso. El padre de la otra víctima compareció el mismo día, y relató que cuando su hija declaró "yo me di cuenta como que la estuvieron obligando a dar respuestas de algunas preguntas que insistentemente le hacían, y yo vi como que la obligaron y la empujaban a decir las cosas porque la amenazaron por los policías judiciales (...) entramos a las siete de la noche y salimos a las 12 (...) y ya estábamos fastidiados y sólo firmamos y nos quitamos ya que ella solamente decía sí a todo lo que le preguntaban".
Durante las declaraciones ante el Ministerio Público (MP), las menores no contaron con apoyo de algún funcionario del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pese a que es requisito indispensable establecido por el código procesal de la entidad en caso de menores. Finalmente, el juez de la causa en ningún momento consideró las retractaciones de las y los testigos, y sentenció a Basilia con pruebas que fueron recabadas de manera ilegal, sin las garantías mínimas para las personas que no saben leer ni escribir ni entienden el español; tampoco se tomó en cuenta su pertenencia a la comunidad maya de Yoactun, en Carrillo Puerto, Quintana Roo, ni de Basilia ni de los testigos.
Basilia tuvo que esperar dos años y tres meses, mucho menos que los nueve años de don Ricardo, para poder recuperar su libertad gracias a la intervención de grupos defensores de derechos humanos como Indignación en Yucatán y el Centro ProDH, logrando su liberación el 24 de mayo pasado. Ahora ya habla un poco más de español, e incluso trabaja para escribirlo y leerlo: sabe que sin ello y sin dinero "pasan estas cosas".
PRISIONEROS DE LA TRADUCCIÓN
A la fecha, según la CDI, existen unos ocho mil 700 habitantes de comunidades originales en las cárceles de México. La dependencia estima que logra, a través de sus delegaciones estatales, excarcelar a unos mil al año, principalmente a través del pago de fianzas y entrega de apoyos para poder cubrir las reparaciones de daños que exigen los resolutivos judiciales. Al cierre de 2010, en la región que comprende la Península de Yucatán y la zona de Tabasco, había poco más de mil 390 hombres y mujeres habitantes de grupos étnicos de México encerrados en las prisiones de los respectivos estados. En consideración de delegados del CDI en dichas entidades, así como de organismos de defensa de derechos humanos, la mayoría están encerrados por haber enfrentado procedimientos penales a "mudas", debido a la infranqueable barrera de una lengua y una cultura distintas.
En el caso de Tabasco, la población original, en su mayoría del grupo chontal, alcanza un número de 312 mil personas. Por lo menos unos 500 a la fecha están cumpliendo alguna condena, generalmente por su dificultad para enfrentar procesos penales desde las averiguaciones iniciadas por el MP. En Campeche, durante 2010 la delegación del CDI logró excarcelar a 95 reos adscritos a algún grupo étnico de la región, pero aún quedan unos 190 sin recibir apoyo alguno. La dependencia basa su ayuda a los internos en la detección, mediante censos, de cuántos de ellos fueron tratados conforme a Derecho y si llevaron el proceso judicial en su lengua madre o apoyados por un traductor intérprete; puede inferirse que la mayoría de los que han sido excarcelados carecieron de ello.
La delegación del CDI en Quintana Roo estima en 300 el número de internos que requieren de su atención por su condición cultural y lingüística. Según esta oficina, los delitos por los que han sido procesados y sentenciados están relacionados, principalmente, con el robo y la violencia, así como abuso sexual y homicidio, además de delitos contra la salud. También reconoce la falta de traductores intérpretes que los respalden durante los juicios. La dependencia incluso considera que los habitantes de las comunidades rurales pueden llegar a cometer delitos sin saberlo, dados sus usos y costumbres.
En Yucatán existen 398 personas de comunidades originales que siguen encerrados en prisión. La CDI en la entidad logró excarcelar durante 2010 a 87 hombres y mujeres, y otros 33 hasta abril de 2011. El director general de la CDI, Xavier Abreu Sierra, ha señalado ante medios de información que este año esperaban certificar a 250 abogados hablantes de una lengua original para que se desempeñen en las regiones donde prevalece el uso de dichas formas de habla. Al respecto, Jorge Fernández considera poco útil que se certifiquen o se facilite la formación de nuevos licenciados en Derecho que provengan de grupos étnicos específicos, con una educación jurídica como la vigente, porque no incorpora esa visión distinta, de una diferente construcción de la realidad, que los pueblos originales conciben. "Los ejemplos los tenemos: ahí sale un joven de una comunidad, logra titularse de abogado, pero ya tuvo que pasar por todo el proceso universitario, acudir a las salas penales, inmiscuirse en los procesos tal como se realizan, e incluso incorporarse algunos a la política partidista y terminar siendo diputados que al promover, para su provecho en términos de candidaturas, una 'ley indígena', hacen a un lado toda su identidad cultural y legislan lo más conveniente al modelo social de la mayoría, excluyente", expuso.
Añadió: "Sí, es cierto que tenemos que garantizar el acceso de hombres y mujeres a la educación superior y mucho más en cuanto a materia jurídica, pero también requerimos una reconfiguración de las carreras, de los programas, para poder insertar en éstos una comprensión de la forma de ver el mundo de los pueblos indígenas con respeto a su identidad cultural". Pero eso no está ocurriendo. Los ejemplos ahí están: Ricardo, Basilia y miles más.
La ayuda financiera llega por Internet
MÉXICO, jul (IPS) - "La mexicana Norma Isela necesita 500 dólares para expandir el inventario de la venta de zapatos por catálogo y ampliar su oferta a ropa y accesorios en la norteña ciudad de Piedras Negras, en el estado de Coahuila. Hasta ahora pudo recadar 45 por ciento de esa cantidad.
Este proyecto es uno de los difundidos en la página electrónica de la organización no lucrativa estadounidense Kiva, surgida en 2005 y cuyo objetivo es obtener financiamiento para microempresarios alrededor del mundo.
La obtención de microfinanciamiento por Internet, de persona a persona, es una modalidad en crecimiento, impulsada por plataformas como Kiva, la francesa Babyloan y la checa Red de Intercambio de Préstamos Electrónicos (ELEN, por sus siglas inglesas), entre otras.
"Es una fuente de fondeo, con el cual hemos financiado muchos proyectos. Es una buena opción", dijo a IPS Maricarmen Martínez, responsable de Capacitación en la Fundación Realidad, afiliada a la no gubernamental Visión Mundial México y socia de Kiva desde 2009.
En este esquema, el financista elige a un prestatario, transfiere el dinero por un monto mínimo de 25 dólares, recibe el pago luego de un lapso y puede reiniciar el proceso. La plataforma comprueba que el socio en un país determinado financia microempresarios y que su operación es sana.
Las micro-financieras mexicanas manejan una cartera de al menos 2.700 millones de dólares y depósitos por unos 1.600 millones, según datos de la Red de Intercambio de Información Microfinanciera (MIX, por sus siglas inglesas).
En el sector financiero de muy pequeña escala operan más de 600 organizaciones de ahorro y préstamo, de las cuales la mayoría son cooperativas. Poseen más de 1.000 sucursales, atienden a unos 5,5 millones de usuarios y representan casi 70 por ciento de los activos del ramo, según cifras del ente regulador Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El microcrédito se ha convertido en México en una herramienta para combatir la extrema pobreza en las comunidades más marginadas, aunque es todavía un sector joven, en auge, con productos financieros muy sencillos y altas tasas de interés.
"Las microfinanzas son innovadoras y el préstamo de persona a persona lo es aún más, pues el concepto involucra al público en apoyar con créditos a los microempresarios. Necesita ser desarrollado y extendido, para hacer que este concepto sea parte de la concepción de la gente sobre la ayuda", comentó a IPS la directora del Departamento de Microfinanzas de Babyloan.
Fundada en 2008 por Arnaud Poissonnier, experto en la banca de inversión, y Aurélie Duthoit, una joven emprendedora que trabajó en la cooperación para el desarrollo, Babyloan financió 6.160 microempresarios a través de 10 financieras en igual número de países, entre ellos Nicaragua, Perú y Ecuador, por un total de 1,9 millones de euros (2,7 millones de dólares).
"Es un buen esquema de fondeo. Vincula a personas que tienen recursos con la gente que los necesita. Personaliza el microcrédito, porque uno va conociendo al beneficiario del apoyo que brinda. No es un modelo pensado comercialmente, sino de proyección social", indicó a IPS Francisco de Hoyos, director de la red ProDesarrollo, que aglutina a 88 microfinancieras.
El 35 por ciento de los 46 millones de personas económicamente activas de México carecen de servicios financieros formales, más de la mitad de las 2.440 municipalidades del país no tiene agencias bancarias y sólo 25 por ciento de los 112 millones de habitantes del país poseen cuentas de ahorro bancarios.
Las estrategias aplicadas hasta ahora "se refieren a reducir el costo para atender a los clientes actuales y muchos menos a crecer hacia nuevos segmentos de bajos ingresos", señala el "Reporte de País-Programa Tecnológico", publicado en marzo por la organización no gubernamental estadounidense Grupo Consultivo para Ayudar a los Pobres, elaborado por Xavier Faz y Paul Breloff.
"Los nuevos modelos de alianzas y experimentos ambiciosos que involucran actores clave pueden dirigir el mercado hacia modelos más eficientes y mayores ofertas accesibles de bajo ingreso más allá del crédito", prosigue ese documento.
La penetración de las microfinanzas alcanza a 22 por ciento en la nación mexicana, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El informe "Microfinanzas Américas 2010", de MIX, y el Fondo Multilateral de Inversiones, del BID, resalta que "las instituciones mexicanas continuaron sorprendiendo por su crecimiento, incluso en términos absolutos".
Enfatiza, además, en que ese mercado "sigue exhibiendo un potencial interesante para que instituciones nuevas y con una gestión acertada puedan expandir rápidamente su alcance en número de clientes atendidos".
"Es un negocio redondo, muy rentable. Muchas instituciones llegan a lucrar, olvidándose de la esencia de las microfinanzas, la visión social", aseguró Martínez, cuya organización cuenta con una cartera de 20.000 clientes y una tasa de recuperación de 96 por ciento.
Los microcréditos van de montos que oscilan entre los 83 y los 3.700 dólares, destinados a negocios como tiendas de primera necesidad, puestos de tortillas y de otros alimentos.
A través de Kiva, esa fundación atendió a 4.416 prestatarios con empréstitos por casi 1,5 millones de dólares.
Mientras, la organización estadounidense alcanza los 596.151 prestamistas, 582.784 microemprendedores que recibieron 224 millones dólares, con proyectos en 59 países y una tasa de recuperación de casi 99 por ciento. El préstamo individual promedio es de 237 dólares.
"No es fácil construir el vínculo entre el público y los microempresarios que viven en condiciones pobres en otros países. Aunque el proceso de préstamo es innovador, la gente no está acostumbrada a él, en comparación con las donaciones", declaró Dupont-Lhotelain.
En 2010, Babyloan fue uno de los cinco ganadores del concurso Mercado de Soluciones Financieras Innovadoras para el Desarrollo, organizado por la Agencia Francesa para el Desarrollo, la estadounidense Fundación Bill & Melinda Gates y el Banco Mundial.
"Las instituciones evolucionan conforme lo hacen las necesidades de los clientes. Una primera necesidad que no está cubierta es el acceso total a servicios financieros formales. La primera meta es llevar servicios a una mayor cantidad de población. Es un mercado que tradicionalmente había sido desatendido", indicó De Hoyos.
Se necesitarán 27 planetas Tierra
Por Stephen Leahy
Y si no se encaran todos estos temas, la humanidad llegará a los 10.000 millones de personas en 2050 y necesitará otros 27 planetas Tierra para pagar el costo ambiental de la demanda de recursos, estima un nuevo estudio.
No obstante, las especies se extinguen más rápido que antes, alerta el estudio publicado la última semana de julio por la revista Marine Ecology Progress Series.
"Para mí es increíble que no hayamos podido afrontar este fracaso de las áreas protegidas", dijo el principal autor del trabajo, Camilo Mora, de la Universidad de Hawai.
"Nos sorprendió que la evidencia de los últimos 30 años fuera tan clara", dijo Mora a IPS.
La capacidad de las áreas protegidas para frenar la pérdida de biodiversidad –la disminución de la variedad y del número de especies vivas—ha sido sobreestimada por mucho tiempo, según los expertos.
La realidad es que la mayoría no están realmente protegidas. Muchas son sólo "parques de papel", esto es, resguardadas en teoría. Más de 70 por ciento se ubican en esta categoría, dijo Mora.
El estudio muestra además que los gastos mundiales en áreas protegidas son hoy de 6.000 millones de dólares por año, y muchas no reciben los fondos suficientes para una administración adecuada.
Gestionar efectivamente estas áreas requiere de unos 24.000 millones de dólares anuales, cuatro veces más de la inversión actual.
"La pérdida de biodiversidad y sus consecuencias para el bienestar de la humanidad son de gran preocupación y ha desatado fuertes llamados para expandir el uso de áreas protegidas como remedio", explicó el co-autor del estudio Peter Sale, biólogo marino y director asistente del Instituto de Agua, Ambiente y Salud de la Universidad de las Naciones Unidas.
Pero éstas "son una falsa esperanza", dijo Sale a IPS.
Consultado sobre el acuerdo mundial sobre biodiversidad alcanzado en Nagoya, Japón, para poner 17 por ciento de las tierras y 10 por ciento de los océanos del planeta bajo protección para 2020, Sale señaló: "Es muy poco probable que se alcancen esas metas" debido a la creciente necesidad de alimentos y otros recursos.
"Aun si esos objetivos se alcanzaran, no se detendría la pérdida de biodiversidad", señaló. Una de las razones es que, una vez que se crea una zona protegida, la industria se traslada otro lugar para extraer recursos. Otro de los motivos por los cuales las áreas protegidas no son una respuesta es que no pueden controlar el impacto de la contaminación o del cambio climático.
Finalmente, la presión sobre los recursos del planeta aumenta tan rápido que "el problema se escapa de toda solución", indicó.
La pérdida de biodiversidad es preocupante ya que se trata del único sistema de apoyo que tiene la humanidad para su supervivencia: le provee desde alimentos, agua y aire limpio, hasta recreación y turismo, indicó Mora.
La única estrategia hoy es la creación de áreas protegidas, pero "eso es poner todos nuestros huevos en una sola cesta", alertó. "Se necesita un gran cambio para afrontar las raíces del problema".
El aumento poblacional es la principal causa de la pérdida de biodiversidad. Cuando el número de habitantes del planeta era de 5.000 millones en 1985, el uso de recursos superaba a lo que la Tierra podía sostener en forma indefinida, según varias estimaciones, indicó Mora.
Hoy la población mundial es de 7.000 millones, mucho más de lo que la Tierra puede sostener.
Para 2050, con una población estimada en 10.000 millones y si no se cambian los patrones de consumo, el uso acumulado de recursos naturales equivaldrá a la productividad de más de 27 planetas Tierra, estimó el estudio.
Para sostener a los actuales 7.000 millones de personas se requiere de un drástico cambio en el uso de recursos. Actualmente, la huella ecológica promedio de cada ciudadano de Estados Unidos es de 10 hectáreas, mientras que la de un haitiano es menor a una.
El planeta podría sostener a toda la humanidad si la huella promedio de cada persona fuera de dos hectáreas, calculó Mora.
Si hay más gente, simplemente habrá menos recursos disponibles para todos, por lo cual se necesitará un control de la población, señaló.
Larga marcha hacia el respeto y la justicia
Por Emilio Godoy
Los sacerdotes Tomás González (izquierda) y Alejandro Solalinde encabezan la marcha Crédito: Emilio Godoy/IPS | |
"Si Dios quiere, voy a llegar. Quiero llegar a Nuevo Laredo, en la frontera (de México y Estados Unidos), y ahí pagarle a un coyote (traficante de personas) para pasar", confió a IPS este albañil, oriundo del occidental departamento salvadoreño de La Libertad, de donde salió el 20 de este mes.
Wilfredo está casado y es padre de tres hijos. Es, además, uno de los 500 caminantes de la "Caravana paso a paso hacia la paz", procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, que el día 24 comenzaron el trayecto por el sur y el sudeste de México para reivindicar los derechos de los inmigrantes.
Son defensores de derechos humanos, parientes de inmigrantes desaparecidos en México, o inmigrantes irregulares ellos mismos, como Wilfredo.
Los muros de la iglesia San Judas Tadeo, de la Diócesis de Coatzacoalcos, y un salón adyacente fueron albergue temporal de los viajeros.
Cargados del equipaje básico –una mochila con ropa y zapatos cómodos, botellas de agua y un teléfono móvil–, los centroamericanos, la mayoría hondureños, aprovechan para bañarse, dormir un poco o lavar sus prendas.
Coatzacoalcos, de 305.000 habitantes, es parada obligatoria del ferrocarril para los indocumentados que usualmente cruzan del sudeste al nororiente mexicano en su intento de llegar al soñado suelo estadounidense, aunque a menudo terminen soportando asaltos, secuestros y otras agresiones, asesinatos y deportaciones.
Cada año, unos 500.000 indocumentados se aventuran por territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, según cifras de académicos y organizaciones de derechos humanos. En el viaje por Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, los asedian policías corruptos y bandas criminales.
En 2010, fueron secuestrados unos 20.000 inmigrantes en México, según la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos de este país.
Ahora, ser parte de la caravana les da una sensación de seguridad. "Nos apoyamos entre nosotros. Se oyen muchas historias de asaltos, pero quien nada debe, nada teme. Quiero llegar a la Ciudad de México y ver si encuentro trabajo ahí", dice a IPS el guatemalteco Julio, de 20 años y originario de la oriental ciudad de Esquipulas.
La cena fue una torta (emparedado de jamón y queso), fruta y agua gaseosa, mientras que el desayuno consistió en huevos, frijoles y café. Tras las muchas horas de trayecto, el descanso y la comida reanimaron a los integrantes de la caravana.
En su homilía nocturna, fray Tomás González, director de la casa del migrante "La 72" de Tenosique, pidió perdón "por los secuestros, los asesinatos y los asaltos, por un gobierno que no los protege".
Los emigrantes también deben soportar el calor diurno de 30 grados y los mosquitos, propios de esta urbe rodeada de selva tropical húmeda, ríos y pantanos.
Los activistas –entre ellos los mexicanos Rubén Figueroa y Elvira Arellano– se hacen presentes en el campamento, rebosante de solidaridad, compañerismo y esperanza.
El sacerdote católico Alejandro Solalinde, director del albergue "Hermanos en el camino" de la filial de la Pastoral de la Movilidad Humana en Ixtepec (Oaxaca) encabezó, a su vez, la caravana desde el sur mexicano.
Figueroa vivió sin permiso en Estados Unidos entre 1999 y 2005, y Arellano, representante de la no gubernamental Familia Latina Unida Sin Fronteras, se convirtió en un icono de los inmigrantes, tras permanecer refugiada un año en la Iglesia Metodista Adalberto, en la norteña ciudad estadounidense de Chicago, hasta su deportación a México en 2007.
"Cruzar está muy duro, nos daba miedo salir para acá. Queremos ver si encontramos algún trabajo en México", manifestó a IPS la hondureña Kenia, de 18 años, quien viaja acompañada por su esposo Wilman y su hijo de dos años. Agricultores del norteño departamento de Yoro, fueron deportados en 2008 desde la ciudad estadounidense de El Paso, limítrofe con México, y ahora vuelven a emigrar.
Ante la absorta mirada de la población local, la caravana manifestó con cantos y pancartas a lo largo de tres kilómetros reclamando respeto a sus derechos y el cese de los ataques. "Los migrantes no somos criminales, somos trabajadores internacionales", fue uno de los lemas gritados a voz en cuello.
"Las personas tienen derecho a migrar para mantener a sus familias", rezaba uno de los carteles, mientras otros recordaban los nombres de desaparecidos, con la fecha y el lugar donde la "ruta del migrante" los devoró.
La última vez que el guatemalteco Pedro Lacán escuchó la voz de su hijo Rafael fue el 23 de mayo, cuando le contó que estaba en Nuevo Laredo, a punto de cruzar la frontera. Su destino era Nueva York, pero nunca llegó.
"Me dijo que iba a cruzar con un coyote. No he sabido de él, y el coyote no sabe nada", dijo a IPS Lacán, originario de Totonicapán, un departamento del oeste guatemalteco.
El movimiento reclama investigaciones oficiales sobre el paradero de los indocumentados desaparecidos y la creación de una base de datos.
Ésta es la tercera vez que parientes de desaparecidos e inmigrantes se organizan para protestar marchando por México. La primera vez fue en noviembre de 2010, con motivo del Foro Mundial Alternativo de los Pueblos en Movimiento, celebrado en la capital mexicana. La segunda se efectuó en enero de este año.
La próxima estación de esta marcha es Tierra Blanca, unos 380 kilómetros al sudeste de Ciudad de México.
Allí, los manifestantes se reunirán este sábado 30 con el chileno Felipe González, relator especial sobre los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien expondrán casos que bien podrían integrar una enciclopedia mundial del horror migratorio.
González y su equipo están en misión inspectiva en este país desde el 25 de julio hasta el 2 de agosto. (FIN/2011)
Los mexicanos, hoy más pobres que hace 10 años
Oportunidades económicas como el alto precio del petróleo y las remesas han sido desaprovechadas en la última década. Las buenas finanzas del país no se reflejan en la economía familiar.
De acuerdo a la información oficial, los ingresos mensuales promedio de todos los hogares mexicanos (ricos, pobres y de clases medias) cayeron de 12 mil 518 pesos en el año 2000, a 11 mil 645 en el 2010. Encima, el ingreso en 10 por ciento de los hogares más pobres apenas alcanzó dos mil 54 pesos el año pasado, lo que ni siquiera alcanza para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria.
Empecemos por mencionar que el 16 de julio el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados oficiales para 2010 de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), la cual reporta cada dos años los niveles de ingreso total, monetario y no monetario, de los mexicanos que viven en el país. El boletín de prensa del INEGI trata de justificar la caída de los ingresos de 2008 a 2010 por el impacto que tuvo sobre México la crisis internacional de 2009, lo cual es cierto; pero no explica el casi nulo crecimiento del producto per cápita (PPC) en los anteriores ocho años; en todo caso, es interesante analizar los cambios en el nivel de bienestar económico de los mexicanos durante la última década. Si comparamos los niveles de ingreso que teníamos en 2000 con la reciente cifra de 2010 y lo contrastamos con el potencial (desaprovechado) de crecimiento que nos hubieran dado el boom petrolero y las remesas que nuestros paisanos mandaban del extranjero, quedaría de la forma siguiente:
DERRUMBE DE INGRESOS
El ingreso real promedio trimestral (medido a precios del 2010) era de 36 mil 518 pesos en 2000, que fue el último año de la administración de Ernesto Zedillo. En diciembre de ese año inició el gobierno de Vicente Fox Quesada; al final de la década de los gobiernos de Fox y Felipe Calderón, en 2010, dicho ingreso cayó a 34 mil 936 pesos, es decir, sufrió un deterioro de 4.3 por ciento. El PPC de 1980 fue 35 por ciento superior al de 1971, y aún si incluimos la severa crisis de 1995, de 1991 a 2000 el PPC aumentó en más de 12 por ciento.
Las cifras mencionadas son ingresos durante un trimestre para el promedio de los hogares; pero, debido a la desigualdad imperante, el INEGI nos muestra resultados dramáticos para los más desafortunados: en 2010 el 10 por ciento de la población más pobre obtuvo un ingreso trimestral de sólo seis mil 163 pesos, o sea dos mil 54.33 pesos por mes y por familia —muy lejos de los famosos seis mil pesos mensuales mencionados por el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero. En estas condiciones no es extraño que el porcentaje de la población en condiciones de "pobreza alimentaria" (que no le alcanza para cubrir el costo de la canasta básica) haya aumentado de 13.8 por ciento de la población en 2006 a 18.8 por ciento en 2010.
El derrumbe de los ingresos promedio es de por sí lamentable, pero resulta más trágico al darnos cuenta del potencial de crecimiento que tuvo México en años cuando las remesas enviadas por nuestros paisanos aumentaron 224 por ciento: de mil 643 millones de dólares en promedio trimestral en 2000, a cinco mil 318 millones en 2010. El envío de estas remesas, obtenidas por el esfuerzo desesperado de los mexicanos que no encuentran empleo en el país a consecuencia de errores en las políticas públicas, sin duda amortiguó el deterioro del estancamiento económico. Por su parte, la generación de excedentes petroleros fue considerable, pues el precio promedio anual de la mezcla mexicana de petróleo de exportación aumentó 191 por ciento: de 24.8 dólares por barril en 2000, a 72.2 en 2010. Habría que cuestionar el uso de los excedentes petroleros y el exceso en la acumulación de reservas internacionales más allá de lo socialmente óptimo. Es cierto que México enfrentó una caída en la producción nacional en 2009 a consecuencia del derrumbe financiero e hipotecario de los países desarrollados, pero durante los siete años que van de 2001 a 2008 los precios del petróleo se mantuvieron al alza: de 18.6 dólares por barril en el primer año, hasta 80.4 dólares en el último.
PANORAMA DESALENTADOR
Fueron siete años de vacas gordas que se desaprovecharon para crecer y hacer los cambios institucionales y estructurales que tanto requiere nuestro país. A mayor abundamiento, el gobierno de Fox arrancó con una economía que venía creciendo, con finanzas públicas sanas y un adecuado nivel de reservas internacionales. Su primer año de gobierno gozó de altos niveles de aceptación: capital político que desgastó sin invertir en los cambios que requería nuestra economía y el régimen político.
Pero no todo es negativo: la estabilidad de precios, la disminución de la deuda externa, el control del déficit del gobierno y el incremento de las reservas internacionales en el Banco de México son variables macroeconómicas que muestran comportamientos favorables en la última década; sin embargo, el PIB per cápita no ha crecido, el ingreso real ha caído 4.33 por ciento de 2000 a 2010 y el desempleo abierto —es decir, quienes están buscando activamente empleo y no lo encuentran, sin incluir a los subempleados y trabajadores en mercados informales— subió de 2.5 por ciento en 2000 a 5.4 por ciento en 2010. Las buenas finanzas nacionales no se reflejan en unas buenas finanzas familiares. Ante los pronósticos recientes de un deterioro de la economía mundial, el panorama para 2012 no parece alentador. Es tiempo de definir el nuevo rumbo del país.
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