lunes, agosto 29, 2011

México: Calderón a la cárcel, combatir a los empresarios y ningún voto a la clase política



Pedro Echeverría V.

1. Como pueblo hemos esperado mucho y en cierta manera somos cómplices de la muerte de 52 mil personas, de 10, 15 o 20 mil muertos enterrados en fosas clandestinas y de todo lo que sucede en este país. ¿Por qué todos somos cómplices? Por permitir que el gobierno fascista de Calderón siga su política asesina, que los malditos empresarios sean sus mejores apoyadores y que la irresponsable clase política: PAN, PRI, PRD y demás siga distrayendo a la población con elecciones que sólo han servido durante más de 100 años para legitimar más explotación, más miseria y muertes de las personas que producen con sus manos lo que todos consumimos.

2. En México no se enjuician a las presidentes de la República: Madero fue asesinado en 1913 después que sufrió un golpe de Estado preparado en la embajada de los EEUU; Carranza fue asesinado por una asonada en 1920 encabezada por el grupo Agua Prieta (Obregón, Calles, De la Huerta); Obregón fue asesinado en 1928 por un grupo clerical; Ortiz Rubio fue obligado por el callismo a renunciar en 1932; Calles sólo fue expulsado del país en 1935 por el Presidente Cárdenas y, desde entonces, sólo Salinas se autoexilió en 1994. Ningún personaje ha caído por juicio del pueblo, por luchas masivas, aunque todos los gobernantes formaron clase política dominante e hicieron alianza con los poderosos empresarios.

3. Si contáramos con una fuerza de izquierda real, una izquierda plenamente identificada con los trabajadores, que no se dedicara a buscar diputaciones y demás cargos, Calderón no hubiese estado en el gobierno ni tres años; menos entregándole el país a los asesinos yanquis que han inaugurado aquí una base militar piloteada desde su embajada con el mismo programa de invasión de Afganistán. Pero como parte de lo que fue la izquierda desapareció en 1977 con las migajas bajo la mesa que le han tirado los siguientes gobiernos, ¿sólo quedará a la izquierda no electoral revolcarse en su propio lodo mientras la burguesía golpea, persigue, encarcela y asesina a los pocos trabajadores que luchan?

4. De que el pueblo es cómplice o culpable es un decir; la realidad es que durante siglos ha llevado una gigantesca carga tras sus espaldas que sólo le ha dejado respirar para no morir. La iglesia, la escuela, los medios de información, las tradiciones del "respeto" y "las buenas costumbres", lo han cegado y ensordecido; pareciera que para lo único que sirve es para obedecer, trabajar y tener hijos para que continúen con la misma tarea. ¿Cómo carajos rebelarse si esas malditas instituciones sólo le aconsejan ser disciplinado y obedecer? ¿Para qué carajos busca la felicidad en la tierra si mientras más pobre, jodido y sumiso viva aquí en la tierra más asegurada tiene la felicidad en el más allá, cerca de los ángeles?

5. Pero pregúntense: ¿Si Calderón se fuera a la cárcel –donde hace mucho debe estar por la muerte de más de 52 mil personas y por entregar el país a los asesinos del Pentágono yanqui- cuántos empresarios y políticos ladrones tendrían que acompañarlo? Sin la menor duda sería un magnífico ejemplo, una advertencia para que los siguientes presidentes se sientan obligados a consultar a la población sobre ese tipo de medidas importantes. Mandar al ejército a las calles para ocupar poblaciones, permitir que militares y aviones de EEUU intervengan en nuestro territorio y, sobre todo, instalar una base militar yanqui para que asesine a mexicanos con la autorización del gobierno, es entregarse a los enemigos del pueblo.

6. Muchos de la clase política –los más altos personajes que negocian todo con Calderón y los empresarios- también deberían ser enjuiciados porque son directamente responsables de la política de desempleo, salarios miserables, migración e inseguridad que el gobierno impone. Sin embargo –contrario a los que sucede en España, Chile, Grecia, Inglaterra- en México aunque fueran asesinados 100 mil nada pasará. Pareciera que la clase dominante siempre posee los "argumentos" –lo ha demostrado a través de la historia- para que todos los políticos estén integrados, bien alineados y convencidos. A esa enorme habilidad para mediatizar y controlar todo se debe el largo periodo de dominación que hemos sufrido.

7. En México obtener un cargo público es como sacarse el gran premio de la lotería; por ello a toda la clase política y empresarial le importa un bledo que los muertos sean 70 mil o 100 mil, al fin todos (soldados, policías, pueblo) pertenecen a la clase miserable y media pobre y cuando de cada 10 mil muere un rico entonces ponen el grito al cielo. Sería muy irresponsable de parte del pueblo, sobre todo de la muy débil izquierda honesta y no parlamentaria, no hacer nada para evitar que las muertes continúen por la política fascista que impone Calderón. ¿O será que los yanquis lo hagan a un lado al estar demostrando su enorme incapacidad para gobernar? ¿Habrá entonces una guerra civil abierta?

http://pedroecheverriav.wordpress.com

Moreira y Cordero


Hay algo que hace desagradable a Moreira.

Puede ser su enfoque medieval, que se generaliza en Mexico, donde el poder se convierte en una cuestión de familia, así el que viene atrás respetará al hermano por muchos estropicios que haya cometido, aunque todo puede convertirse en tragedia bíblica o griega, el hermano matando al hermano para quedarse con el reino, aunque o porque el reino se vea cubierto por nubarrones negros que presagian tempestad.

No parece ser el caso, parece una familia bien avenida y ya colocaron al nuevo hermano en el aparto de poder y no le sorprenda que en el futuro también gobierne el estado, finalmente no hay que sorprenderse de algo así, lo hicieron los Cárdenas en Michoacán, donde ya han gobernado cuatro miembros de la familia, y donde mismo los Calderón intentan reproducir el esquema, lanzando a la primera hermana con todo el peso del Estado.

El caso es que existe la duda si acaso Moreira lograra alargar el asunto de la deuda hasta la elección presidencial, movilizando a las huestes priistas para frenar a Calderón que intenta arruinarlos con un asunto tan menor, finalmente solamente se trata de unos 3 mil millones de dólares. Es claro que el último año del gobierno el presidente se enfrentará un partido dispuesto a hacerlo fracasar para inclinar la elección a su favor por lo que puede negociar cualquier cosa.

Moreira apostara todo su tanto que no es poco, a que el PRI gane la elección y le perdone los pecadillos, así no descartemos que el gobierno federal salve a Coahuila con un gran plan de reestructuración de deuda y todos contentos, el nuevo Moreira administra la nueva abundancia y refuerza la presencia de la familia.

La otra cosa que desagrada de Moreira es una aparente historia de corrupción que se oculta con dificultad. Ahí está el caso de su colaborador, que de una existencia muy modesta aparece como gran empresario bi-nacional de medios de comunicación y bienes raíces. En la escaramuza legal, se ha librado porque al parecer la acusación está mal dirigida, habiendo la posibilidad de que no intenten afectarlo en sus intereses económicos sino en la posición política, después de todo, los políticos se comportan como facinerosos que perdonan los pecadillos del otro con la esperanza de recibir un trato similar en caso de ser descubiertos.

Por su parte Cordero, actúa simultáneamente como candidato y funcionario público, este binomio no llama a engaño. Es claro que piensa que los puntos que gane como funcionario los gana como candidato, aunque la mente de la gente no es tan simple, va bajísimo en las encuestas. El primer paso fue denunciar el endeudamiento escandaloso de Coahuila, después anunció que presentaría una denuncia penal, contra quien resulte responsable, porque dice tener las evidencias de fraude. ¿Por qué entonces no dirigió la artillería legal contra los responsables del fraude? Si los tiene es culpable de omisión, si nos tiene, ¿por qué abrió la boca? Y tengo la duda si acaso presentó la demanda, merecemos saber el estatus de la misma. En el caso del colaborador enriquecido de Moreira sabemos que fue a la Procuraduría y se negó a declarar, imagino que evitó que lo detuvieran y lo presentaran a declarar, lo que es inocuo, pero bien manipulado, y eso lo ha ejercido muy bien el gobierno de Calderón, da la imagen de culpabilidad.

Si Cordero es serio –y tengo mis muy serias dudas que lo sea- debe implantar una revisión muy seria sobre los endeudamientos en los estados y municipios y actuar en contra de todos los que hayan actuado inapropiadamente, aunque resulten de su partido.

Este es el prolegómeno de una campaña electoral que anuncia ser en extremo sucia, no porque se denuncien malos manejos, sino porque se tira excremento al ventilador, con la esperanza que salpique al contrario, pero sin la menor consecuencia legal. Y luego los políticos se preguntan por qué es que la sociedad les ha perdido la confianza.

Aunque no se me da por el optimismo, muy en el fondo espero que nos sorprendan. Que las demandas se procesen y enjuicien a los culpables del percibido como desastre financiero en Coahuila, aunque se lleven entre las patas a Moreira, lo que por cierto le servirá al PRI, porque le permitirá poner a un presidente de partido con mejor imagen y menor cola que le pisen. Algo ha sucedido en Oaxaca donde hay funcionarios renunciados y detenidos, no así en Puebla, pero tampoco se puede pedir tanto.

Mientras tanto será hora que Cordero decida que quiere ser y actúe en consecuencia. Y el PRI…, para que darle consejos, hace mucho no escuchan a la sociedad.

Mientras tanto pobre país, la economía de caída, la política en el suelo y con estos políticos enfrenta el futuro.

Samuel Schmidt
schmidt@mexico.com


Entrevista con Marco Lara Klahr: "La eficiencia policiaca, en lugar de dirimirse en tribunales, se dirime en los medios"

El periodista que ha exigido cuentas, transparencia y claridad a los medios de comunicación y a los comportamientos periodísticos —con frecuencia faltos de normatividad, cuando no de ética—, clarifica aquí su posición.

Foto: Víctor Hugo Asencio

En México la denominación de "nota roja", dada al periodismo dedicado a reportar noticias relacionadas con el crimen, el delito y las tragedias, proviene del siglo XIX: en 1889, en el periódico de Guadalajara El Mercurio Occidental se dio la noticia de un asesinato; sobre los ejemplares de aquella edición se ordenó a uno de los impresores poner su mano empapada en tinta roja, lo que logró un efecto de espanto y atracción entre los lectores. Por aquellos años también surgió en Estados Unidos la tira de Yellow Kid, lo que daría origen al título de "prensa amarilla".

Así, la información policiaca se ha manejado entre la "nota roja" y el "amarillismo", y se ha basado en el sensacionalismo y el prejuicio, lo que traza una línea de continuidad entre la labor periodística del siglo XIX y la del presente.

Sobre esa historia se publicó hace dos años el libro Nota(n) roja. La vibrante historia de un género y una nueva manera de informar (Debate, México 2009), de Marco Lara Klahr y Francesc Barata. Sobre ese volumen M Semanal conversó con el primero, coordinador del "Proyecto de Violencia y Medios" del Instituto para la Seguridad y la Democracia AC. (Insyde), así como desarrollador del sitio web presunciondeinocencia.org.mx; además, ha sido consultor de la Open Society Justice Initiative e investigador y coordinador académico de la Fundación Prensa y Democracia AC., así como profesor de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem) y del posgrado en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

AR: ¿Cuáles fueron las razones para hacer este libro acerca del periodismo dedicado a la delincuencia y a la seguridad?

MLK: Como digo en una nota introductoria, yo empecé en el periodismo siendo adolescente, y comencé en el periodismo policial. Desde los primeros momentos y en diversos incidentes lo primero que percibí —sin que eso signifique que entonces yo lo tuviera claro— fue la empatía entre agentes y personal del Ministerio Público (MP), policías, militares y periodistas. Es una relación entre empatía, complicidad, sumisión y sobre todo una señalada confusión identitaria. Para un periodista joven (yo tenía 17 años) eso generaba muchísima confusión mental, profesional y vocacional, y significaba que yo tenía que decidir dedicarme o no a esa profesión que implicaba participar en torturas, maltrato, criminalización, en exhibición pública de una persona imputada de delito. Era una disyuntiva clarísima, pero había partes de la profesión que me seducían y además yo vivía de eso.

Entonces desarrollé altísimas dosis de frustración, y un deseo de venganza en un sentido de revelar todo eso, de no permitir que se quedara en los separos, en los sótanos de las comisarías de las agencias del MP. Durante años trabajé con esa idea, y después, ya con otro background intelectual y profesional, cuando creamos el Proyecto de Violencia y Medios en el Insyde, tenía otra manera de verlo. Lo propusimos tras varias conversaciones con Ernesto López Portillo Vargas, y después recibimos fondos de varias organizaciones o entidades europeas y de Estados Unidos. Pudimos contratar por obra a Francesc Barata, quien estaba en México, lo cual fue una fortuna, y empezamos a hacer el libro. Éste tiene como primer motor el interés de Ernesto, y por supuesto está permeado por el talento, la lucidez y el dominio del tema de Barata. Son varios caminos por los que llegamos a este lugar.

AR: Llevas alrededor de 30 años de trabajar cuestiones de seguridad. ¿Cómo ha cambiado el periodismo?

MLK: Es obvio que el componente de los nuevos medios, los digitales, incluidas las redes sociales, ha transformado no sólo el periodismo policial y judicial, sino al periodismo en general, y ha cambiado a los medios de noticias para siempre. Debido a esto hay un debate en el mundo (no en México; yo a veces defino a los mexicanos como una sociedad para la que nada esencial es importante) sobre la inminente desaparición del periodismo profesional como lo conocemos y lo hacemos, que es, básicamente, un periodismo del siglo XIX.

Otro elemento es que la sociedad se ha diversificado, o por lo menos los canales institucionales para la diversificación social son mucho mayores, aunque con problemas del mundo posindustrial, de posmodernidad y de premodernidad a un tiempo; tienes mayores actores sociales cuando antes predominaba el Estado, con algunas expresiones de la sociedad muy institucionalizadas, y medios que funcionaban como apéndices, formales o informales, de esos poderes visibles. Eso ha cambiado: hoy la oferta de actores y los discursos se han diversificado en el espacio público, incluido el crimen organizado. Estos dos factores, el espacio digital y la transformación del perfil sociodemográfico en México, han hecho que los medios tengan otros desafíos, transformaciones de producción industrial, de interlocuciones, de incidencia, de enfoques.

También está el tema de la informatización. Yo empecé en redacciones de maquinita de escribir, en la transición tecnológica. La tecnología de la información hizo más rentable el negocio, achicó los espacios laborales y precarizó la profesión de ser periodista; pero también hay un proceso encontrado de profesionalización: nunca en la historia del periodismo había habido tal nivel de profesionalización formal, desde una perspectiva si quieres academicista o curricular, lo que también trasformó el periodismo.
Finalmente, diría que el periodismo y los periodistas tendemos a estar anclados al viejo modelo mental del periodismo del siglo XIX, que es esencialmente un periodismo acopiador, y eso nos ha convertido, en general, en dinosaurios, periodistas prehistóricos. Escucha nuestro discurso, nuestra visión, nuestra manera de retratar el delito y la violencia y ¡puta, no somos premodernos sino prehistóricos!

LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DERECHO RELATIVO

AR: Otro asunto interesante es el de los códigos éticos, la deontología, los estatutos de redacción, la autorregulación e incluso la cultura de la legalidad. Al respecto ¿en qué estado se encuentra nuestro periodismo?

Casino Royale, los Tres Días de Shock Después de la Tragedia

Escrito por

Manifestaciones en la Macroplaza de Monterrey. Foto: Emilio Vázquez/El Universal. Fuente: eluniversal.com.mx

Largo fin de semana después de que el presidente de la República decretara "tres días de luto nacional" ante la matanza de 52 personas en el Casino Royale, de Monterrey, considerado el peor ataque a civiles desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico.

Después de estos tres días, la información divulgada por los medios de comunicación nos arroja el siguiente balance:

1.-Las autoridades estatales detuvieron el domingo 28 de agosto a dos presuntos responsables del ataque. Y este lunes, se informa que los presuntos responsables aumentaron a 5 detenidos: Luis Carlos Carrasco, de 25 años; Javier Alonso Martínez Morales, de 37 años, originario de Monterrey; Jonathan Yair Reyna Gutiérrez, de 18 años, soltero, residente en Monterrey; Juan Angel Leal Flores, de 20 años de edad, soltero, residente en Monterrey; Julio Tadeo, de 28 años, con domicilio en Monterrey.

El gobernador Rodrigo Medina afirmó en conferencia de prensa de esta mañana que todos ellos "están confesos" durante su participación como autores intelectuales, otros como coadyuvantes, otros como conductores de los vehículos. Todos ellos afirman que forman parte del grupo delictivo conocido como Los Zetas.

Esta primera ola de detenciones tiende a confirmar una de las primeras hipótesis que surgieron tras el ataque: un pleito entre los dueños del Casino Royale y Los Zetas, presuntamente, por negarse al pago de la extorsión que el cártel ha pedido a estos establecimientos.

Del lado de los dueños del establecimiento no hay ningún detenido ni interrogado. El abogado Juan Gómez Jayme, abogado de Casino Royale, salió a dar una conferencia de prensa el 27 de agosto para deslindar a la empresa del pago de indemnizaciones a las víctimas.

2.-Comenzó la "cacería" en contra de los casinos irregulares, medida que se debió realizar mucho antes del ataque. El SAT, dependiente de la Secretaría de Hacienda, realizó varios operativos de inspección en Monterrey, el Distrito Federal, Cancún y otras ciudades. Embargan casi 4 mil máquinas "tragamonedas", es decir, el 70 por ciento de este tipo de máquinas en 11 casinos de Monterrey.

Las autoridades federales y locales no han dicho nada sobre las negligencias en torno a las medidas de seguridad civil. Sanjuana Martínez publicó en La Jornada, el domingo 28, que según los testimonios de personas que trabajan en el Casino Royale, las salidas de emergencia fueron bloqueadas por los propios administradores, desde antes del ataque.

3.-La reacción de la sociedad civil de Monterrey ha sido de estupor, indignación y duelo. Cerca de 2 mil personas se manifestaron el domingo 28 de agosto en la Macroplaza, a las afueras del Palacio de Gobierno, donde colocaron zapatos, veladoras y otros objetos en memoria de las víctimas.

"Paz para Nuevo León", "¡Hasta aquí!", "Fuera, Medina, Fuera", "Ya Basta!", "Fuera los casinos" fueron algunas de las consignas de las personas que se manifestaron, según las crónicas de El Norte-Reforma y Milenio Monterrey.

4.-El despliegue militar y policiaco acompañó a la declaratoria de "tres días de luto nacional". La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública desplegaron 3 mil elementos en Monterrey, con el objetivo de hacer detenciones a los líderes de los cárteles de los Zetas, de Sinaloa y del Golfo que se están disputando el control de la plaza.

La información no establece sobre qué pistas o indicios van estos elementos de seguridad.

5.-Múltiples reacciones se han generado tras el discurso en cadena nacional de Felipe Calderón. Los líderes legislativos y los dirigentes del PAN y del PRI han hecho reiterados llamados a la unidad, en un aparente cierre de filas en torno al presidente de la República, pero los priistas, en especial Manlio Fabio Beltrones, advirtió que no se pretendiera sacar raja política de la trageda.

El PRD ha sido menos entusiasta en su apoyo al discurso de Calderón y su precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador pidió en Tamaulipas la destitución del gabinete de seguridad de Calderón por el fracaso en su estrategia frente al narco.

Un foro realizado en la UNAM sirvió para ventilar el término de "terrorismo" que colocó Calderón en su discurso. El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, criticó duramente que se maneje ahora este término: "Es muy grave. En su afán por hacerse el irresponsable, Calderón debe tener mucho cuidado con lo que dice. Al decir en nombre del Estado mexicano que fue terrorismo, está anunciando que abre la puerta a la militarización del país".

México: En algún lugar… Fragilidad consensuada


Laura M. López Murillo (especial para ARGENPRESS.info).
"Debemos ser conscientes de que la lengua está pasando por una suerte de mutación en que los contenidos empiezan a pudrirse ante la indiferencia general".
José Saramago

En algún lugar del tiempo, sobre la línea perpetua de la historia, yacen inmutables los hitos en el pensamiento humano, los testimonios irrefutables de los vaivenes en las ideas, de la metamorfosis de las palabras, de la tergiversación de los miedos…

El siniestro ataque a un casino en la ciudad de Monterrey provoca la indignación general y el repudio proviene de todos los rincones del territorio nacional y se expande a la comunidad internacional. La condena a la violencia deliberada contra víctimas inocentes es unánime; se exacerban las sensaciones de vulnerabilidad y de impotencia y las palabras no son suficientes para expresar el repudio consensuado.

Ante actos grotescos y aborrecibles como éste, es menester conservar una pisca de sensatez para no incurrir en superlativos que desencadenen reacciones incontrolables. En el preciso momento en que se definió este acto como terrorismo se encendieron las alertas en el concierto internacional: Barack Obama condenó en los términos más enérgicos posibles el ataque bárbaro y censurable; el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se declaró horrorizado por el ataque incendiario que asesinó a 53 persona;, Amnistía Internacional responsabilizó a las autoridades de una investigación verdaderamente exhaustiva para conocer la identidad de los autores de este crimen; y el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, lamentó profundamente los hechos de violencia ocurridos en Monterrey. Estas reacciones son previsibles en una aldea global donde la etiqueta del terrorismo implica todo lo aborrecible y condenable en la humanidad. Y en el ámbito mediático, el adjetivo terrorista provoca un bombardeo incesante que incide en la opinión pública; gracias a la extensa y excesiva divulgación de las imágenes de horror y sufrimiento se concatenan los engranes del mecanismo que modifica el orden de las ideas y, por consecuencia, las opiniones y las pautas de conducta.

Y así, en Monterrey y en todos los rincones de México se percibe la insufrible vulnerabilidad de la ciudadanía, y nadie en su sano juicio cuestiona la implementación de operativos militares para recuperar la esquiva paz social. Habrá quienes consideren como una prioridad la intervención de expertos extranjeros, algunos clamarán por el apoyo de las huestes al servicio de la libertad, porque ahora, todos los mexicanos estamos convencidos que estamos enfrascados en una guerra contra el crimen y que la vamos perdiendo. El fracaso y la fragilidad impregnan el imaginario colectivo y en estos momentos somos extremadamente manipulables. El terrorismo exhibe un reclamo, una ideología disidente y su divulgación flagela la mente de los inocentes. Pero en este caso, no hay causas justas, reclamos o ideales subversivos. Es la brutalidad en su máxima expresión, la consecuencia de años de impunidad e impericia para dirigir el estado mexicano. Y el terror ahora divulgado es el testimonio irrefutable de los vaivenes en las ideas, de la metamorfosis de las palabras, de la tergiversación de los miedos…

Laura M. López Murillo es Licenciada en Contaduría por la UNAM. Con Maestría en Estudios Humanísticos, Especializada en Literatura en el Itesm.

Frustración detona la ludopatía en mujeres



Ariane Díaz
Periódico La Jornada
Lunes 29 de agosto de 2011, p. 5

La ludopatía en mujeres, desde un enfoque de género, puede explicarse por la necesidad de evasión ante realidades como el maltrato familiar o la falta de un proyecto de vida propio, más allá del ejercicio de la maternidad, señalaron especialistas.

Alejandra Buggs, directora del Centro de Salud Mental y Género de México AC, apuntó que estudios internacionales refieren una conexión entre ludopatía y violencia familiar.

La especialista en atención sicoterapéutica con enfoque de género y de diversidad sexual expuso que el sistema patriarcal imperante ha llevado a la mujer a responder a tres ejes fundamentales: cumplir con la maternidad, el cuidado del hogar e hijos y el de la pareja.

Cuando la mujer se da cuenta de que no tiene un proyecto de vida propio, más allá de estos tres ejes toca una sensación de vacío, lo que la lleva a utilizar un mecanismo de defensa, que es la evasión que encuentra en estos centros de entretenimiento.

Además, aseveró, históricamente las mujeres han sido relegadas al espacio privado, lo que explica que al ir a esos establecimientos, la mujer sienta que participa de la esfera pública.

La terapeuta describió que mientras los hombres encuentran en el juego y las apuestas excitación y emoción, las mujeres lo buscan para evitar sentir tristeza, dolor, abandono y soledad.

Sin tratamiento

Refirió que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la ludopatía es un trastorno mental que podría afectar a dos millones de personas en México y lamentó que no sea tratado por el sistema de salud.

Matilde Matuk, de la Sociedad Psicoanalítica de México, apuntó que el padecimiento es frecuente en mujeres cuyos hijos ya no dependen de ellas, por lo que la sensación de vacío una vez cumplidas las expectativas sociales de contraer matrimonio y tener hijos las lleva a encontrar en los juegos una válvula de escape.

Alejandra Sepúlveda, de la agrupación de mujeres Pan y Rosas, lamentó que lo ocurrido en el casino Royale, donde la mayoría de las víctimas eran mujeres, sea una muestra de la falta de espacios para que ellas puedan desarrollarse plenamente, pues no existe una oferta cultural o académica específica.

MOVIMIENTO DE UNIDAD SOCIAL POR UN GOBIERNO DEL PUEBLO

MUSOC – GP

¡Con el voto al gobierno, con el pueblo al poder!

Boletín de Prensa

28 de agosto de 2011

Por: Eduardo Miranda Esquivel, vocero del MUSOC-GP

unionjuristas@hotmail.com Celular 5537319665

BALANCE: CINCO AÑOS DE GOBIERNO DE FELIPE CALDERÓN

¡MÁS POBRES, MÁS DESOCUPADOS, MÁS VÍCTIMAS DE LA

INSEGURIDAD PUBLICA Y LA VIOLENCIA!

"Atasco económico, mayor pobreza y desempleo, cancelación de derechos sociales y laborales, más y más inseguridad pública, violencia y victimas de la guerra entre el régimen y el narcotráfico, son algunos de los resultados más notables de 5 años de gestión del gobierno de Calderón", concluyeron los líderes del Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo MUSOC – GP, Eduardo Miranda Esquivel, Benito Bahena Lome y Artemio Ortiz Hurtado, en conferencia de prensa ofrecida este domingo, para presentar un contrainforme popular al quinto informe del Presidente Felipe Calderón y en la que estuvieron acompañados de Oscar Alzaga Sánchez, coordinador de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos ANAD, Jose´Jacques Medina del Movimiento Migrante Mesoamericano M3, Antonio Vital de la Asamblea de Trabajadores de la Salud ATS y representaciones de mineros, tranviarios, juristas y maestros del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE – CNTE.

"El balance indica que en 5 años de gobierno existen: más pobres, más desocupados, más victimas de la inseguridad pública", agregando que la actual administración ha sido "el peor gobierno que se ha tenido en los últimos 30 años, con excepción de Miguel de la Madrid, presidente del PRI, que fue todavía peor, al vivir una caída de la economía hasta el 0.2 por ciento", todo ello en el contexto de una nueva contracción de la economía, inducida por la inestabilidad financiera internacional y la desaceleración de la economía estadounidense, y que se combina con "el incumplimiento de las promesas presidenciales de más y mejores trabajos" y que ahora se cambio de "El presidente del empleo", al "sexenio de la infraestructura".

Oscar Alzaga en su turno, señaló que el gobierno declinó en su "responsabilidad de promover el empleo e impartir justicia laboral"; Antonio Vital dijo que esta administración "redujo y mercantilizó la seguridad social"; en su turno, Artemio Ortiz señaló que en este régimen "se hizo pedazos la educación pública y propicio el saqueo y quiebra del ISSSTE"; José Jacques, destacó la "inexistencia de la seguridad humana y social en el Gobierno de Calderón" y la subsistencia de un "gobierno fallido, con extremada violencia en contra de los migrantes"; para rematar Benito Bahena planteó la "necesidad de que el pueblo de México coloque a este gobierno en el banquillo de los acusados por la violación sistemática de los derechos laborales, como lo hizo el Tribunal Internacional de Libertad Sindical".

Finalmente, Eduardo Miranda Esquivel, vocero del MUSOC-GP y coordinador de la conferencia de prensa, concluyó que: "En materia de seguridad pública y justicia, este gobierno destacó el combate al narcotráfico, el programa integral de prevención del delito e iniciativas para una reforma judicial, lo cual ha fallado, con excepción de la presencia de aproximadamente cien mil soldados en las calles como policías y algunas reformas penales, no obstante, la crisis de gobernabilidad es cada día mayor con la militarización, el incremento de la violencia que ya reporta más de 50 mil ejecuciones, la represión y criminalización social, además con la existencia de dos nuevos y graves problemas: la violación a la soberanía y seguridad nacionales y la reforma en puerta a la Ley de Seguridad Nacional."

Agregando que: "Estos hechos provocarán mayor pobreza, quebranto del tejido social, desintegración familiar y delincuencia en el país, peor a la que ya vivimos con horror e impunidad, en los casos del casino Royale, San Fernando Tamaulipas, los secuestros de migrantes, la guardería ABC, las muertes en las mineras, y todo ello, sin que el gobierno asuma políticas públicas eficaces para hacerles frente, por ello, este contrainforme debe servir para alimentar la lucha social, para que la sociedad diga ya basta y nos organicemos para defender nuestra integridad y derechos y lograr la transformación democrática del país, forjando nuevas experiencias de gobierno, sin la participación del PAN y del PRI que tanto daño le han hecho a México y a sus habitantes."

Se anexan boletines y documentos de la conferencia de prensa.

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Militarización informativa




Hermann Bellinghausen

No puede minimizarse el ascenso político de militares, marinos y policías de origen castrense desde que Felipe Calderón se hizo de la presidencia de facto mediante procedimientos documentadamente facciosos e ilegales. Es un hecho innegable, no siempre explícito, en buena parte del territorio nacional y con base en una nueva idea de la seguridad nacional sin sus tradicionales resonancias en términos de soberanía o independencia. Esta sería una de las explicaciones de la triste, desangelada y poco prestigiosa celebración del bicentenario en 2010, en contraste con los festejos, bastante más espontáneos y alegres, de las también bicentenarias independencias bolivarianas y del Cono Sur.

El estado de emergencia decretado desde Los Pinos –bajo el cual avanzan los síntomas de descomposición, retroceso en los derechos civiles y pérdida de soberanía– encuentra en la militarización causa y efecto. Las muertes colaterales, los allanamientos arbitrarios, las detenciones injustificadas, la renovada práctica de la tortura y las desapariciones se justificarían con base en una necesidad de la seguridad que los ciudadanos, en particular los jóvenes, consideran perdida.

Como se sabe, una reciente encuesta universitaria arrojó alarmantes resultados al mostrar que los adolescentes justifican la tortura con buenos fines y la pena de muerte contra los malos. Resulta doloroso ver a qué valores responden las nuevas generaciones. No podemos deslindar de esto a la prédica ideológica de los intelectuales reaccionarios, a la devaluación cualitativa y ética de la educación pública (y el paralelo avance de la enseñanza privada, elitista y ultra conservadora), ni a la calculada histeria de los medios electrónicos.

A México le tomó más de un siglo retirar a los militares del poder político. El último general presidente, el olvidable Manuel Ávila Camacho, dejó el poder al terminar la Segunda Guerra Mundial. Hoy, aunque el Estado sigue formalmente en manos de civiles, a ojos vistas militariza su conformación y sus procedimientos con base en justificaciones falaces o profecías autocumplidas de caos y criminalidad. El ejercicio periodístico se ha vuelto peligroso, y los medios optan razonablemente por proteger a los reporteros y fotógrafos que cubren historias de violencia, bien con el anonimato, bien con el relevo de su habitual obligación de estar allí y generar información de primera mano.

Marco Lara Klahr, brillante cronista y reportero que ahora ha optado por desarrollar una suerte de deontología periodística en su blog meDios y por coordinar el proyecto Violencia y medios, describía recientemente el panorama de militarización informativa que se ha extendido a la par de la guerra del gobierno contra el crimen organizado: "Por canales formales y/o informales, se provee a los medios noticiosos y los periodistas de un flujo permanente de información… con mucha mayor capacidad de incidencia" que las agencias que nutren al periodismo convencional de nuestro país.

En dicho flujo, los contenidos provienen oficialmente del lugar mismo de los hechos, y los medios se limitan a encuadrar los contenidos según los requerimientos editoriales de sus respectivos medios. Lara Klahr revela que, como nunca, las áreas de comunicación de las instituciones de seguridad y procuración de justicia han habilitado policías, militares y empleados como reporteros, sabiendo que mientras más detalles provean de los hechos, menor esfuerzo harán medios y periodistas para hacer su propio acopio de información.

Sostiene que el enfoque y el discurso implícitos en los contenidos de las instituciones de la política criminal, incluidas Fuerzas Armadas, así como su profusión de detalles verosímiles, permiten a medios y periodistas presentar vibrantes escenarios bélicos sin haber estado presentes. Dicha estrategia comunicacional agravó la adicción de los periodistas y los medios a la información gratuita.

Lara Klahr asegura que los tiburones comunicacionales del régimen calderonista están capitalizando la mutación de la industria noticiosa global que ahora alimenta al mercado noticioso con contenidos de interés periodístico producidos por otros, casi siempre de forma gratuita. De esta manera, "los periodistas hemos ido convirtiéndonos en editores técnicos y los medios en diseminadores por goteo de la versión oficial de la 'guerra'… En este ecosistema informativo hay una correlación entre la militarización de la seguridad pública y el predominio, en los medios, de periodistas funcionales, desde los niveles ejecutivos hasta los reporteriles, produciéndose una prensa que puede considerarse militarizada también, sea sumisa o crítica ante la militarización de la seguridad".

Ya no se necesitan spin doctors que orienten a los reporteros dóciles en los temas delicados; tampoco chayotes ni chantajes disfrazados de línea. El relevo de los militares es amplio y eficaz. La guerra por otros medios.

¡Fueron 52, carajo!


Ricardo Raphael

Vicente Fox convoca a pactar una tregua con los criminales y propone una ley de amnistía. (Por fortuna ya no es presidente). Felipe Calderón reclama a sus adversarios políticos: según él, la situación por la que atraviesa el país se debe a la mezquindad de los partidos. Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León, dice que no es el momento de buscar responsables.

Fernando Larrazábal, alcalde de Monterrey, culpa a la secretaría de Gobernación. La Procuraduría General de la República sospecha que pudo haber complicidad de los policías municipales. La empresa que administraba el Casino Royale, en voz de su abogado, aclara que los dueños también son víctimas y que por tanto no pagarán indemnización a los deudos.
¡Fueron 52, carajo, y la infamia moral es la actitud que prevalece! Señalar al de enfrente con tal de zafarse es lo único para lo que hay destreza. Que a las víctimas y sus familiares se los lleve de nuevo el infierno. La justicia no es para ellos sino para quien tiene el micrófono. ¿Quiénes fueron los sujetos que a las 15:48 del pasado jueves descendieron de tres vehículos y vaciaron gasolina frente a la puerta principal de ese centro de juego?

El presidente Calderón los ha llamado terroristas pero a diferencia de los que sí lo son, éstos de Monterrey no dejaron nota, ni enviaron un comunicado, ni se adjudicaron la tragedia. Tampoco iban encapuchados; asunto que no es menor. Quien va a asesinar a media centena de seres humanos y no se cubre el rostro, o está loco o bien tenía previsto originalmente hacer otra cosa. Según los testimonios que la prensa ha ido recogiendo entre los sobrevivientes, antes de encender el fuego los criminales advirtieron que aquello no iba dirigido hacia los clientes.

Trascendió también que esta ocasión no fue la primera en que el Casino Royale tuvo una visita tan siniestra. Hace seis meses otro grupo armado acudió al mismo sitio pero los empleados de seguridad cerraron las puertas de emergencia para que los mafiosos no pudieran entrar. ¿Qué querían aquellos criminales? ¿Son los mismos del jueves?
Una hipótesis es que en ambos casos se buscara amenazar a los dueños por no pagar la cuota que en estos tiempos las organizaciones ilegales exigen a los establecimientos regulares.

Otra, que se trató de un escarmiento porque el casino lava dinero para la banda delincuencial opuesta. En cualquier caso, los propietarios tendrían varias cosas que declarar.
El problema comienza cuando ni siquiera el secretario de Gobernación sabe el nombre del dueño del lugar. Resulta que su dependencia no ha visitado durante los dos últimos años el establecimiento; hecho harto sospechoso si se supone que el gobierno federal está metido de cabeza en una guerra contra el crimen organizado y firmas como ésta suelen ser refugio para blanquear dinero. Más grave se pone la circunstancia cuando al menos tres distintos grupos empresariales son acusados de regentear el negocio y aún no se sabe a quién —con nombre y apellido— pertenece el bien incendiado.

La periodista Sanjuana Martínez dio con una pieza central de esta trama cuando entrevistó a alguna de las sobrevivientes. Todo indica que las puertas de emergencia del centro de apuestas estuvieron cerradas durante el accidente. El acceso norte del Casino, por lo general abierto durante las 24 horas del día, fue bloqueado. Lo mismo que la salida exclusiva para el personal. ¿Por qué se obstruyeron esas entradas? ¿Quién lo ordenó?

Estas preguntas tienen importancia porque, según los médicos legistas, la gran mayoría de las víctimas no murió por quemaduras sino por asfixia.
Cabe desde luego interrogarse también sobre el papel jugado por protección civil. Como en el caso del ABC, aquí también la autoridad podría haber sido negligente en sus inspecciones.

Resulta además sospechoso que elementos de la policía municipal hayan estado apostados a escasos 200 metros del casino y no sospecharan nada. Ahora que supuestamente la autoridad local detuvo a dos de los perpetradores acaso podrán irse despejando algunas de estas dudas. Claro está, si es que no se trata de meros chivos expiatorios.


El jueves 25 de agosto de 2011 ocurrió uno de los episodios más tristes en la vida de la ciudad de Monterrey, y por tanto en la historia del país. En lugar de asumirlo así y colocar a las 52 personas que perdieron la vida en el corazón de las preocupaciones, algunos parecen andar ocupados en asuntos más pueriles. Escupen palabras, recriminaciones y excusas que atinan justo en el centro del lugar donde no está el problema. El dolor palpita en otra parte y merece mucho más respeto.
Analista polírico

De Irak a México: violencia, injerencia y armamentismo




Editorial La Jornada
Un atentado suicida perpetrado ayer en una mezquita de Bagdad dejó un saldo de 30 muertos y un número igual de heridos: una lamentable muestra más de que Irak, a más de ocho años de la invasión estadunidense, no ha logrado recuperar la normalidad y la convivencia pacífica. La ocupación militar que siguió a la agresión militar de 2003 se tradujo en una polarizada violencia facciosa que ha dejado centenares de miles de muertos. Diversos analistas han apuntado la posibilidad de que la proliferación de cruentos atentados en las principales ciudades de Irak no haya ocurrido a pesar de la presencia militar estadunidense y británica, sino más bien impulsada por los propios invasores a fin de dividir a la sociedad iraquí, debilitar cualquier intento de resistencia y generar justificaciones para alargar la ocupación.

Luego de la serie de ataques perpetrados en México en días recientes, especialmente el que causó más de 50 muertes en el casino Royale de Monterrey, el presente y la historia reciente de Irak adquieren, en nuestro país, una nueva significación. Guardando las distancias, y haya o no una relación causal directa entre esos hechos y el accionar en territorio nacional de agencias estadunidenses especializadas en operaciones de desestabilización y guerra sicológica, la militarización de un entorno nacional y la existencia de un enfrentamiento bélico son factores de aliento, no de disuasión, para la espiral de violencia. Ejemplo claro de ello es la escalada armamentista –no se le puede llamar de otra manera– que han protagonizado las fuerzas del orden y los grupos irregulares al servicio de los cárteles del narcotráfico, fenómeno al que no han sido ajenos los distintos actores policiales, militares y empresariales de Estados Unidos que controlan la producción y la distribución de armas de alto poder, desde fusiles de asalto hasta lanzagranadas múltiples y armamento antiaéreo.

Es claro que esos estamentos del país vecino encuentran en el nuestro un contexto favorable para realizar sus objetivos. La descomposición institucional, el descontrol y la descoordinación entre distintos niveles de gobierno constituyen terrenos fértiles para el desarrollo de toda suerte de injerencias.

La responsabilidad de Washington en esta circunstancia va mucho más allá de la permisividad del país vecino para con sus comerciantes de armas y del consumo masivo de drogas ilícitas: se extiende a conductas perversas, como la tolerancia, en su propio territorio, a un narcotráfico pacífico –que sólo puede entenderse como resultado de una decisión política de omitir su persecución policial–, y como el doble canal para surtir de armas tanto a las autoridades mexicanas, por medio de la Iniciativa Mérida, como a la delincuencia organizada, por medio del operativo Rápido y furioso.

Con esas consideraciones en mente, es claro que la respuesta oficial a las crecientes agresiones contra la población –de las que el mortífero incendio provocado en el casino Royale es, hasta ahora, la muestra más atroz– no puede ser meramente reactiva ni reiterativa de una estrategia clamorosamente señalada de ineficaz: más soldados y policías a las calles, rondas de declaraciones y discursos para decir lo mismo, o acciones de control tardías y propagandísticas, como la reciente ola de cateos, revisiones, embargos y clausuras de casinos en diversas entidades del país.

Es preciso cobrar conciencia de la gravedad de la circunstancia y actuar en consecuencia. Más allá de las acciones de soldados, policías y recaudadores de impuestos, se requiere de visión de Estado para reformular la estrategia de seguridad vigente y corregir la cesión de soberanía en que se ha incurrido.

Historia breve de una gran aventura



Desde el otro lado
Arturo Balderas Rodríguez
María Sánchez es una joven de 25 años cuya madre tomó la decisión de emigrar a EU como única salida a la violencia de la que era objeto en su hogar. Once años de ofensas, abusos y malos tratos fueron más que suficientes para abandonar la ciudad de Querétaro y emprender el difícil camino hacia el norte, en busca de un horizonte menos oscuro. De la mano de su madre, María y su hermana sortearon todo tipo de obstáculos hasta llegar a un poblado del sur de California en el que reiniciaron su lucha por la vida, como María la describe.

En poco tiempo, María tuvo que aprender que las labores domésticas eran algo más que disponer de ropa limpia y sentarse a esperar la comida. Obligada por la necesidad de sobrevivir, emprendió rutinas hasta entonces desconocidas por ella. El aprendizaje y dominio de un nuevo idioma la obligó a redoblar sus esfuerzos, que años más tarde culminaron al ingresar a la Universidad de Berkeley, en California, uno de los planteles educativos de mayor prestigio en el país. Fue la recompensa por la larga aventura iniciada a los 11 años de edad en su ciudad natal. No escatima palabras para reiterar que la conclusión de este capítulo de su historia hubiera sido imposible sin el apoyo de su madre, quien logró mantener alejado el fantasma de las ofensas y los malos tratos del pasado. Ahora que prepara su tesis de maestría, María está consciente de que cientos de chicanas como ella, pasan por las mismas vicisitudes para hacerse de un espacio en esta sociedad. Añade que le hubiera sido difícil concluir esta etapa de su vida sin el apoyo de una docena de organizaciones no lucrativas, como la Chicano Latino Foundation y la Raising Immigration Scholar Through Education, que en California les ofrecen estímulos para superar los obstáculos en un país que desconocen. María participa ahora en esas organizaciones y se dispone a apoyar a las jóvenes que siguen llegando desde el sur de la frontera.

La historia de María es más común de lo que se pudiera suponer. Esta semana la sección hispana de la organización PEW dio a conocer que, según el censo más reciente de población, el número de estudiantes de origen latino inscritos actualmente en educación superior es de 12.4 millones. Tan sólo en el año lectivo 2009-10, la inscripción de latinos creció en 349 mil estudiantes. Entre las razones de ese aumento está la migración de población cada vez más joven proveniente de países como México.

Cabe recordar que una de las infortunadas ocurrencias del ex presidente Fox, fue la de aprovechar las ventajas del bono demográfico. Lo que nunca aclaró es si esas ventajas eran para México o EU. Ahora sabemos que se refería a este último. Que desperdicio.

Somos nosotros, no "los zetas"


Lydia Cacho

¿Qué pasa por la cabeza de una persona que se enriquece prestando servicios al público y que decide, por ahorrarse unos cuantos pesos, no construir salidas de emergencia y con esa decisión ser cómplice de la pérdida de vidas humanas? Lobohombo, guardería ABC, New's Divine y ahora Casino Royale son algunos casos emblemáticos de entre cientos documentados y seguramente miles de riesgos potenciales para la sociedad. Y sí, importa el dolor de los familiares de las y los bebés y jóvenes, de personas adultas que murieron, o quedaron severamente heridas por estampidas o incendios causados por terceros, o por redadas policiacas fallidas.

Importa también la falta de seriedad de los empresarios para respetar las leyes y asumir lo obvio: los reglamentos de seguridad para los inmuebles están hechos para beneficiarnos y deben cumplirse siempre, no son negociables (no deberían).
En todos los casos está claro que hay una cadena de responsables directos. Primero los propietarios y representantes legales cuyo deber es asegurarse de que quien quiera que maneje el negocio asuma el pleno compromiso de obedecer las leyes y cumplir las medidas de Protección Civil, para asegurar que las y los usuarios del lugar puedan salir en caso de emergencia.

En segundo lugar están las y los servidores públicos de ayuntamientos, quienes como se ha documentado en la mayoría de casos, han incurrido en actos de corrupción al aceptar favores económicos en vez de llevar a cabo su trabajo y pedir la clausura del lugar. En casos como el del casino, en que terceros incendian intencionalmente el sitio, es evidente que hay un acto criminal que debe ser perseguido por la procuraduría; sin embargo, si las salidas de emergencia hubieran funcionado, no habría más daño que el de un inmueble quemado y un buen susto.
Si un empresario quiere que la ley le proteja, él a su vez debe proteger a la ley por nimias que sus exigencias le parezcan.

De no hacerlo también debe asumir las consecuencias en el marco de la legalidad, esto es, pagando por la reparación del daño causado por su falta de cumplimiento e irresponsabilidad.
Hace unos días una noticia le dio al vuelta al mundo: la Iglesia irlandesa está al borde de la quiebra, ha tenido que pagar millones de euros a los familiares de todas las víctimas de pederastia clerical llevadas a juicio, porque más allá de pagar con cárcel ante el Estado, deben asumir las pérdidas morales y de vida a miles de familias.

En México la reparación del daño existe como una forma más de responsabilidad una vez que hay sentencia penal condenatoria. Sirve no solamente para pagar gastos médicos y terapéuticos de las familias de las víctimas, sino para dejarle claro a quien ha causado graves daños (como los de las víctimas de la guardería ABC, New's Divine y ahora el casino en Monterrey) que su irresponsabilidad inicial ahora resulta en una responsabilidad mayor hacia terceros.


En nuestro país cada vez que una víctima pide reparación del daño, entre periodistas y la opinión pública surgen suspicacias infundadas, se cree que exigir el castigo, no sólo penal sino económico, es un acto de ambición.

Esa percepción es producto de la ignorancia y de una tendencia a opinar desde la desinformación y el prejuicio; como si las víctimas perdieran su estatus, sufrimiento y dignidad por querer que sean los responsables del daño inicial quienes asuman los gastos.


Necesitamos dejar el cinismo y la confusión a un lado, detenernos por un momento y no hablar de la delincuencia organizada y la guerra; hacer un alto en el camino para volver a argumentar a favor de la legalidad desde las decisiones individuales, de la responsabilidad ciudadana, del cumplimiento de lo que algunos llaman las pequeñas leyes; aquellas reglamentaciones que pueden parecer menores, como las medidas de protección civil, que implican tener extinguidores en buen estado, salidas de emergencia, aspersores y alarmas contra incendios; o como las medidas sanitarias para los pequeños y grandes comercios que evitarían miles de intoxicaciones alimentarias, e incluso muertes, por falta de medidas de higiene básicas en lugares no aptos para servir comida.

Si estos modestos pactos de civilidad no se cumplen, muy poco cambiará en México. Eso podría ser el mejor tributo a las víctimas del Casino Royale, la guardería ABC y tantas otras.


www.lydiacacho.net / @lydiacachosi Periodista

A 37 años de la Desaparición Forzada de Rosendo Radilla


Rosendo Radilla
El 30 de agosto se conmemorará el día del Detenido-Desaparecido. Durante la Guerra Sucia; elementos del Estado mexicano cometieron desaparición forzada contra miles de personas, entre ellas, contra Rosendo Radilla. Hoy en día, cientos más están detenidos injustamente o desaparecidos, como consecuencia de una guerra contra el narcotráfico que urge cambiar de estrategia.

El 30 de agosto es el día del Detenido-Desaparecido, en el cual se trae a la memoria a las personas que desaparecieron durante la guerra sucia de México. El jueves 25 de agosto se cumplieron 37 años de la desaparición de Rosendo Radilla. A continuación reproducimos un texto de Julio Mata Montiel, Secretario Ejecutivo de AFADEM y vocal de comunicaciones de FEDEFA, publicado en Zapateando.

Hoy se cumplen treinta y siete (37) años de la Desaparición Forzada de don Rosendo Radilla Pacheco a manos del ejército mexicano en ese periodo de "Terror de Estado" aplicado contra los disidentes del estado de Guerrero. Rosendo Radilla, es uno de los más de 450 detenidos desaparecidos del municipio de Atoyac de Álvarez y más de 650 en todo el territorio de Guerrero.

En todo el país se llevaron -la Brigada Blanca y el ejército federal mexicano- a más de 810 ciudadanos, campesinos la mayoría de Guerrero y otros, muchos de ellos, jóvenes estudiantes de todas las universidades del país, que vieron cerradas las opciones democráticas para lograr cambios estructurales.

Rosendo, fue presidente municipal en Atoyac, promotor de centrales campesinas y de cafeticultores, fue ganadero y muy sensible ante las injusticias. La población de Atoyac le estimaba y respetaba por su gran solidaridad. Cuentan los cronistas del lugar que "fue el único presidente municipal que salió más pobre de como entro". Promovió el primer hospital, el primer camión de basura, el primer edificio de la primera escuela primaria del lugar y otras obras sociales. Pero también componía corridos y los cantaba. Le cantaba a las condiciones de pobreza y miseria, a los movimientos sociales, a Genaro Vázquez, a Lucio Cabañas.

Cuando el ejército lo bajo del autobús, donde iba acompañado de uno de sus hijos, Rosendo pregunto, "¿por qué me detienen?" solo le dijeron que "por componer corridos" y el pregunto que si eso era delito, nuevamente le contestaron "pus no, pero mientras, ya te chingaste".

AFADEM, después de veinte años de promover por todos los medios políticos y jurídicos la búsqueda de Rosendo y todos los desaparecidos del país, junto con la familia Radilla Martínez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, promovieron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y ésta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos CoIDH por no haber acceso a la justicia en México.

En meses próximos, octubre-noviembre la PGR, realizara por tercera vez excavaciones en la zona del ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez, donde fue visto por última vez Rosendo y donde fueron desaparecidos más de cuatrocientos cincuenta (450) ciudadanos de Atoyac por el ejército mexicano.

La búsqueda de Rosendo es, la búsqueda de todos los detenidos desaparecidos de Atoyac; a Rosendo y a todos los desaparecidos, se les llevaron vendados de los ojos y amarrados de pies y manos al interior del cuartel militar y ahí pueden estar, en algún lugar que solo los militares saben con certeza. Las próximas excavaciones dan muestra de la nula voluntad política del ejecutivo federal de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, conocer la verdad y llevar a juicio a los responsables, como lo ordena la sentencia, pues el Ministerio Publico de la Federación, la Procuraduría General de la Republica, PGR no ha citado a declarar a nadie de los involucrados en las detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de personas, protegiendo a los criminales, manteniéndose en la impunidad. Los puntos de excavación son a partir de testimonios de víctimas de desaparición forzada temporal, que narran por donde los llevaron maniatados y vendados de los ojos.

El Estado mexicano, aparenta que cumple con la sentencia de la Corte Interamericana, pero en la práctica no hay verdadera investigación del paradero de Rosendo y los más de cuatrocientos cincuenta (450) Detenidos Desaparecidos de Atoyac. El actual gobierno de Felipe Calderón, es cómplice de los crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos por los gobiernos anteriores. Rosendo Radilla Pacheco, ha logrado, aun detenido desaparecido, cambios muy importantes en las leyes mexicanas.

Rosendo Radilla Pacheco y los más de 810 detenidos desaparecidos son los constructores de la democracia insípida que hoy disfrutamos millones de mexicanos y que poco a poco nos van intentando quitar. Rosendo Radilla Pacheco, vive en los ideales democráticos de todo el pueblo de México.

Desde el Centro Prodh continuamos luchando por el esclarecimiento de los delitos del pasado, pero también denunciamos a quienes, hoy en día, son víctimas de desaparición forzada. Invitamos a entrar a la página siguendesapareciendo.org y conocer más profundamente nuestro trabajo y pensamiento.


Amnistía Internacional condena el ataque en Monterrey
MonterreyEl viernes 26 de agosto, Amnistía Internacional emitió un boletín en el que condenó el ataque contra el Casino Royale, ocurrido el 25 de agosto en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y que causó la muerte de al menos 52 personas.
Amnistía Internacional expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con la población de Monterrey, quien se encuentra viviendo una situación de alta inseguridad debido a la violencia criminal. De esta forma, señaló que es esencial que las autoridades federales y estatales realicen una investigación exhaustiva de este crimen, que los responsables sean llevados ante la justicia y que las víctimas y sus familiares reciban la atención debida. Asimismo, recalcó que la reparación del daño depende una justicia imparcial, efectiva y completa.
Esta organización internacional expresó que la tragedia del Casino Royale demuestra el reto al que se enfrenta México para garantizar la seguridad a la población en medio de la violencia extendida, en donde el respeto y protección de los derechos humanos debe ser elemento fundamental para superar la crisis y garantizar que la población viva con seguridad.



"Urge coordinación efectiva entre estructuras de combate al crimen" / El Universal El juez Garzón señaló que las medidas para vencer al crimen organizado deben ser: coordinación entre las instituciones del Estado, participación en sociedad civil y la lucha contra la corrupción.
Familiares de desaparecidos en Torreón suplican a los sin rostro que los liberen / La Jornada Cansados de hablar con autoridades, miembros de Fuundec leyeron este domingo una carta abierta dirigida "a los sin rostro", como llamaron a quienes han levantado a personas en la entidad, para suplicarles que les permitan regresar a sus hogares.

Ayuntamiento de Guanajuato, en vías de privatizar el agua potable / La Jornada El ayuntamiento priista de la capital de Guanajuato promueve un contrato para comprar durante 30 años agua en bloque a la empresa Pro Activa México.

Prosigue arribo de fuerzas federales a Nuevo León / La Crónica Tras la instrucción del presidente Felipe Calderón de reforzar la presencia en Nuevo León, desde ayer inició el arribo de mil 500 militares y otro tanto de federales.


La violencia en Monterrey es insostenible: CADHAC / CENCOS La organización civil CADHAC expresó que es necesario construir y mantener la paz, una paz auténtica y activa que no se base en estrategias mediáticas o a mediano plazo.

La Tribu Yaqui denuncia que el mal gobierno quiere cometer el despojo más descomunal de la historia / Zapateando En tierras sonorenses, se sigue perpetrando un atraco criminal contra la tribu yaqui y la producción de alimentos.

VIH/sida, primera causa de mortalidad materna en el mundo / CIMAC Según estimaciones científicas, en 2008 causó 61 mil 400 muertes maternas, por lo que es necesario realizar más investigación para revertir esta situación.

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Somos nosotros, no "los zetas" / Lydia Cacho En tiempos de violencia, corrupción e impunidad, la ciudadanía tiene un compromiso y una responsabilidad de construcción de confianza y pactos de civilidad.



"Así como el dolor hacer crecer a los seres humanos, estos hechos han de hacernos más fuertes y decididos en la corresponsabilidad por recuperar la seguridad y la tranquilidad de nuestras familias, a la que tenemos pleno derecho como ciudadanos. Repudiamos enérgicamente la violencia. Queremos paz y justicia", declararon las organizaciones del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, en relación al incendio del Casino Royale en Monterrey.



Amnistia_InternacionalForo: de las promesas a los hechos
Este 30 de agosto a las 18.30 horas en el Centro Cultural Bella Época, Amnistía Internacional invita a este foro, en donde se abordarán las perspectivas indígenas sobre los objetivos de desarrollo del milenio. Participarán mujeres de varias comunidades indígenas. Para mayor información, ingresa a www.amnistia.org.mx

Jornadas: El Rescate de la memoria colectiva sobre la desaparición forzada
En el marco del día internacional de los desaparecidos, invitan a este evento la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), AFADEM-FEDEFAM, ANAD, el Centro Prodh, la CMDPDH, el Comité "Hasta encontrarlos", Documenta, A.C, la Fundación Diego Lucero, H.I.J.O.S. México, I(dh)eas, el Posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (DHUACM) y Serapaz. Se llevará a cabo los días miércoles 31 de agosto y jueves 1 de septiembre de 9:30 a 14:00 hrs en el Salón Digna Ochoa 1 de la CDHDF. Ambos días se proyectarán películas referentes a la desaparición forzada a las 16 hrs.

Durante la guerra sucia hubo mil casos, en este sexenio casi cinco mil, aseguran

Activistas exigen en festival político musical presentación de detenidos desaparecidos

Proyectan sobre la fachada de la que fue sede de la DFS película con la historia de la corporación

Foto
Aspecto del festival político musical efectuado en el Zócalo por organizaciones que exigen la presentación de detenidos desaparecidos por el gobierno federalFoto María Meléndez Parada


Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Lunes 29 de agosto de 2011, p. 16

En el contexto del Día Internacional del Detenido Desaparecido, que se conmemorará este martes, los comités Hermanos Cerezo, Hasta Encontrarlos y Monseñor Romero, efectuaron ayer en el Zócalo capitalino un festival político musical en el que exigieron la presentación de todos los desaparecidos políticos y los que han ocurrido en la lucha contra el crimen organizado.

Nadín Reyes, hija de Edmundo Reyes Amaya, quien fue detenido el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca, y desde esa fecha se encuentra desaparecido, dijo que "este festival político musical es para exigir la presentación de todos los detenidos desaparecidos que hay en el país.

"Aunque no hay un dato exacto, se habla de que son más de mil los desaparecidos en la denominada guerra sucia, ocurrida en los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado. La mayor parte de ellos son de Guerrero, pero también los hay de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Chiapas, entre otros estados."

A esa exigencia, señaló Nadín Reyes, del comité Hasta Encontrarlos, ahora se han sumado otros detenidos desaparecidos. Hoy se habla de más 5 mil desaparecidos, la mayoría de ellos ha ocurrido en este sexenio, por la guerra contra el crimen organizado".

La hija del detenido desaparecido Edmundo Reyes Amaya exige la presentación con vida de su padre y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, también desaparecido el 25 de mayo de 2007, en Oaxaca. Asimismo, exige la presentación de Francisco Paredes Ruiz, detenido y desaparecido el 26 de septiembre de 2007.

Nadín Reyes resaltó que "este festival político musical también forma parte de la campaña nacional contra la desaparición, que ya cumple un año, y nuestra exigencia es la misma: presentación de todos los desaparecidos políticos.

¿Dónde están? Desaparecieron sus cuerpos pero no su presencia. ¿Cómo son los rostros de los que te secuestraron? Los que llenaron de congoja todos los minutos, los recuerdos, la vida... Vivos se los llevaron vivos los queremos, se leía en las pancartas colocadas alrededor de la carpa donde se efectuaba el festival.

La Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México tiene como finalidad exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país, y el punto central es la exigencia del esclarecimiento de los casos, en donde la responsabilidad es única y exclusiva del Estado y, por tanto, el reclamo debe ser dirigido a éste.

Por la noche, la organización HIJOS, también en el contexto del Día Internacional del Detenido Desaparecido realizó un mitin frente al edificio donde se ubicaba la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que en los años 70 del siglo pasado fue señalada como una de las dependencias en donde se torturaba y desaparecía a los detenidos.

Una treintena de jóvenes integrantes de HIJOS, llegaron a las 20 horas el lugar, ubicado a un costado del Monumento a la Revolución. Ahí pintaron los carteles que decían: DFS: tortura y desaparición. Cárcel clandestina.

Colocaron un proyector que dirigieron a la fachada de lo que fue la DFS y ahí proyectaron una película sobre la historia de esa corporación policiaca. La lluvia que se inició en esos momentos no impidió que también colocaran en esa pared las fotografías de los desaparecidos políticos desde 1969.

Bajo la lluvia, una joven de HIJOS México dijo: por aquí, en este edificio, pasaron varios de nuestros desaparecidos. Primero fueron detenidos, luego torturados y finalmente desaparecidos.

Las personas cuyos rostros se colocaron en la pared del edificio de la ex DFS, subrayó la joven antes de concluir el acto: aquí estuvieron, por aquí pasaron, por eso vamos a volver siempre, mientras sigan

Autoridades municipales ya habían presentado queja contra él



Revisarán la actuación del magistrado que amparaba casinos y bares en NL

María Alejandra Arroyo y Andrés T. Morales
Corresponsales
Periódico La Jornada
Lunes 29 de agosto de 2011, p. 4

El desempeño del magistrado de la primera sala ordinaria del tribunal de lo contencioso administrativo de Nuevo León, José Alfonso Solís Navarro, quien otorgó la suspensión que permitió al casino Royale reanudar operaciones, luego de que el ayuntamiento de Monterrey lo clausuró en mayo pasado, será estudiado para analizar la fundamentación de las resoluciones que emitió y permitieron la operación de centros de apuesta, dio a conocer el gobernador neoleonés, Rodrigo Medina.

El magistrado, quien renunció el sábado, fue cuestionado por autoridades de Monterrey y San Pedro Garza García por amparar casinos y bares que operan fuera de los reglamentos municipales.

El alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, dio a conocer que el apoderado de la empresa Cymsa Corporation, que opera el casino Royale, Enrique Hernández, presentó una demanda de amparo ante el tribunal de lo contencioso en mayo anterior, luego de que el municipio intentó supervisar una ampliación del inmueble.

Solís Navarro otorgó la protección judicial que impidió a las autoridades de Desarrollo Urbano y Protección Civil inspeccionar las obras de ampliación de sus instalaciones. Según el magistrado, la empresa no requería de un permiso municipal, ya que sólo realizaba una remodelación interna.

En abril, el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, denunció ante el Congreso de Nuevo León que el magistrado permitió la operación del casino Alegre, que el municipio clausuró por operar sin permiso, además que se ubicaba frente a dos colegios.

Solís Navarro también permitió la operación de bares irregulares. De los 23 procesos de amparo en favor de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, 19 son llevados por el tribunal de lo contencioso, 18 de ellos radicados en la primera sala ordinaria, hasta el sábado a cargo del magistrado. El otro se encuentra en la sala segunda, a cargo de la magistrada Aurora Gámez Cantú.

El director jurídico de Monterrey, Adrián González Navarro, informó que en lo que va de la administración, el municipio no ha logrado que se revoque la suspensión otorgada por los magistrados, pese a las múltiples violaciones a los reglamentos, particularmente al Municipal de Alcoholes.

El 18 de mayo pasado la administración municipal de Monterrey presentó ante el Congreso estatal una queja, por considerar irregular la actuación de los magistrados del tribunal de lo contencioso en las suspensiones otorgadas a bares, pues en ellos se detectaron actividades relacionadas con el crimen organizado.

Del mismo modo, el 17 de junio anterior el edil Mauricio Fernández solicitó a la legislatura estatal juicio político contra la presidenta de dicho tribunal, Juana María Treviño Torres, y de los otros dos magistrados integrantes del pleno –Solís Navarro y Gámez Cantú–, por actos u omisiones que dañan el interés público.

Por otra parte, en Jalisco, el secretario general de Gobierno de Guadalajara, Roberto López Lara, informó ayer que como parte de un operativo de revisión de medidas de seguridad en casinos de la ciudad, se clausuraron cinco de los 10 establecimientos de ese tipo que operaban en la localidad.

En Veracruz, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que a las 23 horas del sábado comenzó la verificación de casinos en las ciudades de Jalapa, Veracruz, Boca del Río y Coatzacoalcos, con el propósito de corroborar si cumplen con las normas de seguridad y los permisos necesarios para su correcto funcionamiento. La dependencia no informó sobre anomalías localizadas en los centros de apuestas.

El Ifai manda al SESNSP rectificar en su postura de negar los datos



Ordenan difundir el número de policías muertos en operativos

La información debe abarcar todo el gobierno de Felipe Calderón

Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Lunes 29 de agosto de 2011, p. 12

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) hacer una búsqueda exhaustiva y publicar información sobre el número de policías que han fallecido en operativos y acciones emprendidas en contra del crimen organizado en el país.

La información debe abarcar el periodo relativo al sexenio del gobierno de Felipe Calderón.

Asimismo, se debe difundir en forma detallada, tanto por año como por mes. Debe incluir también el total de policías federales caídos, así como de las 32 entidades y municipios.

Respecto de 2006, los datos a publicitar deben abarcar únicamente del primero al 31 de diciembre. Respecto de 2011, se ordenó al SESNSP hacer un desglose mensual y/o parcial, donde especifique las fechas (por día, mes, año) que abarca la información.

La difusión se ampara en lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.

El SESNSP inicialmente respondió a una solicitud, por conducto del Centro Nacional de Información, que los datos requeridos no existen en sus archivos o sistemas de datos personales, y los declaró inexistentes.

La comisionada ponente del expediente 3187/11, María Marván, sostuvo que el secretariado tiene atribuciones para crear, operar y actualizar, permanentemente, un padrón de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.

Sin embargo, denunció, el SESNSP omitió hacer una búsqueda exhaustiva de la información en sus unidades admi- nistrativas competentes, por lo cual incumplió con el procedimiento previsto en la Ley Federal de Transparencia para declarar formalmente la inexistencia de la información solicitada.

Tras evaluar las atribuciones del SESNSP, indicó que los tres niveles de gobierno tienen la obligación de suministrar y actualizar las bases de datos del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, y el secretariado debe supervisar la actualización de las bases de datos y el acopio de las mismas.

De las bases de datos existentes, Marván mencionó la del Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública, que contiene la información actualizada relativa a los integrantes de las entidades de la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios, con información que permita identificar plenamente y localizar a los servidores públicos; verificar cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, y las razones que lo motivaron.

La comisionada subrayó que el SESNSP cuenta con atribuciones para conocer del tema en cuestión, por lo que le resulta posible proporcionar la información requerida, conforme a lo previsto en el artículo 122 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En consecuencia, el pleno del Ifai determinó revocar la respuesta del SESNSP y le instruyó que realice una búsqueda exhaustiva de la información solicitada y entregue al recurrente la información solicitada.

Considera que la PGJDF hizo correctamente la investigación



Juez federal niega amparo para reabrir el caso de Digna Ochoa

Mirna Servín Vega
Periódico La Jornada
Lunes 29 de agosto de 2011, p. 16

El intento de la familia de Digna Ochoa por lograr que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) investigue como homicidio la muerte de la defensora de los derechos humanos recibió un revés luego de que un juez federal determinó que la dependencia capitalina investigó correctamente el caso.

El 14 de marzo de 2011, el Ministerio Público (MP) resolvió que Digna Ochoa se suicidó con arma de fuego y que no hubo presencia de un tercero cuando ocurrió la muerte. Sin embargo, la familia de Digna Ochoa consideró que el MP no realizó los peritajes adecuados y que a su parecer había pruebas de que otras personas intervinieron en el deceso, por lo que presentó un amparo ante el juez de distrito, el cual les fue negado.

Ayer se informó que el juez séptimo de distrito de amparo en materia penal en el Distrito Federal resolvió sobreseer y negar el amparo 343/2011, interpuesto por Jesús Ochoa y Plácido y familia, relativo a la autorización definitiva del no ejercicio de la acción penal y su ejecución por los hechos en los que murió Digna Ochoa.

El juez federal consideró que, de acuerdo con los informes de los peritos, se llegó a la conclusión de que el arma de fuego objeto de la indagatoria no maculó la mano de quien la accionó.

Señaló también que no se violaron garantías constitucionales de observancia obligatoria por parte de las autoridades responsables, ya que el procedimiento se apegó estrictamente a la legalidad, al brindar asesoría legal a los afectados y el derecho a aportar las pruebas que consideraron pertinentes, las cuales se desahogaron en la averiguación previa y fueron insuficientes para acreditar la inconformidad de los quejosos.

Grupo CIE, en subcontratos por el bicentenario



Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
Lunes 29 de agosto de 2011, p. 19

La empresa Creatividad y Espectáculos, subsidiaria de Corporación Interamericana de Entretenimiento (Grupo CIE), se vio beneficiada con al menos 36 pagos por casi 600 millones de pesos por las secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante la realización de la cumbre sobre cambio climático.

En febrero de este año la Auditoría Superior de la Federación señaló que Turissste subcontrató empresas privadas para la realización de actos por el bicentenario, entre las que se encuentran filiales de Grupo CIE, como Creatividad y Espectáculos.

Ésta tiene tres divisiones: Entretenimiento, que se encarga de espectáculos, conciertos y teatro, entre otros. Se hace cargo de la promoción, producción, patrocinios y administración de inmuebles –como el Palacio de los Deportes–, así como de la venta de boletos, alimentos, bebidas y recuerdos.

La división Las Américas maneja el centro de convenciones Banamex, el Hipódromo de las Américas y siete restaurantes. También está CIE-comercial, encargada de la red de publicidad en puentes peatonales, espectaculares, aeropuertos, estadios de futbol, salas de cine y señalización urbana, así como de eventos especiales.

El principal accionista de CIE es Alejandro Soberón Kuri, quien en 1990 creó Ocesa y en 1995 esta corporación. Él está en el lugar 24 del ranking de los 100 empresarios más importantes de México en 2010. Federico González Compeán, director de CIE-internacional, estuvo a cargo del Auditorio Nacional y del Teatro de la Ciudad, entre otros centros de espectáculos, y es productor de cine.

Creatividad y Espectáculos se llevó más de 50% de los recursos

En la cumbre de Cancún, despilfarro y pocos acuerdos

Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
Lunes 29 de agosto de 2011, p. 19

La cumbre sobre cambio climático que se celebró en diciembre de 2010 en Cancún, Quintana Roo, significó para México un gasto de mil 54 millones de pesos, 213 millones más de lo previsto. Se trata de un monto similar al presupuesto que ejerce este año la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, encargada de vigilar el cumplimiento de la legislación en la materia en todo el país.

Más de la mitad de esos recursos públicos, 599.2 millones de pesos, fueron para la empresa Creatividad y Espectáculos (Crea), subsidiaria de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), a la cual se pagaron desde la instalación de las salas de conferencia, servicios de seguridad para el Estado Mayor Presidencial, transporte entre la zona hotelera y las sedes oficiales hasta labores de limpieza.

Los fondos que erogaron las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), organizadoras de la cumbre, fueron destinados a la logística de la reunión, la sede del acto, Internet, viáticos para los funcionarios y villa de cambio climático, entre otros rubros.

En las negociaciones durante la decimosexta Conferencia de las Partes (Cop16) y la sexta Conferencia del Protocolo de Kyoto participaron delegaciones de 194 países, cuyos gobiernos financiaron sus gastos. En total asistieron unas 34 mil personas, entre observadores, funcionarios de Naciones Unidas y periodistas, quienes también se hicieron cargo de sus gastos; debían pagar 45 pesos por un café, 90 por un sándwich o 700 por una cena. La excepción fue para algunas organizaciones de la sociedad civil, las cuales recibieron apoyo del gobierno mexicano.

Originalmente las dependencias estimaron un presupuesto de 841 millones de pesos para la organización de la Cop16. Este monto y el desglose de gastos fueron publicados en la página oficial de Internet de la conferencia desde finales del año pasado y estuvieron vigentes al menos hasta enero de este año. Lo que ahora aparece allí es la cifra de mil 53 millones 875 mil pesos, como gasto total que hicieron las secretarías.

Entre los recursos que ambas preveían ejercer y lo que finalmente gastaron hay incrementos importantes en varios rubros. Por ejemplo, a la villa de cambio climático y a seguridad se destinó el triple de lo programado. A la primera se canalizaron 114 millones de pesos, contra los 35 millones originales, y a la segunda 89 millones, pese a que se habían presupuestado 30 millones.

También hubo aumento al dinero canalizado para servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, los cuales se estimaban en 196 millones de pesos, pero en total fueron 255 millones, de los cuales correspondieron a la Semarnat 152 millones y a la cancillería 103 millones.

Gastos y resultados de la cumbre

Mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública se solicitó a las dos secretarías que precisaran de cuál partida obtuvieron los recursos con que se financió la cumbre, a lo cual la Semarnat no respondió, mientras la cancillería sí lo hizo y detalló que eran manejados por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, adscrita a la Oficialía Mayor.

También se pidieron copias de las facturas de pago de hospedaje para funcionarios, invitados y personal de apoyo; gastos de comida, Internet y sede de la conferencia, así como de transporte de los hoteles sedes a los recintos oficiales de la Cop16, el Cancún Messe y Moon Palace.

En su respuesta, la SRE manifestó que era inexistente la información sobre invitados especiales, porque no hubo, pero la Semarnat apuntó que había destinado 213 mil pesos. Sin embargo, cuando se preguntó al área de comunicación social de esta secretaría quiénes fueron, respondió que no llevó a nadie.

Las dependencias se repartieron los 17 rubros en que se dividió la organización de las conferencias. La Semarnat estuvo a cargo de cinco, compartieron el pago de los servicios de tecnología e información, y cada una pagó el hospedaje de su personal. En total ejerció 437 millones 141 mil pesos. La cancillería manejó 10 rubros y erogó 617 millones 746 mil pesos.

De acuerdo con la documentación enviada por la SRE, se encontró que en atención a organizaciones civiles y en la villa del cambio climático, donde hubo exposiciones y conferencias, además de que se presentaron cantantes nacionales y extranjeros, la cifra final de gastos fue de 114 millones de pesos, tres veces más de lo planeado. Hay tres facturas entregadas por la empresa Crea por un total de 109 millones, únicamente para la villa.

Aunque en este espacio los organizadores tenían prevista la participación de agrupaciones de la sociedad civil, gran parte de ellas decidieron hacer foros alternos y otras prefirieron permanecer en la sede oficial. Ello debido a la lejanía de la villa del recinto oficial.

En cuanto al transporte para delegados, observadores, representantes de organizaciones y reporteros de la zona hotelera a la sede de la Cop, el hotel Moon Palace, situado entre Cancún y Playa del Carmen, la estimación inicial era de 28.7 millones de pesos, pero se ejercieron 38 millones, aseveró la SRE. La cancillería, por adjudicación directa, cedió ese servicio a Crea, la cual, a su vez, subcontrató a ADO.

La dependencia, por diversos conceptos, pagó a Crea 319.5 millones de pesos, y hasta marzo le adeudaba 9 millones 287 mil pesos por concepto de personal adicional que se requirió para el transporte.

A su vez, la Semarnat cubrió a Crea 279 millones 750 mil pesos por la producción de salas de conferencia; ejecución del proyecto ejecutivo de transmisión de señal y sistemas parlamentario; flujo y movimiento de personal y vehicular; contratación de recursos humanos; servicios de limpieza; servicios de apoyo para la conferencia y señalización –entre otros rubros–, según consta en copias de las facturas.

El recinto oficial de la cumbre ambiental, el Moon Palace, fue acusado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental de violar la legislación en la materia, por realizar hace cuatro años obras de ampliación de sus instalaciones sin permiso de cambio de uso forestal y talar manglar, de importancia ambiental porque protege las costas de los huracanes, que con el cambio climático se espera que aumenten.

La organización recordó el hecho en diciembre y en su defensa salió la Semarnat, la cual sostuvo que en la década de los 90, cuando se edificó el hotel, esa norma no estaba vigente, pero no se refirió a las obras denunciadas en marzo de 2007 por esa organización, cuando la tala de manglar ya estaba prohibida en la Ley General de Vida Silvestre.

Al final, en la cumbre no se llegó al acuerdo de establecer un segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kyoto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global, y se dejó en 2 grados centígrados el incremento máximo de la temperatura permitido, lo cual, según expertos, para países insulares y vulnerables es catastrófico.

Únicamente se acordó comenzar a trabajar sobre el Fondo Verde, lo cual fue encomendado al Banco Mundial, y en el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada, así como avanzar este año en las negociaciones.

No hay propuestas serias para frenar la migración, afirma funcionaria guatemalteca



Rutas de indocumentados, más peligrosas
Afp
Periódico La Jornada
Lunes 29 de agosto de 2011, p. 18

Guatemala, 28 de agosto. La peligrosidad de la ruta que recorren miles de indocumentados centroamericanos para llegar a Estados Unidos aumentó tras la matanza de 72 migrantes perpetrada hace un año en Tamaulipas, México, afirmó Alejandra Gordillo, directora de la Comisión Nacional para la Atención al Migrante de Guatemala.

Al día de hoy las cosas han empeorado y no tenemos propuestas serias de los estados para frenar la migración y los peligros que afrontan los indocumentados, subrayó.

Gordillo aseguró que la matanza en Tamaulipas destapó la caja de Pandora, porque las vejaciones contra los centroamericanos en México ya existían, pero no eran visibles.

Tras la masacre se comenzaron a hacer más investigaciones y se encontraron alrededor de 40 fosas con 193 cadáveres, comentó.

El tema de la frontera mexicana no es sólo de secuestros y tráfico de personas, pues se ha detectado que la ruta sirve para tráfico de armas y de órganos humanos, así como para narcotráfico, enfatizó.

Entre el 22 y el 23 de agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres de Centroamérica y Brasil fueron masacrados en un rancho de San Fernando, poblado de Tamaulipas, situado a unos 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

No fueron los últimos migrantes centroamericanos asesinados en México. El pasado 8 de agosto murió lapidado el guatemalteco Julio Cardona, de 19 años, en el estado de México. El crimen conmocionó a Guatemala por la supuesta complicidad de policías mexicanos.

Cardona había participado en la caravana Paso hacia la paz, en México, que en julio recorrió la peligrosa ruta desde la frontera con Guatemala a la de Estados Unidos para exigir que se localice a unos 800 migrantes desaparecidos.

28/08/2011

Expertos de la UAM exigen al Ejecutivo que hable de las verdaderas causas de la violencia

Si es cierto lo que dice el Presidente, entonces debe ceñirse a lo que ordena la ONU: Raúl Vera

Intenta Calderón justificar mayor represión con el discurso del terrorismo: académicos


Laura Poy Solano, Carolina Gómez Mena y César Arellano
Periódico La Jornada
Domingo 28 de agosto de 2011, p. 9

Tras el ataque al casino Royale en Monterrey, el gobierno calderonista echa mano del viejo discurso estadunidense de la lucha contra el terrorismo para intentar justificar cualquier futura acción de mayor represión social, afirmaron especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana.

José Luis Piñeyro, experto en seguridad pública, agregó que el mensaje del presidente Felipe Calderón nada dice de las verdaderas causas de la violencia ni la estrecha relación que existe entre la instalación de casas de juego y el posible lavado de dinero, pues nuevamente apela a su estrategia de que la violencia se combate con más violencia.

Cabe preguntarnos, explicó, si los hechos del pasado jueves son o no un acto terrorista, pues las autoridades, incluido el Ejecutivo federal, nada dijeron de un tema central: investigar realmente qué fue lo que pasó, si en verdad estos presuntos delincuentes tenían como objetivo asesinar a decenas de personas o si existe una corresponsabilidad de los dueños del casino por no tener medidas de seguridad.

Por su parte, Telésforo Nava, politólogo y especialista en movimientos sociales, destacó que lo ocurrido en Monterrey es la prueba más clara de que la estrategia de seguridad calderonista es un total fracaso, y peor aún, que se usa para intentar justificar posibles actos de represión y el ejercicio de medidas aún más violentas.

Estamos ante el riesgo, indicó, que estos hechos generen terror en la población, pero que la respuesta de la administración federal se convierta en una pesadilla peor. La salida no vendrá de la clase política, sino de una sociedad civil organizada y con un claro objetivo: sacar a todos del poder y refundar el país.

Por su parte el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, sostuvo que si el presidente Felipe Calderón reconoció que lo ocurrido fue un acto de terrorismo, entonces ahora lo único que le queda es actuar en consecuencia, hacer todo lo que no ha hecho en todos estos años como Presidente, y que tiene al país en la situación que está ahora.

Señaló que al haber acciones de narcoterrorismo el mandatario debe ir contra los lavadores de dinero del crimen organizado, de los cómplices que éste tiene en las instancias de los gobiernos y confiscar todos sus bienes y recursos.

Vera López indicó que si es terrorismo el gobierno debe ceñirse a lo que establecen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en la materia y que son compromisos internacionales que los países firmantes tienen la obligación de seguir: detener a las personas que apoyan a estos grupos, confiscar sus bienes... si Felipe Calderón ya asume que se trata de terrorismo, tiene que remover de sus puestos a todos los que están dentro del gobierno involucrados con grupos del crimen organizado.

Por separado, el sacerdote Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial (CCM) y ex secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación (Cepcom) de la Conferencia del Episcopado Mexicano, indicó que "es necesario atacar el origen de todos estos males que no están sólo en los que se hacen llamar narcos, sicarios y cárteles, sino atacar desde los criminales de cuello blanco, esos que se han corrompido y se han dejado seducir por el poder del dinero y el temor de la muerte".

Por último, el secretario de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos, dijo que es momento de que la sociedad llame a los cárteles de la droga a hacer un alto al fuego para no seguir cobrando vidas inocentes por la disputa de territorios.

Consideró que más que lamentar el hecho de violencia perpetrado a plena luz de día "deberíamos alzar la voz y pedir tregua entre los cárteles por la lucha que llevan a cabo por las plazas que dominan en ciertas regiones del país, a fin de evitar que esta guerra entre grupos criminales y con el gobierno federal produzca más muertes que en Vietnam en la década de los 60 del siglo pasado o en Irak".

Reprueban perredistas que la agenda nacional gire "según la necesidad mediática" del Presidente

El ataque al casino de Monterrey no es un hecho de esa naturaleza: Muñoz Ledo

Al hablar de terrorismo, Calderón abre puertas a una intervención

Legisladores priístas pugnan ahora por aplicar soluciones globales en lucha contra el narco


Foto
Las secretarías de Seguridad Pública federal y de la Defensa Nacional empezaron a enviar ayer otros 3 mil elementos a Nuevo León para combatir el crimen organizado. En la imagen, agentes en el Centro de Mando de Iztapalapa que fueron comisionados a esa entidadFoto Carlos Cisneros

Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Domingo 28 de agosto de 2011, p. 5

Derivada de la tragedia en Monterrey, Nuevo León, la demanda de Felipe Calderón al Congreso federal de aprobar las reformas a la ley de seguridad nacional, que otorgarían nuevas y amplias atribuciones a las fuerzas armadas, propició respuestas divergentes en la Cámara de Diputados, donde ahora se pretende aplicar un cúmulo de soluciones globales a las causas de la violencia criminal y el sicariato.

Mientras los priístas claman ahora por la búsqueda de soluciones de fondo y su postura coincide con la celebración de un foro llamado Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad, al que asistirán, entre otros, el magistrado español Baltasar Garzón, Leoluca Orlando, ex alcalde de hierro de Palermo, y José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, otra visión, que parte desde algunas posiciones del PRD y del PT, advierte que nada detendrá la espiral de violencia en el país más que la solución de la vergonzosa pobreza y el abandono de la mayoría de los mexicanos, quienes son considerados números prescindibles antes que personas.

Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en San Lázaro, reprobó el calificativo de terrorismo al trágico suceso en Monterrey. "Es muy grave. En su afán por hacerse el irresponsable, (Felipe) Calderón debe tener mucho cuidado con lo que dice. Al decir en nombre del Estado mexicano que fue terrorismo, está anunciando que abre la puerta a militarizar el país.

Sin duda es un acto abominable, de violencia extrema. Es, posiblemente, la respuesta a una tentativa de extorsión o negativa a recibir protección, un acto de relación entre particulares y criminales. Esto es barbarie, pero no terrorismo.

–La palabra terrorismo había estado ausente del discurso oficial –se le comentó.

–El terrorismo tiene que ver con aterrorizar a la población, con el propósito de cambiar un régimen político. Es una tontería calificar eso de terrorismo. Que causa terror, pues da, es abominable, pero no es el 11 de septiembre. ¡No lo es! Aquello tenía contenido ideológico. Y ahora, al calificarlo así, Calderón está justificando la presencia de tropas estadunidenses en México. ¿No hay en México un Congreso que pueda llamar a cuentas a los gobernantes? El nivel de irresponsabilidad de Calderón no tiene límites, y el PRI prefiere deteriorar a Calderón para ganar las elecciones. Esto es el caos y todos nos preguntamos cómo es posible que el torpe de Vicente Fox regañe a Felipe Calderón.

En tanto, los priístas, mediante la Comisión de Derechos Humanos, manifestaron que debido a las condiciones de vulnerabilidad social es urgente elaborar propuestas de solución global para la lucha contra la delincuencia, a partir de experiencias de diversos países en el combate al narcotráfico, con el fin de abrir un espacio de reflexión del cual surjan propuestas legislativas en materia de inseguridad y crimen organizado para configurar un nuevo escenario político de cara a la problemática en materia de seguridad que enfrenta el país, con respeto irrestricto a los derechos humanos.

Jorge Rojo García de Alba, diputado del Revolucionario Institucional, expuso que es inadmisible utilizar los hechos de violencia para medrar políticamente en favor de un partido, con el propósito de alcanzar el poder político o conservarlo.

Si esa es la intención, se debe tomar en cuenta que la sociedad está cansada de las pésimas decisiones que los políticos adoptan bajo el supuesto del bien común. El desbordante fenómeno de la violencia, que afecta el ánimo, la seguridad y los bienes de millones de mexicanos, demanda una respuesta pronta y global a los históricos problemas de pobreza, abandono social, escasas oportunidades de desarrollo, equilibrio en el reparto de la riqueza, educación de calidad para todos y servicios de salud que den respuesta a la dignidad de las personas.

En el foro mencionado también participarán Diego Valadés, Luis de la Barreda Solórzano, Ruperto Patiño Manffer, Luis Ocampo Moreno, Dolores Delgado García y Fernando Andreu Merelles.

Por su parte, la diputada perredista Esthela Damián reprochó que la agenda nacional esté girando y tomando prioridades de acuerdo con las necesidades mediáticas y de propaganda de Felipe Calderón. Si bien la postura es apostar por la seguridad y la legalidad, el problema se presenta con la iniciativa que el jefe del Ejecutivo envió al Congreso, porque es claramente violatoria de los derechos humanos.

La diputada argumentó que en el debate se presenta desorden normativo, el cual debe ser resuelto. Comentó que la legislación recién aprobada sobre derechos humanos contradice en su esencia el proyecto de minuta que se encuentra en proceso de dictamen en la Comisión de Gobernación.

Ya nos metimos en un laberinto, porque se violaría la ley de derechos humanos. Estamos entrampados y tenemos que darnos la oportunidad de revisar el papel del Ejército, porque cualquier decisión que asumamos será clave para el desarrollo del país y la evolución o involución de la democracia.

Enrique Ibarra, diputado por el PT e integrante de la Comisión de Gobernación, reprochó con dureza la presión de Calderón para aprobar con urgencia las reformas a la ley de seguridad.

Calderón no halla a quién echarle la culpa de su ineficiencia, ineptitud y estrategia fallida, y quiere repartirla a instancias ajenas a la responsabilidad que tiene. No vamos a variar, y por los sucesos trágicos en Monterrey se quiere presionar para legalizar lo ilegal: la suspensión de garantías individuales.

–El reclamo, la demanda, es abierta –se le planteó.

–Es un intento efectista que le dura algunos días a Calderón, pero no nos debe llevar a legislar irresponsablemente para colocar a los mexicanos en un régimen de mayor vulnerabilidad.

Hasta el cansancio lo hemos dicho. Los problemas de esta naturaleza se deben encarar desde las causas que los originan: pobreza, falta de oportunidades para los jóvenes y trabajos con buenos salarios. Lamentablemente la obcecación de Felipe Calderón es irracional. Lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestro papel de representar las garantías de la gente y pugnar por un cambio.

Ataques ya causaron sicosis generalizada, asegura especialista



Abiertas, 34 averiguaciones por terrorismo en 4 años: PGR
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Domingo 28 de agosto de 2011, p. 7

En los pasados cuatro años la Procuraduría General de la República (PGR) ha abierto al menos 34 averiguaciones previas por el delito de terrorismo, en las cuales, en más de 80 por ciento, participaron integrantes de cárteles de las drogas, reveló la institución al dar respuesta a una solicitud de información pública y según datos obtenidos de funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Tras lo ocurrido en el casino Royale, en Monterrey, por vez primera una autoridad federal –en este caso el presidente de la República, Felipe Calderón– menciona oficialmente que un ataque de ese tipo constituye un acto de terrorismo. Sin embargo, inicialmente la PGR abrió la averiguación previa AP/PGR/NL/ESC-AMPFDC/2637/D/2011 únicamente por los ilícitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y daño en propiedad ajena.

De acuerdo con la información obtenida de funcionarios de la SIEDO, uno de los primeros casos considerados por el Ministerio Público Federal como acto de terrorismo, causado por integrantes de organizaciones criminales dedicadas a la venta de drogas (narcoterrorismo), ocurrió en Morelia la noche del 15 de septiembre de 2008, frente al palacio de gobierno, durante la ceremonia del Grito de Independencia.

Ese atentado, perpetrado en la plaza Melchor Ocampo, dejó saldo de nueve personas fallecidas y más de 130 lesionadas. Según investigaciones de la PGR, el ataque fue obra de integrantes de Los Zetas.

Los casos de Chihuahua y Tamaulipas

En 2010 el entonces procurador Arturo Chávez Chávez afirmó que el Ministerio Público Federal había tomado conocimiento de actos de terrorismo en Chihuahua y Tamaulipas, donde los cárteles de las drogas hicieron estallar carros-bomba.

El ex funcionario señaló: La delincuencia en nuestro país tiene como motor, dinámica, esa misión, y eso es importante subrayarlo, porque puede haber actos terroristas o de terror que buscan intimidar a la sociedad sin que necesariamente hayan sido cometidos por grupos terroristas. Entonces, es importante hacer esa distinción. Muchas veces los delincuentes buscan generar o incrementar el miedo entre los ciudadanos, porque éste facilita la comisión de los actos delictivos; por ejemplo, la extorsión. Muchas veces genera distancia entre la autoridad y los habitantes, y cuando perciben que eso ocurre buscan realizar ese tipo de acciones, que tienen gran resonancia, porque son verdaderamente delicadas, como pueden ser actos relacionados con vehículos cargados de explosivos, lo cual se ha vivido en Ciudad Juárez y Tamaulipas.

En tanto, la unidad de enlace de la PGR, al responder a la solicitud de información pública 0001700001511, explicó que durante 2007 se iniciaron dos averiguaciones previas; en 2008, cinco; en 2009, 10, y en 2010, 17. De igual manera, en su respuesta mencionó que de 2007 a 2010 se abrieron 18 averiguaciones por casos de terrorismo, contemplado en el Código Penal Federal.

Entre los casos que han trascendido y han sido considerados terrorismo por el Ministerio Público Federal se encuentran los estallidos de dos coches-bomba en Tamaulipas. El primero tuvo lugar en Ciudad Victoria, frente a una base de policía de esa entidad. Supuestamente esa acción fue obra del cártel de Los Zetas y pretendió amedrentar a las autoridades locales y enviar un mensaje a sus rivales del cártel del Golfo.

Asimismo, en julio de 2010, en Ciudad Juárez, fue colocado un auto-bomba, que dejó saldo de tres personas muertas, entre ellas un policía federal. El acto habría sido obra del cártel de Juárez por conducto de su brazo armado: La Línea.

Respecto de lo que ocurre en Nuevo León, el director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, José Luis Prado Maillard, comentó a La Jornada que "los diferentes actos de violencia, como los narcobloqueos y los enfrentamientos entre bandas delictivas, han generado entre la sociedad un estado de sicosis generalizada. Estos grupos han ido adoptando métodos más sofisticados y violentos, provocando un estado de miedo entre la población civil, ya que esta actuación criminal de bandas organizadas se lleva a cabo de manera reiterada, pretendiendo crear alarma social".

Expertos de la UAM exigen al Ejecutivo que hable de las verdaderas causas de la violencia









Si es cierto lo que dice el Presidente, entonces debe ceñirse a lo que ordena la ONU: Raúl Vera

Intenta Calderón justificar mayor represión con el discurso del terrorismo: académicos


Laura Poy Solano, Carolina Gómez Mena y César Arellano
Periódico La Jornada
Domingo 28 de agosto de 2011, p. 9

Tras el ataque al casino Royale en Monterrey, el gobierno calderonista echa mano del viejo discurso estadunidense de la lucha contra el terrorismo para intentar justificar cualquier futura acción de mayor represión social, afirmaron especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana.

José Luis Piñeyro, experto en seguridad pública, agregó que el mensaje del presidente Felipe Calderón nada dice de las verdaderas causas de la violencia ni la estrecha relación que existe entre la instalación de casas de juego y el posible lavado de dinero, pues nuevamente apela a su estrategia de que la violencia se combate con más violencia.

Cabe preguntarnos, explicó, si los hechos del pasado jueves son o no un acto terrorista, pues las autoridades, incluido el Ejecutivo federal, nada dijeron de un tema central: investigar realmente qué fue lo que pasó, si en verdad estos presuntos delincuentes tenían como objetivo asesinar a decenas de personas o si existe una corresponsabilidad de los dueños del casino por no tener medidas de seguridad.

Por su parte, Telésforo Nava, politólogo y especialista en movimientos sociales, destacó que lo ocurrido en Monterrey es la prueba más clara de que la estrategia de seguridad calderonista es un total fracaso, y peor aún, que se usa para intentar justificar posibles actos de represión y el ejercicio de medidas aún más violentas.

Estamos ante el riesgo, indicó, que estos hechos generen terror en la población, pero que la respuesta de la administración federal se convierta en una pesadilla peor. La salida no vendrá de la clase política, sino de una sociedad civil organizada y con un claro objetivo: sacar a todos del poder y refundar el país.

Por su parte el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, sostuvo que si el presidente Felipe Calderón reconoció que lo ocurrido fue un acto de terrorismo, entonces ahora lo único que le queda es actuar en consecuencia, hacer todo lo que no ha hecho en todos estos años como Presidente, y que tiene al país en la situación que está ahora.

Señaló que al haber acciones de narcoterrorismo el mandatario debe ir contra los lavadores de dinero del crimen organizado, de los cómplices que éste tiene en las instancias de los gobiernos y confiscar todos sus bienes y recursos.

Vera López indicó que si es terrorismo el gobierno debe ceñirse a lo que establecen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en la materia y que son compromisos internacionales que los países firmantes tienen la obligación de seguir: detener a las personas que apoyan a estos grupos, confiscar sus bienes... si Felipe Calderón ya asume que se trata de terrorismo, tiene que remover de sus puestos a todos los que están dentro del gobierno involucrados con grupos del crimen organizado.

Por separado, el sacerdote Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial (CCM) y ex secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación (Cepcom) de la Conferencia del Episcopado Mexicano, indicó que "es necesario atacar el origen de todos estos males que no están sólo en los que se hacen llamar narcos, sicarios y cárteles, sino atacar desde los criminales de cuello blanco, esos que se han corrompido y se han dejado seducir por el poder del dinero y el temor de la muerte".

Por último, el secretario de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos, dijo que es momento de que la sociedad llame a los cárteles de la droga a hacer un alto al fuego para no seguir cobrando vidas inocentes por la disputa de territorios.

Consideró que más que lamentar el hecho de violencia perpetrado a plena luz de día "deberíamos alzar la voz y pedir tregua entre los cárteles por la lucha que llevan a cabo por las plazas que dominan en ciertas regiones del país, a fin de evitar que esta guerra entre grupos criminales y con el gobierno federal produzca más muertes que en Vietnam en la década de los 60 del siglo pasado o en Irak".

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