Hermanos sin palabra
Eduardo Ibarra Aguirre
Apenas fue electa Luisa María Calderón Hinojosa candidata del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Michoacán, el domingo 4, y el jueves 8 su hermano Felipe ya se encontraba en gira de trabajo por el estado.
Inaugurar carreteras, hospitales y circuitos turísticos fue el motivo de la jornada del primer fin de semana de agosto "en el estado más hermoso del país, o uno de los más hermosos para no entrar en polémicas", en la que estuvo ausente el caro tema de la inseguridad pública en el discurso presidencial, mientras que el gobernador lo reiteró una y otra vez, y el alcalde de Apatzingán fue ovacionado ostensiblemente.
Genaro Guízar Valencia fue una de las más de 30 víctimas encarceladas con el michoacanazo –polémico operativo policiaco y militar diseñado por la hoy jefa del Ministerio Público federal, la abogada que de un manotazo despidió a más de la mitad los delegados de la PGR--, mismo que reforzó la percepción de que la procuración de justicia en éste como en el sexenio de la "pareja presidencial", se utiliza con fines políticos y hasta familiares, amén de que terminó en un sonado fracaso ministerial, como en los casos de Julio César Godoy y de Jorge Hank, y está por suceder con Gregorio Sánchez, con todo y los reconocimientos que acumula Marisela Morales.
Fue precisamente en Michoacán donde el 13 de diciembre de 2006 comenzó la más costosa de las estrategias gubernamentales en muertos con más de 51 mil, 120 mil desplazados, 10 mil desaparecidos (según cifras de Emilio Álvarez Icaza), desempleados, huérfanos y emigrados en el país. Estrategia aplicada de común acuerdo con el primer Ejecutivo estatal perredista que reconoció a Calderón Hinojosa, lo que abrió paso a una temporada de cooperación institucional hasta que apareció el michoacanazo sin decir "agua va" al gobierno estatal –pero sí a la hermana que nunca fue incomoda--, y Leonel Godoy empezó a caer en la cuenta de la proyección electoral y familiar del quehacer policiaco y militar del general de cinco estrellas.
Tan extendida es la percepción sobre el faccioso uso y abuso de las instituciones y sus planes para favorecer a Luisa María –presuntamente madre de un hijo de Jesús Ortega Martínez--, que el mismo abogado, economista y administrador público reconoció con singular cinismo ante sus paisanos: "Quizá sea la última o de las últimas veces que venga a Michoacán, precisamente para no interferir en el proceso electoral que empieza en septiembre".
Con cinismo ilimitado, el señor que en sus ratos libres despacha como secretario de Salud y puja por la candidatura panista para gobernar Guanajuato, plaza exclusiva de la Organización Nacional El Yunque, organizó un informe de actividades sobre el sector en Michoacán, con carácter "de privado", y la candidata Calderón Hinojosa ocupó lugar en la mesa principal y recibió la promesa del subordinado de su hermano de "apoyar a Michoacán con todo lo que se requiera".
Si el hermano de Luisa María interviene abiertamente a favor de ella --quien durante cuatro años y medio dispuso de las estructura y recursos de las delegaciones federales en Michoacán y de un numerosísimo equipo del Estado Mayor Presidencial--, además de que carga los dados a favor del imberbe secretario de Hacienda, por qué se van a negar el mismo derecho los cinco suspirantes a la candidatura presidencial panista. El jefe marcó la tónica y el febril activismo preelectoral domina a su gris e incompetente gabinete.
Por lo demás, las palabras empeñadas por ambos Calderón Hinojosa: "No ocuparé espacios públicos" y "Seré el presidente del empleo" los muestran también hermanados en la falta de valor de sus compromisos.
Acuse de recibo
El periodista y editor José Sobrevilla pregunta y contesta: "¿Qué sería --mi querido Eduardo-- la vida sin utopías? La realidad es tan fría que no nos cobijaría la esperanza; y sin ésta, seríamos más destructivos entre nosotros, porque ya lo somos de la naturaleza. Mil Utopías. Los que te conocemos un poco sabemos la obsesión con que enfocas tus temas y lo que te cuesta darles luz a cada uno. Vaya a ti mi felicitación por esta meta y mi esperanza de seguir siendo testigo de las mismas"... La doctora Ana Isabel Sanz, de Toledo, España, agrega: "Sencillamente, mi querido Eduardo, es un inestimable regalo poder leer tus reflexiones. Gracias"… Y concluye el reportero Ramsés Ancira: "Junto con mi felicitación por tu milenaria Utopía, me permito solicitarte oportunidad y espacio para este mensaje social: Agradeceríamos a personas que consideren haber sido afectadas por falta de ética profesional del abogado Felipe Rayo Mares o el doctor Gustavo Romero Pérez, del Grupo Médico del Valle, enviar sus quejas al teléfono 36-24-77-80 o al correo electrónico nuevaupd@gmail.com (,) para integrarlas en diversas averiguaciones previas en curso. Estas personas están indiciadas por falsedad de declaraciones que pudieron causar daños irreparables en perjuicio de una persona detenida por agentes adscritos a la fiscalía antisecuestros".
Con Calderón, 300% más desapariciones que en Guerra Sucia
En la "guerra" antidrogas, aumentan las quejas en contra de militares por su posible implicación en desapariciones forzadas de civiles. El caso más reciente, ocurrido en Tamaulipas, involucraría a marinos en la desaparición de 15 personas. De 2007 a la fecha se habrían cometido 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo en México, documenta la ONU; 300 por ciento más que los ocurridos durante la Guerra Sucia. Al menos, 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos formarían parte de la lúgubre lista
Soldados y marinos son señalados como los autores de decenas de desapariciones forzadas de civiles, cometidas en el contexto de la "guerra" del gobierno federal contra el narcotráfico. La más reciente denuncia implica a elementos de la Secretaría de Marina en la desaparición de 15 personas entre el 1 y el 22 de junio pasado. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hay fotografías y videos que comprueban la participación de los representantes del Estado mexicano en esos crímenes.
Apenas tres meses antes de esos hechos, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitó México, por considerar "alarmante" el número de quejas que ha recibido entre 2007 y principios de 2011. Al finalizar su recorrido, el 31 de marzo, dicho Grupo denunció que en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se habrían cometido unos 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo; esto es 300 por ciento más que las desapariciones ocurridas durante la Guerra Sucia (1962-1987).
No obstante, la cifra podría ser mayor. Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refieren que las quejas por extravío de personas entre 2007 y 2011 superan las 5 mil. Aunque la dependencia gubernamental no las califica como desapariciones forzadas o involuntarias, defensores de derechos humanos consideran que las posibilidades de que se trate de crímenes de este tipo son elevadas.
Para que un extravío se catalogue como desaparición forzada, se debe demostrar que el civil fue privado de su libertad por agentes del gobierno o por terceros contratados por un agente de gobierno.
En la presente administración panista, los móviles políticos –que durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional se enfocaban en guerrilleros y activistas– sí se estarían reeditando. Al menos 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos han desaparecido forzadamente en el actual sexenio. De éstos, se desconoce el paradero de 20; ocho fueron ejecutados extrajudicialmente y cuatro liberados.
Las cifras negras
El 22 de junio pasado se publicó en el Diario oficial de la federación el nuevo marco legal para castigar a los responsables de estos delitos (Decreto Promulgatorio de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas). Pese a ello, el gobierno de México no parece estar realmente comprometido con el esclarecimiento de estos hechos.
Considerados por el derecho internacional como de lesa humanidad, estos crímenes permanecen impunes, al igual que las más de 1 mil desapariciones forzadas que se registraron en la Guerra Sucia; las de decenas de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la década de 1990; y las de cuatro indígenas de la comunidad Viejo Velasco, Chiapas, ocurridas en noviembre de 2006.
A pesar de que las desapariciones podrían llevar al Estado mexicano a un juicio internacional, ninguna de las instituciones del gabinete de seguridad lleva registro de ellos, se desprende de respuestas a solicitudes de información ciudadanas consultadas por este semanario.
El problema tampoco se resuelve en el ámbito local. En cada entidad federativa, son las comisiones estatales de derechos humanos y las organizaciones civiles las que van engrosando sus listas con nombres y datos de las víctimas.
Un caso dramático es el de Coahuila. Los reportes de las autoridades locales refieren 219 denuncias por ese delito. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Larios, adsctrito a la diócesis de Coahuila, también tiene documentadas 185 desapariciones forzadas en la entidad.
En Michoacán, uno de los estados que más ha sufrido la violencia de la supuesta "guerra" contra las drogas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado 165 desapariciones forzadas, ocurridas entre 2010 y lo que va de 2011.
En contraste, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua asegura que su registro de denuncias es de sólo 48 desaparecidos forzadamente entre 2008 y 2010. Las cifras se potencian en Guerrero. Ahí, el Taller de Desarrollo Comunitario ha documentado 1 mil 694 casos de desapareciones forzadas entre 2005 y 2011.
Pero los estados fronterizos del Norte del país no se quedan atrás. A inicios de junio, Leonel Aguirre Meza, presidente de la no gubernamental Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, denunció que en Sinaloa se han registrado 230 desapariciones de civiles en el marco de lucha contra el narcotráfico.
Durango también se suma a los estados con dramáticos registros. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene conocimiento e investiga 176 desapariciones forzadas de personas entre 2009 y abril de 2011. Según sus estadísticas, 89 por ciento de las víctimas son hombres y 11 por ciento mujeres.
Beltrones y Peña: López Obrador y Ebrard: del PAN ninguno
A reserva de opinar, analizando, la competencia interna y externa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) (con su chuchismo, camachismo, lópezobradorismo y demás pedacería), está claro que el Partido Acción Nacional (PAN), no obstante sus inclinaciones derechistas y ultraderechistas, es un cero a la izquierda, y es que sólo tiene precandidatos y ni en la licuadora de su cómplice Gordillo, mezclándolos con el calderonismo se hace uno de Creel, Vázquez Mota, Lozano (el troglodita), Cordero (el mago de las cuentas alegres, acompañado de Poiré y Gerardo Cajiga) y el resto, incluyendo al "periodista" Manuel Espino expulsado por órdenes de Calderón. No se hace de todos un sólo candidato para la contienda a la Presidencia. Así que todo se reduce al PRI, y los perredistas con el Partido del Trabajo y Convergencia que ya cambió de piel con su nuevo nombre.
Los priístas habrán de escoger entre Peña y Beltrones. Para esto, es necesario que al menos se celebren dos debates de cara a los electores, para ver de qué "cuero salen más correas". Sobre todo, porque Peña insiste, con su grupo Atlacomulco y anexos, en autopostularse como el galán de Televisa, al estilo de una caricatura de Luis Miguel, por lo del copete-copeteado y políticamente descerebrado. En cambio, Beltrones ha propuesto que se muestre primero "para qué quieren los priístas el poder presidencial", y quién de los plañideros puede aspirar a ser un mandatario, que es lo que le urge a la Nación. Peña es un cascarón vacío. No tiene nada en su bonita cara-cabeza, y su mal gobierno mexiquense lo pinta incapacitado para el trabajo político.
López Obrador, es por mucho mejor que su traidor y oponente Ebrard, quien no da la talla. El tabasqueño es un auténtico político de izquierda (como Peña de la derecha y Beltrones del centro). Ebrard no tiene la calidad moral de Andrés Manuel López Obrador, y ha sido toda su vida de priísta (de 1978 a 1995), un oportunista empollado por Manuel Camacho Solís, ambos alimentados con cargos por Salinas, hasta que este no escogió a Camacho para la sucesión, prefiriendo a Colosio (asesinado por el salinismo), y se rebelaron, para terminar ingenuamente acogidos por López Obrador al que ahora han traicionado en complicidad con el chuchismo y la bendición de Calderón.
Restricción del fuero militar: triunfo de víctimas y sociedad civil
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvo hace unos días un debate histórico. En varias sesiones continuas al analizar las obligaciones del Poder Judicial de la Federación frente a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso de Rosendo Radilla, el máximo tribunal de nuestro país determinó que la jurisprudencia de la CIDH en casos que no involucran a México debe fungir como un criterio orientador para los jueces en el país; que las sentencias condenatorias contra la nación emanadas de esa instancia son obligatorias; que compete a todos los jueces, estatales o federales, verificar que se cumplan los derechos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales, pudiendo incluso impedir la aplicación de normas secundarias que les contravengan; que el nuevo artículo 1 constitucional impone a todas las autoridades la obligación de garantizar los derechos humanos, empleando las normas más favorables, y, finalmente, que al analizar judicialmente los alcances del fuero militar los jueces mexicanos tienen que ajustarse a lo que determinó el tribunal interamericano.
Esto último implica que, en todos los casos que lleguen a los tribunales federales donde se impugne la extensión del fuero militar y que involucren a civiles, los jueces deberán fallar en contra del Ejército, por ser dicho fuero una jurisdicción incompetente para conocer de delitos que a su vez constituyan violaciones a los derechos humanos cometidos contra civiles.
La necesidad de restringir el fuero militar, plenamente aceptada por la SCJN en su reciente discusión, da un impulso renovado al cumplimiento de las sentencias dictadas por la CIDH. Esto resulta especialmente relevante, pues el Estado mexicano ha escamoteado el acatamiento de sus obligaciones internacionales. Frente a esa decisión, conviene destacar y volver a enumerar los argumentos a favor de restringir el fuero militar.
Un primer argumento surge de las obligaciones impuestas al Estado mexicano por la CIDH en los casos de Rosendo Radilla, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú y los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. En dichos casos, la CIDH estimó que la actual extensión del fuero militar en México es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, y ordenó reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar.
En las sentencias dictadas en los casos de Fernández Ortega y de Rosendo Cantú, la Corte insistió en que en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar debe tener un alcance restrictivo y excepcional, encaminándose solamente a la protección de bienes jurídicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares. Por eso, frente a casos donde se vulneran los derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar. Además, precisó el tribunal que la violación sexual de una persona por parte de elementos castrenses no guarda, en ningún caso, relación con la disciplina militar.
Lozano, un gallo sin plumas que le cacarea al Congreso
Hace unos días, el ahora exaspirante presidencial del Partido Acción Nacional, Javier Lozano Alarcón, volvió a "vetar" las decisiones internas de la Cámara de Diputados al dar por descontado que en el pleno de San Lázaro pueda aprobarse la iniciativa de ley que autorice la creación de una empresa, en sustitución de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Martín Esparza Flores*
En la víspera de su "descarte" como precandidato, Lozano despotricó ante los micrófonos de un programa radiofónico contra el Poder Legislativo, del que dijo "desafortunadamente ocupa buena parte de su tiempo en hacer política, y política muy barata". Esto en alusión a la pregunta de cuál era su opinión sobre el posible apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para sacar adelante la iniciativa en cuestión.
Según la perspectiva del secretario del Trabajo, los diputados tienen la obligación de tomar con "seriedad" otras propuestas que están pendientes para sacar adelante las reformas que le den "otro rostro" al desarrollo social, económico y político del país. Sólo le faltó aderezar a su sermón el exigir a los diputados aprobar a la voz de ya su deplorable reforma laboral, que busca aniquilar los derechos laborales de millones de trabajadores en el país.
Textual y retador, el funcionario dijo al aire: "Yo sí anticipo que no va a haber tal creación de una empresa, no va a haber porque tiene que pasar por las dos terceras partes en el pleno de la Cámara de Diputados, luego tiene que pasar por la mayoría en el Congreso… y tiene que pasar por el veto del presidente de la República (sic); es decir, que ya saben que esto no va a ocurrir". ¡Vaya con los galimatías jurídicas del desplumado gallo azul!
No sólo descarta las decisiones del Congreso sino que se atreve a manejar línea desde Los Pinos. ¿Dónde queda la división de poderes? Es delicado el trasfondo de sus palabras, pues da por hecho que la eventual aprobación de los diputados para crear una nueva empresa será vetada por Felipe Calderón. ¿Entonces, para qué convocar a periodos extraordinarios si el presidente no va a respetar lo que el Congreso disponga, si sólo va a permitir que ocurra lo que a él y su partido les conviene? ¿Dónde quedan la convivencia y la pluralidad democráticas?
De Fox a Peña Nieto y otros alborotados
No hay enemigo pequeño, y mucho menos si es un bocón resentido. Es el caso de Vicente Fox, quien ha sido desdeñado y hasta maltratado por Felipe Calderón. En ocasiones, a través de interpósita persona: en este caso, de Manuel Espino, expulsado del Partido Acción Nacional (PAN), aunque con una demanda en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
No ha sido la única agresión ni desprecio del michoacano quien, todavía, se siente agraviado al ser prácticamente despedido del gabinete cuando lo destapó Francisco Javier Ramírez Acuña. Y tampoco es la desamparada contestación del expresidente, el cual en muchos lugares, sobre todo en el extranjero, ha discrepado de la errónea política del actual sexenio.
Hace poco, desde el periódico La Nación de Costa Rica ?al tiempo que exhibe el bajo nivel de la clase política mundial al impartir conferencias y embolsarse inusitadamente miles de dólares? señaló nuevamente que la "guerra" de Felipe Calderón contra el narcotráfico es incorrecta. Asimismo, criticó al PAN por no haber hecho bien su trabajo.
Pero lo más curioso es que dijo: "Hay una nueva generación de priístas cuyos miembros crecieron en un ambiente democrático". Seguramente Fox piensa que él propició la democracia moderna. Basta rememorar, empero, la sucia elección de 2006 y el casi desafuero de López Obrador.
Guerra cibernética, la nueva amenaza
Una nueva amenaza global apunta a la seguridad de los Estados. Esta vez no se trata del gobierno de Estados Unidos, el policía del mundo, que impone mediante las armas su democracia y su libertad a naciones sometidas y pueblos marginados. Ahora la amenaza es más sofisticada, más sutil, no usa armas ni municiones ni ejércitos, se trata de la guerra cibernética que infiltra todos los sistemas tecnológicos y es capaz de someter gobiernos, quebrar economías y desquiciar a grupos sociales.
Hace menos de un año, en noviembre de 2010, en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se anunció este nuevo concepto estratégico para la seguridad de las naciones y las amenazas internacionales que podrían afectar sus intereses. En lo general, el concepto estratégico aprobado manifiesta que la OTAN podrá actuar en cualquier lugar del mundo donde considere que su seguridad puede estar amenazada, más allá de los límites geográficos de sus países miembros.
Además de que la OTAN acordó en esa cumbre crear un sistema de defensa antimisiles para proteger sólo a Europa y Estados Unidos, precisó como las nuevas amenazas globales el terrorismo internacional; las armas de destrucción masiva (químicas, biológicas, radiológicas y nucleares); la ciberguerra; el cambio climático y las catástrofes naturales; los trastornos del suministro de energía; el crimen organizado, y las crisis económico-financieras.
De esos siete conceptos de amenazas globales, en el caso mexicanos la prioridad del gobierno de Felipe Calderón está centrada en los cárteles de la droga y el narcotráfico, sin importarle la enorme violencia que su "guerra" ha desatado (con más de 40 mil muertes sin investigar); tampoco el crecimiento desbordado de la pobreza extrema de la población; ni la crisis económica que aumenta el desempleo, cierra empresas y disminuye el poder adquisitivo; mucho menos le interesa el cambio climático o los problemas energéticos, y ni que hablar del terrorismo o armas de destrucción masiva.
Alianzas insospechadas
Jorge Luis Sierra *
El temor a Los Zetas, el cártel de origen militar que ha despertado la máxima preocupación de los gobiernos de México y Estados Unidos, ha llevado a las políticas antinarcóticos a desviaciones insospechadas.
El rumbo más importante es algo que sólo las teorías conspirativas podrían haber imaginado: la posibilidad de que elementos "duros" de las agencias antinarcóticos estadunidenses hayan elegido una estrategia para apoyar con armas al cártel de Sinaloa para terminar con Los Zetas, e impedir que controlen las rutas de paso de las drogas por todo el corredor centroamericano, incluido Panamá, Ecuador, Guatemala, México y finalmente el territorio estadunidense.
Los Zetas se han convertido en una obsesión para ambos gobiernos, sobre todo, porque nacieron de las entrañas de las instituciones militares de ambos países: sus 31 integrantes originales fueron entrenados en las filas de los grupos aeromóviles del Ejército Mexicano y por lo menos la tercera parte de ellos recibió entrenamiento en la escuelas de fuerzas especiales de Fort Benning, Georgia.
La percepción de Los Zetas como uno de los grupos criminales más agresivos hacia Estados Unidos proviene desde el amago de secuestro de un agente de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA, por su sigla en inglés) y otro de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés), en Matamoros, Tamaulipas, el 9 de noviembre de 1999. Los agentes federales estadunidenses transportaban a un informante en las calles de Matamoros cuando fueron interceptados por un escuadrón de Los Zetas, encabezados por Osiel Cárdenas, quien los dejó ir cuando ellos le advirtieron de las consecuencias de matar a agentes federales estadunidenses.
Estados Unidos vio con preocupación cómo Los Zetas aumentaron el clima de violencia en la frontera con su nivel de experiencia operativa y su poder de fuego. Reconocidos por su economía de balas, Los Zetas hicieron su primer acto de presencia en Estados Unidos al asesinar de un sólo tiro al excomandante de la Policía Judicial Federal Guillermo González Calderoni, el 5 de febrero de 2003 en McAllen, Texas. Asesinatos similares de miembros del cártel de Sinaloa comenzaron a ocurrir al año siguiente en Dallas.
Para 2004, las autoridades estadunidenses tenían reportes de actividad de Los Zetas en Houston y San Antonio, Texas, así como en Coalgate, Paul's Valley, Heavener, Poteau, Stilwell, Westville, y Watts, Oklahoma, además de Mena, DeQueen y Siloam Springs, Arkansas. Algunos hechos de violencia llevaron a los investigadores a detectar presencia de Los Zetas en Nashville, Tennessee, y Atlanta, Georgia.
Los reportes estadunidenses estimaban que, entrenados para combatir y neutralizar a otros grupos de narcotraficantes, Los Zetas iban a prevalecer como la fuerza criminal más importante en la frontera con México. Además de una flotilla de vehículos Lincoln Navigator, Los Zetas contaban con helicópteros y lanzagranadas calibre 40. Las autoridades investigaban la posibilidad de que algunos de los misiles tierra-aire (SAM 7) de fabricación soviética que entraron al mercado negro nicaragüense pudieran haber llegado a manos de Los Zetas.
Aunque ningún funcionario del gobierno estadunidense admite ni menciona la existencia de una "alianza" con grupos de narcotraficantes, es un hecho que la supuesta relación entre agentes de seguridad y miembros del cártel de Sinaloa podría ir más allá de la simple corrupción.
Los primeros contactos pudieron haber ocurrido desde enero de 2004. En una declaración escrita presentada ante la Corte Federal del Distrito de Illinois el pasado 15 de marzo, el presunto narcotraficante Jesús Vicente Zambada Niebla afirmó que desde enero de 2004 actuaba en coordinación con el asistente regional de la DEA para América del Sur, el director general de la DEA en México, así como agentes de esa entidad en Monterrey, Nuevo León; en Hermosillo, Sonora, y en la ciudad de México.
Su alegato incluye la colaboración con agentes del FBI cuyos nombres supuestamente desconoce Zambada Niebla, quien está acusado de dirigir la logística del cártel de Sinaloa y es hijo del Mayo Zambada, uno de los líderes más connotados de esa organización criminal.
Investigaciones recientes del Congreso han encontrado más evidencias de esa relación entre agentes estadunidenses e integrantes del cártel de Sinaloa.
Carlos Canino, el representante interino de la Agencia contra el Tráfico de Armas, Tabaco y Alcohol (ATF, por sus sigla en inglés) en México, reconoció hace unas semanas ante el Congreso que las investigaciones oficiales sobre la operación Rápido y Furioso apuntan a que agentes de la ATF, de manera independiente, pero oficial y con conocimiento de otras cuatro agencias federales, sancionaron la entrega deliberada de 2 mil armas de alto poder al cártel de Sinaloa.
Luego de declararse indignado por la posibilidad de que esas armas hayan sido utilizadas para matar a policías o soldados estadunidenses, Canino dijo que agentes de la ATF a cargo de la operación Rápido y Furioso en Phoenix, Arizona, ocultaron sus movimientos a sus colegas emplazados en la ciudad de México con el fin de evitar que la información llegara al gobierno mexicano.
Canino dijo que el arsenal habría bastado para equipar a un regimiento de rangers, compuesto normalmente por 2 mil 500 soldados de las fuerzas especiales del ejército estadunidense dedicados a misiones de alto impacto en la lucha antiterrorista.
En un testimonio ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Canino no sólo deslizó una estimación del tamaño real del cártel de Sinaloa, unos 2 mil 500 elementos, sino además la posibilidad de que haya existido un apoyo directo a una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas del continente americano.
Canino admitió que el arsenal llevado a México bajo la operación Rápido y Furioso incluyó 34 rifles calibre 50, suficientes para armar al mismo número de francotiradores que normalmente lleva un batallón de infantería de marina estadunidense en el campo de batalla.
Las investigaciones recientes del Congreso estadunidense sobre la operación Rápido y Furioso, que empezó en 2009 como una estrategia para ubicar a los recipientes del contrabando de armas de Estados Unidos hacia México y que terminó equipando y fortaleciendo a los cárteles de la droga mexicanos, sugieren que las agencias antinarcóticos se ocultaron información entre sí. Según el diario Los Angeles Times, las investigaciones del Congreso detectaron a por lo menos seis narcotraficantes que participaron en la operación Rápido y Furioso, mientras al mismo tiempo trabajaban como informantes del FBI sin que los agentes de la ATF lo supieran.
Una posible alianza entre agentes federales que emplean métodos de investigación "duros" con narcotraficantes mexicanos podría ser explicable en el contexto de una obsesión contra Los Zetas, considerado por Estados Unidos como el único cártel que tiene la capacidad de derrotar en el campo de batalla a los grupos enemigos y convertirse en la organización criminal predominante en la frontera México-Estados Unidos.
El deseo de acabar con Los Zetas aumentó después del asesinato del agente federal Jaime Zapata, el 15 de febrero de 2011, y ahora este grupo criminal está en la lista de los objetivos prioritarios de la política antinarcóticos de Estados Unidos.
Hasta ahora, Los Zetas han sobrevivido a esta ofensiva a pesar de las bajas con asesinatos y detenciones de una parte de sus líderes. El cártel del Golfo y La Familia se han unido con el cártel de Sinaloa para combatir a Los Zetas. La Armada de México se ha sumado al combate contra este grupo y el Ejército continúa con sus operativos para desmantelarlo.
Sin embargo, el grupo está combatiendo directamente al cártel del Golfo en su propio territorio y sigue librando batallas contra el cártel de Sinaloa en México y Guatemala. Lejos de disminuir su impacto en la relación de fuerzas de la delincuencia organizada trasnacional, Los Zetas han expandido sus áreas de operación hasta Guatemala y Panamá. Algunos intentos de expansión geográfica han incluido Italia.
Es un hecho que el gobierno de Estados Unidos ha empezado a suspender las políticas desastrosas como Rápido y Furioso. Los vínculos y la posible alianza de agentes federales con el cártel de Sinaloa mostraron que el único efecto posible de esa estrategia es la multiplicación de la violencia, la radicalización de las estrategias de Los Zetas y la multiplicación del poder del cártel de Sinaloa.
El único hecho positivo en esta desviación del poder policial en Estados Unidos es que se ha abierto la oportunidad para terminar con la desintegración, falta de comunicación e inconexión entre las agencias federales y dentro de ellas mismas. Mientras unos agentes cumplen con los mandatos de la ley, otros recurren a la ilegalidad para cumplir sus objetivos. En tanto, el narcotráfico sigue su curso. El resultado tangible lo estamos viendo ya.
*Especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional, egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington
Fuente: Contralínea 245 / 07 agosto 2011
Instala EU un centro de inteligencia similar al de Afganistán en una base militar mexicana
Según The New York Times, elementos de la CIA y civiles con entrenamiento militar operan allí "por primera vez", lado a lado con mexicanos, para recolectar información sobre los cárteles y planear operaciones
NUEVA YORK, 7 de agosto.- Los intercambios de inteligencia entre México y Estados Unidos han ayudado a la captura o eliminación de unos 30 líderes narcotraficantes, comparados con dos arrestos de ese perfil en los cinco años previos, afirmó hoy The New York Times.
México se convirtió en la "zona cero" de la lucha contra el narcotráfico, cuyos cárteles son responsables de más del 80 por ciento de la droga que ingresa a Estados Unidos, por lo que ha recibido más asistencia antinarcóticos en los últimos tres años que Afganistán y Colombia, estableció el rotativo.
Indicó que en fecha reciente operativos de la CIA y civiles con entrenamiento militar han sido enviados a una base militar en el norte de México, donde "por primera vez, funcionarios de seguridad de ambos países trabajan lado a lado para recolectar información sobre los cárteles de las droga y colaboran para planear operaciones".
Fuerzas estadunidenses han entrenado a cerca de cuatro mil 500 nuevos agentes federales y han conducido grabaciones de conversaciones, manejado informantes e interrogado sospechosos.
Asimismo, el Pentágono ha proveído a México con nuevos equipos, incluidos helicópteros tipo Black Hawk, y en los meses recientes ha enviado aviones no tripulados sobre territorio mexicano para rastrear a narcotraficantes.
La base militar, explicó el diario, fue modelada a partir de "centros de fusión de inteligencia" como los que Estados Unidos emplea en Afganistán para supervisar grupos insurgentes.
El texto ofreció como ejemplo de la cooperación la reciente captura de José Antonio Hernández, acusado de cientos de asesinatos en Ciudad Juárez, Chihuahua, con asistencia de la DEA.
El embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan, explicó que en el último año ha aumentado el intercambio de inteligencia entra ambos países, una muestra del entendimiento de que la lucha contra los grupos criminales en México debe ser una responsabilidad compartida.
"El crimen organizado internacional sólo puede ser exitosamente confrontado trabajando en conjunto. El resultado es tan simple como irresistible: juntos tendremos éxito o fracasaremos", enfatizó Sarukhan.
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