Los asesinos universales: yanquis, ingleses, israelíes, "liberan a africanos y asiáticos de sus dictaduras"
Pedro Echeverría V.
1. Con bombardeos de la OTAN, legitimación de la ONU, mercenarios armados hasta los dientes y enorme manipulación de los medios de información, los EEUU, el Reino Unido e Israel buscan "liberar" a países como Libia, Siria, Argelia y Marruecos. Obvio, sin los bombardeos de los asesinos de la OTAN y sin la legitimación de la ONU (que está obligando a los países a reconocer a los "gobiernos" mercenarios) los gobiernos de esos países no caerían o, si llegaran a derrumbarse sería por un magnífico levantamiento y una maravillosa revolución del pueblo; pero con los bombardeos lo único que se busca es imponer otros gobiernos –adictos a los EEUU- que faciliten que el petróleo y demás recursos naturales sean saqueados. Los soldados o civiles que combaten en tierra -al no ser rebeldes sino mercenarios bien armados y adiestrados por EEUU y socios- serán hechos a un lado porque sólo son empleados.
2. Ayer cayó Túnez y Egipto, mañana podrán derrumbarse los gobiernos de Libia y Siria, después vendrán otros de África como Argelia y Marruecos, así como Asia o América Latina, pero en ningún país podrá mejorar la situación de los pueblos porque todos son "golpes de Estado" dados por el imperio. Los mexicanos bien podrían imaginar que un falso movimiento "de abajo", de mercenarios pagados con dinero yanqui, hagan caer al funesto Felipe Calderón porque ya no puede gobernar y está poniendo en peligro la seguridad de EEUU. ¿Cambiaría algo en beneficio del pueblo mexicano si éste no está participando directamente para su propia liberación? ¿No sería acaso sólo un gobierno que permitiría seguir saqueando las riquezas petroleras y de más productos del país hacia los EEUU? Me imagino al Calderón encarcelado pero no por ser enemigo de los yanquis, sino por tontito que fue incapaz de garantizar la seguridad yanqui.
3. Si hasta nuestra "heroína de la radio", Carmen Aristegui, subordinada a las noticias que le impone la empresa imperialista CNN hace campaña en beneficio de la OTAN y de los EEUU, sólo habría que escuchar las bobadas del López Dóriga, Alatorre, Gómez Leyva y demás bien pagados comentaristas de TV y radio. No hay análisis, no hay reflexiones y, lo peor, no hay –no puede haber- independencia. Cada locutor de esos medios informativos repite lo que les meten en la boca, y si no lo hacen gustosos los despiden; aunque algunos –los más oportunistas- le ponen sal y pimienta a las notas para recibir más. ¿Podrá haber alguna vez un noticiero o una nota imparcial? Jamás, nunca, porque tras cada empresa o noticia están los grandes propietarios capitalistas o burócratas que dan órdenes y dicen cómo presentar las noticias. Lo único que existe es la parcialidad a favor de quienes tienen el poder económico y político o de quienes trabajan en el campo y la ciudad.
4. La realidad es que los mexicanos de Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Durango, Coahuila, Guerrero, están muy preocupados, atemorizados, porque en cualquier momento se oyen balaceras y ametrallamientos y eso los obliga a encerrarse en sus casas; pero estaría mucho peor si sobre sus casas y sus cabezas pasaran cada minuto –como en Afganistán, Irak, Palestina, Libia, Siria y demás- aviones bombarderos de EEUU, Reino Unido o Israel dispuestos a arrojar bombas y químicos con el fin de asesinar, o por lo menos intimidar, a los pueblos. Yo me pongo nervioso cuando cada tres o cuatro meses –por pura casualidad- pasa sobre mi casa algún avión o helicóptero; pero sólo habría que imaginar cómo viven súper angustiados esos pueblos que son permanentemente agredidos y asesinados por el hecho de tener dignidad y defender sus riquezas. A mí me encantaría que los yanquis vivieran así de angustiados para que sepan lo que se siente.
5. Así que antes de todo, en lugar de apoyar las guerras y bombardeos de intervención, hay que luchar para que los yanquis, ingleses, israelíes y demás países imperialistas, le bajen a sus políticas intervencionistas. Que dejen de invadir y saquear riquezas –tal como lo han hecho durante casi 200 años- para poner un ejemplo de respeto y solidaridad en el mundo. Los pueblos del mundo pueden liberarse solos –siempre y cuando los gobiernos y las clases dominantes no estén respaldados por el imperio- aunque tarden muchos años más. Pero si como en México, Colombia, Honduras, Costa Rica y demás, los gobiernos son armados y asesorados por el Departamento de Estado yanqui, los pueblos tendrán que elevar a un mayor nivel su agresividad y sus estrategias, pero siempre triunfarán. Así que no seamos tontitos para caer en las mentiras de los medios de información y del imperialismo; descubramos siempre lo que está detrás de cada guerra imperial.
Las indígenas violadas y la evasión de la Sedena
Foto: Miguel Dimayuga
Aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en octubre del año pasado su fallo sobre las dos indígenas guerrerenses violadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en 2002 y exigió al gobierno de Felipe Calderón acatar las sentencias, 10 meses después la justicia no llega para ellas. Los defensores de las agraviadas aseguran que la dependencia recurre a argucias legales para exonerar a los militares inculpados y dejar el asunto en manos de la PGR. Con la determinación aparente de dar cumplimiento a las sentencias emitidas en octubre de 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, en las que se acusa a un grupo de militares de violar sexualmente a dos indígenas guerrerenses, el 29 de julio último la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decidió trasladar los expedientes del caso a la Procuraduría General de la República (PGR).
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las indagatorias sobre Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron agredidas en 2002 por un grupo de soldados, no sólo estuvieron en instancias castrenses durante nueve años, sino que incluso "tienen vicios de origen", pues el propósito era exculpar a los responsables de la agresión, comenta el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien lleva la defensa de las agraviadas.
"Tenemos elementos para considerar que los expedientes que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) envió a la PGR están construidos para que se declaren cerrados o bien que los militares responsables que fueron identificados por Inés y Valentina con nombre y apellidos hayan sido dados de baja", dice el litigante a Proceso.
Afirma que la PGR podría declinar competencia a favor de la procuraduría de Guerrero, en un intento por librar la responsabilidad que como institución tiene el Ejército mexicano en las violaciones a derechos humanos.
En sus sentencias, el organismo interamericano subraya que las denuncias de Rosendo Cantú y Fernández Ortega son fundadas, toda vez que aportaron elementos sobre las vejaciones que recibieron por parte de tropas de la Sedena en febrero y marzo de 2002, respectivamente. Por esa razón, la corte determinó la responsabilidad de México en los dos casos, pues se violentó la integridad personal, la dignidad y la vida privada de las dos indígenas; además, las autoridades incumplieron su "obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia" (Proceso 1770).
A Rosales Sierra le sorprende que, luego de varios años de negarse a remitir los casos a la PGR aun después de emitidas las sentencias del tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Sedena haya atendido la petición. No obstante, advierte que en el fondo esa declinatoria es producto de la exigencia de organizaciones ciudadanas para que se controlen los excesos de las Fuerzas Armadas contra la población civil, así como de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el análisis de la sentencia de la desaparición forzada de Rosendo Radilla emitida por el mismo tribunal interamericano.
En las notificaciones de la PGJM enviadas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, apunta Rosales, "los militares insisten en que son competentes para conocer el caso, al citar nueve artículos del Código de Justicia Militar, y trasladan los expedientes a la PGR con los argumentos de la existencia de las sentencias de la Corte Interamericana y la solicitud de declinatoria que las señoras hicieron el 27 de julio a la PGJM".
Los oficios –de los cuales Proceso tiene copia– están fechados el martes 9 y tienen la rúbrica de la agente del Ministerio Público Militar, teniente de corbeta Karla Roberta Espinosa de la Orta. En ellos, la Sedena admite que en los casos de las indígenas se "denuncian presuntas violaciones a los derechos".
Y aclaran que, por existir sentencias del organismo interamericano contra el Estado mexicano, el 20 de julio de 2011 la fiscalía militar "tuvo a bien acordar la INCOMPETENCIA" para seguir conociendo las indagatorias SC/179/2009/II-E y SC/180/2009/II-E relativas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, respectivamente.
De acuerdo con las notificaciones, entregadas a Inés y Valentina el viernes 12, las averiguaciones previas fueron enviadas a la Subprocuraduría Regional de Control de Procesos y Amparo de la PGR el 29 de julio último "a fin de que determine lo que a derecho proceda".
La sentencia de la Corte
Después de nueve años de enfrentarse al fuero militar como defensor de las indígenas me'phaa, Rosales Sierra asegura que la Sedena "tiene un as bajo la manga para exonerar a los responsables (de las agresiones a sus clientes) y dejar intocable al Ejército mexicano".
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan explica: en el fuero militar "las investigaciones tomaron un rumbo tendencioso, enfocado a exonerar a los militares responsables y encaminado a desacreditar los señalamientos concretos que hicieron Valentina e Inés".
Relata también que en 2006 la PGJM archivó las averiguaciones previas por considerar que no había responsabilidad de personal castrense en los abusos cometidos contra las indígenas. No obstante, en 2008 los casos se reabrieron en el fuero militar, luego del litigio que se dirimió en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Incluso, añade, a finales de ese año la PGJM envió los expedientes de las dos indígenas a la Procuraduría de Justicia de Guerrero, para que investigara sobre la responsabilidad de civiles en las violaciones sexuales.
Rosales Sierra destaca que aun cuando él y los representantes legales insistieron desde el principio en que la PGR asumiera las indagatorias "siguiendo la línea de la responsabilidad de militares y no de posibles civiles", la dependencia federal sólo aceptó colaborar con su similar guerrerense.
"En esa parte del proceso –la diligencia se realizó el 14 de agosto de 2009, precisa el defensor–, Inés y Valentina reconocieron a sus agresores en un álbum fotográfico. Ese día ambas señalaron con nombres, apellidos, cargos y los mandos militares a quienes las agredieron". Se trata, dice, de dos cabos de transmisiones y dos soldados de infantería del 41 Batallón de Infantería bajo el mando de las bases de operaciones Ríos y Méndez.
El compendio fotográfico tenía más de 300 imágenes de militares que entre diciembre de 2001 y abril de 2002, participaron en la Operación Azteca en la cordillera de la Montaña de Guerrero que atraviesa los municipios de Acatepec y Ayutla.
En febrero de 2002, Valentina Rosendo fue atacada en el río cercano a su comunidad, Barranca Bejuco. Antes, un piquete de militares le preguntó si sabía sobre "los encapuchados" que operan en la región. Al mes siguiente, Inés Fernández fue violada en su vivienda frente a sus hijos. ¿El motivo? No supo responder en español a las tropas que ingresaron a su domicilio para interrogarla.
"Tan pronto como se hizo este reconocimiento –retoma el abogado de Tlachinollan– la procuraduría (de Guerrero) declinó competencia a favor de la PGJM (el 30 de octubre de 2009) y quedaron pendientes otras diligencias, entre ellas citar a declarar a los militares responsables, hacer más retratos hablados. Pero como las averiguaciones aún estaban en manos del Ejército, las autoridades desacreditaron los testimonios de las víctimas".
Procuraduría militar, argucias
Al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rosales Sierra y los demás defensores se enteraron de que en noviembre de 2009 la PGJM pidió a una psicóloga militar que determinara si era posible que Valentina Rosendo recordara con nitidez los rasgos físicos de quienes la agredieron en febrero de 2002. "La psicóloga emitió incluso un dictamen teórico y técnico, pero nunca entrevistó a Valentina", se queja Rosales.
En el caso de Inés Fernández, sus defensores obtuvieron un documento fechado el 20 marzo de 2010 y firmado por la agente del Ministerio Público militar Karla Roberta Espinosa de la Orta en la que ésta solicitaba a la PGR un perito en identificación de personas o identificación físiognómica para que determinara la veracidad de su testimonio.
En el oficio, del que este semanario tiene copia, Espinosa de la Orta antepone la "garantía constitucional de todo inculpado, el derecho a una defensa adecuada". Y, ante el reconocimiento que hizo Fernández Ortega el 14 de agosto 2009, la agente ministerial comenta que existía "la necesidad URGENTE" de que interviniera en el caso el perito de la PGR para que respondiera al siguiente cuestionario:
1. Que diga el perito en qué casos se solicita la elaboración de un retrato hablado; 2. Que diga el perito si es recomendable mostrarle fotografías al testigo o víctima antes de realizar un retrato hablado; 3. Que diga el perito si es confiable un retrato hablado realizado después de 7 años 4 meses y 23 días (en negritas en el original) de la fecha que sucedieron los hechos y siendo el día de los hechos la primera y única vez que se vio al presunto agresor; 4. Que diga el perito si es posible la correspondencia de identidad entre un retrato hablado y una fotografía; 5. Que diga el perito si los rasgos fisonómicos de los supuestos agresores que señala la ciudadana Inés Fernández Ortega en su declaración de fecha 24 de marzo de 2002 ante el ministerio público de Allende en la ciudad de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, dentro de la indagatoria ALLE/SC/5776/2002, coinciden con los rasgos proporcionados por la propia denunciante para la elaboración de los retratos hablados de fecha 14 de agosto de 2009.
El 24 de marzo de 2010, la directora ejecutiva de Laboratorios del Departamento de Retrato Hablado, dependiente de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Medina Alegría, notificó a la PGJM la designación de Edmundo Acacio Cebreros, perito en materia de identificación fisiognómica, quien debía acudir a la fiscalía militar el 26 de marzo de ese año a las 10:00 horas a realizar la diligencia solicitada.
Medina Alegría dirigió el oficio al coronel Aníbal Trujillo Sánchez, jefe de la sección de Averiguaciones Previas y Asuntos Especiales de la PGJM en ese momento, según la copia del documento obtenido por Proceso. Hoy, Trujillo Sánchez es subdirector de Asuntos Internacionales de la División General de Derechos Humanos de la Sedena. Con ese cargo, el militar acudió a la Corte Interamericana el 28 de junio siguiente.
En ese foro, participó en dos sesiones para dar seguimiento a las medidas provisionales ordenadas por el tribunal interamericano a favor de 107 personas relacionadas con las sentencias de las indígenas guerrerenses, así como de 37 familiares y defensores de tres jóvenes de apellido Alvarado: José Ángel, Rocío Irene y Nitza Paola, detenidos y desaparecidos por miembros de la Sedena en Chihuahua en diciembre de 2009.
En una reunión privada que se efectuó previamente a la sesión para abordar este último caso, Trujillo Sánchez consideró "terrorífico" que la Corte Interamericana de Derechos Humanos transmitiera en vivo la audiencia y que se difundieran los nombres de los militares involucrados. Ninguna de las audiencias relacionadas con México fue difundida después del comentario de Trujillo (Proceso 1809).
Información escamoteada
La defensa de Inés Fernández dice que no tiene las respuestas que dio el perito de la PGR a la fiscalía castrense, porque hasta ahora no ha tenido acceso a las averiguaciones previas. Lo que ha obtenido, dice, corresponde a documentos enviados por el tribunal internacional ante las solicitudes de información que ha hecho al Estado mexicano.
"Por el contenido de las preguntas que se le hicieron al perito –sostiene Rosales Sierra– no se requiere mayor ciencia para saber hacia dónde va la averiguación previa integrada por los militares: a exonerar a los responsables, más que a acreditar su participación en los hechos."
El abogado de las indígenas, quien ha recibido amenazas por su defensa, expresa su temor de que la PGR archive los casos, aun cuando está obligada a completar las investigaciones, realizar las diligencias pendientes, consignar las averiguaciones y solicitar las órdenes de aprehensión contra los militares responsables.
"También cabe la posibilidad de que los agresores hayan sido dados de baja para librar al Ejército de responsabilidad y entonces enviar el caso a la procuraduría de Guerrero", dice.
Relata que en la reunión para el cumplimiento de las sentencias del tribunal interamericano, realizada el 19 de mayo último en la Secretaría de Gobernación, él y sus colegas se levantaron de la mesa "cuando los representantes de la PGR se negaron a atraer las averiguaciones previas e instruyeron a la procuraduría estatal para que tomara las investigaciones, situación que, por cierto, rechazó el procurador de Guerrero (Alberto López Rosas)".
Desde entonces Gobernación no ha vuelto a convocar a los abogados, quienes no saben con detalle si se está dando cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana.
El director del centro Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, comentó que en estos días enviará una carta al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esa dependencia, Felipe de Jesús Zamora Castro, responsable de que se acaten las sentencias del organismo dependiente de la OEA.
En el escrito, del que este semanario tiene copia, Barrera Hernández, quien recientemente fue premiado por Amnistía Internacional (AI) por su trabajo al frente de Tlachinollan, pide al funcionario una fecha para un nuevo encuentro de trabajo en el que las autoridades entreguen copia de los expedientes que la Sedena envió a la PGR.
Asimismo, recuerda al representante del gobierno de Felipe Calderón que el 15 de marzo último, "en presencia de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú", él mismo firmó el "acuerdo para el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana".
El abogado Rosales Sierra acota: "Cuando tengamos el expediente, promoveremos diligencias para esclarecer los hechos. Pero antes debemos decir que la declinatoria de competencia se dio por una coyuntura política. La prueba está en que no hay avances en los demás resolutivos de las sentencias, que tienen que ver con salud y educación".
Candidatos genéricos
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Los candidatos genéricos son aquellos que debido a sus intensas actividades de campaña, no han podido dedicar tiempo, ni inteligencia ni investigación, al diseño de un proyecto de país que ofrecernos a los ciudadanos. Por eso son tan baratos y abundan en nuestro tiempo.
Son buena gente que quiere ser President@ por razones que todos comprendemos. Porque Los Pinos es una mansión bonita, porque hay mucha servidumbre ahí, porque el puesto viene con un avión presidencial incluido, viajes, desfiles, cenas y primeras planas diarias en los periódicos. Y confían en que los elegiremos por importantes cualidades como: su estatura física, su sonrisa, su empatía, su buen aspecto, su sex appeal.
Preocupados, siempre preocupados, un grupo de mexican@s que vivimos abismalmente preocupados por el nivel del discurso público de estos candidatos genéricos, acá les ofrecemos algunos auxilios.
1. Porción de discurso altamente conciliador (respétese la candorosa rima).
Discúlpeme, no, señor conductor.
Quién le ha dicho que yo
quiero ser el único triunfador.
El egoísmo no es uno de mis atributos.
Habría antes que ver quiénes otras y otros,
aparte de mi fina persona,
son los candidatos;
igual el generoso pueblo de México
no galardona a uno con la Presidencia,
igual galardona a cuatro.
2. Preámbulo verídicamente incluyente para cualquier discurso.
Señores y señoras, y lesbianas, gays y transgéneros; congresistas y gobernadores, consejeros del IFE, jueces supremos de la República, y pobre gente no dependiente del erario, si la hay presente en esta ceremonia; gentecita de los bosques de Irapuato y chaneques de Yucatán con credencial de elector; mexicanos todos y todas, y extranjeros que ahora gozan de ciudadanía nacional y por lo tanto de derecho a voto; amigas y amigos, y adversarios igualmente, y perdón por la exclusión en mi primera frase de los y las bisexuales, los y las incluyo acá de inmediato; en fin, personas entre los 18 y los 108 años de edad que pudieran en algún caso decidirse a votar por mí, o incluso pudieran hacerlo por distracción, al tachar mi nombre por error en la boleta:
Soy un(a) demócrata… etcétera.
Etcétera…
Etcétera…
3. Notas para la improvisación de un discurso genérico sobre un proyecto de país, rubro por rubro. (Lo que va en paréntesis es únicamente para el equipo próximo de colaboradores.)
Relaciones exteriores. La imagen del país en el mundo es de tanques y gente colgando de puentes. Hay que mejorarla.
Educación pública. Es un desastre. Hay que mejorarla.
Educación física. Campeones mundiales de futbol sub-17. 12 campeon@s mundiales de box. Algo estamos haciendo bien. Hay que investigar.
Turismo. (Bronceador. Lentes de sol. Shorts, varios. Pareja sexual. Boletos a Cancún. Investigar antes índice de secuestros y homicidios. Si es alto, intentar Acapulco. Si es alto, intentar Huatulco. Tal vez ir a Cuernavaca. No, ahí es alto. Las Vegas.)
Equidad de género. (¿Qué significa exactamente eso? Hay que investigar.)
Hacienda. (La de los Morales. Comprar al fin de mi sexenio.) Quitar para todos y todas la tenencia vehicular. (Creo que ya me lo ganó Calderón.) Quitar el IETU. Y el ISR. De una vez el IVA. (Ya en la Presidencia, implementar el HRJ y el OXXO.)
Telecomunicaciones. (Jugar golf con Jean y Ricardo. Ir a Viva la alegría. Hacer galletas en el programa ese de mujeres. Contratar pauta de comerciales idéntica a la del Osito Bimbo. Ser el Osito Bimbo a nivel de reconocimiento y credibilidad. Casarse con Kate del Castillo, si los tiempos lo permiten, los de ella, yo ya dije que sí. Entrevista con Carmen Aristegui. Mejor no. Portada de Quién. Insistirle a Kate aunque sólo sea para esta portada. ) Prometer guerra contra los dos monopolios de Slim. Mejor no.
Reforma agraria. (¿Existe esa secretaría todavía? ¿Qué hace?) Quitar. (O poner a mi hermano de Secretario.)
Comercio. Canadá se enriqueció vendiendo alcohol a EU durante la Prohibición; emulándolo, legalizar la mariguana, convertirla en nuestra segunda exportación, y así elevar un punto o dos nuestro PIB. Mejor no.
Economía. Brasil está creciendo. Nosotros no. Brasil cuenta con un proyecto de país transpresidencial. Nosotros no. Hay que investigar y mejorar.
4. Respuestas empáticas a cualquier interpelación airada.
Tiene toda la razón. Y déjeme asegurarle que estamos trabajando en ello.
Sin duda, hay que mejorar.
¡Qué barbaridad! ¡Comparto su indignación! (Volviéndose hacia el asistente más próximo:) ¡Genaro!, ¡hay que investigar!
Lo analizaremos con todo cuidado y minucia hasta que el asunto desaparezca.
Tomo lo que usted me expresa, como un mandato de vida.
Gracias por la crítica. Eso es lo que necesitamos.
Moreira, lastre para Peña Nieto
MÉXICO, D.F., 22 de agosto (apro).- El Partido Acción Nacional (PAN) asesta, por fin, dos golpes contundentes al priismo, que han cimbrado también a Enrique Peña Nieto: El enriquecimiento de colaboradores directos de Humberto Moreira y, sobre todo, el escandaloso endeudamiento que éste dejó como gobernador de Coahuila.
Ante evidencias de estos casos, que en paralelo al escándalo mediático se han traducido en denuncias de carácter penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), Moreira ha tenido que bajarle al tono pendenciero que imitó de Vicente Fox y hasta se ofusca cuando los periodistas le preguntan al respecto.
Hace una semana, el domingo 15, Moreira pretendió escabullirse del enriquecimiento presuntamente ilícito de su amigo y colaborador Vicente Chaires y pidió al Congreso pronunciarse sobre el tema. "Yo espero que los legisladores ya saquen ahora el miércoles lo del tema de Chaires, porque ya, ¡ya chole a otro perro con ese hueso!".
Marrullero, Moreira quiere matar la discusión y las consecuencias jurídicas de la súbita riqueza de Chaires, pero se equivoca por doble vía: La investigación y la sanción de un servidor público por enriquecimiento ilícito no es competencia del Congreso y la corrupción, que concierne a todos los mexicanos. No se puede proscribir en la agenda pública.
Chaires pasó de ser un modesto servidor público a próspero empresario inmobiliario y en telecomunicaciones, justamente al lado de Moreira como gobernador. La estrecha relación entre ambos hace presumir a los panistas –y no sólo a ellos– que son por lo menos socios y los negocios se hicieron con dinero público.
Por eso en la PGR existe ya, desde el 14 de junio, una denuncia por los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita contra el coordinador administrativo de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
El otro tema que tiene fuera de sí a Moreira, pero sobre todo a Peña Nieto y su entorno, que se siente ya en la Presidencia de la República, es la impúdica deuda que contrajo en los cinco años de gobernador: De 323 millones de pesos la elevó a 32 mil millones de pesos.
El endeudamiento público que Humberto Moreira heredará a su hermano Rubén es de tal magnitud que ha preferido no dar la cara, pero su vocero en materia de finanzas públicas, David Penchyna, tuvo que reconocer la autenticidad de esa cifra.
Pero no es sólo la deuda en sí misma, que ya es demasiado, sino la falsificación de documentación oficial por parte de Javier Villarreal, otro allegado a Moreira, para contratarla, que es delito federal y cuya denuncia ya fue presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante la PGR, según dijeron panistas al reportero.
Así, la corrupción y el endeudamiento, dos de los vicios históricos del PRI, vuelven a colocarse en la agenda pública, por lo que Peña Nieto y sus asesores –tiene más asesores que ideas– saben que en ese terreno no tienen posibilidad de defensa, y Moreira, hacia la elección presidencial, estorba más que ayudar.
El futuro de Moreira como presidente del PRI –que es el futuro de Peña Nieto– depende de si la PGR hace, en los dos casos, una investigación rigurosa y procede contra Chaires y Villarreal, aun con la potencial engañifa priista de que sería una persecución política.
Otra opción es que la PGR sencillamente no haga nada. ¿Por qué razón? Porque los priistas tienen su propio arsenal de las corruptelas de prominentes figuras del PAN, directamente del entorno de Felipe Calderón: César Nava, Germán Martínez, Patricia Flores Elizondo…
Y sí: Así como discuten quiénes han generado más pobres y quiénes han favorecido más a los magnates en sus gobiernos, priistas y panistas compiten por ser los más rateros…
Apuntes
En el mismo estadio donde, el 12 de noviembre de 2009, Felipe Calderón recibió una estruendosa silbatina, en repudio al insolente operativo de seguridad que lo acompaña a donde va, se produjo un nuevo emblema de su fracaso. Y por eso hoy, al inicio de las clases, ante niños comenzó a poner pretextos: "Mi trabajo es muy difícil, y pues sí, efectivamente, es muy difícil".
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
Twitter: @alvaro_delgado
Balacera en Torreón, los "Daños Colaterales"
Aficionados que asisten al encuentro de fútbol Santos contra Morelia intentan ponerse a salvo tras escucharse ráfagas de armas de fuego durante el juego en el estadio Corona, de Torreón. Foto: EFE/Vanguardia. Fuente: vanguardia.com.mx
El 1 de febrero de 2010 tres balaceras en bares de Torreón, Coahuila provocaron la muerte de 10 personas, 15 heridos y una ola de pánico en esta población lagunera que se ha ido acostumbrando a la zozobra de la violencia. La información se perdió entre las decenas de notas que a diario dan cuenta del clima de descomposición en la ciudad industrial más importante de aquel estado y en el noreste del país atenazado por la guerra entre Zetas, Golfo, policías, militares.
Sin embargo, la noche del sábado 20 de agosto, los nombres del Estadio Corona, del club de fútbol Santos y de Torreón dieron la vuelta al mundo a través de las redes sociales por una balacera que provocó la abrupta interrupción de las transmisiones del partido contra el Morelia.
TV Azteca fue duramente criticada por suspender la señal, ESPN, el canal de deportes de televisión restringida, rompió récords de audiencia al continuar con la transmisión y la Federación Mexicana de Futbol tuvo que dar una conferencia de prensa para no impactar el negocio más importante en las audiencias televisivas.
El término "balacera en Torreón" se convirtió en trending topic en Twitter y tan sólo en Google tiene 207 mil ligas, mientras que en otras redes sociales la discusión alcanzó niveles de ciencia ficción para explicar la existencia de unas "balas perdidas" al interior del estadio.
La estrategia de recuperación de imagen internacional del país, articulada por el gobierno federal, fue la más afectada a raíz del escándalo en la aldea global de los medios. Los 18 minutos de pánico y confusión en el estadio de Torreón sepultaron los spots gubernamentales que en vísperas de V Informe de Gobierno promueven los "logros" en materia de combate al narcotráfico.
Felipe Calderón, quien destinó varios fines de semana de su agenda para grabar una serie de promoción turística, México Royal Tour, en el canal VMe, tendrá que quitarse la escafandra y salir como un jugador de futbol en canchas, de acuerdo a su afición por disfrazarse para promover la imagen de seguridad y paz de México.
Los "daños colaterales" de lo acontecido en Torreón apenas alcanzan a percibirse esta semana. Trascienden las fronteras por la naturaleza misma de un acontecimiento que no ha sido analizado y dimensionado en su justa medida por las autoridades. Minimizarlo lo agranda. Las contradicciones lo agravan. Es volver el entretenimiento televisivo en parte de la nota roja y política.
TV Azteca, la segunda televisora más importante de México, dio una explicación el lunes 22 de agosto a través del noticiario Hechos, conducido por Javier Alatorre, para aminorar el escándalo mediático de la suspensión de las transmisiones.
Con esta acción, explicó Alatorre, "se evitó hacer una apología de la violencia, al mismo tiempo que eludió alarmar a nuestra audiencia y evitar la desinformación".
En el noticiario estelar de Canal 13, Alatorre trató de convencer a la audiencia de que cortar la transmisión del partido, al minuto 40 del primer tiempo, fue la mejor manera para mostrar su rechazo a la violencia.
A pesar de esta explicación –en la misma línea de argumentación de Luis García, ex futbolista y comentarista de TV Azteca- las redes sociales continuaron criticando a la televisora. Los argumentos al tono con la Iniciativa México no convencen a las audiencias deliberativas.
Otro "daño colateral", no menos importante, se orienta hacia la realización de los XVI Juegos Panamericanos, en Guadalajara, entre el 14 y 30 de octubre de este año.
El alcalde tapatío Aristóteles Sandoval Díaz, dijo este martes 23 en conferencia de prensa que la balacera de Torreón "prendió los focos rojos en el país, generan incertidumbre. Esto nos alerta y nos exige que tengamos una mayor coordinación entre los tres ámbitos del gobierno" para los Juegos Panamericanos.
Aristóteles Sandoval, de extracción priista, evitó entrar a la polémica partidista sobre la seguridad en Coahuila, pero el gobernador panista Emilio González responsabilizó a Humberto Moreira, ex mandatario coahuilense y actual líder nacional del PRI. "Lo que Moreira y el PRI tienen que explicarle a la nación es qué han hecho con la autoridad que les ha dado el pueblo. Los homicidios en Coahuila son responsabilidad de Moreira", atajó González.
El show del futbol mexicano difícilmente se interrumpirá. Estamos hablando de la mayor fuente de ingresos para las televisoras comerciales, vía derechos de transmisión de los partidos, publicidad, patrocinios y propiedad de los equipos.
Incluso, parece casualidad, pero el canal ESPN –competencia cada vez más importante para las dos televisoras abiertas- iniciará a partir del 1 de septiembre la serie El Diez donde se relatan "los vicios y virtudes del futbol" mexicano, desde los patrocinios, el draft, las fiestas y la multitud de intereses que se enlazan en esta industria.
En esencia, el peor "daño colateral" es intangible: no se mide en muertos, heridos, número de detenidos, control de una plaza, cárteles en disputa y toda la narrativa bélica a la que nos ha acostumbrado este sexenio de guerra fallida contra el crimen organizado.
Es un daño en la percepción, en la autoestima de una sociedad que descree ya de explicaciones sobre "balas perdidas" o enfrentamientos fuera del estadio. Es un media event que vuelve a arrojar más sombras que luces sobre el combate al narcotráfico que tiene cada vez menos legitimidad social, por muchas conferencias, teleseries y spots que patrocinen las autoridades involucradas.
Notas sobre violencia de género...
Estados Unidos: Experta urge a revisar política de derechos de las mujeres
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"La violencia contra las mujeres es la violación más común de los derechos humanos en todos los países del mundo y Estados Unidos no es la excepción", apuntó la experta en un comunicado.
Agregó que las autoridades estadounidenses deben revisar sus mecanismos actuales de protección a las víctimas y castigo a los victimarios y garantizar que éstos se cumplan a cabalidad.
Manjoo consideró que para este propósito el Estado debe establecer diálogos locales y nacionales y analizar la eficiencia de las normativas actuales, de las políticas de arrestos obligatorios y enjuiciamiento, además de los programas para víctimas.
La relatora indicó que durante una misión oficial a Estados Unidos este año encontró que falta una legislación sustantiva que proteja a las víctimas de la violencia doméstica y que garantice la implementación de ciertas leyes, políticas y programas.
Redacción
El fortalecimiento de la autoestima en las mujeres es la clave para prevenir y combatir la violencia intrafamiliar, afirmó Cristina Dyjak Montes de Oca, quien señaló que en todo el estado de México la Comisión de Derechos Humanos (Codhem) trabaja para fomentar actitudes positivas dentro del sector femenil y con ello contribuir a romper el círculo de violencia que existe en su contra.
Señaló que especialmente con las nuevas generaciones, se realizan acciones para combatir la agresión y evitar que esos esquemas se repitan.
La funcionaria de la Codhem reconoció que se requiere fomentar la equidad de género en el hogar, en donde las mujeres se ven expuestas a diversas situaciones de desigualdad, como las jornadas de trabajo doméstico que muchas veces no son reconocidas por los hijos o la pareja.
En ese sentido reiteró la necesidad de cambiar paradigmas en la sociedad para no seguir repitiendo patrones de conducta que afectan a las mujeres, como es la violencia; "es momento de cambiar actitudes y que las nuevas generaciones se eduquen bajo un esquema de equidad y respeto", indicó.
Asesinatos contra mujeres alcanza a 10% de menores de cinco años: Incháustegui
Foto: Ricardo Ruíz
MÉXICO, D.F. (apro).- Los asesinatos contra mujeres aumentaron 71% entre 2007 y 2009, al pasar de mil 85 a mil 858 casos, y ese es un asunto que debe ser atendido de manera urgente por las autoridades, en virtud de que se ha convertido en un grave problema para las personas del sexo femenino en México.
Así lo señaló la diputada federal perredista Teresa Incháustegui durante una reunión con funcionarios de justicia estatales, donde alertó que del total de asesinatos registrados contra mujeres, 10% fueron cometidos contra menores de cinco años.
"Según las actas de defunción de los homicidios dolosos a mujeres, 10% de los feminicidios se producen entre la población femenina de cero a cinco años, es decir que tenemos un problema grave que nos llama la atención y que no podemos permitir que siga ocurriendo", expresó la legisladora.
De acuerdo con datos de las Estadísticas Vitales de Mortalidad, emitidas por el INEGI y analizadas por investigadores de El Colegio de México, de los casos registrados en 2009, 5.7% de las víctimas tenían de cero a cinco años de edad, 7.4% eran menores de 10 años y 10.5% aún no cumplía los 15 años de edad.
El resto eran mujeres de entre 15 y 45 años, añadió Incháustegui, presidenta de la Comisión
Especial para conocer y dar seguimiento a las acciones emprendidas por las autoridades competentes en relación con los feminicidios registrados en México.
La legisladora afirmó que además del incremento en el número de feminicidios cometidos en el país, ha crecido la saña con que se cometen los asesinatos.
La mayoría, dijo, muere en su propia vivienda, son asesinadas con armas punzocortantes, ahorcadas, incendiadas o quemadas con algún químico o a golpes.
"El homicidio de mujeres es un delito multiofensivo porque implica, muchas veces, el secuestro, maltrato, violación y finalmente el homicidio, por eso la complejidad de la tipificación del feminicidio", agregó.
Por separado, los senadores Rubén Velázquez López, Rosalinda López Hernández, José Guadarrama Márquez y José Luis García Zalvidea, también del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propusieron en días pasados tipificar el feminicidio como delito grave a nivel nacional, y exhortaron a los gobiernos estatales a "adoptar medidas para proteger a las víctimas de este crimen".
De acuerdo con los senadores "la violencia de género ha ido en aumento y se ve acompañada de altos niveles de impunidad", por lo que demandaron que se instrumenten políticas públicas adecuadas y eficientes.
En tanto, el fiscal general del estado de Chihuahua, Carlos Manuel Salas, admitió que la violencia contra las mujeres va en aumento, y aceptó que la lucha por reivindicar los derechos de las mujeres ha sido lenta y dolorosa.
En lo que va de 2011, en Chihuahua ha habido dos mil 600 homicidios, de los cuales 222 son de mujeres, "es una altísima cifra, el 9%", expuso.
El funcionario estatal presentó este martes los avances logrados en la sentencia de Campo Algodonero, derivada de los asesinatos de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, ocurridos en Ciudad Juárez de septiembre a octubre de 2001, bajo circunstancias violentas.
En un video precisó que el personal capacitado de investigación criminalista ministerial trabaja en la identificación de los responsables de los asesinatos, y detalló que en el caso de Esmeralda Herrera Monreal existen líneas de investigación con datos concretos y confiables, pero que "por el momento no es oportuno revelar".
Sobre el caso de Laura Berenice Ramos, dijo, se han recuperado diligencias de averiguación previa para procesamientos, además de que se cuenta con líneas de investigación para identificar a los responsables. En tanto, el caso de Claudia Ivette González continúa en indagatorias.
El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) pronunció una sentencia considerada ejemplar en torno del asesinato de Claudia González, de 20 años de edad; Esmeralda Herrera, de 15, y Laura Berenice Ramos, de 17 años, junto con otras cinco mujeres que no pudieron ser identificadas.
Los cuerpos mostraban signos de violación sexual con extrema crueldad. Frente a la indiferencia y al desinterés de las autoridades mexicanas por investigar esas muertes, la abogada de las familias llevó el caso a la CoIDH.
Ocho años más tarde, por primera vez en la historia, la CoIDH condenó a un país, México, por considerarlo responsable de feminicidio.
Lo declaró "culpable de violentar el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal, entre otros delitos", así como culpable de "no investigar adecuadamente" las muertes.
En su sentencia, la CoIDH definió el feminicidio como "homicidio de mujer por razones de género". La condena no se limitó a los cinco casos denunciados, también incluyó una serie de deberes impuestos al Estado mexicano para investigar e impedir los feminicidios en su territorio.
No serán bienvenidos los paseantes que abusan de nuestra niñez, dice Gloria Guevara
Los hoteles contarán con un número telefónico gratuito para denunciar actos de explotación sexual
Martes 23 de agosto de 2011, p. 12
Empresarios y empleados del sector turístico y del gobierno federal, así como organizaciones civiles, firmaron este lunes un código de conducta para evitar la trata de niños, niñas y adolescentes.
El código fue firmado por las asociaciones de Hoteles y Moteles, de Agencias de Viajes, cadenas hoteleras, restauranteros y empleados del sector agrupados en la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. La organización no gubernamental Infantia, que desde hace más de 10 años ha llevado a cabo acciones para prevenir ese delito, signó también el documento.
Los establecimientos de productos y servicios turísticos se comprometieron a crear protocolos de detección de víctimas, a canalizar personas afectadas por ese delito y a establecer mecanismos de denuncias.
El código busca informar y sensibilizar a los clientes, dentro de los establecimientos afiliados, sobre el código e involucrarlos en su cumplimiento.
Rosa Martha Brown, fundadora de Infantia, reveló que al código de conducta podrían adherirse en un corto plazo las aerolíneas mexicanas.
El proceso de cumplimiento del código implicará la realización de talleres a los empleados de los hoteles, agencias de viaje, restaurantes, así como a empresarios.
De acuerdo con informes de la Organización de Naciones Unidas, unos 130 países han reportado casos de trata de menores y más de 2.4 millones de personas padecen ese delito, 80 por ciento de los cuales son mujeres y niños.
Ese flagelo genera ganancias solamente superadas por el tráfico de armas y de drogas, aseguró Armando Uribe Valle, presidente de los hoteleros del país.
Las acciones de prevención en los establecimientos de hospedaje incluyen la creación de un número telefónico gratuito para las denuncias sobre posibles actos de explotación sexual de menores, indicó Uribe Valle.
La secretaria de Turismo, Gloria Guevara, sostuvo que el código de conducta es inédito
en el país, y recordó que al menos 10 mil menores son explotados sexualmente en el territorio mexicano.
No son ni serán bienvenidos los turistas que dañan, maltratan o abusan de nuestra niñez y los adolescentes. Estas prácticas no son toleradas
en México, manifestó la funcionaria.
Informó que desde el año pasado se han realizado 96 talleres para abordar el tema de trata de personas en los destinos turísticos, en los cuales han participado 4 mil 300 empleados.
Hizo un llamado a que el código de conducta sea firmado en los estados y municipios, y a que no escatimen esfuerzos para prevenir el delito de trata.
Si se firma este código es porque ese delito existe en los destinos turísticos
, afirmó el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Jorge Hernández Delgado. Sin embargo, no abundó sobre si es una práctica extendida en todos los destinos.
No podemos permitir que se lleven a nuestras mujeres, a nuestras niñas y niños, que los exploten y los esclavicen, y con ello se roben sus sueños y su futuro
, dijo Margarita Zavala, presidenta del DIF nacional.
"Hay levantamientos en todas partes del mundo. Todo la gente está harta"
Las calles no eran ya de la policía sino que pertenecían a los colectivos enfadados y desencantados y a los pobres. Un joven afrocaribeño que señalaba a la policía comentó a Socialist Worker: "se supone que estas personas deben protegernos a nosotros, pero cuando me los encuentro por la noche corro hacia el lado contrario ¿Cómo puede cualquiera de nosotros sentirse seguro cuando están disparando a la gente?".
La chispa que ha encendido el fuego fue el asesinato a tiros de Mark Duggan por la policía en Tottenham el jueves de la semana pasada. El sábado por la noche se realizó una marcha pacifica como vigilia hacia la comisaría de policía. La gente estaba furiosa ya que la policía no se había puesto en contacto con nadie, ni con los padres del muerto.
Vencido
Más tarde, en un callejón sin salida, una joven de 16 años de edad, fue golpeada por una serie de agentes de la policía. Fue entonces cuando comenzaron los disturbios. Un residente de Tottenham dijo: "La policía debe dejar de disparar primero y preguntar después. Esta no es la primera vez que algo así ha sucedido. Están Cynthia Jarrett en 1980 y Jean Charles de Menezes, ahora este chico. Si esos hechos no hubiesen sucedido, entonces esta calle principal no estaría destruida como ahora. Estos edificios se pueden reconstruir, la vida de ese hombre se ha ido y no volverá".
Luego, el domingo por la noche en Enfield, Brixton y Chingford Mount en Waltham Forest también se levantaron. La noche siguiente las batallas continuaron durante horas en Londres y otras ciudades del interior.
Este es el mayor levantamiento urbano en Gran Bretaña desde hace décadas. Años de ardiente rabia se han derramado. La policía se lanzó a las calles de Londres y cuando avanzaron fueron recibidos con misiles. Adam, un estudiante de la universidad, dijo, "esto no es sobre razas, sino sobre clases sociales". Un adolescente en los disturbios agregó: "Yo soy negro y tengo un montón de amigos blancos. Pero aquí todos somos del mismo color. Estamos hartos de la policía. Creen que son superiores a nosotros, pero deberían ser inferiores".
Un hombre blanco, alrededor de 50 años, dijo, "al Gobierno le importamos una mierda. Mira a tu alrededor, aquí no sólo hay personas de color participando sino todo el mundo." En Hackney, el lunes, la revuelta se prolongó durante horas. Cientos de jóvenes huyan de la policía, pero un autobús estaba bloqueando su camino. Lo rodearon y de repente se dieron cuenta de que la conductora estaba dentro. Dos jóvenes manifestantes llamaron a la puerta y le hicieron señales para que bajase. Cuando la conductora salió del autobús todo el mundo aplaudió. Sólo entonces lo dañaron.
Dos pensionistas afrocaribeños estaban mirando desde la calle. Uno de ellos dijo, "no se trata sólo de este país, hay revueltas por todas partes. Es el mundo entero. Todo el mundo está harto, nadie tiene nada".
Los medios de comunicación y la clase política han respondido con sus prejuicios de clase. Todos los disturbios contienen elementos contradictorios, precisamente porque son espontáneos. Surgen de repente pero son parte de una revuelta general contra una élite arrogante que vive una vida de privilegio y tiene desprecio por los pobres.
La gente robó. En algunos casos, robaron cosas necesarias, en otros, artículos de lujo, los mismos sin los que se supone que no nos sentiremos completos, como siempre nos están bombardeando. Un testigo dijo: "esto es lo más poderoso que muchos de estos muchachos se sentirán en sus vidas. Esa es la verdadera tragedia ".
En verano se supone que nos olvidamos de la política, un momento para olvidarnos del escuchas telefónicas, la corrupción policial y los ataques del Gobierno a los pobres. Pero al contrario, los disturbios han sumido al Gobierno en una nueva crisis. Los disturbios han asustado a la clase dirigente, que se ha escondido en sus casas de vacaciones para condenar la delincuencia. "Estamos pasando por tiempos difíciles y todos los políticos están de vacaciones", dijo un espectador. "Ellos piensan que todos somos una mierda"
Hay indicios de que esto iba a suceder. La eliminación de la asignación para la escolaridad, EMA, llevó a los estudiantes militantes a las protestas del año pasado. Los recortes están avanzando y la retórica de que "todos estamos juntos en esto" suena vacía a día de hoy. Incluso Nick Clegg predijo "el malestar de estilo griego" si hay ataques de ese estilo.
Un hombre dijo a Socialist Worker, "hemos intentado acabar con este Gobierno con los disturbios estudiantiles pero los reprimieron. No me sorprendería si trajesen al ejército e impusiesen la ley marcial". En el momento de escribir la policía no ha logrado el control. Cuando lo hagan, querrán su recompensa. Y ya trataron de hacerlo durante los disturbios.
Un trabajador dijo a Socialist Worker, "estoy sorprendido de que haya pasado tanto tiempo sin que esto pasara. La policía cree que puede salirse con la suya. Una docena de ellos llamó a un chico joven que salió de una tienda destrozado. Lo esposaron y le maltrataron. Tenemos que hacer algo con el sistema."
Luchado
Sólo cuando la gente ha luchado contra el racismo y la desigualdad la gente en el poder se ha visto obligada a reconocer el problema. Esta ha sido una revuelta de los pobres. Un autobús quemado en Peckham en el sur de Londres, Primark, Iceland y Clarks fueron saqueados. En Walworth Road, al sur de Londres, las casas de empeño y de Argos fueron destruidas.
Un conductor del autobús dijo a Socialist Worker, "no es sólo la policía, es Cameron. Nadie tiene nada, nadie tiene las pensiones, ni nada que esperar. Ellos no sólo deben luchar contra la policía. Se debe luchar contra el Gobierno."
Gracias a Tash Shifrin, Jonny Jones, Alizadeh Ali, Steve Henshall y Bogg Sam por los informes.
Artículo publicado en el Socialist Worker publicación semanal del Socialist Workers Party, organización hermana de En lucha / En lluita en Gran Bretaña.
Traducción: Angie Gago
Tomado de: http://www.enlucha.org/site/?q=node/16294
La mitad de los mexicanos desconfía de la impartición de justicia: UNAM
Foto: Gustavo Graf
MÉXICO, D.F., (apro).- Las instituciones en México y su legitimidad se han deteriorado a tal punto que su restauración requiere un rediseño del Estado, advierte un estudio realizado por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
De acuerdo con los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, la justicia en México no funciona adecuadamente por la corrupción, la impunidad y la presencia de intereses extralegales.
Además, subraya que los mecanismos de control del sistema político, como pactar, ceder, negociar y repartir espacios de poder, han permeado ya el campo de la legalidad y obediencia a la ley, en un sistema donde, dice, su cumplimiento puede tolerar o alentar altos niveles de impunidad.
Y, por si fuera poco, menciona que los derechos humanos se respetan poco o nada en México.
Dirigido por el titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ), Héctor Fix-Fierro, y coordinado por Julia Flores, responsable del Área de Investigación Aplicada y Opinión, el estudio abarcó más de 2 mil entrevistas, entre las que siete de cada 10 personas expresaron que la situación que priva actualmente en el país es peor que la de 2010, y más de la mitad dijo ser poco optimista de que las cosas cambien el próximo año.
La encuesta nacional se aplicó durante el mes de mayo pasado, y para comparar los datos obtenidos se dividió al país en cuatro regiones.
En un estudio anterior, aplicado en 2003, la opinión tenía como referente el incremento de crímenes como el robo o el secuestro, mientras que en la encuesta actual sobresalieron la violencia generalizada y la delincuencia organizada.
Respecto de la situación política, casi la mitad de los participantes en 2003 y 2011 la describieron como preocupante. Uno de cada seis, la calificó de peligrosa.
Casi cinco de cada diez (47.7%) señalaron que el funcionamiento de la justicia en México no es el idóneo y 22% ubicó en la corrupción el problema principal en su impartición.
Siete de cada 10 entrevistados aprobarían la convocatoria de un Congreso Constituyente para elaborar una nueva Carta Magna, mientras que cinco de cada 10 consideraron que la Constitución que tenemos actualmente ya no responde a las necesidades del país, principalmente quienes tienen más escolaridad y viven en la región centro.
El 36.3% consideró que los políticos son quienes violan más las leyes, seguidos de los policías, con 21.9% de opiniones desfavorables, y seis de cada 10 encuestados están de acuerdo con la revocación del mandato presidencial, en caso de que el Ejecutivo infringiera la Constitución.
Alrededor de siete de cada 10 entrevistados señalaron que "en algunos casos no estoy dispuesto a apoyar las políticas del gobierno", y 75.7% consideró que debería transparentarse la información relacionada con la lucha contra el narcotráfico.
Un 54.8% respondió que se pueden respetar los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia organizada. Por el contrario, tres de cada 10 afirmaron que tales garantías no pueden observarse en esta tarea.
El 57.1% consideró que los diputados deberían autorizar al presidente el uso de las fuerzas armadas para mantener la seguridad del país.
Ocho de cada 10 consideraron que la gente no está protegida contra el abuso de la autoridad, y uno de cada tres manifestó temer más al robo con violencia, mientras que a 27. 2% le preocupó ser víctima del narcotráfico y dos de cada 10 expresaron su miedo al abuso de las fuerzas de seguridad pública.
En cuanto a la confianza en las instituciones, en una escala de 0 a 10, las universidades públicas obtuvieron el promedio más alto, de 7.1 puntos, seguidas por el Ejército y los maestros, en tanto que los partidos políticos, los diputados y la policía ocuparon los últimos sitios de la escala.
Seis de cada 10 personas consideraron que los gobernadores y los presidentes municipales hacen "poco" caso al ciudadano, mientras que poco más de la mitad cree que los jueces y magistrados incurren en la misma falta. En el caso del presidente de la República y los legisladores, dicho porcentaje se reduce a menos de 50%.
Casi seis de cada 10 personas expresaron estar "en desacuerdo" o "muy en desacuerdo" con que los ministros religiosos opinen de política durante sus servicios, y 60% se opuso a la enseñanza de religión en escuelas públicas.
Confederación Patronal Mexicana: "En tres años aumentó la violencia"
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La Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) señaló que, según datos oficiales, los índices del secuestro en México aumentaron un 40 por ciento y los homicidios un 25 por ciento. También creció la extorsión y el robo con violencia.  NOTA CON AUDIOS | ||||||
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A través de un mensaje vía Internet, el Presidente de la Confederación Patronal, Gerardo Gutiérrez Candiani, resaltó que la ciudadanía mexicana percibe una crisis de seguridad pública. Asimismo, señaló que los mexicanos advierten que no se han realizado esfuerzos suficientes para superar dicha crisis en un largo plazo. Vale recordar que México se ha visto envuelto en un conflicto de seguridad a raíz de la implementación de estrategias propuestas por el Presidente de ese país, Felipe Calderón, para combatir al narcotráfico. Las tácticas incluyen el uso de militares en labores de seguridad pública donde la policía era ineficiente, faltaba o estaba infiltrada por grupos delictivos. La violencia ligada a esta problemática ha cobrado la vida de al menos 40 mil personas desde que el mandatario asumió su cargo en 2006. En el anuncio, la Coparmex insistió en que sería irresponsable retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública. Sin embargo apuntó que esta función no debe de ser permanente. Asimismo, el directivo llamó al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, a especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y a organizaciones de la sociedad civil a unir esfuerzos y propuestas para reactivar el Acuerdo por la Seguridad Nacional. Se trata de un convenio firmado tres años atrás entre el sector público y las autoridades federales y estatales. Este acuerdo engloba 75 compromisos para abatir los altos índices de violencia en el norteño país. Por último, Gutiérrez Candiani llamó a los virtuales aspirantes a la Presidenciade México en 2012 a manifestar sus posturas en torno a políticas públicas a largo plazo en materia de seguridad. (PÚLSAR) Alejandro Pacheco (Red de Corresponsales/México) 23/08/2011 Audios disponibles: Mensaje de Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de Coparmex. 8 min. 39 seg. (1,89 Mb.) archivo mp3 | ||||||
INDOCUMENTADOS NO DEPORTABLES
Por Jorge Ramos Avalos
La decisión del gobierno del presidente Barack Obama de suspender las deportaciones de miles de indocumentados es el cambio más significativo en política migratoria desde la amnistía de 1986. Le ha regresado la esperanza a millones de indocumentados de que, si no han cometido ningún crimen, podrían quedarse indefinidamente en Estados Unidos.
La nueva directiva del Departamento de Seguridad Interna se concentrará en arrestar y deportar a criminales, suspendiendo la deportación masiva de inmigrantes sin antecedentes penales. Esto evitaría la separación de muchas familias e, incluso, le permitiría a algunos inmigrantes solicitar un permiso de trabajo.
Hay más. Actualmente, miles de inmigrantes que cometieron una simple infracción de tránsito o un delito menor han sido deportados luego de ser detenidos por la policía. Eso debería cambiar con esta nueva orden del gobierno de Obama.
Cecilia Muñoz, directora de asuntos intergubernamentales de la Casa Blanca, me dijo que una infracción de tránsito no es considerada como una "alta prioridad criminal". En otras
palabras, nadie debe ser deportado por el simple hecho de pasarse un alto o porque no prendió la direccional de su auto al dar una vuelta.
Aclaremos. No se trata de una legalización ni tampoco resuelve el problema de fondo de los 11 millones de indocumentados. Pero si le vende la idea a los indocumentados de que, aún si son arrestados, podrían evitar la deportación. Muchos duermen hoy más tranquilos.
Aunque el nuevo programa no identifica a ningún grupo, si beneficiaría potencialmente a los dreamers, es decir, a más de dos millón de estudiantes indocumentados que quieren ir a la
universidad y no pueden. Estudiantes y no estudiantes se van a beneficiar.
Esto crea una nueva categoría extraoficial: indocumentado no deportable. No estás legalmente en Estados Unidos ni puedes obtener un trabajo de manera legítima. Pero, al mismo tiempo, sabes que no te van a deportar a tu país de origen ni a separar de los tuyos.
Algo es algo. Por fin, el presidente Obama utilizó su autoridad presidencial para ayudar a los inmigrantes. Pero se tardó tres años en hacerlo. Obama ha deportado a más de un millón de inmigrantes desde que tomó el poder.
Además, su controversial programa conocido como Comunidades Seguras ha hecho más inseguras las comunidades de inmigrantes al permitirle a la policía actuar como agentes migratorios. Su decisión de extender ese programa a nivel nacional –y no solo en ciudades específicas como ahora- aísla aún más a los inmigrantes, los expone a ser víctimas de crímenes (porque no se atreven a denunciar delitos a la policía) y, al final de cuentas, no resuelve el problema migratorio de fondo.
Pero algo es algo. El presidente Barack Obama, cuando tenía la mayoría en ambas cámaras del congreso, pudo haber presentado su propuesta de reforma migratoria. Eso es exactamente lo que prometió durante su campaña presidencial en el 2008. Sin embargo, no lo hizo. Suspender las deportaciones no es lo mismo que legalizar a indocumentados, aunque, sin duda, será bien recibido por aquellos que están a punto de ser echados fuera del país.
Obama ha ido perdiendo el apoyo de los hispanos –ahí están las encuestas para demostrarlo- y está claro que le molesta que lo acusen de no haber cumplido su promesa migratoria. La luna de miel entre Obama y los latinos, oficialmente, terminó. Por eso ha habido varias protestas de latinos contra su gobierno por no cumplir su palabra, por separar a familias y por deportar a más indocumentados que cualquier otro presidente norteamericano.
Esta decisión - aunque la Casa Blanca insista en que no tiene motivos políticos o electorales - le debe ayudar a acercarse a los votantes latinos antes de las elecciones presidenciales del 2012. Nadie puede llegar a la presidencia sin el voto masivo de los hispanos. Ni reelegirse.
La suspensión de las deportaciones es una buena noticia para millones de inmigrantes en Estados Unidos que no han cometido ningún crimen y que se han dedicado, exclusivamente, a trabajar, a sacar adelante a sus familias y a mejorar este país. No resuelve su problema legal.
Pero los pone en un limbo migratorio. Y eso, definitivamente, es mucho mejor que el infierno de la deportación.
Twitter @ jorgeramosnews
Urge medición de pobreza con enfoque de género
ENTREVISTA
Segunda de dos partes
Así habrá políticas contra el rezago social en las mujeres
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 22 ago 11 (CIMAC).- Combatir la pobreza, reducir la desigualdad y aumentar el nivel de satisfacción de las necesidades básicas es posible, pero requiere una medición integral que contemple las diferencias entre los hogares encabezados por mujeres y por hombres, asegura la investigadora de El Colegio de México, Araceli Damián González.
La doctora en economía afirma que sólo el dos por ciento de la población tiene ingresos suficientes para solventar sus gastos y para acceder a servicios de calidad, por ello considera que, para abatir esa situación, primero se deben ampliar los índices de medición de la pobreza e incluir la perspectiva de género.
Asimismo señala que es necesario definir una nueva política económica que no sólo se enfoque a aumentar la cobertura de los programas sociales.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó recientemente que el número de población en condiciones de pobreza pasó de 48.8 millones de personas en 2008 a 52 millones para 2010; mientras que la población en pobreza extrema se mantuvo en 11.7 millones.
Las mexicanas representan más de la mitad de la población total del país; suman 57 millones mientras que hay poco menos de 55 millones de varones, y son ellas quienes tienen una precaria posición en el mercado de trabajo, por ello se infiere que la pobreza afectaría más las mujeres.
MEDICIÓN EXCLUYENTE
–Hay estudios que afirman que la pobreza la sufren más las mujeres. ¿Qué hay de la feminización de la pobreza?
–El problema es que la pobreza se mide a nivel de hogar y no de persona. En un hogar encabezado por un hombre se asume que la mujer comparte los recursos de manera altruista y equitativa, cuestión que, sabemos, no necesariamente es cierta.
–¿Faltarían estudios de la pobreza con enfoque de género?
–En México existen ciertas condiciones, por ejemplo, no sabemos cuántas personas dependen de un sólo ingreso ni se observa la desigualdad en el hogar. Otra cuestión compleja es la pobreza de tiempo (es decir el tiempo dedicado a labores domésticas y extradomésticas), en la que los hogares encabezados por mujeres son los más afectados.
–¿Tendría que cambiar la metodología para saber este dato?
–Con la medición multidimensional –utilizada por el Coneval–, cinco personas que viven en un dormitorio tienen satisfecha su necesidad de vivienda, y los jóvenes de 15 o 16 años que van a la escuela tienen satisfecha su necesidad de educación aunque estén en la primaria.
"Nosotros (en nuestras investigaciones en El Colmex) utilizamos el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP), que incorpora variables que consideran a las mujeres y su calidad de vida. En este método se mide la pobreza de tiempo, entre otras variables".
–Además de una visión sobre este flagelo ¿qué se puede hacer para combatir la pobreza y las carencias sociales en las mujeres?
–Tendría que volverse a la promoción de la actividad económica que se abandonó en los 80, en el contexto de la crisis y la deuda. En ese entonces se adoptó una economía de libre mercado bajo el argumento de que el problema de la falta de crecimiento se debía a la excesiva intervención del Estado en la economía.
"Sin embargo, el país se fue al otro extremo: a una economía sin condiciones para desarrollar un mercado competitivo. Un aspecto medular es volver a recuperar el poder adquisitivo de la población y eso se puede hacer coordinadamente con los empresarios".
–¿Se deberían fortalecer los programas sociales?
–No se puede suponer que estos programas van a solucionar el problema de la pobreza extrema. El Seguro Popular no debería ser el sistema de salud en México, lo que está provocando es que los empresarios ya no afilien a sus trabajadores al ISSSTE o al IMSS.
"Se tiene que hacer una política en la que el empleo esté ligado a la cobertura de la seguridad social. Tampoco podemos sobrevivir con programas como el de '70 y Más', porque es una bomba de tiempo en una población que está envejeciendo. La seguridad social no se está construyendo ahora que tenemos población joven.".
"Además hay evaluaciones del Coneval sobre el programa Oportunidades que muestran que una vez que las personas se gradúan no salen de la pobreza porque se enfrentan a un mercado laboral que sólo da empleo a jornaleros o recolectores".
–¿Habría que repensar el papel de la política social?
–Claro, no se puede hablar de un programa eficiente que mantiene pobres a la gran mayoría de quienes lo reciben. Ése es uno de los riesgos del método del Coneval: que dice que hay 11 millones de pobres extremos y por otro lado tenemos más de 20 millones de personas en el Oportunidades.
"Ahora van a venir a decirnos que se está desperdiciando el dinero en los que ya no son pobres, pero no son pobres porque mágicamente el Coneval los desaparezca de la lista".
Por ello, la académica recalca que es necesario desarrollar una nueva política social. Señala que una de las grandes reformas neoliberales fue pasar de la construcción de un Estado de bienestar con una cobertura amplia y suficiente en ciertos derechos como educación y salud, a hacer únicamente una política de ayuda a los pobres extremos.
En este contexto, Damián González advierte que la pobreza es la violación más contundente de los derechos socioeconómicos y culturales, y critica que el Estado mexicano dejó de reconocer derechos sociales y ahora su política de combate a la pobreza se ha reducido a la ayuda a los pobres extremos.
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